Informe sobre la situación de los derechos

Distr.
GENERAL

A/53/490
13 de octubre de 1998

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

Quincuagésimo tercer período de sesiones
Tema 110 c) del programa
Cuestiones relativas a los derechos humanos: situaciones
relativas a los derechos humanos e informes de relatores
y representantes especiales

Situación de los derechos humanos en Burundi

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General un breve informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, preparado por el Sr. Paulo Sérgio Pinheiro, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, en cumplimiento de la resolución 1998/82 de la Comisión, de 24 de abril de 1998, y de la decisión 1998/274 del Consejo Económico y Social.

Anexo

Informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Burundi, presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos en cumplimiento de la decisión 1998/274 del Consejo Económico y Social

Índice

		Párrafos
	I. Introducción	1–9

	II. Últimas novedades de la crisis en Burundi	10–23

	A. Principales acontecimientos políticos: evolución del conflicto en Burundi desde la constitución del Partenariat interne pour la paix	10–16

	B. Principales conclusiones del Relator Especial	17–23

	III. Situación actual en materia de derechos humanos	24–54

	A. Incidentes violentos	25–31

	B. Situación de las personas desplazadas internamente, las poblaciones reagrupadas y los refugiados	32–39

	C. Prisión preventiva y condiciones de detención	40–49

	D. Condiciones de vida de las mujeres y los niños	50–54

	IV. Observaciones y recomendaciones	55–94

	A. Observaciones	55–68

	B. Recomendaciones	69–94

	1. En el plano nacional	71–84

	2. En el plano internacional	85–94

	Apéndice
	I. Personas desplazadas en Burundi, por provincia

	II. Estadísticas de detenidos al 27 de agosto de 1998

I. Introducción

1. De conformidad con la resolución 1998/82, aprobada el 24 de abril de 1998 por la Comisión de Derechos Humanos en su 54º período de sesiones, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Burundi presenta a la Asamblea General su tercer informe provisional, que abarca el período comprendido entre el 1º de mayo y el 15 de septiembre de 1998, y en el que relata las impresiones recibidas durante su quinta visita a Burundi, que tuvo lugar del 21 de agosto al 4 de septiembre de 1998. Dicha visita se llevó a cabo con el consentimiento previo del Gobierno, concedido el 31 de julio de 1998, en respuesta a la petición del Relator Especial de 17 de julio de 1998 de visitar el país.

2. En el período que comprende el presente informe, la evolución de los acontecimientos políticos, tanto en el plano nacional como internacional, contribuyó a promover la paz y la reconciliación nacional y permitió avanzar hacia el logro de una solución de la crisis de Burundi. La quinta visita del Relator Especial tuvo lugar dos meses después de que el Presidente Pierre Buyoya y el Presidente de la Asamblea Nacional llegaran a un acuerdo sobre la plataforma política del régimen de transición, en relación con el cual se aprobó una constitución de transición y se designó a un nuevo gabinete, con dos nuevos vicepresidentes.

3. Durante su última visita a Burundi, el Relator Especial sostuvo conversaciones con las más altas instancias políticas, administrativas, judiciales, militares y religiosas del país, así como con miembros de las misiones diplomáticas acreditadas en Burundi y representantes del sistema de las Naciones Unidas. También se entrevistó con el Representante Especial interino del Secretario General de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y con diversos representantes de organizaciones no gubernamentales dedicados a la promoción del adelanto de la mujer y la defensa de los derechos de los niños. Se reunió además con representantes de los partidos políticos y de los medios de difusión locales e internacionales.

4. El Relator Especial destaca una vez más la gran dedicación de que dan muestra diariamente los organismos del sistema de las Naciones Unidas en Burundi, prestando ayuda a las víctimas de la crisis en condiciones de trabajo y de seguridad a menudo difíciles. Expresa su más sincero agradecimiento al Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a todo el personal de esa Oficina por la cordial bienvenida que le ofrecieron y por sus arreglos minuciosos y eficaz apoyo logístico con los cuales facilitaron su misión.

5. El Relator Especial encomia el valor y dinamismo del grupo de oficiales de derechos humanos destacado en Burundi. Agradece además al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) la cooperación que le prestaron en la organización de sus visitas a las diversas provincias del país.

6. La visita del Relator Especial se interrumpió después del accidente automovilístico ocurrido el 31 de agosto de 1998, cuando regresaba de una visita a la provincia de Kayanza, como resultado del cual sufrió la fractura de un brazo. El Relator Especial se vio obligado a dejar Burundi al día siguiente, cuatro días antes de lo previsto. Después del accidente, recibió atención médica en el Hospital Militar de Bujumbura y fue evacuado por Nairobi a Ginebra (Suiza), donde fue sometido a una intervención quirúrgica el 2 de septiembre de 1998.

7. El Relator Especial hace constar su agradecimiento al equipo médico del hospital militar de Bujumbura y al Profesor Sangaré Djibril, Representante Especial interino del Secretario General de la OUA, por la atención médica que le suministraron cuando fue admitido al hospital después del accidente, así como a los directores de los organismos de las Naciones Unidas, que realizaron prontas gestiones para facilitar su evacuación médica de Burundi. Da también las gracias a las oficinas del PNUD en Bujumbura y en Nairobi por su valiosa asistencia. En particular, expresa su reconocimiento al Dr. Bamory Konate, quien lo acompañó durante todo el proceso de evacuación de Bujumbura a Ginebra. Asimismo, agradece los amables mensajes recibidos después del accidente, tanto en Burundi como en Ginebra.

8. El Relator Especial recibió copia de una carta de fecha 5 de mayo de 1998 dirigida al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en su 54º período de sesiones, por el Representante Permanente de la República Unida de Tanzanía ante las Naciones Unidas. Toma nota de las observaciones que figuran en ese documento en relación con el análisis de los efectos de las sanciones económicas impuestas a Burundi contenido en sus dos informes anteriores.

9. En la sección I del presente informe, el Relator Especial describe los acontecimientos recientes relacionados con la crisis en Burundi; en la sección II examina la situación actual de los derechos humanos en el país, especialmente las condiciones de detención y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables; y en la sección III presenta sus observaciones y recomendaciones.

II. Últimas novedades de la crisis en Burundi

A. Principales acontecimientos políticos: evolución del conflicto en Burundi desde la constitución del Partenariat interne pour la paix

10. El 4 de junio de 1998, la Asamblea Nacional de Burundi, en la clausura de su período de sesiones, aprobó un documento para el período de transición en que se fusionaban la constitución de 1993 y una serie de decretos emitidos después del golpe de Estado que llevó al Presidente Buyoya al poder en julio de 1996.

