1. En su resolución 1998/60 la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que le presentara, en su 55º período de sesiones, un informe sobre las recomendaciones formuladas por el Representante Especial acerca de las cuestiones comprendidas en su mandato. El presente informe se presenta en atención a esa petición y sobre la base de las misiones 11ª y 12ª del Representante Especial que se llevaron a cabo en octubre de 1998 y enero de 1999. Al igual que los anteriores, el presente informe abarca los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales y su texto se finalizó a mediados de febrero de 1999.

2. El Representante Especial del Secretario General para los derechos humanos en Camboya, Sr. Thomas Hammarberg ha realizado 12 misiones oficiales a Camboya desde que asumió sus funciones en mayo de 1996. Ha presentado informes a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1997/85 y E/CN.4/1998/95) y a la Asamblea General (A/51/453, anexo; A/52/489, anexo y A/53/400, anexo).

3. Con posterioridad al 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrado en abril de 1998, la Asamblea General aprobó la resolución 53/135 sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, en la cual pidió al Secretario General que, por medio de su Representante Especial, prestara asistencia al Gobierno de ese país para garantizar la protección de los derechos humanos de todo su pueblo. En la resolución 53/135, la Asamblea General también tomó nota con reconocimiento del informe del Representante Especial (A/53/400, anexo) y acogió con beneplácito la celebración de elecciones nacionales. La Asamblea General hizo suyas las observaciones del Representante Especial de que las violaciones de derechos humanos más graves de la historia reciente de Camboya habían sido perpetradas por los jemeres rojos y tomó nota con preocupación de que ningún dirigente jemer rojo hubiera tenido que responder de ellas. La Asamblea General acogió con beneplácito el nombramiento por el Secretario General, en respuesta a la solicitud de las autoridades camboyanas de que se les prestase asistencia para tomar medidas en relación con las graves violaciones del derecho camboyano e internacional cometidas en el pasado por los jemeres rojos, de un grupo de expertos encargado de evaluar las pruebas existentes y de proponer nuevas medidas como medio de lograr la reconciliación nacional, afianzar la democracia y ocuparse de la cuestión de la responsabilidad individual.

4. El Representante Especial se reunió con Su Majestad el Rey Norodom Sihanouk; el Sr. Chea Shim, Presidente de la Asamblea Nacional saliente y Presidente del Partido Popular de Camboya (PPC), así como con representantes del Gobierno, en particular el segundo Primer Ministro Hun Sen, el Coministro del Interior Sar Kheng y miembros de la organización gubernamental Comité Camboyano de Derechos Humanos. El Representante Especial se reunió también con el Jefe de Estado Mayor de las Reales Fuerzas Armadas de Camboya, Ke Kim Yan. En Bangkok, se entrevistó con el Príncipe Ranariddh y otros dirigentes del Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC), de Camboya. Sostuvo conversaciones con representantes de organizaciones no gubernamentales, la comunidad diplomática, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El Representante Especial participó en una reunión ordinaria de los jefes de misiones u organismos de las Naciones Unidas presentes en Camboya, a los que informó brevemente sobre su misión. Informó asimismo a varios embajadores europeos en Bangkok.

5. En lo que respecta a la cuestión del enjuiciamiento de los dirigentes jemeres rojos, el Representante Especial recordó en cada reunión la carta de junio de 1997 de ambos Primeros Ministros en la que solicitaban la asistencia de las Naciones Unidas (véase anexo), e informó sobre el nombramiento por el Secretario General de un grupo de expertos, presentando brevemente los antecedentes de los miembros de ese grupo. El Representante Especial informó sobre la labor preparatoria realizada ya por el Grupo con miras a su próxima visita a Camboya. El Representante Especial explicó que el mandato del Grupo era evaluar la naturaleza de las pruebas existentes y escuchar la opinión de los dirigentes y el pueblo camboyanos para formular sus recomendaciones al Secretario General. En particular, el Representante Especial hizo hincapié en que esta medida obedecía a una petición del Gobierno y se entendía como un servicio a Camboya. Señaló que se trataba sólo de una medida preliminar entre otras que se adoptarían y de ningún modo parte de un posible proceso judicial.

6. El Representante Especial recibió una nueva confirmación del apoyo permanente de todos los interesados. El Rey, quien explicó que por razones de salud estaría ausente durante la visita del Grupo de Expertos en noviembre de 1998, pidió al Representante Especial que le expresara al Grupo sus opiniones y su apoyo. Hun Sen reiteró su decisión de cooperar plenamente y expresó su reconocimiento por que esta iniciativa se pusiera en marcha después de casi 20 años. El Príncipe Ranariddh y Chea Sim expresaron también su apoyo al Representante Especial. El Comité Camboyano de Derechos Humanos, organización gubernamental, fue designado como centro de enlace para facilitar las reuniones del Grupo con funcionarios superiores de gobierno.

7. El Representante Especial se reunió con diversos embajadores, en particular los de China, los Estados Unidos, Australia, Francia, Tailandia y Viet Nam. Con el Embajador de Tailandia examinó las disposiciones necesarias para que el Grupo se reuniera en Bangkok con el Ministro de Relaciones Exteriores, reunión que tendría lugar después de la visita del Grupo a Camboya. El Embajador señaló que Tailandia había adoptado una clara política de cooperación a este respecto.

8. El Representante Especial visitó nuevamente el Centro de Documentación de Camboya y examinó con su Director la labor preparatoria que se requería para la visita del Grupo.

9. El Representante Especial planteó la cuestión de las investigaciones en los casos comunicados al Gobierno, en particular el ataque con granadas ocurrido en marzo de 1997 y las matanzas de julio de 1997. Se convino en que el Representante Especial se reuniría en su próxima misión con el Comité Camboyano de Derechos Humanos para examinar el estado de esas investigaciones. Se pidió al Representante que prestara asistencia al Gobierno, mediante el suministro de servicios de expertos internacionales, para reformar la administración de justicia de Camboya y mejorar los métodos de investigación penal, según lo recomendado en el informe de abril de 1998 de dos expertos en investigación penal. Durante su misión, el Representante Especial hizo público el informe séptimo y último sobre los actos de intimidación y violencia relacionados con las elecciones.

10. Un motivo de preocupación para el Representante Especial era el fuerte sentimiento de odio racial contra las personas de origen étnico vietnamita, ejemplo de lo cual era el reciente asesinato de cuatro de esas personas. En su reunión con dirigentes de la oposición, el Representante Especial expresó su profunda preocupación por los comentarios contra los vietnamitas hechos durante la campaña electoral y después de las elecciones. El Representante Especial se reunió con el Embajador de Viet Nam y la Asociación Vietnamita y pidió que se reuniera más información fáctica sobre los problemas a que hacían frente las personas de origen vietnamita.

11. El Representante Especial se reunió con representantes de alto nivel del Gobierno recién formado, en particular el Primer Ministro, Hun Sen; el Ministro de Relaciones Exteriores, Hor Nam Hong; los Coministros de Defensa, Tea Banh y el Príncipe Sirirath; los Coministros del Interior, Sar Kheng y You Hockry; el Ministro de Justicia, Uk Vithun; el Ministro de Asuntos de la Mujer y de los Veteranos, Mu Sochua; el Ministro del Medio Ambiente, Mok Mareth; el Secretario de Estado para la Educación, Pok Than, y con miembros de la organización gubernamental Comité Camboyano de Derechos Humanos. El Representante Especial se reunió también con el Presidente de la Asamblea Nacional, Príncipe Ranariddh; miembros de la Comisión de Derechos Humanos y de Recepción de Quejas de la Asamblea Nacional y el dirigente de la oposición, Sam Rainsy, además de representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones de derechos humanos. El Representante Especial informó brevemente al cuerpo diplomático y dio una conferencia de prensa para los medios de información locales e internacionales. Se reunió también con representantes de las Naciones Unidas en Camboya, en particular el Representante Personal del Secretario General, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya.

12. Del 10 al 14 de enero el Representante Especial visitó la provincia de Ratanakiri, en la región montañosa, con el fin de informarse sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones indígenas, en particular de los aspectos de derechos humanos de la explotación de los bosques y la cuestión de las tierras. Visitó el hospital provincial, una escuela primaria y varias aldeas. Se entrevistó con Bou Tong, representante de Ratanakiri en la Asamblea Nacional, el Gobernador, Kep Chuktema y autoridades provinciales de diversos sectores. Se reunió asimismo con el personal del proyecto PNUD/CARERE (proyecto de rehabilitación y regeneración de la región camboyana), representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales y aldeanos que expresaron su preocupación por el mantenimiento de sus medios de subsistencia. El Representante Especial examinó con dirigentes de la Red de Mujeres Indígenas las especiales dificultades a que hacen frente las mujeres indígenas en materia de educación, salud y desarrollo económico. Visitó también la cárcel y se entrevistó con funcionarios de cárceles, tribunales y de la policía.

13. En lo que respecta a la cuestión de los jemeres rojos, el Representante Especial recibió del Primer Ministro un memorando destinado al Secretario General y titulado "Análisis de los posibles medios de enjuiciamiento de los principales dirigentes jemeres rojos". Ese memorando es una compilación de opiniones públicas.

14. El Representante Especial destacó que la labor de las Naciones Unidas tenía su base en la carta de junio de 1997 en que los dos Primeros Ministros pedían asistencia para la toma de decisiones respecto de las atrocidades cometidas en el período de 1975-1979 bajo el mando de los jemeres rojos. Subrayó que la comunidad internacional debía respetar las decisiones de Camboya para hacer frente a esta delicada y difícil cuestión, y señaló la importancia de preservar la integridad de ese proceso, lo que entrañaba también la participación de los camboyanos.

15. Expresaron también su apoyo al Grupo de Expertos el Presidente de la Asamblea Nacional, Príncipe Ranariddh, el dirigente de la oposición Sam Rainsy y la comunidad de organizaciones no gubernamentales. El Representante Especial expresó su complacencia por el amplio apoyo que gozaba en la población de Camboya la idea de justicia para los dirigentes jemeres rojos, como reflejaba una campaña de peticiones organizada por el Comité de Acción, organización no gubernamental que ya había reunido más de 90.000 firmas.

16. El Representante Especial planteó a las autoridades de Phnom Penh la cuestión de la detención en Sihanoukville de dos miembros de la organización no gubernamental Liga Camboyana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos. En opinión del Representante Especial, la detención de activistas de los derechos humanos en esas circunstancias, sin ninguna prueba ni orden de detención, era un mensaje preocupante para la comunidad de derechos humanos y planteaba dudas en cuanto a la defensa de los derechos humanos postulada en la plataforma del Gobierno. El Representante Especial subrayó la necesidad de que el Gobierno examinara esos hechos y reiterara a la comunidad de organizaciones no gubernamentales que en opinión del Gobierno la función de esa comunidad en la sociedad era necesaria y positiva.

17. El Representante Especial se entrevistó con miembros de la organización gubernamental Comité Camboyano de Derechos Humanos, cuyo mandato es asegurar que se investiguen los asesinatos de los que se informó al Gobierno en los memorandos de agosto de 1997 y mayo de 1998 presentados por el Representante Especial. Expresó asimismo su preocupación al Primer Ministro y a los dos Ministros del Interior por el hecho de que las investigaciones no avanzaran refiriéndose, en particular, al caso del Secretario de Estado Ho Sok. El Representante Especial señaló la necesidad de que el Primer Ministro tomara directamente la iniciativa para dar fuerza e impulso a las investigaciones.

18. En lo que respecta al funcionamiento de la administración de justicia, el Representante Especial se refirió a la necesidad de que el Consejo Supremo de la Magistratura fuera convocado de manera regular y funcionara de manera más efectiva, la necesidad de derogar o enmendar el artículo 51 de la Ley de función pública, planteó las dificultades y los problemas existentes en las cárceles, la necesidad de una reforma policial así como los problemas enfrentados por los funcionarios policiales en los casos en que estaban involucrados miembros del ejército. Se informó al Representante Especial de que existían planes y estrategias para hacer frente a algunos de esos problemas.

19. El Representante Especial examinó el suministro de servicios de expertos extranjeros en metodología para la investigación penal y reforma de la administración de justicia y subrayó la necesidad de una coordinación en estas materias entre el Comité Camboyano de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.

20. El Primer Ministro informó sobre las elecciones municipales previstas para fines de 1999. Quedaban todavía algunas cuestiones pendientes, especialmente en lo que respecta a la legislación y los plazos. En particular, el Gobierno estaba considerando si en esas elecciones debía elegirse sólo al presidente del concejo municipal o a todo el concejo. El Representante Especial se comprometió a reunir información sobre la experiencia en otros países para facilitar el debate.

21. La tensión política observada tras las elecciones del 26 de julio se mantuvo en agosto y septiembre y dio lugar a varios actos de violencia. Los principales partidos de oposición, el FUNCINPEC y el partido de Sam Rainsy, pidieron una aclaración sobre la forma en que se había adoptado la decisión de utilizar una cierta fórmula para la atribución de escaños en la Asamblea Nacional. Pidieron también un cotejo entre el número de cédulas electorales utilizadas y no utilizadas, esto es, en realidad, un recuento. Esas peticiones fueron apoyadas por una serie de manifestaciones callejeras. A fines de agosto se organizaron sentadas frente a la Asamblea Nacional y al Ministerio de Información. En las tardes y en los fines de semana participaban en las sentadas frente a la Asamblea Nacional varios miles de personas. Esas demostraciones fueron pacíficas, con la sola excepción de los actos de vandalismo ocurridos el 30 de agosto que afectaron el monumento a la Amistad Camboyanovietnamita situado en el parque de la Asamblea Nacional.

