Distr. GENERAL E/CN.4/Sub.2/1993/11 2 de julio de 1993 ESPAÑOL Original: INGLÉS

1. Desde su 30º período de sesiones, celebrado en 1975, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías ha examinado cada año el informe de su Relator Especial, Sr. Ahmed Khalifa, sobre las consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia, en particular mediante inversiones de capital y ayuda militar, que se presta al régimen racista de Sudáfrica. La presentación anual de la lista de instituciones que dan apoyo indirecto al régimen de Sudáfrica ha tenido gran importancia para sensibilizar a la comunidad internacional a fin de ejercer presión en el Gobierno de Sudáfrica para que comience a corregir sus políticas racistas que, en los últimos 50 años, han provocado la denegación de los derechos políticos de la mayoría de la población negra del país.

2. No obstante, tras el proceso de reforma iniciado en febrero de 1990 por el Presidente de Sudáfrica F. W. De Klerk y el consiguiente levantamiento parcial de las sanciones económicas y socioculturales por diversos miembros de la comunidad internacional, se estimó que la continua actualización de la lista ya no serviría a los fines para los cuales se había previsto prepararla. No obstante, convencida de la necesidad de que los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas siguieran contribuyendo a la vigilancia del proceso de eliminación total del apartheid, la Subcomisión, en su 44º período de sesiones, aprobó la resolución 1992/6, de 21 de agosto de 1992, en la que, entre otras cosas, recomendó que la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social autorizaran a la Subcomisión a que encomendara a la Sra. Judith Sefi Attah la presentación de un informe anual sobre la transición a la democracia en Sudáfrica. En el informe se deberían incluir los siguientes elementos:

a) Las medidas adoptadas de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos para evitar la violencia entre los diferentes grupos en Sudáfrica;

b) Las medidas adoptadas para investigar la presunta participación de las fuerzas de seguridad de Sudáfrica en el fomento de la violencia y el criterio con que se está abordando ese problema;

c) Las disposiciones adoptadas para garantizar una participación política equitativa a todos los ciudadanos de Sudáfrica, con inclusión de los que habían sido desplazados en virtud del sistema de apartheid a los llamados "territorios patrios";

d) Las disposiciones adoptadas para garantizar que todos los ciudadanos de Sudáfrica, sin discriminación alguna, disfruten de los derechos económicos y sociales;

e) Los obstáculos, debidamente analizados, que se oponen a la democratización de Sudáfrica y las posibilidades y medios de eliminarlos.

3. En su 49º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1993/19, recomendó al Consejo Económico y Social que autorizara la recomendación de la Subcomisión y pidió al Secretario General que prestara a la Relatora Especial toda la asistencia que pudiera necesitar en el ejercicio de sus funciones.

4. De conformidad con este mandato, la Relatora Especial se puso en contacto en Nueva York con los principales órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión del apartheid, tales como el Comité Especial contra el Apartheid, la Comisión Política Especial, el Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el Africa Meridional, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica y el Centro sobre las Empresas Transnacionales. También se celebraron consultas en el Centro de Derechos Humanos, en Ginebra. El propósito de los contactos era permitir a la Relatora Especial aprovechar la gran cantidad de información sobre el tema de que disponen esos órganos. Además, se consultaron informes especiales como los de la Misión de Observación del Commonwealth en Sudáfrica, los resultados de las misiones de los enviados especiales del Secretario General y artículos aparecidos en periódicos, revistas y otras publicaciones pertinentes para el mandato. Las fuentes de información utilizadas en el presente informe se enumeran en las notas. Las restricciones de tiempo no permitieron a la Relatora Especial consultar a las principales personalidades dentro de Sudáfrica o fuera de ella.

5. En el informe se examinan las diversas cuestiones incluidas en el mandato de la Relatora Especial con efecto a partir de febrero de 1990 cuando, en una exposición ante el Parlamento, el Presidente de Sudáfrica F. W. De Klerk indicó que su Gobierno se había comprometido a desmantelar las estructuras racistas del apartheid. En una reorganización mínima de la secuencia de cuestiones en el informe, ante todo, se examina la cuestión política antes que la violencia. Esa reorganización se debe al reconocimiento de que en algunos sentidos, la violencia en Sudáfrica, aparte de constituir un obstáculo importante para el proceso de transición a la democracia, es fundamentalmente una consecuencia de las desigualdades políticas que formaron parte de la doctrina del apartheid. En reconocimiento del papel facilitador que la comunidad internacional puede desempeñar y está desempeñando en el proceso de transición, en el informe también se destacan algunos de los esfuerzos más recientes en ese sentido y su repercusión en el proceso político, la violencia o el goce de los derechos sociales y económicos por todos los sudafricanos.

6. El primer paso encaminado a la creación de una nueva Sudáfrica democrática, no racista y unida, en la que todos sus ciudadanos gocen de igual participación política de conformidad con los incisos i) a iii) del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los incisos a) a c) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se dio en febrero de 1990 cuando el Presidente De Klerk, en un esfuerzo por crear un contexto propicio, anunció en el Parlamento que se levantaría la proscripción del Congreso Nacional Africano (ANC), el Partido Comunista de Sudáfrica y el Congreso Panafricanista de Azania (PAC) y levantó las restricciones que pesaban sobre otros movimientos contrarios al apartheid. Ese acto fue seguido poco después por la liberación del dirigente del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, el 11 de febrero de 1990, tras 27 años de encarcelamiento.

7. Tras la liberación del Sr. Mandela, se celebraron varias importantes reuniones durante ese año entre el Gobierno y el Congreso Nacional Africano y se anunciaron acuerdos que revistieron el formato de actas. En virtud de las Actas de Groote Schurr, Pretoria y DF Malan, el Gobierno se comprometió a iniciar el proceso de levantamiento del estado de emergencia en el cual se habían gobernado varias partes del país, la liberación por etapas de los presos políticos, la concesión de inmunidad judicial a los miembros del Comité Nacional Ejecutivo del Congreso Nacional Africano e inmunidad con respecto a delitos políticos. Por su parte, el Congreso Nacional Africano acordó suspender la acción armada contra el Gobierno. En el otoño de 1990, el Gobierno había levantado el estado de emergencia en Natal y el Transvaal, publicado la Ley de indemnización de 1990 y creado el Comité de coordinación para la repatriación de los 30.000 / Esta cifra es provisional, ya que algunos cálculos estiman que el número de exiliados sudafricanos es superior a 40.000./ exiliados sudafricanos.

8. En 1991 se produjeron otros cambios positivos encaminados al ejercicio de los derechos civiles y políticos por todos los sudafricanos, independientemente de su raza, al derogarse la Ley de servicios residenciales separados, la Ley relativa a la propiedad de la tierra, la Ley de inscripción de la población y la Ley de delimitación de zonas. Estos cuatro instrumentos principales del apartheid habían sido utilizados a lo largo de los años por el Gobierno para deshumanizar sistemática y progresivamente a la mayoría negra y denegarle sus derechos humanos fundamentales. Por consiguiente, la derogación de esos instrumentos marcó el compromiso manifiesto del Gobierno de iniciar negociaciones pacíficas en un contexto estable, en pro de una democracia que incluyera a todos los sectores de la población de Sudáfrica.

9. Pero la medida más importante adoptada hasta la fecha sobre la cuestión de los derechos políticos es la creación de la Convención para una Sudáfrica Democrática (COSADE), en la cual 18 organizaciones políticas, que incluyen al Gobierno de Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, el Partido Nacional gobernante, el Partido de la Libertad Inkatha, otros cuatro partidos parlamentarios, las administraciones de los diez territorios patrios, el Congreso Indio de Natal, el Partido Comunista de Sudáfrica, el Congreso Indio del Transvaal y numerosos observadores, se reunieron con la presidencia de dos jueces / Se trata del juez Mahomed y el juez Schabort. en diciembre de 1991. La convocación de la COSADE fue la primera vez en que se creó un foro de distintas organizaciones políticas para deliberar conjuntamente sobre un plan político para el país una vez eliminado el apartheid. Varias organizaciones, especialmente el Congreso Panafricanista de Azania, el Partido Conservador y la Organización del Pueblo Azanio (AZAPO), se negaron a participar en el foro por diferentes razones.

10. La primera reunión se celebró en el Centro Comercial Mundial de Johannesburgo los días 20 y 21 de diciembre y a su término se firmó una declaración de intenciones en las que las partes se comprometían a crear una Sudáfrica no discriminatoria e indivisa que será libre, abierta y se fundará en los valores democráticos. Los partidos convinieron en aplicar políticas que fomentaran el crecimiento económico y la justicia social, denunciar al cambio violento en favor del cambio pacífico y se comprometieron a elaborar una nueva constitución en la que se consagrara la democracia multipartidaria, el sufragio universal, la libertad de asociación, la separación de los poderes y otros mecanismos de control y equilibrio.

11. Para dar expresión concreta a esas aspiraciones, la COSADE estableció cinco grupos de trabajo principales encargados respectivamente de crear un clima para la actividad política libre, de los principios constitucionales, los arreglos para el período de transición, el futuro de los territorios patrios y los calendarios y cuestiones relativas a la ejecución. Un Comité de Gestión, al que se encomendó resolver cuestiones pendientes que han resultado problemáticas en los grupos de trabajo y un comité de asesoramiento sobre el papel del hombre y la mujer, que ha de asesorar sobre las consecuencias para hombres y mujeres de los mandatos y las decisiones de los grupos de trabajo y el Comité de Gestión, también fueron creados como estructuras importantes de la COSADE.

12. El ambiente para la participación política equitativa de todos los sudafricanos en el proceso democrático recibió impulso gracias a un referéndum realizado sólo para la población blanca el 7 de marzo de 1992, en el que más del 68,7% de los más de 2,8 millones de votantes respaldó la reforma del apartheid iniciada dos años antes por el Presidente De Klerk. Tras las alentadoras negociaciones realizadas por la COSADE durante los primeros meses de 1992, se enmendaron varias leyes discriminatorias de los estatutos de Sudáfrica. Entre ellas se incluye la derogación por el Parlamento de la sección 44 (1) de la Ley de servicios correccionales, de 1969 y la sección 27 (6) de la Ley de policía de 1959, que habían impuesto severas restricciones a la libertad de informar sobre la policía y las cárceles de Sudáfrica.