11. En el documento se formalizan modificaciones tales como la nueva asociación entre la Asamblea Nacional y el Gobierno, la reducción general del aparato del Estado, la creación de dos cargos de Vicepresidente en sustitución del cargo de Primer Ministro y un incremento general de la composición de la Asamblea General de 81 a 121 miembros, con el fin de incluir a representantes de 12 nuevos partidos políticos y 28 representantes de la sociedad civil, que serán seleccionados por el Presidente Buyoya en consulta con el Presidente de la Asamblea Nacional. Entre los nuevos partidos figuran el Garante de la Voz de Burundi (Inkinzo), el Intwaru, el Partido de Reconciliación Popular (PRP), el Partido Popular (PP), la Unión para la Democracia y el Desarrollo Económico y Social (Raddes), el Partido Social Demócrata (PSD), y el Partido Independiente de los Trabajadores (PIT). Los partidos Abasa, Anadde y Parena y la facción independiente de la Union pour le progrès national (UPRONA) del Sr. Mukasi, no enviaron delegados. Como resultado de las consultas celebradas, se llenaron 117 de los 121 escaños previstos.

12. Se está perfilando una nueva forma de dimisión del poder: un miembro del grupo parlamentario FRODEBU fue nombrado a uno de los dos cargos de vicepresidente, y se ha designado a un nuevo gabinete, con una representación más equilibrada de las dos comunidades más importantes del país.

13. La segunda ronda de conversaciones iniciada en Arusha el 20 de julio de 1998 finalizó el 29 de julio de 1998. Los participantes examinaron las normas de procedimiento y deliberaron sobre las causas fundamentales del conflicto en Burundi. Se acordó que la próxima ronda de conversaciones tendría lugar el 12 de octubre de 1998 y que en esa ocasión se establecerían comisiones para examinar más a fondo cuestiones concretas como la democracia, el buen gobierno y la seguridad.

14. El Gobierno de Burundi organizó los días 27 y 28 de agosto de 1998 una reunión en Bujumbura para estudiar como podría fortalecerse el proceso de paz interno. A la reunión asistieron miembros del Gobierno y de la Asamblea Nacional, que examinaron entre otras cuestiones, el papel de las instituciones de transición, la nueva plataforma política y el fortalecimiento del diálogo interno. También se tocaron asuntos como los de la democracia, el genocidio, el sistema de justicia, la seguridad interna y el problema de los desplazados.

15. El 9 de septiembre el Gobierno de Burundi organizó una serie de conversaciones a nivel de las provincias con el ánimo de promover un diálogo interno constante para fortalecer el proceso de paz en el país. Durante los debates en la provincia de Bururi, se hizo hincapié en la importancia de la asociación entre la Asamblea Nacional, el Gobierno, los partidos políticos y los miembros de la sociedad civil. Se reconoció la necesidad de contar con una plataforma política común e instituciones para el período de transición, así como de crear cuatro comisiones para tratar asuntos como los de la democracia, el genocidio, la justicia y la impunidad. En la provincia de Gitega, las autoridades locales destacaron otros temas de importancia, entre ellos, los de los refugiados y la seguridad y asuntos sociales y económicos.

16. A principios de septiembre de 1998, una delegación de la Fundación Julius Nyerere visitó Bujumbura para realizar los preparativos de la reunión que habría de celebrarse en Arusha a mediados de octubre. La delegación se reunió con representantes del Gobierno y de los partidos políticos para estudiar la creación de comités que proporcionarían el marco para las conversaciones de paz externas. Se llegó a un acuerdo sobre la composición y dirección de los comités, que se ocuparían de examinar la naturaleza del conflicto, la democracia y el buen gobierno, la paz y la seguridad, el desarrollo y la reconstrucción y la aplicación de los futuros acuerdos de paz.

B. Principales conclusiones del Relator Especial

17. Durante su permanencia en Burundi, el Relator Especial hizo viajes extensos a varias provincias, especialmente Makamba, Cibitoke, Karuzi y Kayanza, situadas en las partes sur, noroccidental y nororiental del país. En cada una de esas provincias el Relator Especial se reunió con el Gobernador, y con jueces, comandantes del ejército y de la policía y funcionarios encargados de los servicios sociales comunitarios, y visitó algunos sitios donde se encuentran las personas desplazadas internamente, así como centros de detención. Durante sus visitas, pudo constatar las diferencias que existen entre las provincias en lo que respecta a las condiciones de vida y la situación de la población.

18. En las provincias de Cibitoke y Makamba, el Relator Especial observó que la infraestructura sigue siendo bastante precaria. La situación política es aún muy tensa, especialmente en Nyanza Lac, al sur de Bujumbura, localidad a la que se llega por un camino que con frecuencia está expuesto a ataques de los rebeldes. En la provincia de Karuzi, el Relator Especial visitó el centro de detención de la policía y un hospital.

19. En la provincia de Kayanza ocurrieron a fines de julio y comienzos de agosto de 1998, varios incidentes de violencia, cometidos, según se dijo, por grupos bien armados de 1.000 a 2.000 rebeldes. Esos incidentes supuestamente han dado lugar al desplazamiento de unas 30.000 personas en la provincia. Sin embargo, pese a los ataques realizados en agosto de 1998, la actividad económica se ha restablecido y la gente acude regularmente a los mercados. El Relator Especial visitó algunos de los sitios de personas desplazadas y varios cachots (cárceles) de la policía y de las brigadas en la provincia.

20. Durante su visita, el Relator Especial observó que la situación en Cibitoke había mejorado considerablemente en los últimos seis meses, por lo que los organismos de socorro habían podido prestar asistencia a los refugiados con relativa eficacia y sin impedimentos. Una gran mayoría de las personas que habían sido desplazadas anteriormente pudieron regresar a sus hogares como resultado de los importantes programas de reconstrucción emprendidos por las autoridades de Burundi. Grandes sectores de la población pudieron dedicarse nuevamente a sus actividades habituales. A lo largo de los principales caminos se veían muestras evidentes de la recuperación: se reconstruían casas y se cultivaba nuevamente la tierra.