Durante la sentada unas diez personas, de las que se sospecha que eran infiltrados del Gobierno, fueron detenidas por miembros de la seguridad de la manifestación, interrogadas y en varios casos maltratadas o golpeadas. Sin embargo, se las dejó ir a petición del personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya.

22. En la tarde del 20 de agosto, Sam Rainsy se sumó a los activistas de su partido en una vigilia nocturna frente a la oficina del Comité Electoral Nacional, situada en los recintos del Ministerio del Interior, con el fin de custodiar las bolsas con cédulas electorales y respaldar su petición de que se hiciera un recuento. Hombres no identificados llegaron en vehículos hasta la entrada del ministerio, arrojaron una granada y dispararon contra un grupo de periodistas y otras personas que allí se encontraban. Ello produjo la muerte inmediata de Sieng Sean, ex funcionario público que trabajaba como chófer de una agencia de prensa japonesa; en el lugar en que cayó había estado sólo momentos antes Sam Rainsy. El Secretario General de las Naciones Unidas expidió al día siguiente un comunicado en el que deploraba el ataque, recordaba al Gobierno la garantía que le había dado por escrito el 22 de octubre de 1997 de que aseguraría la protección de los dirigentes políticos y pedía que se entablara un diálogo para solucionar los problemas pendientes. Tras ese ataque, Sam Rainsy y sus acompañantes fueron rodeados por funcionarios del Ministerio del Interior quienes los empujaron y dispararon por encima de ellos y los detuvieron durante dos horas. Esas personas fueron puestas en libertad tras la intervención de un grupo de observadores de las Naciones Unidas y personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya.

23. Al mismo tiempo, circulaban en Phnom Penh rumores de que vendedores de alimentos vietnamitas habían envenenado vino, causando algunas muertes. No había ningún fundamento para esas acusaciones pero ellas despertaron una fuerte animosidad contra los vietnamitas en la capital. Un factor que contribuía a esa situación era la frecuente retórica contra los vietnamitas de los discursos de los dirigentes de la oposición. Una popular radio de oposición difundió una entrevista manifiestamente falsa a una joven vietnamita que "confesó" haber recibido veneno desde Viet Nam para ponerlo en el vino. Los días 3 y 4 de septiembre se produjeron varios incidentes callejeros contra las personas de origen vietnamita, que dejaron un saldo de tres mujeres y un hombre linchados y docenas de otros heridos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya documentó esos incidentes y pidió al Gobierno que aclarara las causas de las presuntas muertes por envenenamiento, investigara esos asesinatos y castigara a los responsables. También pidió a la oposición que se abstuviera de hablar contra los vietnamitas.

24. El 7 de septiembre tres granadas fueron arrojadas contra la residencia de Hun Sen en Phnom Penh, sin que nadie resultara herido. Según testigos, la persona que arrojó las granadas y su cómplice huyeron en motocicleta y tuvieron un accidente al pasar por el monumento a la independencia. Prosiguieron su huida por una calle lateral donde la persona que arrojó la granada fue detenida ya sea por los residentes del lugar o por policías de civil, y golpeada a muerte con una barra de hierro. El muerto tenía sobre sí documentos que lo acreditaban como agente de seguridad de la policía. No se ha comunicado ningún resultado de la investigación oficial de este incidente y tampoco se ha castigado a los que mataron a la persona que arrojó la granada.

25. Poco después del incidente de la granada el Coprimer Ministro Hun Sen celebró una conferencia de prensa y acusó del hecho a Sam Rainsy. Las manifestaciones quedaron prohibidas y se autorizó a las fuerzas de seguridad para tomar medidas contra los manifestantes que se negaran a dispersarse. Se impusieron restricciones a los viajes al extranjero de parte de los miembros en ejercicio y recientemente electos de la Asamblea Nacional y de algunas otras personalidades de oposición. La prohibición de viajar de los miembros de la Asamblea Nacional se mantuvo en vigor hasta el día siguiente a la constitución de la nueva Asamblea. Esa medida se mantuvo durante un plazo mayor respecto de varias personalidades de la oposición, como Kem Sokha, contra el cual se formularon cargo por incitación al odio racial. El Representante Especial emitió una declaración apoyando el derecho a la libertad de movimiento. Envió asimismo una nota al Gobierno sobre el caso de Kem Sokha. Por miedo a ser arrestado, este último se había ocultado y no se supo de su paradero hasta mediados de noviembre cuando se le dieron garantías de que una citación judicial que se le había dirigido no se utilizaría como pretexto para su detención. A mediados de diciembre se presentó ante el tribunal y contestó a las preguntas del juez investigador. Aunque el caso todavía no se ha cerrado, Kem Sokha ha manifestado su confianza en que se respetará su seguridad.

26. El 7 de septiembre, Sam Rainsy buscó refugio en la oficina del Representante Personal del Secretario General, situada en el Hotel Cambodiana. Algunos partidarios de Sam Rainsy se reunieron fuera del hotel y tanto la policía como la gendarmería recibieron órdenes de dispersarlos. Con ese fin hicieron uso de sus armas de fuego y al menos un manifestante fue herido en la cabeza y falleció. Testigos dignos de crédito informaron acerca de otra muerte y el personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya está verificando todavía esa información.

27. Al día siguiente se ordenó a las fuerzas de seguridad que dispersaran a los manifestantes que participaban en las sentadas, lo que lograron al cabo de dos horas mediante el empleo de una cierta violencia. Los manifestantes empezaron entonces a desplazarse y a marchar. Un gran número de monjes budistas se sumó a los manifestantes. Se organizó una contrademostración en la que participó un número estimado de 10.000 simpatizantes del Partido Popular de Camboya, traídos en camiones desde fuera de la ciudad. Muchos de ellos estaban armados de palos, hierros y piedras. Afortunadamente no se produjo ningún enfrentamiento.

28. Las manifestaciones callejeras, que continuaron durante una semana aproximadamente, fueron en general pacíficas y las fuerzas de seguridad actuaron con mesura. Sin embargo, en algunas ocasiones se produjeron batallas callejeras, en su mayor parte por instigación de agentes provocadores, entre los cuales figuraban miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civiles y armados con pistolas. En respuesta, los manifestantes solían arrojar piedras o pedazos de pavimento con honda. Las fuerzas de seguridad cargaban contra los manifestantes y disparaban tiros de advertencia. En uno de esos enfrentamientos, ocurrido el 11 de septiembre cerca de la Embajada de los Estados Unidos, Chun Samnang, maestro de 28 años, fue muerto a tiros a quemarropa por personal de seguridad. El mismo día, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya expidió un comunicado pidiendo el retiro de los agentes provocadores. En esa semana al menos 77 personas resultaron heridas, 16 a tiros. Entre los heridos figuraban 18 monjes y una monja, 2 de ellos heridos a tiros cuando fuerzas de seguridad los atacaron violentamente.

29. Muchos manifestantes, incluidas jóvenes mujeres y monjes budistas, fueron detenidos por gendarmes y policías de la dependencia de los Tigres Volantes. La mayor parte de ellos fueron llevados en camiones a la sede o a dependencias de la seguridad militar y posteriormente recluidos en lugares de detención secretos. Las autoridades policiales reconocieron oficialmente sólo 14 detenciones. Personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya visitó los cuarteles de policía y otros lugares en busca de los detenidos. A excepción del cuartel de policía de Tuol Kork, en que se encontraban detenidos más de 25 manifestantes, esas búsquedas fueron infructuosas. A fines de la semana, comenzaron a llegar informaciones a la Oficina de que cadáveres de jóvenes, mujeres y monjes flotaban en los ríos cercanos a la capital. La verificación de esas informaciones por el personal de la Oficina permitió confirmar que se habían encontrado 24 cadáveres, en su mayoría de jóvenes pero también de mujeres y monjes budistas. Salvo en dos casos, no se pudo identificar a los cadáveres y, por consiguiente, no se pudo probar ninguna vinculación directa de las víctimas con las manifestaciones u otras actividades políticas conexas. No obstante, el personal de la Oficina y otros testigos confirmaron que muchos cuerpos presentaban huellas de una muerte violenta: heridas de bala, brazos o piernas rotos, marcas de estrangulación y otros signos de tortura; muchos cadáveres tenían las manos atadas y varios estaban vendados o amordazados.

30. El 16 de septiembre el Representante Especial expresó su grave preocupación por la desaparición de los manifestantes detenidos por fuerzas de seguridad y el descubrimiento simultáneo por observadores de los derechos humanos de un gran número de cadáveres en diversos sitios cercanos a la capital. Instó al Gobierno a que informara sobre la suerte de todos los manifestantes detenidos y pidió que se investigaran esas muertes extrañas. Posteriormente, el Comité Camboyano de Derechos Humanos presentó un informe relativo a seis casos de muertes que, según afirmaba, se debían a riñas entre particulares. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya comenzó también a preparar las listas de manifestantes testigos o de los que se decía habían sido detenidos a fin de verificar caso por caso. Según sus cálculos, en las manifestaciones se había detenido a unas 50 personas por lo menos. A mediados de enero de 1999 la Oficina proseguía sus esfuerzos por ubicar a los desaparecidos. Todavía no se tiene información de por lo menos ocho personas identificadas. La Oficina transmitió al Comité Camboyano de Derechos Humanos la lista de desaparecidos para su investigación.

31. A mediados de septiembre se escucharon en la red de radio de las Naciones Unidas amenazas, incluida la amenaza de muerte, contra el personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya. Esta es la primera vez que se hacían amenazas concretas contra funcionarios de nacionalidad camboyana, con nombre y apellido, y contra el personal en general. Las fuentes se identificaron como pertenecientes al Ministerio del Interior y dijeron tener en su posesión expedientes detallados sobre los funcionarios y sus actividades.

32. Un vocero del Gobierno afirmó falsamente que la Oficina había encabezado las manifestaciones y que su radio se utilizaba para difundir propaganda contra el Gobierno. El 14 de septiembre un vehículo de las Naciones Unidas fue confiscado y tres funcionarios de la oficina del Representante Personal del Secretario General fueron brevemente detenidos. Ese mismo día un gendarme trató de malos modos e injurió a un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya. Se presentó al Ministerio de Relaciones Exteriores una queja oficial por las amenazas radiales y el trato dado al funcionario.

33. El 24 de septiembre, día en que se reunió la nueva Asamblea Nacional en Sien Reap, se atacó con cohetes un convoy de vehículos en el cual viajaba el Coprimer Ministro Hun Sen así como otros miembros electos de la Asamblea. Hun Sen dijo que, al parecer, el ataque estaba dirigido contra él y lo atribuyó a la oposición. Hasta ahora la investigación policial no ha tenido resultado alguno.

34. La nueva Asamblea Nacional prestó juramento y se levantó la prohibición de viajar impuesta a la mayoría de los políticos de la oposición. El Príncipe Norodom Ranariddh y Sam Rainsy, a quienes pronto siguieron un gran número de nuevos parlamentarios de la oposición, partieron para Bangkok donde reiteraron que, antes de que pudiera examinarse cualquier propuesta de compartir el poder, debían satisfacerse sus dos principales exigencias (relativas a la nueva fórmula de elecciones y a la necesidad de contar tanto las cédulas utilizadas como las no utilizadas). Pidieron también que se concediera amnistía a un cierto número de dirigentes de la oposición que se encontraban en el exilio o habían optado por la resistencia armada a partir de julio de 1997. Casi dos meses después, en noviembre de 1998, gracias a los pacientes esfuerzos de mediación de Su Majestad el Rey, se llegó a un acuerdo para compartir el poder. Esto abrió el camino para la formación de un nuevo gobierno de coalición integrado por el PPC y el FUNCINPEC, quedando el partido Sam Rainsy en la oposición.

35. El arreglo político entre los partidos, que comprendía la amnistía de los principales generales que optaron por la oposición armada después de julio de 1997, tuvo también por resultado que comenzara la repatriación de unos 40.000 refugiados, que habían estado viviendo en campamentos de refugiados en Tailandia desde agosto de 1997. Se facilitó asimismo la rendición, durante el mes de diciembre, de los últimos grupos de soldados jemeres rojos que habían llevado a cabo actividades armadas en algunos lugares aislados de la frontera con Tailandia. Dos de los tres dirigentes principales de los jemeres rojos que aún estaban en libertad acabaron por rendirse al Gobierno, así como 600 a 800 desertores y varios miles de sus familiares. En diciembre, Khieu Samphan, líder nominal de los jemeres rojos desde 1980, y Nuon Chea, adjunto de Pol Pot desde el decenio de 1960, fueron recibidos por el Primer Ministro Hun Sen.

36. El Gobierno de Camboya ha tomado importantes medidas desde que la Comisión de Derechos Humanos planteara, en abril de 1997, la cuestión de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. En su resolución 1997/49 la Comisión encareció a los miembros del jemer rojo que quedaban en el país a que pusieran fin a los combates y reiteró su preocupación por los graves abusos cometidos por el jemer rojo. Además, la Comisión pidió al Secretario General que, mediante su Representante Especial y en colaboración con el Centro de Derechos Humanos, examinara toda solicitud de asistencia a Camboya para hacer frente a las graves violaciones del derecho camboyano e internacional cometidas en el pasado como medio de lograr la reconciliación nacional, fortalecer la democracia y abordar la cuestión de la responsabilidad individual.