13. También se empezaron a examinar otras nueve leyes que restringían la actividad política libre en violación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida una ley que permitía al Gobierno expulsar del país a cualquier persona que no supiera leer y escribir en un idioma europeo. Las nueve leyes son la Ley de admisión de personas a la República, de 1972, la Ley de organizaciones afectadas, de 1974, la sección 205 de la Ley de procedimientos penales, de 1977, la Ley sobre manifestaciones en edificios del Poder Judicial o sus cercanías, de 1982, la Ley sobre la divulgación de información sobre financiación extranjera de 1989, la Ley sobre reuniones y manifestaciones, de 1973, la Ley sobre la prohibición de la financiación de partidos políticos por extranjeros, de 1968 y la Ley sobre la cuenta de los servicios secretos, de 1978, / Business Day, 19 de febrero de 1992..

14. Se está estudiando la derogación de los incisos a) y b) de la sección 4 de la Ley de registro de periódicos, de 1982, relacionados con las facultades ministeriales de anular el registro de los periódicos, en tanto que el Parlamento ha aprobado la Ley de enmienda de la Constitución, en virtud de la cual se eliminan las cláusulas de la Constitución en las que se disponía que ningún ministro podía permanecer en su cargo por más de 12 meses a menos que pasara a ser miembro del Parlamento. Se estima que mediante la ley se trata de permitir el nombramiento de africanos y personas no electas en el gabinete del Presidente De Klerk / Cape Times, 19 de septiembre de 1992..

15. Los días 15 y 16 de mayo de 1992 se celebró la segunda sesión plenaria de la COSADE, con los mismos participantes en la primera sesión, y se examinaron los informes de los cinco grupos de trabajo. En los informes se indicó que se habían logrado progresos y un consenso acerca de las siguientes cuestiones:

a) Una transición a la democracia en dos etapas, en la que se establecería un Consejo Ejecutivo de Transición multipartidario y no racial que equilibraría la escena política y prepararía al país para las elecciones durante la primera etapa, y la elección por representación proporcional y sufragio universal de una asamblea de diputados que elaboraría y aprobaría una nueva Constitución durante la segunda etapa de la transición. Mientras tanto, el Parlamento también tendría las facultades legislativas habituales.

b) El acuerdo "en principio" de reincorporar los denominados "territorios patrios" independientes a una nueva Sudáfrica y la restitución de la ciudadanía sudafricana a sus residentes. La Administración de Bophuthatswana manifestó su preferencia por la no incorporación. No obstante, el Gobierno de Sudáfrica ya está planificando legislación en la que se incluirá un marco jurídico para la reincorporación de los territorios patrios / Star, 18 de septiembre de 1992. . Como antecedente de la legislación, el Parlamento aprobó una ley en la que se permite la racionalización y amalgamación de los "departamentos de asuntos internos" en un departamento de asuntos generales. Esa fusión haría que servicios como los de salud y educación adquirieran una forma de administración estructurada en un plano más regional.

c) La inclusión de todas las fuerzas de seguridad bajo la jurisdicción de las estructuras gubernamentales de transición a fin de asegurar su responsabilidad ante el público y la necesidad de que todos los partidos vuelvan a manifestar su adhesión a la letra y al espíritu del Acuerdo Nacional de Paz / El Acuerdo Nacional de Paz, que se examina en más detalle en el capítulo sobre la violencia, prescribe un código de conducta para las diversas agrupaciones políticas y las fuerzas de seguridad. .

16. El grupo de trabajo sobre el proceso de elaboración de la Constitución informó que no había logrado llegar a un acuerdo sobre una serie de cuestiones que no pudo resolver la COSADE II / La COSADE II decidió que su Comité de Gestión, constituido por dos representantes de cada organización participante, examinara las cuestiones pero, a pesar de haberse reunido el 25 de mayo de 1992, no pudo resolver las cuestiones pendientes.. Esas cuestiones incluyen la naturaleza y las funciones del Consejo Ejecutivo de Transición, la decisión acerca de si debe ser de naturaleza legislativa o un órgano asesor y el porcentaje de representación proporcional en el Consejo. Otras cuestiones son los porcentajes de votos necesarios en el Parlamento provisional para aprobar las disposiciones constitucionales relativas a la división de los poderes y más concretamente, al "regionalismo" y la creación de un Senado en el que las minorías podrían estar representadas en forma desproporcionada. Esta segunda cuestión se vincula estrechamente con la primera y con la cuestión de determinar si se deben conceder facultades a las minorías para oponerse a decisiones importantes sobre las reformas constitucionales.

17. Ese estancamiento impidió que se examinaran los informes de los otros grupos de trabajo. Aunque los participantes dieron al Comité de Gestión de la COSADE el mandato de resolver las cuestiones pendientes, no se lograron progresos tangibles y en junio de 1992 el proceso de negociación en la COSADE terminó por fracasar cuando el Congreso Nacional Africano y sus aliados se retiraron de las conversaciones en protesta contra el incidente de Boipatong, ocurrido el 17 de junio / Se cree que el incidente en el que hombres armados atacaron a residentes de la barriada de Boipatong, cerca de Johannesburgo, y mataron a 40 hombres, mujeres y niños, fue perpetrado por partidarios de Inkatha con asistencia de la policía..

18. A pesar del fracaso de las conversaciones multipartidarias en la COSADE, todos los partidos siguieron ocupándose de la cuestión de la transición a una democracia en la cual pudieran ponerse de manifiesto los derechos civiles y políticos de todos los sudafricanos. Se entablaron conversaciones bilaterales entre el Gobierno de Sudáfrica y otros partidos tales como la AZAPO, el Partido Conservador y el Congreso Panafricanista de Azania, en un esfuerzo por hacerlos participar en las negociaciones. El Gobierno y el Congreso Nacional Africano también habían mantenido permanentemente conversaciones en un intento por romper el estancamiento. Así, el 26 de septiembre de 1992 se firmó el Acta de entendimiento / Este documento de alto nivel fue rubricado por el Presidente De Klerk, por el Gobierno y el Sr. Nelson Mandela, por el Congreso Nacional Africano. entre el Gobierno y el Congreso Nacional Africano, que abrió el camino hacia el regreso a las negociaciones constitucionales multilaterales.

19. Los días 5 y 6 de marzo de 1993, delegados de 26 agrupaciones políticas de Sudáfrica, incluidos los que no participaron en la COSADE, tales como el Congreso Panafricanista de Azania y el Partido Conservador, se reunieron en una conferencia multipartidaria de planificación. La conferencia fue la reunión más representativa de dirigentes políticos de la historia de Sudáfrica y, en una resolución aprobada por todos los partidos excepto el Partido Conservador, que se abstuvo, los participantes decidieron iniciar nuevas negociaciones multipartidarias a más tardar el 5 de abril. Las conversaciones se reanudaron el 1º de abril y el 7 de mayo de 1993 los partidos decidieron que las primeras elecciones no racistas del país tendrían lugar en un plazo de 12 meses, lo que constituyó un importante paso adelante en las negociaciones constitucionales. Los 26 partidos también convinieron en fijar una fecha exacta para las elecciones en un plazo de cuatro semanas y en que las elecciones tendrían lugar a más tardar en abril de 1994. La fecha, según se confirmó más tarde, se fijó en el 27 de abril de 1994, con sujeción al acuerdo del Partido de la Libertad Inkatha y otros partidos conservadores en una reunión que se celebraría el 26 de junio.

20. La decisión representa el compromiso de obtener un rápido acuerdo sobre la constitución para gobernar a Sudáfrica en el período de transición a la democracia plena así como los fundamentos de una constitución definitiva en las que queden consagrados los derechos humanos fundamentales de todos los sudafricanos. En un acuerdo constitucional básico concertado a principios de este año en negociaciones bilaterales entre el Gobierno y el Congreso Nacional Africano se preveía un gobierno multipartidario de unidad nacional que regiría el país durante cinco años, con una restitución limitada de poderes a las regiones. Los partidos que tuvieran un número mínimo de votos / La cifra acordada fue del 5 al 10% de los votos. tendrían derecho a participar en el gabinete de coalición. Al concluir el gobierno provisional, se celebrarían elecciones en virtud de una nueva constitución que se habría aprobado.

21. Las negociaciones multipartidarias reanudadas, en las que básicamente se examinará el proyecto de acuerdo constitucional, pueden prolongarse por algunos meses. Si se logra un consenso, para el otoño se podría contar ya con un Consejo Ejecutivo de Transición. Este habrá de adoptar decisiones sobre numerosas cuestiones, incluidas la función y la vigilancia de las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación oficiales y los mecanismos electorales, tales como una comisión de medios de difusión independientes y una comisión electoral.

22. A pesar de estos acontecimientos políticos positivos, si bien lentos, en Sudáfrica, existen algunos problemas muy inquietantes que podrían hacer fracasar el proceso de la transición a la democracia en el país. Entre los principales problemas figura el brote de violencia que, como se recordará, precipitó la retirada del Congreso Nacional Africano y sus aliados de la COSADE II tras la matanza de Boipatong, el 17 de junio de 1992. La violencia también se puso de manifiesto en el arresto de miembros muy importantes del Congreso Panafricanista de Azania por el Gobierno de Sudáfrica, acto que llevó al Congreso Panafricanista de Azania a retirarse del foro de negociaciones, lo que constituyó un presagio de repercusiones negativas para la transición a una democracia que incluyera a todos los sectores.