21. Tras el estallido, el 2 de agosto de 1998, del conflicto en la vecina República Democrática del Congo, grupos de congoleños, banyamulenges y burundianos residentes en Kivu buscaron refugio en Burundi. La mayoría de ellos entraron a la provincia de Cibitoke cruzando el río Ruzizi. A mediados de septiembre de 1998 seguían llegando refugiados y su número sobrepasaba ya las 6.000 personas. Los organismos de socorro, en colaboración con las autoridades burundianas, les prestaban asistencia humanitaria. El Relator Especial visitó campamentos en Rugombo y Cibitoke, cada uno con capacidad para albergar a más de 1.000 personas.

22. Durante la visita del Relator Especial y en septiembre de 1998, Burundi sufría una escasez de combustible debida a la suspensión de las importaciones de la República Democrática del Congo, que entorpecía la distribución de alimentos y amenazaba también con trastornar el programa de distribución de semillas. Era indispensable que las semillas se distribuyeran a tiempo para la temporada de siembra que se prolongaría hasta mediados de octubre de 1998. En la mañana del 1º de septiembre de 1998 se reabrió la frontera entre Burundi y la República Democrática del Congo que había estado cerrada desde el estallido de las hostilidades en Kivu.

23. El Relator Especial recibió con sumo agrado la noticia de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Burundi ha reforzado sus dependencias en Ngozi y Gitega, asignando a ellas a seis funcionarios internacionales. La Oficina ha aumentado su presencia en esas provincias para facilitar sus tareas, que comprenden la investigación de violaciones de derechos humanos, visitas a centros de detención y cárceles y actividades de vigilancia y promoción de los derechos humanos. La oficina de Ngozi abarcará también las zonas de Kirundo, Kayanza, Muyinga, en tanto que la oficina de Gitega abarcará las zonas de Cankuzo, Karuzi y Gitega. La situación política actual parece ser propicia para que la Oficina pueda seguir cumpliendo su valiosa labor, a través de sus tres componentes: la misión de observación, las actividades de cooperación técnica y el programa de asistencia jurídica.

III. Situación actual en materia de derechos humanos

24. Sin pretender que el presente informe provisional sea exhaustivo, el Relator Especial desea no obstante señalar a la atención de la Asamblea General varias denuncias de violaciones de derechos humanos que le fueron transmitidas durante el período que se examina, en particular sobre el derecho a la vida y a la integridad física, arrestos y detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

A. Incidentes violentos

25. A partir de la información recopilada durante su misión, el Relator Especial estima que las más graves violaciones de derechos humanos se siguen produciendo en ataques contra la población civil y matanzas perpetradas durante operaciones militares o ataques de los grupos rebeldes o después de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes en las provincias occidentales.

26. El 21 de junio de 1998, cuando 17 partes en el con-flicto en Burundi firmaron en Arusha una declaración conjunta en la que se instaba a una suspensión de las hostilidades antes del 20 de julio de 1998, cuando debía iniciarse la segunda ronda de conversaciones; desde entonces se han producido varios incidentes relativos a la seguridad. Durante las primeras semanas de julio se informó de nuevos enfrentamientos en Bubanza, Kayanza y Kirundo, y se intensificaron en gran medida los combates en las provincias ya convulsionadas de Bururi y Makamba al sur del país. La principal carretera costera que lleva a Makamba–Nyanza desde Bujumbura (RN3) estuvo cerrada a los organismos de socorro durante varios días.

27. La situación en las provincias de Bujumbura rural y Bubanza seguía siendo inestable a fines del mes de julio, y también se produjeron ataques en las provincias de Kayanza y Muramvya donde antes reinaba una mayor calma. El 27 de julio de 1998 hubo un ataque contra Musema en Kayanza, en el cual el centro de salud fue saqueado y el hospital sufrió daños. Unos 70 pacientes que eran atendidos en ellos tuvieron que huir mientras que unos 10 pacientes de mayor edad y más débiles quedaron abandonados. En los días siguientes se produjeron otros incidentes con el incendio de viviendas y plantaciones de café, y la población huyó hacia Ngozi.

28. A fines de julio, en la provincia de Bujumbura rural, 3.000 personas habían sido desplazadas como resultado de los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes en la zona al sur de Bujumbura, y los habitantes del municipio de Mutambu indicaron que habían muerto 20 personas. Los rebeldes al parecer pertenecían a las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL), facción armada del Partido para la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU) que, según fuentes del Gobierno, con ello pretendía desestabilizar la situación y hacer notar su presencia mientras se celebraban las negociaciones en Arusha. Los desplazados se reunieron en las zonas protegidas por el Gobierno mientras continuaban los combates. Se recibieron informaciones de organizaciones no gubernamentales humanitarias de que unas 2.000 personas habían huido después de un ataque de los rebeldes contra el municipio de Mutambu y se dijo que tres o cuatro grupos de las FNL llevaban a cabo ataques en la zona.

29. A fines de julio de 1998, un experto italiano en operaciones de socorro en casos de hambruna, que trabajaba al servicio del Programa Mundial de Alimentos y que tenía más de 25 años de experiencia en África, fue víctima de asalto y robo en su propia casa y resultó herido con arma de fuego en el ataque.

30. En Kabesi, en la provincia de Bujumbura rural, el mismo día de la llegada del Relator Especial, un centro de alimentación terapéutica construido por el "Gruppo di Voluntariato Civile" (GVC) italiano, con capacidad para atender a cerca de 200 niños malnutridos, fue totalmente arrasado por el fuego encendido por manos criminales pocos días antes de su inauguración, prevista para el 1º de septiembre de 1998. La destrucción del centro, que el Relator Especial pudo observar durante su visita y que se atribuyó a grupos rebeldes, fue infligida pese a que un emplazamiento militar se encuentra a menos de 200 metros del lugar. Como consecuencia, el GVC anunció la suspensión indefinida de sus actividades de salud y nutrición en Bujumbura rural, en espera de que se realice una investigación oficial y que se den garantías de seguridad.

31. El Relator Especial ha recibido varias acusaciones de represalias por parte de elementos de las fuerzas armadas contra los familiares de personas involucradas con los grupos rebeldes. Varios familiares han sido golpeados y sus plantaciones y casas incendiadas. Después de los enfrentamientos u operaciones militares, el ejército ha cerrado las zonas a las organizaciones no gubernamentales y a los observadores de derechos humanos. El Relator Especial recibió también informaciones de que durante esos incidentes, los civiles se habían visto obligados a refugiarse en huecos llenos de agua para pasar en ellos la noche.