37. En 21 de junio de 1997 el primer y el segundo Primeros Ministros escribieron conjuntamente al Secretario General pidiendo la ayuda de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para llevar ante la justicia a las personas responsables del genocidio y de los crímenes contra la humanidad cometidos mientras los jemeres rojos estuvieron en el poder de 1975 a 1979. En su carta, los dos Primeros Ministros declararon que Camboya no disponía de los recursos ni de la capacidad necesarios para llevar a cabo un procedimiento de este alcance. Recordaron también que se habían efectuado esfuerzos semejantes para responder al genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos en Rwanda y en la ex Yugoslavia. Al pedir una asistencia semejante para Camboya, los dos Primeros Ministros dijeron que, a su juicio, los crímenes de esta magnitud afectaban a todas las personas del mundo. Expresaron la esperanza de que la comunidad internacional prestaría ayuda al pueblo camboyano para determinar la verdad sobre el período 1975-1979 y llevar ante la justicia a las personas responsables (véase el anexo).

38. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General aprobó su resolución 52/135, en la que pidió al Secretario General que examinara la solicitud de las autoridades camboyanas de que se les prestase asistencia para tomar medidas en relación con las graves violaciones del derecho camboyano e internacional cometidas en el pasado, incluida la posibilidad de que el Secretario General designara un grupo de expertos encargado de evaluar las pruebas existentes y de proponer nuevas medidas, como medio de lograr la reconciliación nacional, afianzar la democracia y ocuparse de la cuestión de la responsabilidad individual. La Comisión de Derechos Humanos reiteró esta posición en su resolución 1998/60.

39. En agosto de 1998 el Secretario General designó, con el asesoramiento del Representante Especial, a los miembros del Grupo de Expertos. Forman parte del mismo Sir Ninian Stephen, ex Gobernador General de Australia, el Sr. Rajsoomer Lallah, ex Presidente del Tribunal Supremo de Mauricio, y el profesor Steven Ratner de la Universidad de Texas, Estados Unidos de América. El mandato del Grupo es evaluar las pruebas existentes con miras a determinar el carácter de los crímenes cometidos por los dirigentes jemeres rojos durante los años 1975-1979; evaluar, previa consulta con los gobiernos interesados, la posibilidad de llevar a los dirigentes jemeres rojos ante la justicia; y estudiar las opciones que se presentan de enjuiciar a los dirigentes jemeres rojos ante una instancia internacional o nacional. Las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos deben presentarse al Secretario General lo antes posible, y se espera que esto se hará en febrero de 1999.

40. El Grupo se reunió por primera vez en Nueva York en septiembre de 1998, donde sus miembros se entrevistaron con el Secretario General y otros altos funcionarios de las Naciones Unidas, así como con representantes de la comunidad diplomática. El Grupo visitó Camboya en noviembre a fin de consultar con representantes del Gobierno y de las organizaciones no gubernamentales de Camboya, entre ellos el Coprimer Ministro Hun Sen y el dirigente del Frente de Unidad Nacional (FUNCINPEC), Príncipe Ranariddh, así como de evaluar el carácter de las pruebas existentes de los crímenes cometidos.

41. En su plataforma de 23 de noviembre de 1998 el nuevo Gobierno declaró que se enjuiciaría a los dirigentes de la "línea dura" de los jemeres rojos que habían sido puestos fuera de la ley.

42. En sus visitas periódicas a Camboya, realizadas desde comienzos de 1997, el Representante Especial ha abordado esta cuestión con los interesados, entre ellos Su Majestad el Rey, miembros de alto nivel del Gobierno, dirigentes de los partidos políticos, y representantes de la sociedad civil y la comunidad diplomática. Las personas con quienes se ha entrevistado han asegurado en todo momento al Representante Especial que le prestarán su apoyo en este proceso. Durante la 12ª misión, el Representante Especial trató la cuestión con el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, los dos Ministros del Interior, el Ministro de Justicia y el líder de la oposición parlamentaria, todos los cuales expresaron su apoyo a la labor del Grupo de Expertos.

43. En Enero el Primer Ministro Hun Sen entregó al Representante Especial un memorando para el Secretario General en el cual se esbozaban algunas ideas sobre nuevas negociaciones acerca de la manera como podrían organizarse los procedimientos legales. En el documento se destacaba que también se habían cometido crímenes antes de 1975 y después de 1979. Además, se ponía de relieve la importancia de proteger la paz al establecer la justicia. El Representante Especial prometió comunicar estos aspectos a los expertos. Observó que se había pedido a los expertos que basaran su análisis en la carta del Gobierno de 21 de junio de 1997 y que sugirieran procedimientos que respetaran las normas jurídicas más elevadas y permitieran demostrar al pueblo camboyano que se estaba haciendo justicia.

44. Al prepararse el presente informe aún no se han acabado de redactar las recomendaciones de los expertos. El Representante Especial espera que su informe facilitará el procedimiento emprendido contra las personas responsables de las matanzas y otras clases de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Gobierno de los jemeres rojos y que la comunidad internacional seguirá apoyando a Camboya en esta importante empresa.

45. El fenómeno de la impunidad y su expresión institucional quedaron documentados en los anteriores informes del Representante Especial. Se trata del obstáculo más importante que se opone a los esfuerzos por establecer el estado de derecho en Camboya. El fenómeno abarca la falta de reacción ante los actos de violencia política pero se refleja también en los informes casi cotidianos sobre los abusos cometidos por oficiales del ejército y la policía contra gentes del pueblo que han sido víctimas, entre otras cosas, de matanzas, violaciones, detenciones ilegales o secuestros con fines de extorsión así como de palizas y otros actos de violencia. Mientras que los tribunales carecen de recursos humanos y de otra índole, los miembros de las fuerzas de seguridad son poderosos, tienen armas y se encuentran protegidos. Las personas cuyos derechos son violados por los miembros de la seguridad no tienen un recurso efectivo ante los tribunales. Esto es contrario al sentido de justicia y hace que algunas personas crean que la única manera de defender los propios intereses es recurrir a medios violentos.

46. Un aspecto especialmente inquietante del problema de la impunidad en Camboya son los delitos graves con connotaciones políticas, en particular homicidios, que se han perpetrado durante los últimos años y no se han aclarado. El Representante Especial ha informado al Gobierno acerca de las muertes o desapariciones de más de 130 personas ocurridas desde el 30 de marzo de 1997, y ha pedido reiteradamente que se emprendan investigaciones serias. Los dos expertos que, en abril de 1998, evaluaron en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Representante Especial las investigaciones del Gobierno sobre el ataque con granadas efectuado en marzo de 1997, y las matanzas de julio y agosto de 1997, llegaron a la conclusión de que las investigaciones, de ser iniciadas, carecían de vigor y determinación. Lamentablemente el Relator Especial ha llegado a la misma conclusión en cuanto a la reacción suscitada por su nuevo memorando presentado al Gobierno en mayo de 1998, en el que se describen otros 40 casos de homicidio, así como por los demás informes que documentan otros casos de muertes ocurridas en circunstancias semejantes durante el segundo semestre de 1998.

47. Cuando el Representante Especial se entrevistó con el Primer Ministro en enero de 1999, expresó su preocupación ante el hecho de que se hubiera adelantado tan poco en esos casos. Tenía la clara impresión de que las investigaciones a fondo del ataque con granadas, las matanzas y otros intentos de homicidio habían quedado bloqueadas por elementos poderosos de la policía y los militares. Esto, a su vez, ha suscitado ansiedad y confusión en los círculos más profesionales de las estructuras de aplicación de la ley. Se trataba sin duda de un problema inmenso planteado en el sistema de justicia camboyano, que sólo podrá resolverse si los dirigentes políticos demuestran claramente que nadie que viole la ley está protegido.

48. El Comité Camboyano de Derechos Humanos fue creado por el Gobierno, entre otras cosas para emprender o llevar a cabo investigaciones sobre esos casos. El Comité no ha informado acerca de progresos importantes en relación con ninguno de ellos, pero ha investigado algunas denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos que le fueron presentadas durante y después de la campaña electoral. Esto ha contribuido a aclarar los hechos en algunos de los casos y también ha permitido que se ponga en libertad a la víctima de un secuestro.

49. Otro problema grave es el uso excesivo que hacen los policías de armas mortales cuando tratan de capturar a los sospechosos. Se requieren medidas firmes para poner fin a las frecuentes muertes de sospechosos durante los arrestos, que en algunos casos han sido verdaderas ejecuciones. Estas muertes son causa de profunda preocupación para el Representante Especial, quien ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya que estudie el problema en cooperación con las autoridades de policía pertinentes. Entre los ejemplos de los abusos de poder con consecuencias mortales que han cometido las fuerzas de seguridad durante los últimos meses figuran la ejecución extrajudicial, por parte de oficiales de la policía el 30 de septiembre, del agricultor Vorn Meak, y el 6 de octubre, en Kompong Cham, de Pard, soldado desertor del Frente Unido; la ejecución de Soeun Dy y Toeun Rithy, acusados de homicidio y robo, el 14 de septiembre en Pailin; y las heridas de bala que sufrieron una joven el 12 de noviembre y un aldeano el 13 de noviembre, cuando la policía abrió el fuego, sin tomar precauciones, contra presuntos ladrones en dos incidentes ocurridos en Battambang.

50. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya también ha seguido de cerca muchos casos de detención ilegal tales como el arresto y detención, el 12 de noviembre en Phnom Malai, de 16 personas acusadas de participar en una rebelión y la detención, en Ta Khmau, de un adolescente acusado sin pruebas de haber participado en el secuestro y el asesinato de una niña de 9 años; este joven fue puesto en libertad después de que, según se afirma, su padre pagó una suma importante como soborno a la policía.

51. La participación del personal de la policía y las fuerzas armadas en los secuestros criminales con fines de extorsión es también causa de viva inquietud. Los informes de la policía demuestran que los secuestros ocurren casi todas las semanas en Phnom Penh, y ahora se están llevando a cabo en algunas provincias, entre las cuales, Kompong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchey, Kampot y Battambang. Por lo general los secuestradores no son identificados ni detenidos por la policía, la cual sostiene que las víctimas no colaboran por temor de las represalias. El 26 de enero de 1999 una mujer denunció otro caso: su hija había sido detenida por un policía militar, quien dijo que sólo la pondría en libertad si la madre pagaba 300 dólares al propietario de un burdel. Con ayuda de la Liga Camboyana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya, el Departamento de Asuntos Sociales y la policía del distrito, la joven fue hallada en la oficina de la gendarmería en un distrito de Phnom Penh. Un policía militar confesó que retenía a la muchacha porque ésta le debía dinero a su hermano y se negó a ponerla en libertad mientras no se pagara el dinero adeudado.

52. El Comité Camboyano de Derechos Humanos expuso en una reunión con el Representante Especial, celebrada en enero de 1999, las primeras medidas adoptadas para efectuar una reforma del sistema de policía. La reforma es evidentemente necesaria. La policía camboyana debe ser sometida a un proceso de despolitización y, al mismo tiempo, mejorar su capacidad en materia de investigación penal y aplicación de la ley. Debe revisarse la política de contratación, en particular tratándose de los rangos más elevados y se debe reconocer y recompensar a las personas que reúnen las condiciones necesarias. A fin de fomentar el profesionalismo, es preciso dar prioridad a la educación y la formación. El Representante Especial recomienda que se establezca una escuela de policía.

53. Un paso hacia una fuerza de policía despolitizada e imparcial sería que sus jefes dejaran de hacer declaraciones públicas prematuras sobre los presuntos culpables de delitos. El Director General de la Policía Nacional hizo estos pronunciamientos lamentables durante el período de disturbios políticos de agosto y septiembre de 1998, de los cuales acusó a los dirigentes de la oposición.

54. El Gobierno ya ha decidido reducir el exceso de personal de las fuerzas de policía y revisar sus estructuras y cadenas de mando. Al mismo tiempo, será necesario tomar medidas para suprimir la corrupción, lo cual no sólo requiere enérgicas medidas disciplinarias sino también aumentar los salarios de los agentes y pagarlos puntualmente. En el futuro código de procedimiento penal se deben aclarar la autoridad de la policía y los principios que rigen sus métodos de acción. También es preciso dictar instrucciones más detalladas sobre los procedimientos de arresto, el uso de armas, los registros domiciliarios, los interrogatorios, etc. Debe garantizarse la aplicación de las normas existentes, por ejemplo, poniendo fin al uso de la fuerza para obtener confesiones, así como la práctica de que la policía mantenga a las personas detenidas durante más de 48 horas.

55. Algunas de las sugerencias antes expuestas fueron examinadas en una consulta sobre las reformas de la policía organizada por la Comisión Asiática de Derechos Humanos a comienzos de enero de 1999, con participación del Gobierno de Camboya y de representantes de la policía, a título personal, así como de organizaciones intergubernamentales. El Representante Especial considera que el informe de dicha reunión es una contribución útil a la preparación de la reforma de la policía. El Gobierno también ha pedido el asesoramiento en esta esfera de los expertos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya.

56. También es preciso llevar a cabo reformas semejantes de las fuerzas militares a fin de asegurar la disciplina. El Primer Ministro y los dos Ministros de Defensa indicaron al Representante Especial en enero de 1999 que esto constituía una alta prioridad. La integración de antiguas tropas de la oposición, en particular de ex soldados jemeres rojos, y la desmovilización de algunas partes de las fuerzas armadas se combinaría con un proceso de despolitización. Se tomarán medidas disciplinarias contra los soldados y oficiales que hayan cometido abusos contra los civiles.

57. La interferencia, la intimidación y las amenazas contra los tribunales de parte de la policía y los militares es también motivo de preocupación para el Relator Especial. En octubre de 1998 se denunció un nuevo ejemplo de estos abusos. En una provincia, un comisario de policía y algunos de sus adjuntos visitaron al Presidente del tribunal y al Fiscal General para discutir el caso de un oficial de policía acusado de homicidio, que alegaba haber actuado en defensa propia. La policía no reconocía la facultad del tribunal para detener al oficial e iniciar la investigación, a pesar de que se había obtenido el permiso del Ministerio del Interior. El Representante Especial insta al Gobierno a que dé instrucciones a la policía militar para que reconozca la autoridad de los tribunales y obedezca sus órdenes.