23. Al final de la primera fase de su misión a Sudáfrica, en enero de 1993, la Misión de Observadores del Commonwealth informó que Sudáfrica, cuyo índice de homicidios es de 50 por cada 100.000 habitantes, es el país más violento del mundo / Secretaría del Commonwealth, "La violencia en Sudáfrica: informe de la Misión de Observadores del Commonwealth a Sudáfrica", enero de 1993.. Lo que esto significa en efecto es que Sudáfrica ocupa el primer lugar entre los países del mundo donde se menoscaba el derecho a la vida enunciado en el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las recientes cifras sobre el fenómeno generado en el país corroboran esta estimación. Según las estadísticas compiladas por el Comité Nacional de Paz / Informe del Presidente del Comité Especial contra el Apartheid sobre su misión a Sudáfrica, 1º a 11 de marzo de 1993 (A/AC.115/L.693), pág.5. para el período comprendido entre enero y octubre de 1992, hubo de 7.000 a 11.000 y 15.000 casos, respectivamente, de muertes e incidentes graves de violencia atribuidos a motivos políticos, mientras que en otros casos de violencia en Sudáfrica hubo 30.000 muertes, 115.000 delitos graves, 500.000 incidentes de allanamiento de morada y 120.000 incidentes de robo a mano armada / Ibid..

24. Las estadísticas suministradas por la policía de Sudáfrica indican que en 1992 hubo cerca de 18.000 homicidios en Sudáfrica (el peor año de violencia hasta la fecha), de los que 2.400 se cometieron en relación con motivos políticos / Ibid., mientras que las cifras de la Comisión de Derechos Humanos indican que a fines de 1992 los incidentes de violencia por motivos políticos habían provocado en total 3.600 muertes, lo que equivale a un promedio de 10 muertes por día por cada día del año o al 13% de todas las muertes violentas durante el mismo período.

25. En Sudáfrica, el fenómeno de la violencia política que menoscaba el derecho a la vida y la seguridad de las personas se manifestó en distintas formas. Puede tratarse de sabotaje, como los atentados con bombas de 1991 contra el juzgado de paz de Sabie (Transvaal oriental), una subestación de electricidad en el Estado libre de Orange, las oficinas del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU) en Pretoria y una escuela plurirracial en Klerksdorp (Transvaal occidental). Puede tratarse de ataques contra personas perpetrados por blancos o por negros, como el ataque de enero de 1992 perpetrado por un grupo de blancos en Elandsfontein (cerca de Johannesburgo), contra un hombre negro de 60 años, o por negros contra blancos, como la ola de ataques de febrero, marzo y mayo de 1993 en el Triángulo de Vaal, perpetrados por pistoleros negros en los cuales resultaron muertos varios blancos. Pero en la mayoría de los casos, los actos de violencia por motivos políticos que consisten en ataques contra las personas han sido cometidos por negros contra negros. Entre los ejemplos que se pueden dar figuran el incidente del 17 de junio de 1992 en Boipatong, en el que participaron residentes de albergues y habitantes de chozas y resultaron muertas 48 personas, así como los incidentes esporádicos entre residentes de albergues y dueños de casas en la zona de Alexandra.

26. Los ataques contra las personas en el contexto imperante de violencia y atentados contra el derecho a la vida en Sudáfrica también estuvieron dirigidos contra miembros de las fuerzas de seguridad. Según la edición de 1992/93 del Estudio de relaciones raciales / Instituto Sudafricano para las Relaciones Raciales, Race Relations Survey: 1992/93, pág. 449., en los primeros tres días de 1992 fueron asesinados cinco policías. Al final del año habían sido asesinados en total 226 funcionarios de la policía / Ibid., pág. 453.. Entre las víctimas también ha habido activistas políticos. Según cifras de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, al 10 de diciembre de 1992 el número de activistas políticos asesinados ascendía a 100, entre los cuales figuraba el Sr. David Webster de la Universidad de Witwatersrand. Ese año, la víctima más destacada de los ataques contra activistas políticos fue el Sr. Chris Hani, ex comandante del ala militar del Congreso Nacional Africano y, hasta su muerte el pasado mes de abril, Secretario General del Partido Comunista de Sudáfrica. La violencia endémica en Sudáfrica también ha encontrado expresión en el sector de los transportes, traduciéndose en una "guerra de taxis" en el Cabo Occidental entre asociaciones rivales de taxis, así como en ataques contra los viajeros de los trenes de cercanías (violencia en los trenes), que en los primeros cuatro meses de 1992 causaron la muerte de 135 personas y causaron heridas a otras 240 / Ibid., pág. 465. .

27. Aunque se informa que la violencia política alcanza un nivel de violencia política es particularmente elevado en las regiones de Witwatersrand/Vaal y Natal/Kwazulu (conocidas como el Triángulo de Vaal), su presencia está muy extendida y son pocas las zonas no afectadas. La Misión de Observadores del Commonwealth a Sudáfrica opina que las causas de la violencia y la consiguiente violación del derecho a la vida en Sudáfrica son "complejas y revisten múltiples aspectos" / Secretaría del Commonwealth, op.cit., pág.13., mientras que, según la observación de la Comisión Goldstone / La Comisión Goldstone es una de las estructuras fundamentales del Acuerdo Nacional de Paz examinada en el capítulo relativo a la violencia., las causas son "muchas y complejas" / Centro contra el Apartheid, Briefing note for the Secretary-General on the latest Developments in South Africa, 25 de marzo de 1993, pág. 3.. Sin embargo, hay consenso de opinión en que la violencia tiene su origen indudablemente en el sistema de apartheid que, con el aparato represivo que utilizaba para aplicar la política, con los años ha generado conflictos internos y presiones. Esos conflictos y presiones naturalmente han intentado expresarse a través de diversas fuentes.

28. Una de las fuentes de la violencia que ha afectado negativamente al derecho de las personas a la vida, particularmente en las zonas de Natal y Reef, es el conflicto entre los partidarios del Congreso Nacional Africano y el Partido de la Libertad Inkatha. Este conflicto se manifiesta a nivel local o regional, cuando los miembros de los partidos cometen actos de violencia e intimidación para establecer y asegurarse el derecho a una zona geográfica determinada como su base política. Los análisis contradictorios impiden que se sepa quién inicia el enfrentamiento violento, ya que ninguno de los dos partidos pierde una oportunidad pública de acusar al otro de haber instigado a la violencia.

29. Sin embargo, una organización de investigación (CASE), en su análisis de los informes de la prensa, considera al Partido de la Libertad Inkatha responsable del 51% de los actos de violencia en la zona de Reef durante el período 1990/1991, a la policía del 23%, al Congreso Nacional Africano del 4% y a otros grupos del 23% / Mark Anstey, Mediation in South African Transition: a critical review of developments, problems and potentials, pág. 11.. En contradicción directa con estas conclusiones, en un análisis de la policía / Ibid., página 12. correspondiente a un período similar se culpó al Congreso Nacional Africano del 86% y al Partido de la Libertad Inkatha sólo del 12% de los ataques, cuando se pudo identificar únicamente a los agresores, y del 56 y el 40% respectivamente cuando se pudo identificar tanto a los agresores como a las víctimas. Otros ataques se imputaron a la Organización del Pueblo Azanio y al Congreso Panafricanista de Azania. También es sabido que tras los enfrentamientos sumamente violentos entre habitantes de chozas, dueños de casas y habitantes de albergues en barriadas como Thokoza, Alexandra, Soweto y Boipatong está la rivalidad entre el Partido de la Libertad Inkatha y el Congreso Nacional Africano.

30. Los factores socioeconómicos son otra fuente de violencia. La elevada tasa de desempleo, la insuficiencia de viviendas y la falta de servicios básicos a menudo enfrentan a un grupo con otro. Por ejemplo, la industria negra de taxis, es una nueva industria en Sudáfrica que crea 300.000 nuevos puestos de trabajo y obtiene un ingreso anual de cerca de 2.000 millones de rand / J. Kane-Berman, The silent revolution, Johannesburgo, Instituto Sudafricano para las Relaciones Raciales, 1991.. Por lo tanto, la competencia por el control de los recorridos y los estacionamientos de taxis se ha hecho intensa e implacable y con frecuencia ha dado lugar a actos de violencia entre facciones rivales y con la policía. A veces las facciones reivindican motivos políticos en el intento de darse legitimidad y promover apoyo, pero parece que se trata esencialmente de guerras por la conquista de territorio económico. Hasta la fecha 43 periodistas han sido muertos en ejercicio de sus funciones.

31. En Sudáfrica, el fácil acceso a armas de fuego de gran potencia alimenta e intensifica el ritmo de la violencia. Según algunos informes, los particulares ahora poseen 2,5 millones de armas autorizadas y un número igual de armas de fuego no autorizadas que penetran en el país gracias a un creciente tráfico de armas transfronterizo, particularmente procedente de Mozambique y Swazilandia. A esta situación altamente explosiva, se añade la existencia en casi todas las barriadas de ciertas "unidades de autodefensa" / A/AC.115/L.693, op. cit., pág. 6. fuertemente armadas, de legitimidad dudosa, y de "comandos" de derecha en algunas zonas del país, mayoritariamente rurales.

32. Aunque se reconoce que la hostilidad entre partidarios del Congreso Nacional Africano y del Partido de la Libertad Inkatha, los factores socioeconómicos y el fácil acceso a las armas de fuego y su disponibilidad, incluidas granadas de mano, son fuente de violencia en Sudáfrica, se extiende cada vez más la opinión de que esos factores no logran explicar totalmente una gran proporción de la violencia. Efectivamente, hay muchos indicios de que una fuente importante de la violencia es el régimen de Sudáfrica que, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debería ser el garante del derecho del pueblo a la vida y la propiedad. De hecho, ha habido frecuentes denuncias de que una "tercera fuerza" patrocinada por el Gobierno emplea la táctica de la violencia para desestabilizar a los opositores políticos, así como el propio proceso de transición. Esta tercera fuerza ha sido acusada de organizar "escuadrones de ataque" responsables del asesinato de activistas políticos.

33. Las sospechas de que la policía de Sudáfrica no actuó eficazmente para impedir la violencia quedaron confirmadas en la declaración jurada de dos sacerdotes que declararon haber visto a unos policías que miraban mientras 20 hombres negros armados de machetes y hachas subían a un tren en Soweto en enero de 1992, tras lo cual seis personas fueron muertas y varias otras heridas / Sowetan; Star, 23 de enero de 1992.. El fallo del Tribunal Supremo de Natal de abril de 1992, que declaró culpables a cinco policías de una matanza en la que resultaron muertos 11 aldeanos negros en 1988 / New York Times, 24 de abril y 1º de mayo de 1992., ha reforzado otras sospechas de que la policía participó con frecuencia en actos de violencia. Además, recientes informes de la prensa sostienen que el jefe actual del Servicio de información militar de Sudáfrica estuvo personalmente implicado en 1985 en el homicidio del activista contra el apartheid Mathew Goniwe y tres colegas y que había solicitado autorización del Consejo de Seguridad del Estado para llevar a cabo la operación / The Weekly Mail (Johannesburgo), 22 y 23 de mayo de 1992..