B. Situación de las personas desplazadas internamente, las poblaciones reagrupadas y los refugiados

32. Tras cinco años de guerra, Burundi tiene el mayor número de personas desplazadas internamente y reagrupadas de todos los países de la región de los Grandes Lagos. Más de 500.000 personas, o cerca del 11% de la población del país, se encuentran actualmente en campamentos y otros sitios provisionales, localizados en su mayoría en las provincias occidentales de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura rural, Bururi y Makamba (véase el apéndice I).

33. Aunque en Karuzi, Kayanza y Muramvya la situación ha mejorado de manera constante, en las provincias occidentales de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura rural, Bururi y Makamba sigue siendo inestable. Estas provincias lindan al norte con Rwanda y el bosque de Nyungwe, al occidente con Kivu y el lago de Tanganyika, y al sur con la República Unida de Tanzanía, todos los cuales son actualmente o pueden llegar a ser focos de perturbaciones. Al oriente se encuentra la divisoria del Nilo–Congo, una cordillera que atraviesa el país de sur a norte (hasta llegar al bosque de Kibira). Esa región es la principal vía de ingreso y salida del país para los grupos rebeldes y su proximidad explica la inestabilidad permanente en esas provincias y la presencia esporádica, aunque persistente, de miles de campesinos que huyen o se ven desalojados de las zonas controladas por los rebeldes. Dada la variabilidad de la situación en esas provincias afectadas por el conflicto, es sumamente difícil determinar con precisión el número de los reagrupados.

34. En la provincia de Cibitoke llegó a haber hasta 100.000 personas desplazadas viviendo en campamentos. En el caso de los municipios occidentales de Rugombo y Mugina y, sobre todo, en Buganda, éstos estaban concentrados a lo largo de la principal carretera asfaltada, RN5. Desde mayo y junio de 1997, las personas desplazadas de los municipios de Rugombo y Mugina empezaron a regresar a sus hogares, y al final del año las autoridades comenzaron a establecer puestos militares de avanzada en Mabayi, Bukinanayana y Murwi, alrededor de los cuales se establecieron emplazamientos más pequeños para albergar a los habitantes de las colinas vecinas.

35. Las autoridades han comenzado recientemente a poner en práctica la política ya aplicada en Cibitoke, desmantelando los emplazamientos más grandes sobre la carretera RN9 y trasladando a la gente a nuevos sitios más pequeños agrupados cerca de los puestos militares de avanzada. Las autoridades sostienen que las condiciones de seguridad no permiten todavía una reinstalación permanente y que los nuevos sitios permiten al menos acercar a la gente a sus lugares de origen en las montañas.

36. En la provincia de Bujumbura rural, es difícil obtener información exacta dado que la situación está cambiando constantemente y no se ha permitido el acceso a gran parte del territorio de la provincia durante el período de actividad de los rebeldes, que se inició con el ataque al aeropuerto el 1º de julio de 1998. Además, las minas terrestres constituyen un peligro especialmente grave en esa parte de Burundi. Los municipios de Mubimbi, Isale y Mugongo Manga (o sea, básicamente, las colinas que dominan la capital desde el este) se han visto especialmente afectados. Se estima que en la provincia hay actualmente cerca de 70.000 personas desplazadas que viven en diversos sitios destinados ellos.

37. Las 35.000 personas desplazadas en la provincia de Makamba están reducidas casi exclusivamente a los municipios de Vugizo y Nyanza Lac, donde el Relator Especial visitó tres sitios. El último de esos municipios, situado al borde del lago, en el extremo sur del país, es el principal punto de entrada y salida de los grupos rebeldes que actúan desde la República Unida de Tanzanía. Como en Bururi, la situación en Makamba se mantuvo estable, con relativamente pocos movimientos de población hasta principios de 1997, cuando, en una repetición de la modalidad observada en las otras provincias occidentales, las personas desplazadas de las zonas montañosas comenzaron a congregarse en nuevos sitios a lo largo de la carretera asfaltada que bordea el lago (RN3).

38. La tendencia general que actualmente se observa en mayor o menor grado en todas las provincias consiste en el desmantelamiento progresivo de los campamentos más grandes de personas reagrupadas y desplazadas y la instalación de sitios más pequeños, descentralizados, en los que se reúne a la población de las montañas vecinas alrededor de los puestos militares de avanzada, con miras a que puedan regresar definitivamente a sus hogares en el mediano plazo. Esa estrategia permite al ejército recuperar el dominio del territorio y mantener un control de la población, brindándole al mismo tiempo una mayor protección, lo que también hace posible que los campesinos cultiven sus campos durante el día. La política se encuentra en diferentes etapas del ciclo de ejecución en las distintas provincias, desde Cibitoke, donde una gran proporción de la población desplazada está regresando a sus lugares de origen en las montañas, hasta Bujumbura rural, donde aún no ha finalizado el proceso de reagrupación.

39. Según fuentes oficiales, en las primeras semanas de septiembre, más de 6.000 personas llegaron a la región de Cibitoke en la parte noroccidental de Burundi, huyendo, de los combates en la República Democrática del Congo. Esa cifra incluía a 1.729 burundianos que regresaban a sus hogares. La mayor parte de los recién llegados permanecían en sitios de acogida provisionales. Se ha informado que, de ese grupo, un 42% son niños de 5 a 14 años de edad, un 23%, son menores de 5 años, un 24% son mujeres y el 11% restante, hombres. Se calcula que el número de niños no acompañados que se encuentran actualmente en Burundi puede llegar a 3.000.

C. Prisión preventiva y condiciones de detención

40. Durante su visita, el Relator Especial observó un evidente empeoramiento de las condiciones de detención en Burundi, como consecuencia del hacinamiento y de la escasez de los recursos financieros y humanos que se asignan a la administración de penitenciaría. También se benefició de las valiosas observaciones formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados durante sus misiones en Bubanza, Kabezi, Makamba y Rumonge para inspeccionar las cárceles e investigar violaciones de los derechos humanos.

41. Las estimaciones oficiales indican que la población carcelaria al 27 de agosto de 1998 era de 9.365 reclusos, habiendo llegado a un máximo de 9.700 detenidos en febrero de 1998, lo que representa un aumento de 3.100 personas desde diciembre de 1996 (véase el apéndice II). Durante el período comprendido de febrero a junio de 1998 hubo una disminución de la población carcelaria como resultado de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia. Se calcula que durante el verano había unas 300 mujeres recluidas en las cárceles. Es difícil determinar con precisión el número de menores de 13 años actualmente detenidos, aunque las cifras oficiales indican que pueden ser menos de 100. Se cree que todavía puede haber varios miles de detenidos en los cachots.

