Distr.
GENERAL

A/55/214/Add.1
26 de septiembre de 2000

ESPAÑOL
Original: ÁRABE/INGLÉS

Espagnol
Quincuagésimo quinto período de sesiones
Tema 114 b) del programa
Cuestiones relativas a los derechos humanos: cuestiones
relativas a los derechos humanos, incluidos distintos
criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales

Informe del Secretario General


Adición


Índice

Respuestas recibidas de los Estados Miembros

Cuba

Jamahiriya Árabe Libia

República Árabe Siria

[Original: español]

[21 de julio de 2000]

1. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, es una de las peores y más graves violaciones a los derechos humanos que puedan cometerse contra las poblaciones de los países afectados. Estas medidas se emplean con la intención de coartar el derecho al ejercicio de la libre determinación de pueblos de países en desarrollo, y son aplicadas, por lo general, como parte integrante de estrategias de dominación de las principales potencias imperialistas, en particular, por el Gobierno de los Estados Unidos de América, quien mantiene sanciones económicas contra 35 países, a las que se suman aquellas de carácter estadual y local adoptadas contra otros 18 países.

2. Cuba ha sido víctima de una criminal y genocida política de bloqueo impuesta por los Estados Unidos por 40 años, la que ha tenido una clara y abrumadora condena de parte de los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los daños al pueblo cubano han sido ampliamente documentados por las autoridades cubanas y publicadas en informes del Secretario General sobre el tema. Sin embargo, la documentación del impacto del bloqueo impuesto al pueblo cubano por parte del Gobierno de los Estados Unidos, no se limita a aquella presentada por las autoridades gubernamentales.

3. El 3 de enero del año 2000, varias organizaciones sociales, populares y estudiantiles de la sociedad civil cubana, interpusieron una demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, contra el Gobierno de Estados Unidos, por daños económicos ocasionados a Cuba, reclamando la reparación e indemnización al pueblo cubano en la cuantía de 121.000 millones de dólares estadounidenses (véase A/55/316). Durante el desarrollo del proceso judicial en el cual se dio curso a esta demanda, fueron presentadas cientos de pruebas y testigos, que permitieron, con total apego y respeto al debido proceso, declarar responsable civilmente al Gobierno de los Estados Unidos por los actos ilícitos realizados contra Cuba y condenarlo al pago de una reparación e indemnización al pueblo cubano en la cuantía antes mencionada.

4. El propósito estratégico del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba, no ha sido otro que la liquidación del proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas emprendidas por el pueblo cubano en el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Para ello, el Gobierno de los Estados Unidos y sus principales dirigentes en nueve administraciones presidenciales sucesivas, así como miembros de la rama legislativa, funcionarios y agentes oficiales u oficiosos de dicho Gobierno, han recurrido a todo tipo de presiones políticas, intentos de aislamiento diplomático, acciones propagandísticas, aliento a la deserción y a la emigración ilegal, espionaje, guerra económica y agresiones físicas de diversa índole, incluidas la subversión, las acciones terroristas y de sabotaje, la guerra biológica, el fomento de bandas armadas contra nuestro territorio, la organización de cientos de planes de asesinato de los principales dirigentes de la Revolución, el hostigamiento militar, la amenaza de exterminio nuclear y hasta la agresión directa por un ejército mercenario.

5. A lo largo de casi 40 años, las sucesivas administraciones del Gobierno de Estados Unidos han aplicado una política de sistemática agresión económica contra Cuba. Por su amplitud y persistencia, por el comprometimiento en ella de los más altos niveles de las instancias ejecutivas y legislativas de Estados Unidos, por la utilización de un vasto arsenal de instrumentos económicos y políticos convertidos en armas agresivas, por el carácter extraterritorial de sus disposiciones y su aplicación a terceros países, y por el objetivo estratégico no alcanzado de quebrar la resistencia del pueblo cubano, imponiéndole, por medio de la penuria, la escasez, la enfermedad y el hambre, el abandono del sistema socioeconómico y político que de manera libre y soberana adoptó con el triunfo de la Revolución Cubana, esa política de agresión económica no se limita a un simple embargo aplicable a las relaciones económicas bilaterales, sino que conforma una verdadera guerra económica. El bloqueo económico se aplica en brutal violación del derecho a la vida, el bienestar y el desarrollo de la población sin distinción de edad, sexo, raza, creencias religiosas, condición social o ideas políticas.