34. Los incidentes en que miembros de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica atacaron a residentes de campamentos ilegales atestiguan la participación del Gobierno en actos violentos, así como las revelaciones del Dr. Jonathan Gluckman / El Dr. Gluckman es un destacado patólogo sudafricano cuyas revelaciones se publicaron en el Sunday Times (Johannesburgo) de 28 de julio de 1992. de que de las 200 autopsias que practicó en los presos, el 90% demostraba que habían sido muertos por la policía. También hay informes de otros casos de connivencia entre la policía y los responsables de actos de violencia, como las agrupaciones de derecha de blancos o ciertas fuerzas de policía de los territorios patrios / Sash, enero de 1992., mientras que algunos informes que implican al Gobierno en la violencia se refieren a grupos de mercenarios como los batallones 31 y 32 y el Koevoet, que participan en la aplicación de la política de apartheid y a los que generalmente se confían las misiones más violentas. También se prestó atención a la cuestión de la violencia en los informes de Amnistía Internacional / Amnistía Internacional, South Africa: State of Fear, junio de 1992. y en el informe de la Comisión Internacional de Juristas / Comisión Internacional de Juristas, Agenda for Peace, Ginebra, marzo de 1992., que, en ambos casos, subrayan el papel de las fuerzas de seguridad en el fomento de la violencia y critican la incapacidad del Gobierno para tomar medidas suficientemente firmes para prevenir la violencia.

35. La preocupación que causan estas pruebas de la violencia patrocinada por el Estado y la violación del derecho de las personas a la vida junto con las recientes reformas contra el apartheid han conducido al establecimiento de comisiones encargadas de investigar los delitos cometidos por miembros y entidades especializadas de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica y la policía. Entre éstas se destacan la Comisión Harms, que en 1990 investigó y precipitó la disolución de la Oficina de Cooperación Civil, una dependencia militar secreta utilizada para combatir a los activistas contra el apartheid; el Comité de mayo de 1992 integrado por un solo hombre, en la persona del Sr. R. W. Wise, que investigó las denuncias de que miembros de la policía habían planeado o instigado la violencia en la zona del Triángulo de Vaal, y la Comisión del 18 de mayo de 1992 presidida por el Teniente General de la Fuerza Aérea Pierre Steyn que investigó la presunta participación del servicio de información de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica en "asuntos sucios" y casos de violencia. Esta Comisión se creó tras el secuestro por la Comisión Goldstone (que se examina en detalle más adelante) de archivos que demostraban que el servicio de información militar había contratado en 1991 a un asesino convicto para desacreditar el ala armada del Congreso Nacional Africano.

36. Un resultado positivo de la actuación de estas comisiones de investigación fue la adopción de medidas concretas para corregir la situación. Además de la disolución de la Oficina de Cooperación Civil, en agosto de 1992 el Ministro de Orden Público de Sudáfrica, Sr. A. Kriel, anunció cambios radicales destinados a restablecer la credibilidad de la policía de Sudáfrica. Los cambios incluían el establecimiento de un nuevo órgano encargado de investigar los delitos presuntamente cometidos por la policía, la renuncia o el retiro temprano de 18 de los 55 generales de la policía y la supresión de las prácticas discriminatorias que impedían que los miembros negros de la fuerza de policía fuesen ascendidos.

37. En el marco del objetivo más amplio de prevenir la violencia entre los diferentes grupos que actúan en Sudáfrica y garantizar su derecho a la vida y la seguridad, en marzo de 1992 se creó una nueva dependencia de la policía, la División de Estabilidad Interna. Esta brigada sumamente móvil y no racial se enviaría a patrullar las zonas de fuertes disturbios y actos de intimidación. Asimismo se estableció una junta de policía encargada de "correlacionar los intereses de la comunidad con los intereses de la policía de Sudáfrica" / Citizen; Star, 28 de abril de 1992., a la vez que se creó, también en 1992, un equipo especial integrado por algunos de los oficiales superiores del servicio de información de la fuerza, con el mandato de poner fin al importante tráfico transfronterizo de fusiles procedentes de Mozambique y Swazilandia. Además, el desacreditado Batallón 31 y el Koevoet fueron disueltos, aunque esta medida ha sido criticada por considerarse insuficiente, ya que sus miembros sencillamente han sido reasignados a otras unidades que siguen siendo enviadas a las barriadas.

38. Pero tal vez la medida más importante adoptada para poner fin a la violencia crónica en Sudáfrica, salvaguardando así el derecho de las personas a la vida, sea la firma del Acuerdo Nacional de Paz el 14 de septiembre de 1991 por una amplia gama de partidos políticos y demás grupos de intereses. La Misión de Observadores del Commonwealth a Sudáfrica ha descrito el acuerdo, entre cuyos signatarios figuran el Gobierno, el Congreso Nacional Africano, el Partido de la Libertad Inkhata e incluso sindicatos, como "uno de los pocos documentos verdaderamente consensuales que han aparecido en Sudáfrica en los dos últimos años" / Secretaría del Commonwealth, op. cit., pág. 24.. Según la Misión, "sus disposiciones son amplias, su aplicación es de gran alcance y su pertinencia se extiende hasta muy entrado el futuro" / Ibid..

39. A nivel nacional, el Comité Nacional de Paz encabeza la lista de las estructuras del Acuerdo Nacional de Paz. Está integrado por los dirigentes superiores de todos los signatarios del Acuerdo bajo la Presidencia del Sr. John Hall y su preocupación principal es asegurar que el Acuerdo funcione y resolver las controversias. Aunque fue una tarea difícil, al Comité se le ha reconocido el mérito de resolver la controversia surgida entre los dirigentes del Partido de la Libertad Inkhata y el Congreso Nacional Africano tras la referencia que el dirigente del Congreso Nacional Africano, en un discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hizo al Partido de la Libertad Inkhata calificándolo de sustituto del Gobierno.

40. La segunda estructura nacional del Acuerdo es la Secretaría Nacional de Paz, presidida por el Dr. Antoine Gildenhuys. La secretaría se ocupa del funcionamiento diario del Acuerdo, particularmente del establecimiento de comités regionales y locales para el arreglo de controversias. La tercera estructura es la Comisión de Investigación relativa a la prevención de la violencia y la intimidación públicas. Llamada Comisión Goldstone, por el nombre de su Presidente, el Juez Richard Goldstone, es una comisión permanente encargada de investigar la índole y las causas de la violencia, individualizar a los responsables y recomendar medidas al Presidente del Estado. Otras estructuras del Acuerdo son los tribunales penales especiales a nivel regional y los jueces de paz a nivel local.

41. Estas estructuras, efectivamente, han contribuido a poner en perspectiva el fenómeno de la violencia en Sudáfrica. Por ejemplo, la Comisión Goldstone, mediante su serie de investigaciones / La Comisión ha investigado, entre otras cosas, las matanzas de Boipatong y de Bisho y la presunta participación de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica en el fomento de la violencia., ha podido poner de relieve el papel de los distintos grupos políticos en la perpetración de la violencia y también ha presentado recomendaciones para prevenir la violencia. Algunas de estas recomendaciones son que los albergues estén rodeados por vallas, que se prohíba llevar armas en público y que haya una presencia eficaz de la policía en las comunidades locales. Sin embargo, las recomendaciones aún tienen que aplicarse. Por otro lado, el Comité Nacional de Paz y los comités regionales y locales para el arreglo de controversias han constituido foros importantes para la reconciliación de los pueblos de Sudáfrica, ya que, en el marco de esos órganos, hombres y mujeres de toda condición, de origen racial y étnico diferente y de diversas convicciones políticas ahora pueden sentarse alrededor de una mesa para resolver sus diferencias.

42. Aunque en Sudáfrica siguen existiendo las razones fundamentales de la violencia y la violación del derecho a la vida y aunque se teme que la violencia aumente a medida que se acerca la fecha de las elecciones multipartidarias y no raciales, la evidente tendencia descendente de los delitos de violencia por motivos políticos (que han pasado de un promedio mensual de 292 víctimas en 1992 a 166 en febrero de 1993) / Centro contra el Apartheid, op. cit., pág. 3., indica que las estructuras del Acuerdo Nacional de Paz y otras medidas adoptadas para prevenir la violencia entre los distintos grupos políticos y promover el derecho a la vida han tenido un efecto, aunque sea mínimo. Sin embargo, incluso después de la elección de un gobierno democrático, la violencia y la violación del derecho a la vida seguirán siendo una característica de la sociedad sudafricana mientras persistan las desigualdades socioeconómicas legadas por el apartheid.

43. Además de la negación de los derechos políticos y de la extrema violación del derecho a la vida ocasionada por el fenómeno de la violencia, la continuación de la doctrina del apartheid en Sudáfrica mantiene la segregación racial en la vida cotidiana. Esa situación crea inevitablemente una gran desigualdad en el goce por todos los sudafricanos del derecho a la educación, la salud, la vivienda, un empleo y una remuneración, en contravención del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del inciso i) apartado a) del artículo 7, del artículo 9, del inciso i) del artículo 12 y del apartado 1) del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del inciso e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

44. Para hacerse una idea de los daños sociales y culturales causados por el apartheid cabe examinar algunos de estos sectores. Por ejemplo, en el sector de la enseñanza donde una filosofía de educación nacional cristiana partidaria del apartheid aseguraba la administración de la enseñanza a través de 19 departamentos sobre una base racial y étnica, las cifras disponibles indican que casi 8 millones de los 24 millones de habitantes negros del país son prácticamente analfabetos / Centro contra el Apartheid (93/06) "Nota sobre la reforma educacional en Sudáfrica", 25 de febrero de 1993.. Además, se estima que un 18% de los niños negros (más de 6 millones) / "Informe final del Grupo especial de expertos sobre el Africa Meridional" (E/CN.4/1993/14), párr. 185., entre 6 y 14 años, de edad no participan en el sistema oficial de enseñanza, en un momento en que el Gobierno continúa gastando cuatro veces más para la educación de un niño blanco que para la de un niño negro.