42. El sistema carcelario de Burundi comprende 11 centros de detención situados en Bubanza, Bujumbura (Mpimba), Bururi, Gitega, Muyinga Muramvya, Ngozi (dos establecimientos, para hombres y mujeres, respectivamente), Rumonge, Rutana y Ruyigi. Además de esas cárceles hay otros centros de detención, denominados cachots, situados en las prefecturas de policía y en los cuarteles de las brigadas y vinculados a los parquets (oficinas de los fiscales) y a las autoridades administrativas de los municipios y zonas. También hay algunas zonas de detención extraoficiales en los emplazamientos militares. Casi todos los encargados de los centros de detención y cachots, incluidos los 600 funcionarios que trabajan en esas instalaciones son miembros de la policía o del ejército. Entre ellos hay sólo una mujer, que dirige la cárcel de mujeres de Ngozi.

43. Las condiciones de sanidad e higiene en la mayoría de las cárceles son desastrosas, y, sumadas al hacinamiento, producen una alta mortalidad entre los reclusos, especialmente en las cárceles de Bujumbura, Gitega, Muramvya, Ngozi y Rutana. La mayoría de los reclusos, que están muy débiles, padecen malnutrición grave y otras patologías y presentan una alta tasa de mortalidad. En el primer semestre de 1998, la mortalidad en las cárceles de Gitega, Muyinga y Ngozi alcanzó niveles alarmantes.

44. Durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 28 de abril de 1998 únicamente, hubo 229 fallecimientos en la cárcel de Ngozi y 53 en la de Muyinga. Durante los meses de mayo y junio de 1998, el número de fallecimientos de detenidos disminuyó en el país en general, pero siguió siendo relativamente alto en Ngozi (37 muertos en mayo).

45. Los cachots que visitó el Relator Especial en las provincias de Kayanza y Karuzi mostraban iguales condiciones de hacinamiento. Un gran número de reclusos vivían en condiciones desastrosas, crueles e inhumanas, en pequeñísimas celdas sin aire, luz o retretes. En un cachot visitado en Karuzi, por ejemplo, había 30 reclusos en una pequeña celda de 3,5 metros por 2 metros, aproximadamente. Apenas podían encontrar sitio para sentarse y tuvieron que desplazarse de un lado a otro de la celda para que el Relator Especial pudiera medirla.

46. Se informó al Relator Especial que la nutrición de los reclusos en los cachots era enteramente responsabilidad de los familias, la mayoría de las cuales no estaban en condiciones de proporcionarles alimentos. Muchos reclusos dependen totalmente de la comida que reciben de sus compañeros.

47. Durante la detención se presentan muchas irregulari-dades. La mayoría de los reclusos no han sido juzgados por un tribunal, y varios casos se han resuelto sumariamente, en contravención de los convenios internacionales ratificados por el Gobierno de Burundi Sobre la reforma del régimen judicial, véase Neil J. Kvitz, "The problem of impunity and judicial reform in Burundi", estudio presentado en la Conferencia sobre Burundi que tuvo lugar en Washington, D.C. en 1996, bajo los auspicios del Instituto de los Estados Unidos para la Paz..

48. El Relator Especial recibió varias acusaciones de tortura de los detenidos en cachots en Bujumbura o en las provincias y en entrevistas personales, pudo observar señales de tortura física en algunos reclusos. La mayor parte de las acusaciones se referían a torturas cometidas durante el interrogatorio y las investigaciones preliminares por la policía judicial, con el fin de extraer confesiones. El Relator Especial también recibió quejas de malos tratos durante la detención. Según se dice, la intimidación verbal va acompañada de violencia física infligida utilizando palos, látigos, cables eléctricos o barras de hierro, con golpes al cuerpo y especialmente a los pies y a las manos. Generalmente se identifica a los presuntos autores de esos actos como miembros de la policía judicial o agentes encargados de los cachots (gendarmes, personal militar o policías).

49. El Relator Especial se siente profundamente preocu-pado por las condiciones de encarcelamiento de 260 reclusos condenados a muerte en la prisión de Mpimba en Bujumbura, más del doble del número indicado en su visita anterior, en diciembre de 1997. Todos los reclusos están reunidos en sólo dos celdas, en condiciones inhumanas, y sin que se les permita salir de ellas en ningún momento. El Relator Especial tuvo la oportunidad de plantear esta cuestión durante su entrevista con el Ministro de Justicia y le pidió que considerara los medios de mejorar las condiciones de detención de modo que se dé a los reclusos un trato más humanitario.

D. Condiciones de vida de las mujeres y los niños

50. Desde 1970 hasta 1997, la tasa de pobreza ha aumen-tado del 35% al 58% en las zonas rurales y del 32% al 66% en los centros urbanos de Burundi. Todos los indicadores de pobreza humana han empeorado como resultado de la crisis y la guerra: la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos aumentó de 111 en 1992 a 136 en 1996 y la asistencia a la escuela primaria disminuyó del 51% en 1992 al 35% en 1996/1997.Las tasas de vacunación aumentaron rápidamente de 1987 a 1992, pero han disminuido drásticamente desde 1993. Uno de los motivos de esa reducción es la falta de la gasolina necesaria para las campañas de vacunación. Además, la crisis ha repercutido gravemente en los servicios de educación. Desde que se inició la crisis actual, más de un tercio de las escuelas del país han sufrido daños o han quedado destruidas. Pese a los grandes esfuerzos de las autoridades, la guerra, el embargo y el alza de los precios o la imposibilidad de obtener los materiales necesarios, ha hecho más difícil la reconstrucción.

51. Según el último censo, que se llevó a cabo en agosto de 1990, la población de Burundi está constituida en un 51,3% por mujeres, que habitan sobre todo en las zonas rurales, donde se encuentra el 93,7% de la población total. Las mujeres trabajan en bien de sus familias 18 horas al día como promedio, la mitad de ese tiempo en el hogar y la otra mitad en el campo¹.

52. Las mujeres de Burundi se han visto gravemente afectadas por la crisis y la guerra civil. Constituyen una mayoría en los sitios de acogida de personas desplazadas y poblaciones reagrupadas y suelen ser jefe del hogar. Antes de la crisis las mujeres representaban una parte importante de la fuerza laboral en las zonas rurales, que sufrieron un marcado deterioro durante la guerra.