58. La falta de integridad de algunos tribunales es también contraria a la justicia. En noviembre de 1998, el Representante Especial dirigió una carta al Fiscal General acerca de una joven que había sido muerta a golpes por el dueño de un burdel en Banteay Meanchey. El juez instructor del Tribunal provincial de Banteay Meanchey había desestimado los cargos de homicidio contra el acusado por "falta de pruebas", a pesar de los testimonios de 11 testigos oculares de los hechos. También en noviembre, el Fiscal General dirigió una carta al Fiscal de Banteay Meanchey señalando la existencia de errores de procedimiento y recomendando que se formularan contra el propietario del burdel cargos por homicidio, lesiones y violación de la ley de represión del tráfico de mujeres. En diciembre de 1998, un representante del Ministerio de Justicia fue a Poipet para investigar los hechos. Las autoridades locales obstaculizaron su investigación con amenazas veladas y maniobras de intimidación. Ese mismo mes, el Presidente del Tribunal de Banteay Meanchey declaró que se habían perdido las pruebas del caso (los 11 testimonios); parecía renuente a formular nuevos cargos contra el dueño del burdel, y señaló que éste contaba con el apoyo de militares poderosos.

59. Se requiere apoyo político para garantizar que la judicatura tenga autoridad efectiva a fin de enjuiciar a todos los delincuentes, cualquiera sea su identidad, situación o rango. Se necesita también una nueva legislación básica, como un Código Penal y un Código de Procedimiento Penal. Los proyectos de estas leyes deben ser objeto de nuevos debates y mejoras, pero es necesario dar alta prioridad a la tarea de terminar su redacción y de aprobarlos. Además, es preciso contar con leyes e iniciativas estructurales a fin de reformar la propia administración de justicia. El Ministro de Justicia expuso en enero de 1999 un plan en tal sentido, que comprendía la racionalización de la organización y estructura del sistema de tribunales. También piensa proponer una enmienda al artículo 51 de la Ley de la función pública de 1994.

60. En realidad, el artículo 51 institucionaliza la impunidad. En él se prescribe que el enjuiciamiento de funcionarios públicos requiere la aprobación del ministerio en que trabajan. La aprobación de los enjuiciamientos con arreglo al artículo 51 tarda a menudo varios meses, durante los cuales el sospechoso sigue en libertad y puede intimidar a los testigos u obligarlos a aceptar un arreglo. El Representante Especial acoge con satisfacción la decisión del Ministro de Justicia de hacer frente a este problema.

61. Preocupa al Representante Especial el hecho de que el Consejo Supremo de la Magistratura, que es una de las instituciones fundamentales para fortalecer el estado de derecho en Camboya, no haya vuelto a tener ninguna actividad desde que se reunió el 3 de diciembre de 1997. La función principal del Consejo Supremo es supervisar el funcionamiento del sistema judicial, en particular el nombramiento de jueces y demás personal judicial, así como las medidas disciplinarias en relación con ellos. Actualmente existen en el Consejo dos vacantes que deben llenarse. El Representante Especial pone de relieve la necesidad de que el Consejo Supremo de la Magistratura se reúna periódicamente para tratar el problema que representan los jueces, fiscales y secretarios de tribunal corrompidos, incompetentes e ineficientes.

62. El Representante Especial observa que se están tomando medidas para aclarar la relación que existe entre el Ministerio de Justicia y los tribunales. El proyecto de Estatuto de los Magistrados, que comprende el nombramiento, la remuneración y la disciplina del poder judicial, debe terminar de redactarse y presentarse a la Asamblea Nacional. Al momento de prepararse el presente informe, varias organizaciones de asistencia jurídica, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya, habían preparado observaciones sobre el proyecto de ley.

63. Hasta ahora las circulares del Ministerio de Justicia no sólo se han referido a cuestiones administrativas sino que en algunos casos han servido para interpretar las leyes. Esta interpretación no es una de las facultades del poder ejecutivo. El Representante Especial celebra que el Ministro de Justicia haya ordenado una revisión de las circulares dictadas anteriormente que son contrarias a la independencia de la judicatura.

64. La baja remuneración del personal judicial sigue siendo un problema importante y se halla en relación directa con la existencia de la corrupción en los tribunales. En el proyecto de Estatuto de los Magistrados se propone un aumento de los salarios de los jueces. El Representante Especial reitera su sugerencia al Gobierno en el sentido de que debe terminarse de redactar y promulgarse esta ley, así como su propuesta de que se aumente la partida presupuestaria consignada para todo el personal judicial y para las actividades de los tribunales.

65. Muchos tribunales no son capaces de enjuiciar a los detenidos en los plazos prescritos por la ley. Varios prisioneros han estado detenidos durante mucho más de un año sin ser sometidos a juicio. Uno de estos casos es el de Heng Chanthol, recluso de la prisión T3 de Phnom Penh, quien fue arrestado el 27 de julio de 1997 acusado de secuestro con fines de extorsión, y que todavía no ha sido presentado ante un tribunal. El Representante Especial insta al Gobierno a que examine las causas de la detención preventiva durante períodos prolongados y las razones por las cuales las investigaciones no pueden realizarse en los plazos fijados. En muchos casos, los sospechosos han pasado varios meses en detención preventiva antes de que se inicie una investigación. El Representante Especial recuerda al Gobierno que, cuando se prolonga indebidamente, la detención preventiva viola la presunción de inocencia y el derecho a un juicio pronto.

66. El Representante Especial ha continuado siguiendo los casos que pueden constituir errores judiciales. Se sintió gravemente preocupado ante el arresto y detención en Sihanoukville, el 21 de octubre, de dos activistas de derechos humanos de la Liga Camboyana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos, Kim Sen y Meas Minear. Existe una evidente falta de pruebas contra los dos acusados. Además se han cometido graves irregularidades de procedimiento. Los arrestos no se efectuaron conforme a la ley, y los abogados de esas dos personas no tuvieron acceso a los expedientes durante tres semanas. Sin embargo, a pesar de estas irregularidades y de la falta de pruebas, no se había dado por terminado el caso al momento de prepararse el presente informe, y el Tribunal Provincial de Sihanoukville continuaba la investigación. El 20 de enero de 1998 el Tribunal de Apelación puso en libertad provisional a Kim Sen y Meas Minear.

67. Se han producido algunas novedades en el caso de Chao Sokhon, jefe adjunto de la policía militar de Sihanoukville, perteneciente al Frente Unido, condenado a 15 años de prisión en junio de 1997 y a otros 3 años en septiembre por el delito de tráfico de estupefacientes. El Tribunal de Apelación revocó estas sentencias en diciembre de 1997, y los tres jueces del caso fueron suspendidos poco después por el Ministerio de Justicia. El Fiscal General presentó una apelación ante el Tribunal Supremo en enero y febrero de 1998. El Tribunal Supremo no juzgó el caso hasta el 23 de diciembre de 1998, debido a que los expedientes habían sido conservados en el Ministerio de Justicia desde diciembre de 1997. Durante el juicio en el Tribunal Supremo, el Fiscal declaró que Chao Sokhon era culpable pero que las pruebas contra él eran insuficientes. A pesar de esta falta de pruebas, Chao Sokhon no fue absuelto; el Tribunal Supremo decidió que el caso se devolvería al Tribunal de Apelación para una nueva investigación. Los tres jueces suspendidos en diciembre de 1997 volvieron a ocupar sus cargos el 1º de enero de 1999.

68. La tortura y el maltrato de las personas detenidas sigue siendo un problema. Pese a los esfuerzos anteriores de los Ministerios de Justicia y del Interior para poner término a esa práctica, el Representante Especial ha recibido nuevas pruebas de que aún ocurre. Las personas detenidas por la policía, la gendarmería o los militares suelen ser golpeadas durante el interrogatorio para arrancarles confesiones que puedan aducirse como pruebas en los tribunales. Las quejas de los acusados en el sentido de que han sido torturados o sometidos a malos tratos no son consideradas seriamente en los procesos judiciales. Con frecuencia se dictan sentencias fundadas únicamente en una confesión hecha bajo tortura, y normalmente no se adopta ninguna medida en relación con las denuncias sobre casos de tortura.

69. A mediados de enero de 1999 el Fiscal y el Comisario de Policía de la provincia de Battambang formularon observaciones sobre el expediente relativo a 32 casos de presunta tortura perpetrada por la policía del distrito de Svay Por y otros investigadores provinciales, presentado al Gobierno por el Representante Especial en junio de 1997. Esa comunicación fue seguida de dos visitas a la provincia de Battambang, donde el Representante Especial examinó la cuestión con agentes de policía, funcionarios judiciales y otros. También se planteó la cuestión de ese expediente en dos reuniones con el Director General de la Policía Nacional. En su respuesta preliminar el Fiscal afirmó por escrito que 2 de los 32 casos que figuraban en el expediente habían sido juzgados y que se había desestimado un tercer caso. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya está pidiendo aclaraciones sobre el desenlace efectivo de los juicios.

70. En el atestado policial, que se refiere a 30 de los 32 casos, se niega que haya habido tortura en ninguno de ellos. Aunque acoge con beneplácito el hecho de que se hayan investigado estos casos, el Representante Especial deplora que no se hayan considerado con más seriedad las denuncias fidedignas de tortura, varias de ellas confirmadas con pruebas materiales. En uno de estos casos, que resultó en la muerte del detenido, se afirma en el informe que la víctima se suicidó, pese a pruebas inequívocas de que murió víctima de torturas. La respuesta del Comisario de Policía demuestra que esas investigaciones deben realizarse en forma imparcial y fuera de la estructura inmediata de la policía. Hasta ahora ningún agente de policía ha sido enjuiciado o siquiera sancionado administrativamente por algún acto de tortura.

71. El Representante Especial seguirá vigilando la situación de la tortura en Camboya. Hace falta una estrategia amplia, uno de cuyos aspectos debería ser la destitución y el castigo de los agentes de seguridad declarados culpables de tortura. Para ello, a su vez, se necesitaría de apoyo político al más alto nivel para que los tribunales empiecen a adoptar medidas en contra de los torturadores.

72. El número de reclusos aumentó un 20% en 1998, contribuyendo a un hacinamiento en algunas de las prisiones. Actualmente hay unos 2.350 reclusos en las prisiones camboyanas, de los cuales 1.597 son reclusos condenados y 753 detenidos en prisión preventiva. Este problema se agrava aún más por el hecho de que los reclusos condenados no están separados de los detenidos en espera de juicio.

73. Representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya visitaron 15 de las 25 prisiones de Camboya entre septiembre y diciembre de 1998. Se prestó atención especial al examen de los fundamentos jurídicos de la detención, al acceso a la asistencia letrada, a la duración de la detención preventiva, así como a las condiciones materiales de la detención. Las visitas fueron seguidas de reuniones con los funcionarios pertinentes.

74. El personal de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya ha tenido acceso a todas las prisiones administradas por el Ministerio del Interior. Entre otras cosas, se efectuó una visita de carácter general a la prisión de la Policía Judicial y a la prisión T3 de Phnom Penh, donde más de 60 reclusos habían permanecido detenidos más del período máximo de seis meses antes del juicio. También se supo por las entrevistas que muchos reclusos habían sido maltratados durante su detención preventiva, antes de ser trasladados a la prisión.

75. Aunque por lo general se autoriza sin problemas el acceso a las prisiones de las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones humanitarias, algunas veces se ha negado el ingreso a organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia letrada y, en consecuencia, algunos detenidos han quedado sin representación jurídica. Por ejemplo, en la prisión de Prey Veng 25 de los 57 detenidos inculpados no contaban con asistencia letrada.

76. En algunas prisiones las condiciones materiales han mejorado gracias a la asistencia recibida del proyecto australiano de asistencia para la justicia penal (financiado por AusAID) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el marco del proyecto australiano de asistencia se está construyendo y renovando cinco prisiones y el CICR está renovando 17 prisiones provinciales, incluidas sus cocinas, retretes, celdas y techos. Algunas otras prisiones todavía están en mal estado.

77. En casi todas las prisiones visitadas la situación alimentaria sigue siendo motivo de gran preocupación. Las prisiones reciben una ración de apenas 1.000 riels (equivalente a unos 0,25 dólares de los EE.UU.) por recluso al día por concepto de alimentos, agua, electricidad y leña. Esto es evidentemente insuficiente. Durante el último trimestre de 1998 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya observó que muchos reclusos sufrían de enfermedades debidas a la malnutrición. En noviembre de 1998 un hombre de 19 años de edad detenido casi un año antes y condenado dos meses más tarde murió de beriberi en la prisión de Prey Sar en Phnom Penh.

78. La salud de los reclusos depende en gran parte de la capacidad de sus parientes de enviarles raciones extras de alimentos. La Liga Camboyana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos ha distribuido galletas proporcionadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y donadas por CARE-Australia y el Gobierno de Noruega para complementar la dieta de los reclusos, como medida de emergencia que no puede continuar aplicándose. El Gobierno debe asumir la responsabilidad de alimentar a los reclusos.