45. Pueden encontrarse otras pruebas de desigualdad en la provisión de instalaciones escolares que conducen a graves deficiencias en las escuelas negras en general; la situación varía según cuál de los 14 departamentos es responsable de esas escuelas. En 1992, la proporción de alumnos por maestro en las escuelas para negros oscilaba entre 14:1 en las escuelas que dependían de la administración del Departamento de Educación y Cultura y 36:1 en las escuelas del Departamento de Educación y de Capacitación. El porcentaje de alumnos por clase continuaba siendo elevado en todos los departamentos de educación para negros, pasando de 60:1 en algunas escuelas primarias / SAIRR, op. cit., pág. 52.. La grave falta de recursos y de maestros calificados en las escuelas para negros ha dado invariablemente como resultado una baja tasa de escolarización de los estudiantes negros, afectando así adversamente su derecho a la educación. En 1992, por ejemplo, sólo un 44% de los estudiantes negros aprobaron el examen de matrícula al final de la escuela secundaria, en comparación con un 98,7% de los estudiantes blancos, mientras que sólo un 10% de los estudiantes negros que se presentaron al examen obtuvieron una nota suficientemente elevada para poder ser admitidos en la universidad / Centro contra el Apartheid (93/06), op. cit..

46. Existen también desigualdades en relación con el goce del derecho a un empleo. La mayoría de los que constituyen la cifra de 40% de desempleo son sin duda negros, y se estima que 3 millones de jóvenes negros constituyen lo que la revista Time denomina "una generación perdida de personas que virtualmente no podrán encontrar empleo" / Time "Birthing a Nation" (Nacimiento de una nación), 14 de junio de 1993, pág. 41.. La dificultad de acceso al empleo para la mayoría de los negros en Sudáfrica se ve agravada por un salario desigual cuando finalmente consiguen un trabajo.

47. Según un estudio sobre la disparidad de ingresos llevado a cabo entre febrero de 1990 y enero de 1991 por la empresa South African All Media and Products Research, el promedio mensual de los ingresos de las familias negras era de 779 rand; el de las mestizas, 1.607 rand, el de las indias, 2.476 rand y el de las blancas, 4.679 rand / Engineering News (Sudáfrica), 4 de septiembre de 1992.. Estas cifras fueron corroboradas por el informe de la Oficina de Investigación de Mercado de la Universidad de Sudáfrica que señalaba que, en 1991, el ingreso doméstico medio anual de los blancos en las ciudades rurales (R63.844) era seis veces superior al de los negros (R10.785) / Ibid.. Esta conclusión quizás no esté completamente desconectada del hecho que en el mes de octubre de 1991, los negros sudafricanos poseían sólo un 2% de una economía cuyo producto interno bruto (PIB) a los precios en vigor ese año, se elevaba a 296.666 mil millones de rand / Economist Intelligence Unit, South Africa Country Profile, 1992-1993, Londres, 1992..

48. En el sector de la vivienda, los Sres. Wilsey Kilian y Johan Sayman, dos economistas de la construcción, en una investigación realizada entre 1986 y 1992 comprobaron una continua desigualdad racial en el número de casas construidas, el valor de esas casas y su calidad / SAIRR, op. cit., pág. 46.. Las cifras para 1991 indican que las necesidades acumuladas en materia de vivienda en las zonas urbanas de Sudáfrica, un resultado directo de las leyes de segregación del apartheid, era de 1,3 millones de unidades, y que en ese mismo año sólo un 33% de la población rural de Sudáfrica poseía una vivienda que se ajustase a normas aceptables / Ibid..

49. Para la mayoría negra de las zonas urbanas, el disfrute del derecho a una vivienda significa vivir en albergues. En junio de 1992, existían en todo el país 240 de esos albergues para negros con una capacidad de 456.202 camas. No obstante, de conformidad con las estimaciones del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), en algunas zonas y en algunos albergues se registran hasta seis residentes por cama / Independent Board of Inquiry into Informal Repression, Fortresses of Fear, Braanfontein, mayo de 1992.. Debido a las condiciones de vivienda inadecuadas se estima que 7 millones de negros, el 18% de una población de 38 millones de sudafricanos, viven en asentamientos precarios compuestos de chozas hechas de hierro ondulado, láminas de plástico y de cartón / Time, op. cit., pág. 42.. Al igual que en Crossroads, el famoso campamento de ocupantes ilegales cerca de Ciudad del Cabo, estos asentamientos están generalmente poblados por campesinos empobrecidos debido a las sequías que devastaron el país, que buscan trabajo.

50. El derecho a la salud ha estado también sujeto a enormes desigualdades como resultado de la política de apartheid en Sudáfrica. Según el Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales, los indicadores de salud de los negros muestran que su estado de salud continúa siendo mucho peor que el de los mestizos, los indios y los blancos. En 1990, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil por cada 1.000 nacimientos vivos en Sudáfrica mostraron que los negros tenían la tasa más elevada (52,8) seguida de los mestizos (28), los indios (13,5) y los blancos (7,3) / SAIRR, op. cit., pág. 50.. Además, si bien en diciembre de 1990 el número de personas afiliadas a los sistemas de asistencia médica se elevaba a 23 millones, con 6,2 millones de personas que se beneficiaban de esos sistemas, sólo un 5% de negros eran miembros / Ibid.. Existen también disparidades en la recepción de los pagos de las prestaciones sociales correspondientes al año 1990. Según un cálculo realizado habitualmente sobre una base per cápita, los negros recibieron 100 rand; los mestizos 146 rand, los indios y los blancos, 200 rand / Ibid., pág. 51..

51. Si bien la mayoría de las personas desfavorecidas de Sudáfrica continúan viviendo sin las comodidades básicas necesarias para su progreso socioeconómico, el proceso de reforma iniciado en 1990 y destinado a un total desmantelamiento del apartheid ha precipitado la adopción de algunas medidas para garantizar el goce de los derechos sociales y económicos de todos los sudafricanos, sin distinción de raza, religión u opinión política.

52. En febrero de 1990, el derecho a la vida para una determinada categoría de presos se garantizó con un aplazamiento de las ejecuciones mientras se enmendaba la Ley de procedimiento penal por la cual la pena capital dejaba de ser obligatoria. Además, tal como se convino en la Pretoria Minute (Acta de Pretoria), en septiembre de 1992 se había liberado a unos 1.150 presos políticos, y a finales de agosto de 1992 más de 5.236 exilados habían vuelto a Sudáfrica bajo los auspicios del ACNUR, además de otros 7.226 bajo los auspicios del actualmente desmantelado Comité Nacional de Coordinación para la Repatriación de los Exilados / El Consejo Nacional de Coordinación para la Repatriación de los Exiliados fue disuelto a raíz a algunas denuncias de corrupción contra algunos de sus miembros. Actualmente se están investigando esas denuncias.. No todos los exiliados y refugiados han vuelto debido a las dificultades con que se enfrentaron los que habían regresado antes al país.

53. La abolición de los cuatro instrumentos más destacados del apartheid, mencionados anteriormente en virtud del examen de una igual participación política, fue seguida, en marzo de 1991, de la publicación por el Gobierno sudafricano de un "Libro Blanco sobre Reforma Agraria". En junio de 1991, el Parlamento aprobó la Ley de abolición de Medidas Agrarias basadas en la Raza, facilitando así la revocación de la ley sobre tierras asignadas a los negros y todas las otras disposiciones relativas a la adquisición y al ejercicio de los derechos a la tierra de acuerdo con la raza. Hasta ahora, un 87% de los terrenos agrícolas habían estado exclusivamente reservados para su explotación por los blancos. En noviembre de 1991 se constituyó una Comisión asesora sobre asignación de terrenos, creada con arreglo a la Ley, para formular recomendaciones al Presidente del Estado acerca de la reasignación de terrenos a las comunidades que habían ocupado previamente esa tierra. Hasta ahora, 31 comunidades han formulado reclamaciones ante la Comisión asesora que pronto tendrá facultades para tomar decisiones acerca de reivindicaciones sobre tierras / Sunday Times (Sudáfrica), 23 de agosto de 1992.. Entre tanto, el 7 de abril de 1993, el Gobierno decidió aplazar la venta de terrenos "propiedad del Gobierno" sobre la cual la Comisión había llevado a cabo una investigación.

54. La Ley sobre zonas colectivas, de 1966 y la Ley de asentamientos libres autónomos, de 1988 fueron también revocadas en virtud de la Ley de abolición de medidas agrarias basadas en la raza, de 1991. Asimismo, la desreglamentación del derecho de voto, la movilidad, los derechos de residencia, las prestaciones sociales y otros servicios proporcionados por el Estado, se llevó a cabo en virtud de la Ley de revocación del registro de población, de 1991.

55. Se han tomado también medidas para mejorar los derechos de los trabajadores. En julio de 1992, algunas enmiendas a la Ley sobre las condiciones básicas de empleo, de 1983 y la Ley de seguro de desempleo, de 1966, permitieron la inclusión por primera vez de los trabajadores agrícolas en el ámbito de las leyes. En noviembre de 1992, se llegó a un acuerdo entre COSATU y el Gobierno por el que se detallaban las reformas laborales para los trabajadores agrícolas y domésticos. Según los términos del acuerdo, el Gobierno debía promulgar la enmienda de la Ley de seguro de desempleo, a más tardar el 1º de enero de 1993, y también la enmendada Ley sobre las condiciones básicas de empleo, a más tardar en marzo de 1993 / Cuando se terminó de preparar este informe no se disponía de información acerca de si se habían promulgado ya las leyes enmendadas.. El Gobierno debía introducir también proyectos de legislación para extender la Ley sobre relaciones laborales y la Ley sobre salarios a los trabajadores agrícolas a finales de 1992, / No pudo establecerse si actualmente los trabajadores agrícolas se beneficiaban de las disposiciones de la Ley de salarios. con miras a aprobar la legislación en 1993.