53. En los sitios de personas desplazadas y reagrupadas, el problema más importante, especialmente para las mujeres y los niños, es la dificultad de obtener alimentos y agua. La cantidad de alimentos resulta insuficiente y su calidad es mediocre: el maíz es la base principal de la nutrición. Dada la escasez de alimentos, las mujeres hacen grandes sacrificios por sus hijos, que se encuentran en condiciones de salud muy precarias. La situación de las mujeres suele ser más vulnerable cuando se dedican a sus quehaceres diarios, como la recolección de leña. En casi todos los campamentos, deben aventurarse fuera del perímetro y caminar a menudo varios kilómetros para reunir la leña necesaria para cocinar. Expuestas e indefensas, pueden ser objeto de brutales ataques sexuales y violaciones. Las víctimas a menudo son heridas con arma de fuego, o acuchilladas o golpeadas despiadadamente.

54. Las mujeres que se encuentran en los sitios de acogida también padecen problemas de salud, incluso relacionados con partos, abortos, anemia y la falta de vacunación y de atención médica, además de estar expuestas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades de transmisión sexual. Así pues, las condiciones de vida de las mujeres y los niños se han hecho sumamente precarias. En Burundi, las mujeres representaban el 50,6% de los casos registrados de personas que mostraban reacción seropositiva en estudios realizados en 1995. En 1997 se calculó que había en el país 94.000 huérfanos con SIDA.

IV. Observaciones y recomendaciones

A. Observaciones

55. El Relator Especial reconoce los importantes esfuer-zos que han desplegado las autoridades de Burundi para promover el proceso de paz en el marco de las negociaciones de Arusha, pese a los problemas que afligen a la región de los Grandes Lagos y a los desplazamientos de población que se están produciendo en la frontera nororiental del país.

56. Varias iniciativas recientes dirigidas a aplicar un acuerdo de repartición del poder entre el Gobierno, los partidos políticos, la Asamblea Nacional y la sociedad civil han ayudado a reducir el antagonismo entre las diversas partes en el conflicto en Burundi. Dichas iniciativas han permitido establecer un grado mínimo de confianza entre las partes, que están decididas a reforzar y consolidar el proceso de paz interno. Tanto el Gobierno como la Asamblea Nacional dieron varias indicaciones de haber adoptado "una decisión estratégica de modificar la situación"².

57. Con todo, varios obstáculos se oponen al proceso de paz. Los cambios introducidos han tenido una acogida favorable en algunos partidos políticos y han sido recibidos con hostilidad por otros partidos y por las facciones de la principal organización rebelde, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia. Además, por el momento, ninguno de los nombramientos del Gobierno actual es resultado de una auténtica elección democrática.

58. A juicio del Relator Especial, los cambios menciona-dos anteriormente deben considerarse como una estructura provisional en el marco de un proceso de transición hacia la democracia, que a la vez crea un entorno favorable para el éxito de la reunión que se ha de celebrar en Arusha a mediados de octubre de 1998.

59. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno por informar a la población de las provincias acerca de los cambios institucionales, la mayoría de los habitantes no han advertido aún una verdadera reducción de las tensiones entre las autoridades locales civiles o militares a nivel de las comunidades.

60. El Relator Especial encomia al Ministerio de Dere-chos Humanos, Reforma Institucional y Relaciones con la Asamblea Nacional por sus esfuerzos dirigidos a promover los derechos humanos con la participación de la sociedad civil. El Ministerio está organizando actualmente reuniones con dirigentes locales y campesinos a fin de que puedan seguir de cerca las violaciones de los derechos humanos en sus propias comunidades, con ayuda de material impreso y de afiches.

61. El Relator Especial sigue preocupado por que no se haya logrado aún ningún progreso en el enjuiciamiento del personal militar acusado de participar en el intento de golpe de estado en 1993 y en el asesinato del Presidente Ndadaye. Ha habido acusaciones de intimidación de testigos, como en el caso del Comandante Joseph Rugigana, que fue blanco de dos ataques contra su vida en julio de 1998. De hecho, sólo el personal militar subalterno sigue siendo objeto de las acusaciones más graves, en tanto que los oficiales superiores son enjuiciados únicamente por delitos menores.

62. El Relator Especial toma nota de que en la Cuarta Cumbre Regional de Arusha sobre el conflicto de Burundi, celebrada en la República Unida de Tanzanía el 16 de abril de 1997, se decidió hacer extensiva "la atenuación de las sanciones a todos los alimentos y productos alimenticios, todos los artículos relacionados con la educación, los materiales de construcción y todo tipo de medicamentos y de artículos e insumos agrícolas con el fin de aliviar los sufrimientos del pueblo de Burundi"³. Además, se ha permitido el ingreso de ciertas cantidades de combustible a fin de que los organismos humanitarios puedan utilizarlo para satisfacer necesidades humanitarias de la población. Los países de la región han expresado su posición inequívoca de que una vez que se haya afianzado el diálogo, debe levantarse incluso el embargo al combustible.

63. El Relator Especial observa que tras las seis cumbres regionales celebradas hasta la fecha, actualmente se sigue aplicando en Burundi un régimen selectivo de sanciones. Como indicó el Sr. Eriya Kategaya, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, en su declaración formulada en el 57º período ordinario de sesiones del Consejo de Ministros de la OUA, las sanciones se centran en los cuatro aspectos siguientes: una prohibición a los armamentos, un embargo a las importaciones de combustible, salvo por una cantidad limitada destinada a las actividades humanitarias; una prohibición a los vuelos comerciales desde Burundi y hacia él, y una prohibición a las exportaciones.

64. Pese al claro compromiso y los encomiables esfuerzos de los países de la región respecto del examen periódico de las sanciones, es preciso reconocer que el embargo ha causado un empeoramiento de las condiciones de vida de las familias y de los niños por sus repercusiones en los precios, el mercado de trabajo y los ingresos familiares. Al mismo tiempo, las actividades nacionales en la esfera de la salud pública y la educación se han visto gravemente obstaculizadas por la falta de equipo y suministros médicos.

65. Es importante considerar que el embargo fue impuesto a Burundi cuando en el país se libraba una guerra civil. En consecuencia, el embargo ha agravado a situación ya precaria que existía en el país.