79. El Ministerio de Salud es responsable de la atención médica a los reclusos, incluido el abastecimiento de medicamentos. En realidad, se dispone de escasos medios para esa atención. El proyecto australiano de asistencia para la justicia penal presta importante asistencia en esta esfera, al igual que organizaciones no gubernamentales nacionales como la Liga Camboyana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos. Urge que el Gobierno adopte una política inequívoca sobre cómo hacer frente al problema de los reclusos con SIDA y los que padecen enfermedades terminales. Se estima que por lo menos seis reclusos seropositivos murieron en 1998 y actualmente varias personas encarceladas se encuentran en las fases terminales del SIDA.

80. Durante su visita a la prisión de Ratanakiri en enero de 1999, el Representante Especial se reunió con varios menores detenidos, uno de los cuales tenía sólo 13 años. A los niños no se les debe detener en esas condiciones, ni siquiera por poco tiempo. Por otra parte, tampoco es conveniente su traslado al Centro para la rehabilitación de jóvenes situado cerca de Phnom Penh, por cuanto se reducirían las posibilidades de visita de sus familiares. Además, no existe ninguna base jurídica para la detención de menores en dicho centro. Se precisa de un enfoque más radical y humanitario para el tratamiento de los jóvenes delincuentes. A este respecto, sería útil aprovechar la experiencia de la reforma de la justicia de menores en otros países.

81. Muchos reclusos siguen huyendo de las prisiones camboyanas. En 1998 la Liga Camboyana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado no menos de 85 casos. En septiembre de 1998 más de 20 reclusos fracasaron en su intento de huir de la prisión de Kampong Cham. Un recluso fue herido a tiros por un policía y murió en un hospital provincial. Se han recibido otros informes de Pailin y Svay Rieng acerca de reclusos muertos a tiros mientras intentaban huir. La falta de toda investigación seria de esos acontecimientos preocupa al Representante Especial.

82. En algunas de las prisiones se han vuelto a usar grilletes, esposas y otros instrumentos de represión, por ejemplo, en Kampong Cham en septiembre de 1998 tras el intento de huida y recientemente en la prisión de Sihanoukville.

83. En algunas prisiones, como la de Takhmao en Kandal, a los reclusos sólo se les permite salir de sus celdas unos pocos minutos diarios. El Representante Especial planteó ante las autoridades en Phnom Penh su preocupación por las difíciles condiciones existentes en la prisión de Ratanakiri, donde los reclusos permanecen encerrados durante larguísimas horas, y por la falta de apoyo a la administración penitenciaria provincial.

84. El Departamento de Prisiones del Ministerio del Interior ha elaborado un reglamento de prisiones con ayuda del proyecto australiano de asistencia para la justicia penal. El reglamento, que ha sido examinado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya, incluye disposiciones tomadas de las normas internacionales pertinentes, como las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Se está capacitando actualmente a los directores de prisiones para la aplicación de dichas normas.

85. El Representante Especial sigue muy preocupado por los problemas laborales y las violaciones del Código del Trabajo de 1997. En muchos casos, parece que los directores de fábricas no tienen la menor intención de respetar el Código del Trabajo. Entre los abusos de que se informa se incluyen la obligación de trabajar horas extraordinarias no remuneradas; la pérdida del sueldo o del empleo por negarse a trabajar horas extraordinarias, el despido sin causa, la supresión de los días de descanso, la aplicación de multas por tomarse un día de descanso, el no pago a los trabajadores de las fábricas de prendas de vestir del salario mensual estipulado de 40 dólares de los EE.UU., así como condiciones laborales peligrosas.

86. En enero de 1999 hubo huelgas en varias fábricas. Los huelguistas exigían mejores condiciones de trabajo, que se les pagaran los sueldos oportunamente y que no se maltratara a los sindicalistas. A los trabajadores que han apoyado abiertamente a sindicatos independientes o defendido los derechos de los trabajadores se les ha despedido o trasladado a puestos diferentes donde las condiciones de trabajo son más duras, para incitarlos a marcharse.

87. En informes anteriores el Representante Especial ha expresado su preocupación por el hecho de que varios sindicatos que reunían los requisitos para inscribirse no habían sido reconocidos por el Gobierno y, en consecuencia, no podían inscribirse. Sin embargo, el nuevo Gobierno ha inscrito ya a muchos de esos sindicatos, y el Representante Especial acoge con agrado la decisión del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo, Formación Profesional y Rehabilitación de Menores de autorizar esas inscripciones. En lo sucesivo, todos los sindicatos libres que reúnan los requisitos necesarios deberían inscribirse. El Ministerio también debe adoptar medidas para hacer cumplir el Código del Trabajo en todas las fábricas, en especial en la industria de las prendas de vestir.

88. Es necesario también vigilar el trato a los trabajadores camboyanos en el extranjero. Un caso de los que se ha informado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya es el de una mujer camboyana que había sido contratada para trabajar en Malasia. Una vez allí, fue maltratada por la agencia camboyana que la contrató: fue abofeteada, pateada y detenida más de un mes en una pequeña habitación sin ventilación, con otras 50 mujeres. Su madre pagó a la agencia para que la dejaran ir. La Oficina ha solicitado ayuda a la Embajada de Malasia en este caso y el Representante Especial acoge con agrado la respuesta positiva del Embajador de Malasia.

89. El VIH/SIDA se está transformando en una amenaza importante para el derecho a la vida en Camboya. Estadísticas recientes indican que 5.000 personas ya han muerto de SIDA y se prevén 5.000 muertes más en los próximos 12 meses. Si la epidemia continúa al ritmo actual, el SIDA se convertirá pronto en una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. A partir del año 2000 morirán hasta 1.000 niños por año de SIDA, por contagio de los padres, y 10.000 niños habrán quedado huérfanos.

90. Es importante que el Ministerio de Asuntos de la Mujer y de los Veteranos haya hecho de la lucha contra la propagación del VIH/SIDA en Camboya una de sus prioridades principales. Los organismos de las Naciones Unidas y sus organizaciones no gubernamentales asociadas han difundido información sobre la epidemia y han adoptado medidas pragmáticas para erradicarla. En diciembre de 1998 el Grupo Temático de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA produjo una carpeta informativa destinada a las autoridades gubernamentales, titulada "AIDS in Cambodia: Asias's fastest-growing epidemic" (El SIDA en Camboya: la epidemia que más se propaga en Asia), a la que dio amplia difusión. En el documento se recomiendan medidas específicas que pueden adoptar las instituciones públicas, incluida la obligación de ministerios clave, como los de Economía y Finanzas, Defensa y del Interior, de luchar contra la epidemia, fortaleciendo el Programa Nacional contra el SIDA, aumentando las asignaciones presupuestarias y mejorando los esfuerzos en materia de educación e información sobre el VIH/SIDA.

91. Se ha estimado que de los 75.000 hombres afectados, 10.000 son soldados, y 5.000 policías, ambos grupos de gran movilidad y con un alto nivel de actividad sexual. Las investigaciones revelan que en más del 90% de los casos la transmisión del VIH ocurre durante el acto sexual sin preservativo. Desde luego, las prostitutas están especialmente expuestas cuando realizan el acto sexual sin protección. Aunque según se informa se dispone de preservativos en más del 90% de los prostíbulos, muchas prostitutas no están en condiciones de imponer su uso. Se estima que un 39% de ellas ya han quedado infectadas por el VIH, o sea una de las tasas más altas de Asia. El riesgo de infección es aún mayor entre las prostitutas jóvenes tanto por razones biológicas como porque los clientes las prefieren por ser menos probable que ya estén infectadas.

92. Las implicaciones de la epidemia de VIH/SIDA son graves para todas las mujeres en una sociedad donde pueden ser obligadas a realizar el acto sexual sin su consentimiento, dentro o fuera de sus hogares, donde su nivel de educación limita probablemente su acceso a información sobre el VIH/SIDA y su prevención, y donde niveles elevados de otras enfermedades transmitidas por contacto sexual, no tratadas, las predisponen a la infección por el VIH/SIDA.

93. Además de las consecuencias obvias del VIH/SIDA para los afectados y sus familias, la propagación de la epidemia impone una fuerte carga a un servicio sanitario puesto a prueba ya por los problemas existentes. El costo anual de atención por cada paciente con SIDA en 1999 se estima en 291 dólares de los EE.UU., o sea más de diez veces el gasto per cápita actual en materia de salud.

94. Al Representante Especial también le preocupa que estos problemas de costos y la falta de conciencia de una gran parte de la población entrañen una reducción de las posibilidades de tratamiento para la mayoría de los infectados.

95. El Representante Especial toma nota de que el bajo nivel de representación de la mujer en la vida pública constituye un obstáculo para hacer frente a problemas sociales que afectan especialmente a la mujer. Pese a que diez mujeres fueron elegidas para la Asamblea Nacional en 1998 (de un total de 122 miembros), sólo nueve permanecen en el cargo pues las demás renunciaron para asumir cargos de gobierno. Las mujeres están mal representadas en el nuevo Gobierno. De un total de 35 ministros de categoría superior y ordinaria, sólo 2 son mujeres; de los 52 secretarios de Estado, 4 son mujeres; y de los 124 subsecretarios de Estado, 4 son mujeres. Sin embargo, el Representante Especial toma nota del nombramiento de una mujer para el cargo de Ministro de Asuntos de la Mujer y de los Veteranos, y de la reciente aprobación de un plan de acción quinquenal del Ministerio, centrado en las esferas clave de la educación académica y no académica, la potenciación económica, la salud reproductiva (incluida la prevención del VIH/SIDA) y la protección jurídica.

96. El Representante Especial sigue preocupado por las cuestiones relativas a la salud de la mujer, en especial en materia de salud reproductiva. Pese a los esfuerzos combinados del Gobierno, de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales, la mortalidad materna sigue siendo elevadísima, estimada en 473 por 100.000 nacidos vivos en 1995. Es poco probable que se alcance el objetivo nacional de reducir la tasa a menos de 300 por cada 100.000 para el año 2000. Aunque se están desplegando muchos esfuerzos para aumentar el acceso a los servicios sanitarios, sólo el 32% de la población de mujeres a la que se espera atender recibe atención prenatal y está totalmente protegida contra el tétanos. El 75% de los partos tienen lugar en el hogar. En este contexto, son muy importantes los esfuerzos de diversos organismos para mejorar los conocimientos y capacidades de las parteras tradicionales.

97. Las mujeres pertenecientes a minorías étnicas que viven en zonas remotas tienen riesgos de salud todavía mayores. Durante la reciente visita del Representante Especial a Ratanakiri, provincia donde más del 75% de la población pertenece a minorías étnicas, recogió información según la cual menos del 20% de la población recibe atención prenatal y sólo un 16% está inmunizado contra el tétanos. El 78% de los partos ocurren en el hogar. De un total de 839 nacimientos registrados por los servicios sanitarios en Ratanakiri en 1997, 26 niños nacieron muertos y 3 mujeres murieron, tasas respectivamente 4 y 5 veces mayores que la media nacional registrada por el Departamento de Planificación del Ministerio de la Salud en 1997.

98. Muchos factores minan la salud de las mujeres de las minorías étnicas: falta de acceso a servicios sanitarios en las zonas escasamente pobladas donde viven, barreras culturales y lingüísticas que impiden su contacto efectivo con el personal sanitario, higiene y nutrición inadecuadas, y bajos niveles de educación e información. El paludismo es un problema agudo en las zonas donde residen las minorías, alcanzando tasas de infección del 40%. Sin embargo, la campaña para distribuir mosquiteros impregnados con insecticida, que cuenta con el apoyo de la OMS, está produciendo resultados palpables en las aldeas de minorías en que ya se ha realizado (hasta ahora el 60%).

99. El consumo de tabaco (tanto cigarros como pipas) está muy difundido entre los hombres y las mujeres, y los niños comienzan a fumar desde pequeños. El bocio debido a la falta de yodo es común y también lo es el cretinismo. El Representante Especial encomia los esfuerzos del Gobierno y de algunas organizaciones colaboradoras para lograr que a partir del año 2000 casi toda la sal sea yodada, e insta a las autoridades a que velen por que las comunidades minoritarias tengan efectivamente acceso a esa sal. Acoge con agrado las actividades de divulgación destinadas a las comunidades minoritarias, previstas para 1999, que incluirán el suministro de un suplemento de vitamina A para los niños, la lucha contra los parásitos intestinales y un suplemento de yodo para las mujeres embarazadas y niños pequeños, además de un programa intensificado de detección, tratamiento y prevención del paludismo.

100. En informes anteriores el Representante Especial mencionó que la educación de la mujer dejaba mucho que desear y que se observaba un alto índice de abandono escolar entre las niñas. Por consiguiente, ve con agrado el Plan de Acción Nacional para la Educación de la Niña, de 1998, en el que se señalan prioridades y estrategias para atender las necesidades básicas de las niñas en el ámbito de la educación. La tasa general de alfabetización es de 55% entre las mujeres cifra inferior al 79% que se registra entre los hombres; la disparidad es incluso mayor en los sectores más pobres y en las zonas alejadas. En cuanto a la asistencia escolar, alrededor de un 42% de las mujeres mayores de 15 años no han asistido nunca a la escuela, mientras que entre los hombres la cifra es de 21%. Las tasas actuales de matrícula escolar demuestran que, a la edad de 15 años, la matriculación de los varones es 50% superior a la de las mujeres.

101. Las grandes distancias y los temores de los padres por la seguridad de sus hijas son factores que los disuaden de enviarlas a la escuela. La falta de instalaciones sanitarias adecuadas es quizás otro factor que impide que las niñas vayan a la escuela; las cifras oficiales demuestran que 72% de las escuelas no tienen letrinas. Además, las niñas deben ocuparse de los hermanos menores mientras los padres trabajan. No obstante, las muchachas que se matriculan y logran seguir asistiendo a clases suelen rendir más que los varones, observándose en ese grupo tasas de repetición más bajas y mejores resultados en los exámenes.