56. El Gobierno decidió también extender la Ley sobre condiciones básicas a los trabajadores domésticos en el segundo semestre de 1993 y la Ley de seguro de desempleo y la Ley de compensación para los trabajadores en 1994. Los Comités deberían examinar la extensión de la Ley sobre relaciones laborales y la Ley sobre salarios a los trabajadores domésticos e informar al Ministro de la Mano de Obra a más tardar en abril y en octubre de 1993 respectivamente.

57. En agosto de 1992, el Gobierno anunció una reestructuración de la Comisión Nacional de la Mano de Obra a fin de que constase de un tercio de empresarios, un tercio de mano de obra y un tercio de representantes del Gobierno. Las conversaciones entre las tres partes acerca de la reestructuración de la Comisión se prosiguen desde que se firmó el Acta de Laboria en septiembre de 1990. Es de esperar que el nuevo mandato de la Comisión incluya la consolidación de la Ley de relaciones laborales de 1956, que aclare las leyes en materia de huelgas, que se ocupe de las cuestiones planteadas en el informe de la misión de investigación de la Organización Internacional del Trabajo que visitó el país en febrero de 1992 y que actúe como una comisión de reconciliación laboral.

58. Otro hito en los esfuerzos encaminados a mejorar los derechos de los trabajadores durante el período de transición hacia una democracia en Sudáfrica fue la creación del Foro Económico Nacional en noviembre de 1992. Concebido como un centro de reflexión para unir a los trabajadores, los empresarios y el Gobierno a fin de elaborar estrategias económicas integradas, su creación fue la respuesta a las exigencias para su establecimiento formuladas por COSATU. En su programa figuran cuestiones relativas al desempleo, al control de divisas, a las tasas de interés, a la inflación, al sistema de tributación, a la nacionalización, la privatización y a la cuestión de que el poder económico se encuentre en manos de unas pocas empresas gigantes / Centro contra el Apartheid, "Nota sobre el Foro Económico Nacional" (93/05), 19 de enero de 1993.. COSATU espera que antes de que la Asamblea Constituyente redacte una nueva constitución se hayan negociado ya los derechos de los trabajadores bajo los auspicios del Foro Económico Nacional y de la Comisión Nacional de la Mano de Obra.

59. En la esfera de la educación se han tomado también iniciativas para fomentar un derecho igualitario a la educación. Durante 1992, se aplicaron algunos aspectos de las propuestas de política que figuraban en los documentos relativos a la Estrategia de Renovación de la Enseñanza y al Modelo de programas de estudios publicados en 1991. Entre estos figuraban la devolución de determinados poderes a las comisiones directivas de las escuelas locales, la creación de un modelo "C" de escuelas semiprivatizadas en las antiguas escuelas para blancos, la eliminación de las restricciones raciales y los cambios en la política relativa a los idiomas en todas las escuelas administradas por el Departamento de Educación y Capacitación, una autoridad común en materia de certificación para todos los estudiantes que se presentaran a los exámenes Standard 10 y National N3 a finales de 1992, la promoción de los institutos del profesorado y un proceso extensivo de racionalización en el sector docente / SAIRR, op.cit., pág. 52..

60. En una alocución pronunciada en julio de 1992, el Ministro sudafricano de Educación, Sr. Sam de Beers, dijo que se esperaba que en un plazo de 18 a 24 meses estaría en vigor un sistema de educación único no racial / Ibid.. No obstante, entre tanto se ha registrado algún progreso en materia de redistribución de recursos dentro del sistema educativo: el porcentaje de gastos per cápita para la educación de los negros (fuera de los diez territorios patrios) en relación con los gastos para la educación de los blancos se redujo a 3:1 en 1991-1992 / Ibid.. Se prevé que los gastos en materia de enseñanza para los negros aumentarán un 35,5% entre 1991-1992 y 1992-1993, en comparación con un aumento del 10% en el presupuesto para la enseñanza de los blancos / Ibid..

61. En la esfera de la salud y del bienestar social, en febrero de 1992 se promulgó un proyecto de ley sobre asistencia social, con el que se procuraba fusionar toda la legislación relativa a los pagos de la asistencia social en una ley y proporcionar un sistema uniforme de pensiones para todos los sudafricanos. En marzo de 1992, el entonces Ministro de Finanzas, Sr. B. du Plessis, anunció un aumento de las pensiones mensuales de las personas de edad, que pasaron, para los negros, de 224 rand a 293 rand; para los mestizos y los indios, de 263 rand a 318 rand y para los blancos, de 304 rand a 345 / Ibid., pág. 51.. Por consiguiente, la proporción entre las pensiones para los blancos y los negros se redujo de 1,35:1 a 1,18:1. El Sr. du Plessis dijo que no podían igualarse inmediatamente las pensiones sociales pero aseguró una completa paridad en el presupuesto de 1993-94.

62. Durante el mismo discurso sobre el presupuesto, en marzo de 1992, el Sr. du Plessis anunció que en el ejercicio financiero 1992-1993 el Gobierno asignaría 9.930 millones de rand para servicios sociales en Sudáfrica, lo cual representaba un aumento del 22% en relación con el año anterior. Debía otorgarse especial importancia a la provisión de asistencia primaria de salud y a la garantía del derecho de las personas a una alimentación adecuada, habida cuenta de que en marzo de 1992 se estimaba que un 66% de la población negra de Sudáfrica vivía por debajo del umbral de pobreza. En septiembre de 1992, el Ministro de Sanidad Nacional, Dr. Rina Venter, anunció que debían racionalizarse los servicios sanitarios y que se estaban preparando leyes para eliminar gradualmente los departamentos de "asuntos propios" y permitir la formación de un departamento nacional de sanidad único / Business Day; Citizen, 29 de septiembre de 1992..

63. También se han tomado medidas para facilitar el derecho a la vivienda de los grupos desfavorecidos de Sudáfrica. En noviembre de 1991, en una reunión de los partidos políticos y otros grupos interesados en cuestiones de vivienda, se creó el Foro Nacional para la Vivienda en Randburg (cerca de Johannesburgo) / STAR, 1º de septiembre de 1992.. El principal objetivo del Foro, que fue oficialmente inaugurado en agosto de 1992, es la formulación de un acuerdo nacional en materia de vivienda. En 1992-1993, los gastos presupuestados por el Gobierno en materia de vivienda e infraestructuras conexas se elevaron a 2.150 millones de rand / Ibid.. De esta cantidad, 295 millones de rand se reservaron para la mejora y la transformación de albergues. En agosto de 1992 se anunció que se habían finalizado las negociaciones respecto a 38 albergues y que para otros 65 se encontraban en una fase avanzada / South African Housing Advisory Council, Housing in South Africa, págs. 296 y 297..

64. El Gobierno sudafricano también ha tomado medidas para apoyar algunos instrumentos internacionales de derechos humanos. El 29 de enero de 1991 el Gobierno firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. El Gobierno accedió también a la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.

65. En febrero de 1993, el Gobierno tomó otra medida encaminada a asegurar el goce de los derechos sociales y económicos a todos los sudafricanos, al dar a conocer su proyecto de Declaración de Derechos / International Herald Tribune, 3 de febrero de 1993. . Ese proyecto de declaración que parecía específicamente designado para proscribir los graves abusos en materia de derechos humanos cometidos por el Partido Nacional durante sus 44 años de poder, apoya principios tales como la protección de la dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de reunión y el derecho de los ciudadanos a disponer de un pasaporte. Subraya los derechos a la propiedad y a la seguridad, los derechos de los empleadores, así como los de los empleados, e incluye una referencia a la pena capital para algunos delitos graves, así como a la detención sin juicio. No obstante, la Declaración ha suscitado algunas críticas por no abordar medidas destinadas a corregir los perjuicios económicos del apartheid tales como la expropiación forzada de la tierra y por no garantizar el goce de otros derechos tales como el derecho a un empleo, a una vivienda, a la atención de la salud y a la educación / Una Declaración de derechos alternativa propuesta por el CNA garantiza estos derechos..

66. Otro indicio de la voluntad del Gobierno de fomentar el goce de los derechos sociales fue el anuncio hecho el 5 de febrero de 1993 sobre los planes para introducir reformas encaminadas a combatir la discriminación sexual y derogar las leyes que ponen trabas a los derechos de las mujeres. Las nuevas leyes abordarán los derechos de las esposas en la repartición de los bienes familiares, el derecho a la tutela de sus propios hijos, la protección contra los despidos en el trabajo debido a embarazos y a la jubilación junto con sus colegas masculinos, a los 65 años y no a los 60 / Financial Times, 6 de febrero de 1993.. También se está examinando una ley para abordar la violencia en el hogar.

67. A pesar de los esfuerzos en materia de reforma emprendidos desde 1990 para garantizar una participación política igual, fomentar el derecho de las personas a la vida mediante la prevención de la violencia y garantizar el goce no discriminatorio de los derechos sociales y económicos por todos los sudafricanos, es sabido que algunos factores impiden la transición a una democracia en el país.

68. En una sociedad en que la población se ha visto obligada a articular sus sentimientos, esperanzas y frustraciones recurriendo a medios violentos, el fenómeno de la violencia es indudablemente un obstáculo capital para la plena democratización de Sudáfrica y el disfrute de los derechos humanos fundamentales de su pueblo. En efecto, pese al Acuerdo Nacional de Paz, la guerra de baja intensidad entre los partidarios del ANC y el IFP ha proseguido, el PAC sigue negándose a renunciar a su brazo armado, y continúan las investigaciones sobre los actos de violencia patrocinados por el Estado.

69. El espectro de la violencia se ha intensificado con el fenómeno de las "alusiones bélicas" de algunos dirigentes de los diversos grupos políticos de Sudáfrica. Además del dirigente de Inkatha, el Jefe Mangosuthu Buthelezi, que ha jurado no dejar que el ANC actúe como representante exclusivo de la población negra, el PAC, en enero de 1992, amenazó con establecer, en el marco de la ley, un ejército privado para defender a las masas de la violencia patrocinada por el Estado y, el mismo mes, el Sr. Robert Van Tonder, dirigente del Partido del Boerestaat, exhortó al Ejército Republicano Boer a iniciar ataques de guerrilla contra el Gobierno. Estas afirmaciones han contribuido a crear el temor de que la transición a la democracia se vea perturbada por la violencia, particularmente durante las campañas electorales, y que el Jefe Buthelezi se oponga a un arreglo decidido por el Sr. Mandela y el Presidente De Klerk, ejerciendo la llamada "opción Savimbi", en alusión al dirigente rebelde angoleño Jonas Savimbi, que reanudó la guerra civil cuando resultó derrotado en las primeras elecciones libres celebradas en Angola el pasado mes de septiembre.