66. En vista de los acontecimientos políticos que se han producido dentro y fuera del país en los últimos meses y a la luz de las tendencias señaladas en los párrafos anteriores, ha llegado el momento de hacer una revaluación adecuada de la posición que adoptó la comunidad internacional a principios de 1997 con respecto a la asistencia humanitaria. Es indispensable reconsiderar ahora, junto con el Gobierno de Burundi, algunos aspectos fundamentales relacionados con la rehabilitación de las personas desplazadas, de las poblaciones reagrupadas y de los refugiados en sus comunidades y lugares de origen en las montañas. Sería apenas justo reconocer que la situación en muchas zonas del país ha pasado a una etapa preliminar de desarrollo y que los organismos más especializados en la esfera del desarrollo deben cumplir ahora la función que les corresponde en el sector de la salud.

67. El Relator Especial está convencido de que Burundi, ofrece actualmente un entorno favorable para que haya una presencia efectiva y más amplia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En diversas ocasiones durante su visita, las autoridades expresaron el sincero deseo de que hubiera en Burundi una mayor presencia de las entidades internacionales de derechos humanos, con un componente local más fuerte, que debería considerarse en el futuro como parte de un acuerdo de paz general para el país.

68. A juicio del Relator Especial, el establecimiento de un tribunal internacional puede ayudar a disipar los temores colectivos y recuerdos del genocidio mediante el reconocimiento de los delitos cometidos anteriormente y la determinación de la responsabilidad individual por esos crímenes. El tribunal podría ocuparse de la importante tarea de definir la culpabilidad personal por delitos que afectan a la comunidad de Burundi en su conjunto, con miras a determinar la responsabilidad individual de quienes sean declarados culpables de matanzas, genocidio y actos de genocidio⁴.

B. Recomendaciones

69. Al presentar este informe a la Asamblea General, el Relator Especial desea formular una serie de recomendaciones que le inspiran los acontecimientos recientes en Burundi, y que guardan relación con algunas de las recomendaciones ya formuladas en sus informes anteriores.

70. El Relator Especial pide que el Gobierno de Burundi examine las diversas recomendaciones consignadas en sus informes anteriores. Como se recomendó en la quinta reunión de relatores especiales, representantes especiales y expertos celebrada en mayo de 1998, la Comisión de Derechos Humanos debería estar en condiciones de vigilar la aplicación de esas recomendaciones.

1. En el plano nacional

71. El Relator Especial insta a las autoridades de Burundi a que pongan en práctica las urgentes reformas propuestas en sus informes anteriores relativas a la reestructuración del sistema judicial. Subraya que es imprescindible formular estrategias adecuadas para poner fin a la impunidad y reorganizar las funciones respectivas del ejército y de las fuerzas de seguridad. Considera además indispensable garantizar el acceso sin trabas de la mayoría de la población a los principales estamentos del Estado, como la educación, el sistema judicial y las fuerzas armadas.

72. El Relator Especial reitera su llamamiento solemne y urgente a las autoridades de Burundi para que suspendan la ejecución de la pena capital, actualmente dictada contra más de 250 personas, y las condenas a cadena perpetua pronunciadas durante las sesiones de las salas penales, al menos hasta que concluyan las negociaciones de paz y se efectúen las reformas necesarias para establecer un sistema judicial independiente e imparcial.

73. El Relator Especial considera que, en tanto se produz-can esos hechos, sería muy conveniente que se adoptaran medidas para reformar el código penal y disponer que la pena capital sea opcional y no obligatoria para los delitos a los que se aplica actualmente.

74. Por consiguiente, el Relator Especial señala una vez más urgentemente a la atención del Gobierno la necesidad de velar por la observancia de los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen el derecho de todo acusado a un juicio equitativo, incluido el derecho a una asistencia jurídica para su defensa⁵. Le recuerda una vez más el deber que le incumbe, como autoridad de un Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de aplicar el párrafo 2 de su artículo 6 y sus artículos 14 y 15 que disponen que sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito, tras un proceso equitativo, así como de prestar toda la atención necesaria a las resoluciones de las Naciones Unidas que estipulan la garantía de la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte⁶.

75. El Relator Especial considera que las autoridades burundianas deben poner fin a las detenciones arbitrarias y ejercer un control estricto de los funcionarios responsables por dichas detenciones. Deben abstenerse de recurrir a la detención arbitraria y observar los procedimientos jurídicos durante la detención. Es indispensable que la detención preventiva ilícita no dé lugar al traslado y reclusión en instalaciones carcelarias.

76. Con el fin de poner un límite a la duración de la detención preventiva en cachots, las autoridades deben ejercer un control estricto de las funciones que cumple la policía judicial y realizar inspecciones periódicas de los centros de detención para cerciorarse de que se ponga en libertad a las personas detenidas de manera arbitraria o ilícita.

77. Las autoridades deben considerar también la limita-ción de la detención preventiva por períodos prolongados, poner fin a las detenciones ilícitas y aumentar las inspecciones judiciales a los centros de detención para velar por que los casos sean procesados oportunamente.

78. El Relator Especial espera que las autoridades burun-dianas presten la debida atención a las necesidades de las poblaciones más vulnerables en las cárceles y cachots, como los niños pequeños y menores, las mujeres y los enfermos.

79. El Relator Especial recomienda enérgicamente a las autoridades la estricta aplicación de la norma que estipula que la detención preventiva no debe exceder de una semana, en el marco de una investigación preliminar.

80. El Relator Especial pide al Gobierno de Burundi que adopte medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención. No debe someterse a los reclusos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su situación judicial o de la naturaleza de sus convicciones o de sus condenas. Los reclusos condenados a la pena de muerte no deben verse sometidos a condiciones más rigurosas de las que se aplican a otros detenidos.

81. El Relator Especial pide que se proporcione asistencia adecuada al Ministerio de Derechos Humanos para que pueda alcanzar el objetivo, establecido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de fortalecer en la mayor medida posible la capacidad nacional en materia de derechos humanos, incluido el fortalecimiento del centro para la promoción de los derechos humanos y la prevención del genocidio.

82. El Relator Especial señala una vez más a la atención de las autoridades burundianas la necesidad urgente de velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que prohíben los ataques indiscriminados contra la población y contra objetivos civiles durante las operaciones militares. Recuerda asimismo la prohibición del pillaje y la destrucción arbitraria de sus bienes.

83. El Relator Especial reitera que los grupos rebeldes deben velar por que sus elementos armados respeten igualmente los principios del derecho internacional humanitario y, en particular, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. En particular señala a su atención las disposiciones relativas a la seguridad física de las poblaciones civiles, de los no combatientes y de los prisioneros.