102. En las zonas alejadas, el problema de la escasa matriculación y permanencia de las muchachas en el sistema escolar es aún más notable. La falta de internados de hecho impide que los niños (varones o niñas por igual) asistan a la escuela en las ciudades donde se encuentra la mayoría de ellas.

103. La actividad económica de la mujer es otro motivo de preocupación para el Representante Especial. Su participación en el mercado laboral se ve limitada por un nivel de educación en general inferior y por lo que al parecer es un sistema de discriminación en su contra. Tanto en el sector privado como en el servicio público, las mujeres con las mismas calificaciones que los hombres normalmente perciben un sueldo más bajo, gozan de menos beneficios y no tienen las mismas oportunidades de promoción. La comparación de los salarios en los seis grupos laborales más importantes, una vez tenidas en cuenta las diferencias de experiencia y educación, demuestran que la mujer gana alrededor de un 36% menos que el hombre.

104. El Representante Especial elogia la labor del Ministerio de Planificación que, con el apoyo del PNUD, ha señalado estas y otras cuestiones relacionadas con la condición de la mujer en el Informe sobre el Desarrollo Humano en Camboya de 1998.

105. En Camboya, los niños menores de 15 años representan un 45% de la población. La consiguiente tasa de dependencia elevada (la relación entre la población no activa y la población activa) tiene graves consecuencias en el bienestar social y económico de los niños, en particular los pertenecientes a familias numerosas. Las investigaciones recientes muestran una evidente relación entre el tamaño de la familia y la pobreza. Mientras que sólo un 11% de los hogares integrados por dos personas son pobres, la proporción aumenta constantemente hasta llegar a 58% en los hogares integrados por diez personas. El bienestar económico también está en peligro por el rápido crecimiento demográfico, que ejerce una importante presión sobre la disponibilidad de tierra cultivable, el medio de subsistencia del 80% de la población.

106. La educación de los niños y su condición sanitaria preocupan especialmente al Representante Especial. Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño, que Camboya ha ratificado, protege los derechos a la educación y a la salud, aún quedan por resolver muchas cuestiones importantes. Si bien en estos últimos años se han hecho importantes esfuerzos, con un decidido apoyo de la comunidad internacional, por crear y equipar escuelas y formar maestros, es aún mucho lo que queda por hacer. Alrededor de un 50% de los niños que ingresaron al primer grado en 1996-1997 abandonaron la escuela por completo o debieron repetir el año. En los grados siguientes, entre 30 y 40% de los niños no lograron pasar de grado. Más de medio millón de niños de entre 6 y 11 años no asisten a la escuela.

107. La falta generalizada de docentes formados tiene efectos negativos en todos los niveles del sistema educativo: los docentes mejor formados trabajan en el nivel secundario, al que llegan muy pocos niños. Es inevitable que el desempeño de los maestros se resienta por los bajos sueldos, situación que los obligó a hacer huelgas en todos los niveles de la enseñanza a comienzos de 1999.

108. La educación se imparte solamente en idioma jemer, hecho que aumenta las tasas de abandono y repetición entre los niños de los grupos minoritarios. Sólo un 25% de los niños de las regiones minoritarias que ingresan en el primer grado pasa al segundo, la tasa nacional, ya de por sí baja, es de 50%. De hecho, muchos niños de las minorías nunca asisten a la escuela, a pesar de que los padres afirman que les gustaría que sus hijos recibieran educación. En Ratanakiri, donde un 75% de la población está integrada por grupos minoritarios, sólo uno de cada diez niños que finalizan la escuela primaria pertenece a una minoría. El sistema educativo de Ratanakiri se enfrenta además con el problema de la falta de maestros formados, ya que muy pocas personas capacitadas están dispuestas a vivir en una región tan distante, donde existen pocas oportunidades de complementar los magros salarios.

109. En vista de que la población de las zonas lejanas tiene un acceso limitado al sistema de educación escolar, el Representante Especial elogia los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales por promover planes de educación no escolar para las comunidades minoritarias recurriendo a maestros voluntarios de las propias comunidades y a un programa de estudios que refleja su realidad cotidiana. También toma nota de la transcripción en curso de los idiomas minoritarios que existen sólo en forma oral y espera que esas transcripciones ayuden a superar las dificultades que enfrentan los niños de las minorías en el sistema educativo escolar basado en el idioma jemer.

110. El gasto oficial en la educación se ha reducido en el curso del último decenio. El Representante Especial insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos por que todos los niños camboyanos puedan ejercer su derecho a la educación básica y que contemple la posibilidad de reasignar al sector educativo fondos que se habían destinado a la defensa, en vista de que la amenaza a la seguridad nacional se ha reducido significativamente en los últimos tiempos. Según las estimaciones provisionales, el sector de la defensa en 1998 absorbió un 52% de los gastos corrientes, mientras que el sector de la educación sólo representó un 12%. El Representante Especial observa que en el presupuesto para 1999 se han aumentado los créditos para la educación, que espera se desembolsen efectivamente. También opina que se debe asignar prioridad a la cooperación en este ámbito entre Camboya y los donantes internacionales.

111. Los limitados créditos presupuestarios para la educación han sido otra desventaja para los niños de las familias más pobres. Aunque en la Constitución se establece que la educación debe ser gratuita para todos, los costos son elevados. Las familias deben pagar la matrícula, los uniformes, útiles y libros, el transporte y los gastos de enseñanza. En un estudio realizado en 1997 se demostró que los padres y la comunidad sufragan el 75% de los gastos reales de educación y que el Estado sólo aporta el 13%. El Representante Especial ve con agrado la decisión del Gobierno de aumentar a 3% la proporción del PIB destinada a la educación para el año 2002.

112. También inquieta al Representante Especial la cuestión del gasto en el ámbito de la salud, que sigue dependiendo gran medida de la asistencia externa de diferentes fuentes. Según las cifras del PNUD correspondientes a 1990, los países menos adelantados, grupo en el que se incluye a Camboya, gastan en promedio 1,9% del PIB en salud. En cambio, en 1998 el Gobierno de Camboya gastó sólo 0,57% del PIB en ese sector, lo cual representó una reducción respecto del 0,67% de 1997. El Representante Especial se felicita de la decisión del Gobierno de aumentar a 2% la proporción del PIB destinada al sector de la salud en el año 2002. Entre tanto, insta al Gobierno a garantizar que el Ministerio de Salud reciba todos los fondos que le han sido asignados en el presupuesto, en vista de que en 1998 sólo se desembolsó un 75% de las asignaciones presupuestarias.

113. La pobreza fomenta el creciente problema de los niños de la calle. Las medidas represivas no son una solución. Se ha informado al Representante Especial de que la policía suele detener brevemente y golpear a los niños de la calle. A comienzos de enero la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya intervino ante el comandante de una comisaría de distrito de Phnom Penh pidiendo la aplicación de sanciones disciplinarias a tres de sus subordinados que habían propinado una fuerte paliza a siete niños de entre 14 y 18 años, acusados de robar una maleta perteneciente a un policía.

114. Los niños figuran también entre las personas detenidas y encarceladas ilícitamente con el fin de "limpiar" las calles de Phnom Penh. En diversas ocasiones agentes del orden armados han hecho redadas de centenares de personas sobre quienes no pesaba ninguna sospecha, y las han llevado a un centro de detención dependiente de la municipalidad de Phnom Penh. En diciembre de 1998 representantes de la Oficina se reunieron con el primer Gobernador Adjunto de Phnom Penh y expresaron su preocupación por estas detenciones ilícitas, la ausencia de base legal para utilizar estas instalaciones como centro de detención y las condiciones de vida allí imperantes. El primer Gobernador Adjunto aseguró a la Oficina que se cerraría el centro de detención y que se pondría fin a la práctica de detener y encarcelar ilícitamente a las personas que viven en la calle. Sin embargo, el centro estaba aún en funcionamiento a fines de enero.

115. En secciones anteriores del presente informe se han descrito algunos atentados contra ciudadanos vietnamitas y la expresión general de animadversión contra los vietnamitas en las manifestaciones postelectorales. El Representante Especial examinó estos problemas y otros aspectos de la situación de las personas de origen étnico vietnamita con dirigentes de la Asociación Vietnamita en octubre y nuevamente en enero de 1999. Le informaron de que su situación había empeorado durante el empadronamiento electoral en mayo de 1998, en que fueron acusados de fraude para obtener tarjetas electorales. Los comités electorales comunales habían retenido los documentos de identidad de algunos de ellos porque juzgaban que no hablaban correctamente el idioma jemer.

116. Además, el Representante Especial ha recibido un informe sobre tres familias de origen vietnamita detenidas en la frontera por las autoridades camboyanas en octubre de 1998 cuando se dirigían a Viet Nam. Se informó a dichas familias de que si viajaban a Viet Nam se les retendrían los documentos de identidad camboyanos y no podrían regresar al país. Una familia siguió viaje a Viet Nam y le retuvieron los documentos, mientras que las otras dos decidieron permanecer en Camboya. La retención de los documentos de identidad nacionales es sin lugar a dudas arbitraria y no tiene un sustento jurídico.

117. El Representante Especial planteó estas cuestiones en la reunión que mantuvo en enero con el Coministro del Interior, Sar Kheng, y sugirió que se definiera mejor la condición jurídica de las personas de origen vietnamita que vivían en Camboya desde hacía varios años y que se les proporcionara asistencia para obtener documentos de identidad cuando fuera necesario.

118. Las personas de origen vietnamita que se oponen al Gobierno de Hanoi han tenido problemas para manifestar sus opiniones políticas en Camboya. En octubre de 1998 se detuvo al Vicepresidente de un grupo denominado Movimiento Vietnamita Libre junto con otro miembro de la agrupación. En momentos de escribirse el presente informe se desconocía su paradero, pero se afirmaba que antes de la detención le habían advertido que debía poner fin a sus actividades en el grupo. Desde 1996 se ha detenido y deportado a Viet Nam a más de 20 miembros de este u otros grupos análogos, y algunos de ellos han sido encarcelados. Algunos de los deportados eran titulares de documentos de identidad camboyanos.

119. De conformidad con el derecho internacional, no debería deportarse a ningún ciudadano camboyano o extranjero a un país donde su vida o libertad corrieran peligro. El derecho de asociación es un derecho humano básico protegido por la ley camboyana; las personas de origen vietnamita deberían ver garantizado su derecho de reunión pacífica como cualquier otra persona.

120. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó el informe de Camboya acerca de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en marzo de 1998. El Comité tomó nota de las dificultades especiales que enfrentaba Camboya, así como de los aspectos positivos. Sin embargo, expresó preocupación por la situación de las personas de origen vietnamita y formuló una serie de recomendaciones. Una de ellas se refería a la enmienda de la Ley de nacionalidad. El Representante Especial recomienda que el Gobierno de Camboya estudie estas sugerencias en consulta, de considerarlo conveniente, con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya.

121. Con arreglo a las normas internacionales pertinentes, los pueblos indígenas deben tener derecho de acceso a sus tierras ancestrales y títulos de dominio; a utilizar sus recursos naturales; a ser consultados y a participar en la planificación, la adopción de decisiones y la ejecución de todo proceso de desarrollo que afecte a sus vidas y medios de sustento; a establecer sus propias asociaciones; a disfrutar de su propia cultura; a expresar su identidad y desarrollar sus costumbres y tradiciones; a profesar y practicar su religión y utilizar su idioma en privado y en público; a tener acceso a la enseñanza y recibir instrucción en su idioma materno; a tener acceso a una atención de salud adecuada y a una educación apropiada; y a ser protegidos de toda discriminación y explotación.

122. Los medios de subsistencia y la supervivencia de los pueblos de las regiones montañosas de Camboya dependen casi por completo del entorno natural, cuyas formas de explotación son los cultivos migratorios y la recolección de productos forestales. No obstante, la tenencia y el uso tradicionales de estos recursos naturales no son reconocidos actualmente en la ordenación territorial nacional o local ni mediante los derechos a la tierra o los títulos de propiedad correspondientes. Personajes políticos poderosos, entre ellos oficiales del ejército, se dedican a una desenfrenada especulación sobre las tierras y a la explotación abusiva de los recursos naturales en detrimento de los intereses de los pueblos de las regiones montañosas. Éstos están especialmente expuestos a dichos abusos por sus bajas tasas de alfabetización, su escaso dominio del jemer, la falta de recursos financieros, el desconocimiento de sus derechos y de la ley en general y la falta de acceso a un sistema de justicia imparcial.

123. Las numerosas e importantes concesiones madereras en la provincia de Ratanakiri de los últimos años deben entenderse también como un problema de derechos humanos. Su otorgamiento se decidió sin consultar a las autoridades provinciales, la población local o las organizaciones internacionales y no gubernamentales que realizan tareas de desarrollo en la provincia y sin que se hicieran estudios adecuados para evaluar sus repercusiones sociales y ambientales. Durante su visita, muchos funcionarios, personal de las Naciones Unidas, agentes de desarrollo y aldeanos de la localidad informaron al Representante Especial de las consecuencias negativas de la tala irresponsable y los abusos cometidos por los titulares de las concesiones y las autoridades locales pertinentes, en particular la policía y los militares.

124. Un grupo no gubernamental de expertos denominado Global Witness informó en enero de 1999 de que la tala en Ratanakiri había alcanzado en 1998 una intensidad nunca vista. Según los estudios realizados con el apoyo del Banco Mundial, si se mantienen las prácticas y los volúmenes de tala actual se habrá talado toda la madera valiosa de Camboya en el año 2003. Algunos de los problemas que ya se han observado como consecuencia de la deforestación son la erosión del suelo volcánico rojo sumamente fértil de las alturas de Ratanakiri, las inundaciones de 1996 y 1997, la sequía de 1998, la reducción del número de peces en los arroyos forestales y el descenso de la napa freática. De hecho, los efectos de la deforestación se hacen sentir en todo el país, puesto que el volumen de pesca se redujo en alrededor de un 60% entre 1993 y 1997. El consumo de pescado representa alrededor de un 75% del consumo de proteínas de la población rural de Camboya.