70. Las actividades de los elementos extremistas de la izquierda y la derecha del espectro político pueden asimismo obstaculizar el progreso hacia la erradicación total del apartheid. El sector radicalizado está compuesto principalmente de revolucionarios, dogmáticos y agitadores socialistas o conservadores. En la izquierda de este sector se sitúan el PAC, la AZAPO y los jóvenes. Los jóvenes negros, estimados por lo menos en un millón, en general son víctimas del desempleo, han vivido rodeados por la violencia de las barriadas durante años y se sienten frustrados por el fracaso, hasta la fecha, de las negociaciones para una transformación del statu quo político en Sudáfrica.

71. En marzo de 1993 la Liga de Jóvenes del ANC rechazó el compromiso histórico de un gobierno provisional de unidad nacional de cinco años / El dirigente del ANC, el Sr. Nelson Mandela, afirmó en una entrevista reciente para la revista Time que actualmente los jóvenes habían aceptado la idea de un Gobierno de Unidad Nacional.. La Liga de Jóvenes exhortó a un restablecimiento del estado de "ingobernabilidad", estrategia anterior que se basaba en la utilización de la protesta y la violencia para obligar a los dirigentes blancos de Pretoria a llevar a cabo la transformación. Se afirma que, exasperados por la decisión del ANC, en 1990, de suspender la acción militar en espera de las reformas, muchos miembros de la base aplauden los ataques perpetrados recientemente por el brazo armado del PAC contra civiles blancos, mientras que un grupo numeroso ha dejado el ANC para afiliarse al PAC / Time, op. cit., 14 de junio de 1993..

72. En la derecha del sector radicalizado se sitúan los favorables al apartheid, los partidarios de la supremacía blanca y los grupos anticomunistas. Entre éstos pueden mencionarse la Stallard Foundation, que mantiene vínculos con los grupos partidarios de la supremacía blanca en todo el mundo, el Western Goals Institute que, según sus alegaciones, se consagraría a proteger el estilo de vida occidental, impartiendo adiestramiento de autodefensa a los sudafricanos blancos, y algunas organizaciones paramilitares derechistas. En 1992, entre los ejércitos ultraderechistas considerados una amenaza para la seguridad del Estado, figuraban el Afrikaner Monarchist Movement, Blanke Veigligheid, Blanke Weerstansbewegnig, el Ejército Republicano Boer, el Boere Kommando, Foundation for Survival and Freedom, Ku Klux Klan, Orde Boervolk, Pretoria Boere Kommando, Volksleer, Weu Kommando y Wit Wolwe / Citizen, 20 de marzo de 1992.. Las actividades de los grupos radicalizados degradan aún más el clima de odio racial en Sudáfrica. Además, atizan la intolerancia política, en menoscabo de un proceso rápido y pleno de democratización en el país.

73. Otro obstáculo para la transición a una Sudáfrica democrática, en que se observen, respeten y promuevan los instrumentos internacionales de derechos humanos, es la ductilidad acomodaticia de las antiguas ideas y prácticas de discriminación racial, que han sobrevivido pese al proceso de reforma iniciado en 1990. La posición del Gobierno en las negociaciones para una constitución ilustra esta afirmación. Se dice que, con motivo del establecimiento de una constitución provisional que rija un gobierno de unidad, el Presidente De Klerk habría propuesto que se confiriera el poder real a un comité ejecutivo compuesto por los dirigentes de los partidos, con lo cual la presidencia quedaría reducida a una función en gran medida ritual / Time, op. cit., 14 de junio de 1993.. Del mismo modo, el Presidente De Klerk exige garantías claras de que en la Constitución definitiva los poderes estén compartidos (aunque ha negado cualquier intento de instaurar un voto blanco permanente) y que el establecimiento de las autoridades autónomas y los límites de las regiones corra por cuenta de negociadores, y no de la Asamblea Constituyente electa / Ibid..

74. Una segunda manifestación de la perdurabilidad de las antiguas ideas discriminatorias aparece en la conceptualización de la Declaración de Derechos propuesta por el Gobierno y en algunas disposiciones de las leyes promulgadas hasta la fecha para derogar la legislación del apartheid. Como ya se indicó, el proyecto de declaración de derechos contiene disposiciones sobre el derecho de propiedad privada, dirigidas fundamentalmente a proteger a los blancos, pero no garantiza el derecho de todos al empleo, la vivienda, la atención de salud y la educación. En realidad, incluso el plan oficial orientado al establecimiento de un sistema educativo único, basado en una reestructuración con arreglo a criterios regionales y no raciales, refleja el problema de las antiguas ideas discriminatorias, en la medida en que la nueva estructura consolidaría desigualdades y privilegios, no radicales, sino regionales.

75. Algunas de las disposiciones de las declaraciones de reforma del apartheid reflejan asimismo este cúmulo de antiguas ideas discriminatorias. Por ejemplo, la Ley sobre la abolición de medidas relativas a la tenencia de tierras basadas en criterios raciales, de 1991, no se aplica a las tierras de los llamados territorios patrios, en los que sigue en vigor la legislación restrictiva aprobada durante la época del apartheid. Esta ley dispone el reconocimiento de los títulos de propiedad de tierras adquiridas por sudafricanos blancos bajo el régimen de apartheid, lo que impide totalmente reparar las injusticias acumuladas en el pasado, tal vez hasta que se apruebe una constitución democrática. Además, se considera que el capítulo III de esa ley, que autoriza a los residentes de un barrio a establecer normas y reglas obligatorias para todos sus habitantes, tiene por objeto, según la opinión general, proteger los intereses de los blancos y crear obstáculos para los pueblos de otras razas que deseen poseer propiedades en estas zonas.

76. Entre otras leyes que plasman las antiguas ideas del apartheid, pueden mencionarse la Ley de prohibición de vigilancia e interceptación, de 1992, por la que se autoriza al Ministerio Público a facultar a la policía, los miembros de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica o los agentes de los servicios secretos nacionales a interceptar la correspondencia, intervenir los teléfonos e instalar micrófonos ocultos en las viviendas, así como la cláusula insertada en la Ley de enmienda aplicable a la policía, de febrero de 1992, que confiere a las fuerzas policiales de los territorios patrios plenos poderes de policía en las operaciones "transfronterizas".

77. Otro obstáculo para la democratización de Sudáfrica deriva de la renuencia de los antiguos beneficiarios del sistema del apartheid, hoy en descrédito, a aceptar un cambio ineluctable. Entre estos grupos figuran los gobiernos de algunos territorios patrios que se han negado a reincorporarse en una nueva Sudáfrica, algunos elementos de las fuerzas de seguridad, agricultores blancos, grupos derechistas y algunos depositarios de la autoridad tradicional, temerosos e inseguros sobre el lugar que han de ocupar en el nuevo orden.

78. En 1992 estos grupos estaban representados por un órgano denominado el Concerned Group of South Africans (Grupo de Sudafricanos en Alerta), que incluye como miembros al IFP, Ciskei, Bophuthatswana, así como a grupos de blancos situados a la derecha del espectro político, tales como el Partido Comunista. Sin embargo, el 7 de mayo de 1993 se formó un nuevo grupo exclusivamente blanco denominado Afrikaner Volksfront (Frente Popular Africano), dirigido por el "Comité de Generales" / El Comité de Generales está compuesto de policías y generales del ejército retirados, entre ellos, el General Viljoen, que condujo las fuerzas armadas hasta 1985, y el General Groenewald, que dirigió los servicios secretos del ejército en el decenio de 1980., que abarca a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de explotadores agrícolas y grupos paramilitares segregacionistas blancos de Sudáfrica. Este grupo exige un territorio patrio tomado de la provincia nororiental de Transvaal, que serviría de refugio independiente para los sudafricanos blancos que comparten su idioma y valores conservadores. Habida cuenta del considerable apoyo que podría suscitar entre las fuerzas armadas, de orientación bastante derechista, la constitución del grupo ha aumentado la amenaza de la fragmentación y la disidencia, en el proceso de Sudáfrica hacia la democratización.

79. Otro obstáculo para la transición a la democracia en Sudáfrica resulta de la poca experiencia democrática de una gran parte de la población, que nunca votó. La falta de comprensión del proceso electoral puede, por ende, afectar de forma negativa a toda la operación. A ello se suma la debilidad persistente de la economía sudafricana, que atraviesa por la recesión más importante de los últimos años.

80. En efecto, en 1981 el país acusó un índice de crecimiento negativo del 0,5%, y en 1992 está previsto una contracción del 1% / Informe del Comité Especial contra el Apartheid, (S/2/4663), 6 de noviembre de 1992.. La reducción en un 2,7% del PIB real por habitante en 1991, y la diferencia cada vez mayor entre los resultados económicos reales y la tasa de crecimiento mínimo necesaria para impedir desajustes explicarían, por ende, la aparente falta de voluntad política por parte del Gobierno de dedicar recursos suficientes para suprimir las desigualdades en el sector económico y social. Con todo, todos estos obstáculos podrían desaparecer pronto si persisten las tendencias actuales de la respuesta internacional a la evolución en Sudáfrica.

81. De conformidad con el Programa de Acción establecido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Apartheid y sus consecuencias destructivas para el Africa meridional, de 1989, la comunidad internacional, que había procurado erradicar el apartheid mediante la aplicación de sanciones generales y otras medidas, debía seguir tratando de encontrar una solución política a la cuestión sudafricana, gracias a los esfuerzos infatigables de su Comité Especial contra el Apartheid. La comunidad debía asimismo manifestar un apoyo total a los opositores del apartheid y no moderar las medidas vigentes hasta que hayan pruebas evidentes de cambios profundos e irreversibles.