6. La voluntad de la comunidad internacional continúa siendo ignorada por los Estados Unidos en su política de bloqueo contra Cuba. Lejos de poner fin al mismo, cada año los Estados Unidos adoptan nuevas leyes, medidas y disposiciones para su recrudecimiento. Cuba alberga la firme convicción de que en la actual coyuntura internacional, es más necesario que nunca antes que la comunidad internacional siga pronunciándose firmemente contra la aplicación de tales prácticas y que se tomen medidas urgentes encaminadas a lograr el efectivo cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos.
[Original: árabe]
1. Todos los tipos de medidas coercitivas, como son las restricciones comerciales, los embargos, los bloqueos, la congelación de cuentas, la utilización de los derechos humanos por algunos países desarrollados como condición para prestar asistencia a los países en desarrollo a fin de obtener de ellos la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos, constituyen una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas de derecho internacional.

2. Las sanciones impiden también al parecer el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Estados y tienen consecuencias adversas sobre el derecho al desarrollo de los países en desarrollo, que sufren fuertes pérdidas económicas como consecuencia de las restricciones impuestas a las exportaciones, de los obstáculos a la asistencia para el desarrollo y de la congelación de sus haberes en el extranjero. Esto a su vez impide la plena realización de todos los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes.

3. La Jamahiriya Árabe Libia atribuye gran importancia a la resolución 54/172 de la Asamblea General y a las otras muchas decisiones y declaraciones aprobadas por el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, que piden el cese inmediato de las medidas coercitivas unilaterales como instrumento de coacción política y económica, y rechazan la promulgación por cualquier Estado de leyes con efectos extraterritoriales, así como la imposición de sanciones a empresas y personas pertenecientes a otros Estados. La comunidad internacional ha pedido que no se reconozcan estas leyes, ya que constituyen una violación flagrante de la soberanía de los Estados, una injerencia patente en los asuntos internos de los Estados y una clara violación de su derecho al desarrollo económico y social de su elección.

4. La Jamahiriya Árabe Libia condena enérgicamente la negativa de una de las principales potencias a respetar la voluntad de la comunidad internacional, su persistente imposición de medidas coercitivas sobre algunos países en desarrollo, incluida la Jamahiriya Árabe Libia y su legislación promulgada unilateralmente con efectos extraterritoriales, como la D’Amato Act y la Helms–Burton Act, lo que supone un desafío a las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen la revocación de estas leyes y otras medidas coercitivas, debido a sus consecuencias perjudiciales para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular del derecho al desarrollo, a la alimentación y a la atención sanitaria. La Jamahiriya Árabe Libia insta a la comunidad internacional a que siga oponiéndose enérgicamente a todos los tipos de medidas coercitivas y que tome medidas urgentes para garantizar su revocación definitiva.
[Original: árabe]

[14 de agosto de 2000]

1. El Gobierno de la República Árabe Siria aprueba la resolución 54/172 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1999, sobre los derechos humanos y las medidas coercitivas unilaterales.

2. La 12ª Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de Países No Alineados celebrada en Durban (Sudáfrica) en 1998 (véase A/53/667–S/1998/1071), el Octavo período de sesiones de la Organización de la Conferencia Islámica, celebrado en Teherán (véase S/1998/76, S/1998/77 y S/1998/78), y la Cumbre del Sur, celebrada en La Habana en abril de 2000, tomaron notas de estas medidas y consideraron que eran contrarias a las normas de derecho internacional y a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.



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