84. El Relator Especial insta por tanto a los grupos rebeldes a que se abstengan de cometer ataques contra personas civiles, tanto dentro como fuera de los campamentos de reagrupados o de personas desplazadas, y a que instruyan en ese sentido a sus subordinados.

2. En el plano internacional

85. El Relator Especial está convencido de que, para proteger los derechos humanos de la población civil, especialmente de los grupos más vulnerables, es indispensable que la comunidad internacional asigne la más alta prioridad a la concertación de una auténtica cesación del fuego.

86. El Relator Especial recomienda que la comunidad internacional reconozca las iniciativas de repartición del poder adoptadas por las autoridades burundianas en el marco del Partenariat interne pour la paix, pese a las limitaciones de éste. Dichas iniciativas deben verse como un serio intento de establecer una estructura política provisional que contribuya al progreso del país.

87. El Relator Especial pide urgentemente a la comunidad internacional que dé muestras de su firme compromiso respecto de la financiación del programa de asistencia jurídica. Considera importante que el grupo integrado actualmente por seis abogados se duplique para el año próximo y estima que este valioso programa puede ayudar a garantizar la presencia de testigos, tanto para la defensa como para la parte acusadora, fomentando así una mayor equidad y rapidez en los juicios.

88. La comunidad internacional no debe esperar a que se ejecute la reforma judicial para comenzar a proporcionar al país recursos humanos y materiales básicos. Los gobiernos deben respaldar la capacitación de magistrados y abogados burundianos y su conocimiento de las prácticas corrientes de los regímenes judiciales democráticos, a fin de lograr una mayor competencia, independencia e imparcialidad de la judicatura.

89. El Relator Especial hace también un llamamiento a la comunidad internacional para que garantice y aumente, con carácter urgente, el apoyo financiero a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene la certeza de que una presencia más amplia de observadores internacionales de derechos humanos en Burundi puede ser un elemento decisivo en el marco de un acuerdo de paz.

90. El Relator Especial recomienda que las Naciones Unidas consideren nuevamente la cuestión del establecimiento de un tribunal penal internacional, pero sólo cuando se hayan cumplido en Burundi las condiciones necesarias para la creación de ese órgano. Éstas son: la concertación de una cesación del fuego, la existencia de un auténtico diálogo político interno, la conclusión exitosa de las negociaciones en curso y la iniciación del proceso hacia un gobierno democrático.

91. El Relator Especial está convencido de que los programas de los organismos de las Naciones Unidas deben seguir prestando apoyo a las comunidades locales mediante actividades de generación de ingresos, una mayor participación de las mujeres en la vida económica y social de sus comunidades y un aumento de la seguridad alimentaria. Ese apoyo debe prestarse mediante actividades que promuevan un espíritu de tolerancia que propicie la reconciliación nacional y una vocación de paz y de respeto de los derechos humanos en la sociedad burundiana.

92. El Relator Especial alienta todas las iniciativas que adopte la comunidad internacional para acompañar y respaldar las negociaciones de paz en Burundi y en el exterior.

93. El Relator Especial recomienda decididamente que la comunidad internacional ayude con alimentos y medicinas a los prisioneros en Burundi, condicionando ese apoyo al mejoramiento de las condiciones de detención, la adopción de medidas eficaces para restringir la detención arbitraria y la implantación de reformas administrativas para mejorar la gestión del sistema penitenciario.

94. La comunidad internacional debería apoyar y facilitar la labor de las organizaciones no gubernamentales locales que, superando enormes dificultades, prestan asistencia a los prisioneros y detenidos.

Notas

¹ Véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, "Efectos del embargo en los niños y las familias en Burundi", agosto de 1998. Véase también Ministerio de Planificación del Desarrollo y de Reconstrucción/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "Informe nacional sobre el desarrollo humano en Burundi, 1997" (Bujumbura, 1998).

² Véase Jan Van Eck, "Burundi peace talks resume in Arusha on 15 June" (Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Centro para la Solución de Conflictos, 10 de junio de 1998). En relación con los acontecimientos recientes en Burundi, véanse Stephen R. Weissman, "Preventing genocide in Burundi: Lessons from international diplomacy", informe del Instituto de los Estados Unidos para la Paz (Washington, D.C., 15 de septiembre de 1998).

³ Véase la carta de fecha 18 de abril de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la República Unida de Tanzanía ante las Naciones Unidas (S/1997/319).

⁴ Véase Weissman "Preventing genocide ...", y Michael Ignatieff, The Warrior's Honour (Nueva York, Viking Press, 1998), págs. 178 y 179.

⁵ Véase la resolución 217 A (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre de 1948.

⁶ Véase la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966.

Apéndice I

Personas desplazadas en Burundi, por provincia

Provincia	Población en los sitios de acogida
	Junio de 1998	Agosto de 1998

Bubanza	65 184	159 740
Buja	35 338	88 966
Bururi	44 564	105 475
Cankuzo	3 254	3 290
Cibitoke	57 428	2 750
Gitega	20 997	21 499
Karusi	125 262	17 363
Kayanza	109 523	27 417
Kirundo	20 072	16 217
Makamba	13 812	31 822
Muramvya	46 017	13 390
Muyinga	35 852	29 920
Ngozi	21 530	24 128
Rutana	3 977	1 478
Ruyigi	4 118	2 975
Total	606 938	546 250

Fuente: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Red Regional Integrada de Información, "Plan d'action national en faveur des sinistrés, juillet–août 1998", 4 de junio de 1998.

Apéndice II

Estadísticas de detenidos al 27 de agosto de 1998

Cárcel	Capacidad	Población carcelaria	Acusados		Condenados			Niños pequeños
			Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Menores	Niños pequeños
Bubanza	100	115	78	1	35	1	-	-
Bururi	100	272	246	8	20	-	10	1
Gitega	400	1 888	1 395	49	354	17	22	18
Mpimba	800	2 525	1 866	52	560	27	20	20
Muramvya	100	279	208	6	65	-	10	-
Muyinga	300	469	411	-	78	-	4	-
Ngozi^a	250	86	-	53	-	24	2	9
Ngozi^b	400	2 898	2 270	-	128	-	20	-
Rumonge	800	762	433	18	303	-	10	8
Rutana	100	309	140	6	161	1	5	1
Ruyigi	300	292	241	3	46	2	1	0
Total	3 650	9 895	7 484^c		1 822^c		104	57

Fuente: Gobierno de Burundi.

^a Instalaciones para mujeres.

^b Instalaciones para hombres.

^c Hombres y mujeres.