82. Desde el proceso de reforma de 1990 y la aprobación de la resolución 46/79 A de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 1991, en la que se exhortaba a la comunidad internacional a que reanudara los vínculos culturales con Sudáfrica y reexaminara las medidas restrictivas en función de los acontecimientos positivos que se produjeran en el país, la mayor parte de los países han adoptado medidas para moderar las sanciones económicas. Sin embargo, todavía no se ha establecido un gobierno provisional, no se ha promulgado una nueva constitución ni se han celebrado elecciones libres e imparciales que indiquen el comienzo real de un proceso irreversible hacia la supresión del apartheid.

83. Con todo, la comunidad internacional ha desempeñado una función de promoción en el proceso democrático de Sudáfrica. En junio de 1992 el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana (OUA) aprobó la resolución CM/Res.1386, en la que se invitaba al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a examinar la cuestión de la violencia en Sudáfrica y adoptar las medidas adecuadas para ponerle término. Esta resolución (765) se aprobó tras la visita que hizo al país, el 10 de mayo de 1992, una delegación de la OUA, con el objeto de investigar la violencia en las barriadas y asistir como observador a las sesiones de COSADE II.

84. A mediados de septiembre de 1992 la OUA envió un equipo de ocho expertos para que continuaran la labor iniciada por la misión anterior. En la actualidad el equipo constituye el núcleo de la misión de la OUA en Sudáfrica, en el marco de la resolución 772 (1992) del Consejo de Seguridad / Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: informe del Secretario General (A/47/574), 6 de noviembre de 1992.. Asimismo, en aplicación de esta resolución se ha establecido en Sudáfrica una misión de observadores de las Naciones Unidas. El Commonwealth y la Comunidad Europea también han enviado observadores. Según la misión del Commonwealth, la presencia de observadores internacionales ha contribuido de forma visible y notoria a calmar la atmósfera política en Sudáfrica.

85. Las Naciones Unidas, por conducto del ACNUR, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica y sus organismos especializados, han promovido de forma activa, respectivamente, el regreso de los exilados sudafricanos, la reintegración de los ex presos políticos en la sociedad sudafricana y la prestación de asistencia en materia de educación y capacitación a los sudafricanos sin recursos. Además, las actividades de los enviados especiales del Secretario General de las Naciones Unidas han sido decisivas para impulsar el proceso de paz, y es indudable que el informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación de la OIT de 1992 propició la reciente extensión de la legislación laboral a los trabajadores domésticos y empleados de explotaciones agrícolas, al indicar que la exclusión permanente de estas categorías de trabajadores de las reglamentaciones laborales constituía uno de los atentados más graves contra la libertad de asociación en Sudáfrica / Oficina Internacional del Trabajo, Informe especial del Director General concerniente a la aplicación de la Declaración sobre la acción contra el Apartheid, 1992. .

86. Las organizaciones no gubernamentales y de otro tipo han proseguido asimismo sus esfuerzos por prestar apoyo a las víctimas del apartheid y vigilar la situación de los derechos humanos y los derechos políticos en Sudáfrica: por ejemplo, el Fondo para Africa y algunos sindicatos de los Estados Unidos sumaron sus esfuerzos en 1992 para persuadir a la Compañía Crown Cork and Seal que reincorporara a los 196 trabajadores sudafricanos despedidos por haber seguido la consigna, de alcance nacional, de no entrar al lugar de trabajo durante dos días, en protesta contra la violencia política en las barriadas negras. Del mismo modo, las denuncias de Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, en las que se reprocha al Gobierno sudafricano su incapacidad para poner término a la violencia, pueden haber contribuido a las medidas adoptadas hasta la fecha para detener la violencia entre los diversos grupos políticos del país.

87. Debe destacarse que la responsabilidad principal del Gobierno sudafricano es mantener el imperio de la ley, promover la coexistencia pacífica y proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos; a su vez, cada ciudadano tiene el deber de contribuir a la paz. La comunidad internacional obviamente sólo puede tener un papel complementario de la acción de las diversas agrupaciones políticas del país en el establecimiento de una Sudáfrica democrática y no racial, en que se promuevan y protejan los derechos humanos fundamentales del ciudadano. En los hechos, desde el proceso de reforma iniciado en 1990, ha habido un cambio perceptible en el carácter de las relaciones políticas, económicas y sociales dentro de Sudáfrica.

88. En la esfera política, se ha obtenido en alguna medida una participación equitativa en el proceso político del país, por conducto de los diversos foros de negociación constitucional, que culminaron con el anuncio de la convocatoria de elecciones no raciales para abril de 1994. Se han adoptado asimismo las primeras medidas orientadas a poner término a la persistente violencia que asola al país, para garantizar de este modo a la población el derecho a la vida y a la seguridad; estas medidas se han reflejado en una disminución general de la incidencia de la violencia, y la derogación de algunas leyes discriminatorias conlleva para todos los sudafricanos la promesa del disfrute de todos sus derechos sociales y económicos.

89. Sin embargo, aunque estas medidas son positivas e indispensables para facilitar la transición a una Sudáfrica democrática y garantizar el disfrute de los derechos humanos en el país, el proceso de transformación por vía de negociaciones pacíficas sigue siendo frágil. Entre los principales factores que amenazan este proceso pueden mencionarse el fenómeno de la violencia y las alusiones bélicas, el desasosiego de los jóvenes y la actividad de los grupos radicalizados de la izquierda y la derecha del espectro políticos, los resabios de las antiguas ideas discriminatorias así como la debilidad persistente de la economía sudafricana, entre otros.

90. Habida cuenta de estos obstáculos y con miras a facilitar una plena democratización en Sudáfrica, se recomienda:

a) Que se hagan todos los esfuerzos para poner en práctica de inmediato todas las recomendaciones de la Comisión Goldstone sobre la prevención de la violencia.

b) Que se fortalezcan las estructuras del Acuerdo Nacional de Paz, mediante la inversión de fondos y la promulgación de la legislación pertinente, y que se conmine a todos los grupos políticos que no lo hayan hecho a sumarse al Acuerdo. Todas las partes deberán asimismo manifestar su adhesión al código deontológico prescrito en ese acuerdo.

c) Además de la reestructuración de los servicios de seguridad, que se preste atención a reorientar a sus miembros, para apartarlos de la mentalidad del apartheid e inculcarles ideas más dirigidas a la comunidad; las fuerzas policiales deberán reclutar nuevos miembros y asumir un carácter desmilitarizado.

d) Que se considere el establecimiento de un programa de rehabilitación para los miembros de los batallones de mercenarios, hoy desacreditados y desmantelados, con el objeto de que se integren en la sociedad civil, en lugar de desplegarlos a otras unidades de seguridad.

e) Que se formule una política general para abordar la cuestión de la localización de las armas ilícitas que, de lo contrario, podrían tener efectos desestabilizadores en el futuro.

f) Que se inculque a los dirigentes de las diversas agrupaciones políticas la cultura de la tolerancia política, la cooperación y la avenencia, tan fundamental en cualquier democracia, y que se desaliente la propensión a las alusiones bélicas.

g) Que las diversas agrupaciones políticas estudien la posibilidad de adoptar medidas de fomento de la confianza, tales como un programa conjunto de los partidos políticos sobre las cuestiones de la violencia, con miras a disipar la gran desconfianza que se ha creado tras muchos decenios de apartheid.

h) Que se inicie de inmediato un programa intensivo de educación de los electores, para prevenir los efectos de la ignorancia en el proceso democrático.

i) Que se procure obtener la participación de todos los protagonistas en la democratización del país. Ello contribuirá a disipar los temores de grupos más pequeños, tales como el Congreso de Dirigentes Tradicionales de Sudáfrica, de que los principales partidos adopten las decisiones sin consultarles. Si bien la no inclusión de esos grupos puede estar inspirada en la impaciencia ante su tendencia a valerse del proceso de transición con fines de manipulación, la exclusión de cualquier grupo conlleva el riesgo de convertirse, a largo plazo, en un factor de desestabilización.

j) Que se inicie un programa general de mitigación de la pobreza. Con este programa se trataría de elevar el nivel de vida y se abordarían también cuestiones como el mejoramiento de la distribución del ingreso y la riqueza, la revisión general y racionalización del sistema actual de subvenciones en el sector social, y se garantizarían las mismas posibilidades de acceso a servicios como la educación, la vivienda y la atención de salud.

91. Si bien la responsabilidad de obtener un acuerdo negociado justo y duradero y la solución global del conflicto en Sudáfrica incumbe principalmente a la población del país, se reconoce que la comunidad internacional cumple una importante función complementaria, por lo que se recomienda igualmente:

a) Que la comunidad internacional siga manteniendo su presencia en el país, por medio de sus misiones de observadores.

b) Que se designen expertos internacionales para participar en los preparativos prácticos de las elecciones y asistan a ellas en calidad de observadores.

c) Que la comunidad internacional, por conducto de la Naciones Unidas, las organizaciones regionales multilaterales, o con modalidades bilaterales, comience la preparación necesaria para prestar una asistencia masiva que permita superar las diferencias económicas y sociales derivadas de una práctica prolongada de racismo institucionalizado. Esta medida contribuirá a satisfacer las expectativas de la población, que pueda estar impaciente porque los cambios en el poder político se reflejen en una distribución más equitativa de los recursos.

d) Que la comunidad internacional y los organismos y órganos competentes de las Naciones Unidas sigan prestando, e incluso aumenten, su asistencia tan encomiable en la esfera de la educación y la capacitación de los grupos desfavorecidos de Sudáfrica. Además de facilitarse los recursos para ampliar esta capacitación dentro del país, en la era del post apartheid, se deberá seguir la práctica de proponerle plazas en instituciones extranjeras. Se deberán examinar especialmente y con urgencia medidas específicas que atiendan a las necesidades de formación profesional de los niños del apartheid, en general considerados inaptos para el empleo.

92. Por último, como el presente informe resulta de una evaluación a distancia de los acontecimientos en Sudáfrica, se confía en que el Relator Especial tenga pronto la posibilidad de visitar ese país para tener un contacto personal con la dinámica del proceso de transición, en la medida en que influye en el disfrute de los derechos humanos fundamentales de la población.

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