125. El Representante Especial habló con varios habitantes de las zonas montañosas que han sido víctimas de acoso e intimidación por parte de los militares al protestar contra la tala ilegal en sus tierras ancestrales. Mediante intimidaciones o sobornos los obreros forestales se han valido de los aldeanos para reconocer los árboles más valiosos de cada zona y luego cortarlos. Se informó al Representante Especial de que oficiales superiores de la Región Militar 1 han conseguido permisos para talar árboles y exportar la madera, violando así la prohibición de la tala que se autoimpuso Camboya el 31 de diciembre de 1996. Una vez concedidos, los permisos se han utilizado para talar volúmenes mucho mayores que los indicados.

126. El Representante Especial planteó la cuestión de la tala al Primer Ministro el 21 de enero de 1999 y le informaron de que se estaban tomando medidas para aplicar la prohibición. El Primer Ministro dijo que se pondría fin a la participación de los militares en dicha actividad y que se reexaminarían las concesiones existentes no utilizadas. En este contexto, el Representante Especial toma nota de la carta del Primer Ministro de 6 de enero de 1999 en la que se recuerdan las normas reglamentarias ya existentes para controlar la tala ilegal y se insta a los ministros del Gobierno y a los gobernadores militares y provinciales a velar por su aplicación estricta. También toma nota del anuncio del Primer Ministro de 25 de enero sobre las medidas de ordenación forestal y la eliminación de la tala ilegal.

127. El Representante Especial ve con agrado la inclusión de las cuestiones forestales en el programa provisional del Grupo Consultivo sobre Camboya que se reunirá a fines de febrero de 1999. El Gobierno debe poner en práctica las recomendaciones fundamentales sobre el sector forestal formuladas en un estudio de consultores financiado por el Banco Mundial en 1998. Algunas de las medidas urgentes son confeccionar inventarios forestales; clasificar las tierras forestales y el uso actual de la tierra; adoptar una política clara sobre las nomas mínimas para la ordenación forestal sostenible; preparar una ley de silvicultura clara y aplicable; realizar un examen a fondo de las concesiones actuales y futuras; asegurar la transparencia en la ordenación territorial y la asignación de tierras; reconocer, apoyar y proteger las iniciativas comunitarias en el ámbito de la silvicultura; adoptar medidas para reforestar las zonas degradadas con árboles autóctonos y establecer normas para las industrias forestales y el comercio de la madera que garanticen un ingreso sostenible a largo plazo proveniente de los impuestos forestales y la participación en las ganancias.

128. Entretanto, también deberían tomarse medidas para que toda empresa que participe actualmente en las actividades de tala, y de elaboración o exportación de la madera, suspenda sus operaciones hasta que pueda demostrarse que son plenamente legítimas y conformes a la política forestal nacional. Al respecto, el Representante Especial señala que en una conferencia sobre este tema celebrada en febrero de 1999 el Gobierno resolvió revisar las concesiones y ultimar el proyecto de ley sobre ordenación forestal a más tardar en marzo de 1999.

129. El Representante Especial también recomienda al Gobierno que modifique el procedimiento para otorgar las concesiones, que en la actualidad no es transparente ni tiene en cuenta la necesidad de promover la conservación de los bosques y otros recursos naturales fundamentales. Antes de otorgarse una concesión, deben evaluarse sus efectos en el medio ambiente y celebrarse consultas exhaustivas con las comunidades cuyos medios de sustento pueden verse afectados.

130. A pesar de la intención declarada del Gobierno de adoptar medidas enérgicas contra la tala ilegal, existe el peligro de que dicha actividad continúe en tanto no se someta a la justicia y se castigue a los responsables, en particular los empresarios, militares, funcionarios públicos y políticos. Es esencial que el Gobierno supervise en forma permanente las actividades de tala en estrecha cooperación con las autoridades provinciales, las comunidades locales y observadores independientes. Los encargados de la supervisión deben contar con la protección del Gobierno. El Representante Especial recomienda que los países vecinos de Viet Nam, es decir la República Democrática Popular Lao y Tailandia, hagan todo lo posible por que se respete de su lado de la frontera la prohibición de la tala impuesta por Camboya.

131. El Gobierno nacional debe examinar y estudiar a fondo las recomendaciones del seminario sobre la tierra y los recursos forestales que se celebró en Ban Lung en noviembre de 1998, con la participación de representantes oficiales de las cinco provincias nororientales (Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Katrie y Mondulkiri). El Representante Especial ve con agrado la decisión del Comité Interministerial para el Desarrollo de los Pueblos de la Región Montañosa de patrocinar, como actividad complementaria, un seminario nacional sobre el uso de la tierra y los recursos forestales por las comunidades indígenas de Camboya nororiental, que se celebrará en marzo de 1999. Toma nota con reconocimiento de los esfuerzos del proyecto CARERE, patrocinado por el PNUD, por promover los intereses de estas comunidades indígenas.

132. El derecho de las comunidades indígenas de acceder a la tierra y a los recursos naturales de los que depende su sustento, se encuentra amenazado no sólo debido a la tala y las plantaciones, sino también por la usurpación de la tierra, que se produce por diferentes vías: soborno a los miembros más débiles de una comunidad, falsas promesas, incentivos o simplemente intimidación y violencia. Durante su visita, el Representante Especial se reunió con aldeanos de Chet, en la comuna de Sioung, distrito de Bokeo. Tanto ellos como algunas personas de dos aldeas cercanas habían sido engañados y habían firmado documentos que no podían leer y que les presentaron como si fueran recibos por el regalo de cuatro toneladas de sal. El jefe de policía del distrito les informó posteriormente de que habían dado su consentimiento a la venta de 5.000 hectáreas de tierra a cambio de la sal y que debían abandonar sus tierras agrícolas, conservando sólo sus viviendas y un pequeño terreno circundante. Según se afirma, se recurrió al mismo tipo de engaño para "comprar" tierras agrícolas en la aldea de Kok, en la comuna del mismo nombre, distrito de Bokeo, por una suma muy inferior a su valor real.

133. Se estima que alrededor de un 75% de la población de Ratanakiri está integrada actualmente por pueblos montañeses. El Representante Especial considera que una inmigración en gran escala a esa provincia de pueblos no pertenecientes a la zona constituiría una nueva amenaza a la cultura y los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas, especialmente habida cuenta de que quedan por resolver cuestiones sobre la propiedad y la distribución de la tierra. Por consiguiente, se deberían evaluar los planes de reasentar a los soldados desmovilizados o instalar a refugiados repatriados en esa provincia para determinar las posibles repercusiones que podrían tener en la población actual.

134. En la provincia de Ratanakiri hay 2 zonas importantes bajo protección nacional y otras 12 zonas protegidas, pero no existen medios suficientes para asegurar una ordenación, control y protección adecuados de las mismas. Aunque el Parque Nacional de Virachey tiene un buen apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y el Fondo Mundial para la Naturaleza, es objeto de una explotación forestal y recolección de rota y bambú ilegales desde el otro lado de la frontera por empresas vietnamitas. Ello afecta a la situación ecológica del parque y al sustento de la población indígena que vive dentro del parque. El Representante Especial elogia al Ministerio del Medio Ambiente por proteger el permanente derecho de unas 12.000 personas de las zonas montañosas a vivir en la zona central y en las zonas que separan al parque de sus aledaños, donde desempeñan también una función en la ordenación y preservación del parque. Recomienda que la última de estas zonas se añada a la zona central ya oficialmente protegida y se coloque bajo la administración del Ministerio del Medio Ambiente. Se debería prohibir toda forma de concesión y privatización en todas las zonas del parque y en otras zonas protegidas.

135. Existen planes preliminares para construir grandes presas para la producción de energía eléctrica en el noreste de Camboya. Ha causado preocupación en la provincia la noticia de que el Banco Asiático de Desarrollo y la Comisión del Río Mekong han realizado recientemente estudios de viabilidad para la construcción de presas en la cuenca baja de los ríos Sesan y Srepok, lo que embalsaría esos ríos en su confluencia e inundaría las zonas ribereñas de la provincia de Ratanakiri. Dados los posibles efectos de esos proyectos en las comunidades indígenas y en su entorno natural, el Representante Especial recomienda que se revisen cuidadosamente esos planes. Tanto en esos como en otros planes de desarrollo en gran escala se debe permitir que la población participe en su preparación.

136. Las culturas, las lenguas y las creencias de las zonas montañosas son en ciertos aspectos muy diferentes de las de las tierras bajas jemer. En algunos casos ello ha dado lugar a la formación de prejuicios entre la población mayoritaria. El Gobierno tiene una función esencial que desempeñar de informar al público en general acerca de las diferentes culturas que existen en el país, su igual valor y su importancia como elementos que contribuyen a la diversidad nacional. El Representante Especial elogia las iniciativas tendientes a transcribir las lenguas locales no escritas y recoger los cuentos, la música y las danzas populares y otras formas de expresión cultural de los pueblos de la montaña.

137. El Representante Especial recomienda al Gobierno que adopte y aplique el proyecto de política nacional sobre el desarrollo de los pueblos de la montaña, presentado por el Comité Interministerial para el Desarrollo de los Pueblos de la Región Montañosa al Consejo de Ministros en octubre de 1997 después de un largo proceso participativo de consulta. El proyecto de política proporciona un buen marco para proteger los medios de sustento, la identidad y la cultura de los pueblos de la montaña.

138. La tierra es esencial para la supervivencia de la población rural pobre de Camboya, ya que sus medios de subsistencia y sobrevivencia dependen directamente de su acceso y utilización de la tierra. El cultivo del arroz, que a menudo sólo está complementado con la pesca y los cultivos forrajeros, es para muchos la única base real de su seguridad alimentaria.

139. Los campesinos camboyanos están perdiendo aceleradamente su tierra a causa de la privatización en gran escala de los bosques y las tierras pantanosas que anteriormente eran recursos comunes accesibles para todos. El elevado costo del crédito, con tipos de interés que algunas veces se sitúan entre el 15 y el 40% mensuales, conduce al endeudamiento y, de resultas de ello, a la venta de la tierra. La Ley de la tierra de 1992, actualmente en vigor, constituye en sí misma un problema a causa de su vaguedad y ambigüedad. El sistema administrativo para el registro de la tierra carece de recursos técnicos y humanos, por lo que no es eficiente. En las controversias sobre la tierra los pobres están en desventaja y a menudo son víctimas de una expropiación forzosa.

140. Un Proyecto de Estudios de la Tierra de OXFAM ha estimado que en los últimos seis años al menos la mitad de la tierra de Camboya anteriormente disponible ha pasado a ser inaccesible para la población rural pobre, y que menos del 10% de los que ocupan la tierra tienen algún título de tenencia, aún de la forma más precaria. Este hecho, unido a las expectativas de que la población camboyana se doble en los próximos 20 años, exige el desarrollo urgente por parte del Gobierno de una política nacional de la tierra coherente y amplia. Hasta ahora no está claro cómo el Gobierno piensa asignar los derechos y el acceso a la tierra y cuáles son sus prioridades en lo que respecta a la utilización y aprovechamiento de la tierra. Antes de redactar cualquier ley efectiva, el Gobierno deberá establecer una política sobre la utilización y ordenación de la tierra y el derecho a la misma. Para elaborar esta política el Gobierno deberá consultar no sólo con todos los departamentos gubernamentales pertinentes sino también con los grupos de la sociedad interesados y afectados.

141. La ley de la tierra existente, redactada en 1992, reconoce de forma provisional y parcial los derechos a los bienes inmuebles. Por ejemplo, la Ley de la tierra sólo reconoce la propiedad de las viviendas, y excluye las tierras agrícolas de la propiedad privada. Aun cuando la ley establece que la posesión pacífica, pública y a largo plazo de la tierra, de buena fe, puede dar derecho a la propiedad, enumera unos requisitos adicionales que, en realidad, niegan este reconocimiento. Hasta ahora la mayoría de las personas que poseen tierras en Camboya no han cumplido esos requisitos, por varias razones: falta de información sobre los mismos, imposibilidad de pagar la contribución territorial, problemas de analfabetismo y otras dificultades en el procedimiento de obtención del título de propiedad de la tierra. Además, los altos niveles de corrupción y los conflictos de intereses con los funcionarios crean dificultades.

142. La Ley de la tierra tampoco trata suficientemente de otras cuestiones relativas a la propiedad y explotación de la tierra, como hipotecas y transacciones garantizadas en relación con la tierra, donaciones, contratos de venta de la propiedad, modos de sucesión, y el propio procedimiento de obtención de un título de propiedad de la tierra. Además, la Ley de la tierra no tiene en cuenta las diferentes necesidades y derechos de los pueblos indígenas, muchos de los cuales desean tener derechos de propiedad comunales en lugar de individuales. La ley tampoco trata de la cuestión de las concesiones, que constituye una parte importante de al actual explotación de la tierra. Un problema adicional es que los tribunales, a causa de las deficiencias de la Ley de la tierra, aplican textos jurídicos anteriores, como algunos decretos del decenio de 1980, que actualmente ya no son apropiados.

143. En Camboya el procedimiento para la obtención de un título de propiedad de la tierra es injustificadamente oneroso, y no existe ningún registro catastral. El proceso para la obtención de un título abarca varios niveles administrativos. Actualmente hay en Camboya 4 millones de solicitudes pendientes para obtener título de propiedad y explotación de la tierra en trámite en las diversas oficinas de títulos de la tierra. En los últimos diez años esas oficinas han tramitado sólo el 10% de todas las solicitudes de títulos de propiedad de la tierra. En esencia, el procedimiento de obtención del título de propiedad de la tierra se reduce hoy día a una carrera: el que registra la propiedad primero es reconocido como dueño legítimo de la propiedad, aunque otras personas hayan poseído la propiedad durante largo tiempo y, por consiguiente, deban ser considerados como los propietarios legítimos.

144. Los litigios por la tierra y los desalojos son corrientes. Un caso reciente ocurrió el 10 de enero de 1999 en la carretera 5 de Banteay Meanchey, cerca de la frontera tailandesa, cuando la policía y los soldados obligaron a 150 familias a abandonar sus hogares. Veinte casas fueron derribadas en el lugar. Las familias presentaron una queja a un grupo local de derechos humanos diciendo que habían vivido en esa tierra desde 1991, habían ayudado a limpiarla de minas y tenían autorización para vivir allí. Las familias afirmaron también que un comandante militar había dicho que la tierra le pertenecía.

145. En otro litigio murió Pourng Tong, un miembro de la organización no gubernamental de derechos humanos, Asociación de Derechos Humanos y Desarrollo en Camboya, en la provincia de Kandal, el 19 de diciembre de 1998. Había asistido a 15 familias en un litigio sobre la tierra con una empresa de grava y las había ayudado a presentar una queja en el tribunal provincial cuando la empresa había tratado de desalojarlos. El autor del asesinato que, según se informó, era un guardaespaldas de la empresa, le disparó a la puerta de su propio domicilio. La policía provincial ha iniciado investigaciones pero nadie ha sido detenido todavía en el momento de preparar este informe.

146. Los resultados preliminares del estudio llevado a cabo por OXFAM indican que en la mayoría de los litigios sobre la tierra las autoridades locales, incluidos los agentes del orden público y las autoridades militares, están implicadas como partes. Los tribunales provinciales han informado de que cada mes ven hasta 30 casos de litigios sobre la tierra. El proyecto de revisión de la Ley de la tierra propuesto, pese a suprimir algunas de las deficiencias de la ley, no garantiza, por ejemplo, a las personas que poseen la tierra desde hace mucho tiempo el derecho a la propiedad. La posesión de hecho y explotación de la tierra durante cinco años, sin violencia y de buena fe, de conocimiento público y sin interrupción (excepto para el barbecho) o fraude, deberían constituir las únicas condiciones para una posesión temporal que conduzca a la propiedad plena. Es también importante para los pueblos de las montañas que se permita la propiedad comunal.

147. La sección sobre concesiones del proyecto de ley es inadecuada por lo que respecta a los procedimientos: hay una necesidad de transparencia y se debe garantizar a todos los sectores de la sociedad y no sólo a las empresas el derecho a las concesiones. Las disposiciones propuestas sobre sucesión son indebidamente onerosas y discriminatorias contra las cónyuges supérstites. El proyecto de ley de la tierra tampoco protege suficientemente los derechos de los pueblos indígenas. Debería estar prohibido otorgar ningún derecho privado, como derechos de concesión, en los parques nacionales y propiedades públicas análogas.

148. En anteriores informes el Representante Especial ha formulado una serie de recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Camboya. Las principales sugerencias han quedado reflejadas en las resoluciones sobre Camboya de la Asamblea General y de la Comisión. Han tratado de los problemas particulares que exigen la intervención del Gobierno, como las ejecuciones extrajudiciales, y de la necesidad de introducir reformas legales y estructurales para ampliar la protección y promoción de los derechos humanos. El Representante Especial ha planteado también casos individuales de violaciones de los derechos humanos.

149. Aun cuando el Gobierno ha reconocido la necesidad de realizar importantes reformas estructurales en materia de derechos humanos, todavía no se ha progresado mucho en este sentido. Las investigaciones sobre crímenes recientes por razones políticas tampoco se han llevado a cabo con energía y determinación.

150. Por ello, la relevancia que se da a los derechos humanos en la nueva plataforma política del Gobierno de 23 de noviembre de 1998, en que la coalición manifestó su intención de adoptar el principio del pluralismo democrático y de respetar los derechos humanos como elementos fundamentales del progreso social, adquiere una importancia particular. El Gobierno manifestó que garantizaría y protegería las libertades del ciudadano garantizadas por la Constitución camboyana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Gobierno dijo que se oponía enérgicamente al odio racial y que mejoraría la estructura general de las instituciones de derechos humanos dependientes del Estado.

151. La plataforma del Gobierno postuló especialmente a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Al mismo tiempo puntualizó que existe una diferencia entre libertad y anarquía. Acogió bien las actividades y críticas constructivas de la oposición. Apoyó las múltiples actividades de las organizaciones no gubernamentales y declaró que la sociedad civil sería una copartícipe esencial del Gobierno en la construcción de Camboya.

152. Además, la plataforma puso de relieve la importancia del imperio de la ley como principio básico de la democracia y el mantenimiento del Gobierno y de todas las instituciones. Se necesitaba urgentemente una estructura jurídica sólida para poner fin a las agresiones contra la dignidad humana. Todas las personas nacían iguales y nadie debía estar por encima de la ley.

153. Los ministros con los que se reunió el Representante Especial en enero de 1999 explicaron con mayor detalle cómo iba el nuevo Gobierno a promover el imperio de la ley y mejorar la protección de los derechos humanos. Se reconoció que era necesario un gran esfuerzo legislativo. El Presidente de la Asamblea Nacional y la Comisión de Derechos Humanos y Recepción de Quejas del Parlamento declararon que aguardaban las propuestas del Gobierno, y el Ministro de Justicia había elaborado un plan para la redacción de las leyes más esenciales; también estaba planeando una reforma radical del sistema judicial.

154. El Primer Ministro prometió que se adoptarían enérgicas medidas contra la corrupción y el abuso de poder en todos los niveles, incluida la explotación forestal. Los dos Ministros del Interior y el Comité Camboyano de Derechos Humanos, organización gubernamental, estaban considerando la posibilidad de reformar ampliamente la policía. Los dos Ministros de Defensa reaccionaron positivamente a las sugerencias de reforzar la disciplina de las fuerzas militares e intensificar su educación en materia de derechos humanos. En el sector social, el Ministro de Asuntos de la Mujer y de los Veteranos estaba desarrollando un programa para combatir, entre otras cosas, el tráfico de drogas, la prostitución y la propagación del SIDA. El Ministerio de Educación deseaba aumentar la asistencia escolar y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la enseñanza. Al Ministro del Medio Ambiente le corresponde la tarea, particularmente delicada, de establecer en el futuro un equilibrio entre las exigencias del desarrollo económico y la protección de los recursos naturales, inclusive en beneficio de los pueblos indígenas.

155. El cumplimiento de esas promesas y planes contribuiría en gran medida a resolver los problemas que ha planteado el Representante Especial. Así pues, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que exprese su disposición a colaborar en este enorme desafío. La cooperación que haga posible un enjuiciamiento de los responsables de las violaciones masivas de los derechos humanos en 1975-1979 constituye solamente un primer paso, aunque muy importante. Serán necesarios asesoramiento y asistencia concreta para varios de los programas anteriormente enumerados, en particular las medidas para poner fin a la impunidad. Sin embargo, la principal responsabilidad seguirá recayendo, por supuesto, en las autoridades camboyanas.

156. La práctica de los derechos humanos depende en gran medida de las actitudes que adopten las personas que se hallan en el poder. La gente ordinaria comprende normalmente la importancia capital de tener derechos y velar por que se respeten. Incluso cuando las intenciones de los dirigentes políticos son perfectamente buenas, las normas de derechos humanos enunciadas en la Constitución y en los convenios internacionales, deben ser reforzadas mediante una legislación justa, un poder judicial eficaz e independiente y una policía no partidista y profesional. Evidentemente, la vigilancia por parte de los medios de información, los partidos de la oposición y las organizaciones voluntarias es esencial.

157. Muchas personas lo reconocen en Camboya. Ciertamente, el debate ha ido más lejos. La profundidad del problema de la impunidad, la propuesta de establecer una comisión de derechos humanos independiente y la decisión adoptada por el Primer Ministro de crear un comité gubernamental de derechos humanos con secciones al nivel local ha estimulado el debate sobre la forma de integrar los derechos humanos en la política del Gobierno en todos los niveles, y de lograr al mismo tiempo su vigilancia por órganos independientes.

158. Nada puede sustituir a un poder judicial independiente y a una policía imparcial. Sin embargo, una importante medida complementaria sería la adopción de un enfoque de derechos humanos en todos los ministerios pertinentes del Gobierno. Casi todos ellos deberían incluir los derechos humanos en su programa, en particular los que tratan de cuestiones económicas, sociales y culturales. Dentro de cada Ministerio podrían crearse órganos responsables que podrían coordinarse a través de una estructura interministerial.

159. Un enfoque semejante podría adoptarse en relación con las cuestiones de derechos humanos que atañen a las autoridades provinciales, de distrito y comunales. El objetivo sería mantener la dimensión de los derechos humanos en el primer plano.

160. También es importante que se haga hincapié en los derechos humanos en la labor de la Asamblea Nacional. En una situación ideal, todos los miembros canalizarían los problemas de derechos humanos desde sus circunscripciones. La Comisión de derechos humanos del Parlamento anterior hizo importantes contribuciones a un debate de principios y enunció las bases para la investigación de las quejas del público. La nueva Comisión de la Asamblea Nacional aseguró al Representante Especial que actuaría con ese mismo espíritu.

161. La coordinación dentro de las estructuras gubernamentales no debería confundirse con la propuesta de establecer una comisión autónoma o la oficina de un defensor del pueblo para vigilar de forma independiente la situación de los derechos humanos, inclusive la recepción de quejas. En algunos Estados vecinos de Camboya se han creado con éxito estructuras de esta clase, y tal vez haya llegado ya el momento de que Camboya empiece a prepararse para ello. Sin embargo, el Representante Especial tiene claro que la creación de esa comisión u oficina deberá basarse en una ley que proteja su independencia. Los métodos para la designación de sus miembros y su financiación deberán adoptarse con ese mismo espíritu. Es importante que el proceso de creación de la comisión o la oficina se lleve a cabo en amplia consulta con las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y otras instituciones y el público, para garantizar su imparcialidad y credibilidad.

162. Otra cuestión importante en el debate sobre las estructuras de derechos humanos es la función de las organizaciones no gubernamentales. Camboya dispone afortunadamente de varios grupos de derechos humanos enérgicos, competentes y maduros. Realizan una labor concreta de desarrollo y la mayoría de ellos llevan a cabo también al mismo tiempo actividades de vigilancia. Por lo que respecta a la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Camboya, la combinación de ambos aspectos es natural y, ciertamente, ellos son inseparables.

163. El Gobierno ha declarado ahora que esos grupos son sus colaboradores esenciales. Pero en este sentido es indispensable que las autoridades no socaven las organizaciones ni traten de asimilarlas, sino que las respeten tal como son. Su labor de vigilancia e información deberá acogerse con beneplácito o, por lo menos, no deberá impedirse. La detención injustificada de dos activistas de derechos humanos en Sihanoukville en diciembre de 1998 fue una lamentable señal que indujo al Representante Especial a sugerir al Gobierno que asegure públicamente a las organizaciones que su labor es y será respetada. El Gobierno debería presentar también a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales que garantice la libertad de asociación y sirva de apoyo y no de represión.

164. Es un buen síntoma que esas cuestiones se estén debatiendo actualmente en Camboya. Ciertamente, el Representante Especial desea informar de que ha observado que existe un compromiso generalizado de defensa de los derechos humanos no sólo en la sociedad civil sino también entre muchos funcionarios de Gobierno, el Parlamento y el poder judicial, así como entre los ciudadanos ordinarios, inclusive en las aldeas remotas.

Señor Secretario General,

En nombre del Gobierno y del pueblo de Camboya nos dirigimos a usted para pedirle la asistencia de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional a fin de llevar ante la justicia a las personas responsables del genocidio y los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el Gobierno jemer rojo, de 1975 a 1979.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Camboya, en su resolución de abril de 1997, pide:

"al Secretario General que, mediante su Representante Especial y en colaboración con el Centro de Derechos Humanos, examine toda solicitud de asistencia de Camboya para hacer frente a las graves violaciones del derecho camboyano e internacional cometidas en el pasado como medio de lograr la reconciliación nacional; fortalecer la democracia y abordar la cuestión de la responsabilidad individual."

Camboya no dispone de recursos ni de especialistas para llevar a cabo este importantísimo proceso. Por ello, creemos que es necesario solicitar la asistencia de las Naciones Unidas. Sabemos que se han hecho esfuerzos semejantes en respuesta al genocidio y los crímenes contra la humanidad ocurridos en Rwanda y la ex Yugoslavia, y pedimos que se preste a Camboya una asistencia igual.

Creemos que los crímenes de esta magnitud conciernen a todos los habitantes de la Tierra, ya que erosionan considerablemente el respeto por el derecho a la vida, que es el derecho humano más fundamental. Confiamos en que las Naciones Unidas y la comunidad internacional puedan ayudar al pueblo de Camboya a establecer la verdad acerca de este período y llevar a los responsables ante la justicia. Sólo de esta forma podrá ponerse fin completa y definitivamente a esta tragedia.

Aprovechamos la oportunidad para expresar al señor Secretario General las seguridades de nuestra consideración más distinguida.