Carta por el Ministro de Relaciones Exteriores y

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1994/120
2 de marzo de 1994

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
50º período de sesiones
Tema 12 del programa

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Carta de fecha 25 de febrero de 1994 dirigida al Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos en su 50º período de sesiones
por el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de
Papua Nueva Guinea

Situación en Bougainville: proyecto de resolución presentado
a la Comisión de Derechos Humanos

Excelentísimo señor Presidente:

Una vez más, Papua Nueva Guinea no está en condiciones de enviar una delegación al período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que se celebra actualmente en Ginebra. El motivo de la presente carta es el entendimiento del Gobierno de que la Comisión tiene ante sí un proyecto de resolución sobre la situación en Bougainville.

Al Gobierno de Papua Nueva Guinea le alarma saber que una vez más ciertos individuos han sometido a la consideración de la Comisión de Derechos Humanos un nuevo proyecto de resolución sobre Bougainville. Esa iniciativa no debería tolerarse porque sus motivaciones son otras y no tiene en cuenta la realidad de la crisis de Bougainville.

Los que pretenden defender el interés de la población de Bougainville desean desestabilizar a Papua Nueva Guinea y violar su soberanía e integridad territorial.

Con todo el debido respeto, deseamos hacer presente a la Comisión de Derechos Humanos que esa resolución no cumplirá ninguna finalidad.

La posición del Gobierno de Papua Nueva Guinea es la de que podrá salir por sí solo de esta lamentable crisis, con el mínimo de asistencia externa que considere necesario. La situación debe examinarse de cerca y con toda atención y cualquier injerencia externa haría más confusa la situación y prolongaría esta lamentable crisis.

El Gobierno confía en que podrá solucionar la situación en un futuro cercano.

En el caso del Gobierno de Papua Nueva Guinea, cabe señalar, sin exagerar, que el país y su Gobierno se cuentan entre los que ostentan el mejor historial de respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Desde el comienzo de su vida como Estado independiente en 1975, Papua Nueva Guinea incorporó en su Constitución disposiciones sobre derechos humanos que aseguran los derechos fundamentales y las libertades de la persona.

Esas disposiciones abarcan todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y algunos otros, con inclusión de la libertad personal, el derecho a no estar sometido a trabajos forzosos, a no ser objeto de registros y allanamientos arbitrarios, la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de información, el derecho a circular libremente y el derecho a la protección contra todo despojo arbitrario de bienes.

Una evaluación sincera de la situación en Papua Nueva Guinea no dejaría subsistir ninguna duda en cuanto a nuestra tradición de observancia y respeto de los derechos humanos.

Un examen de cerca de la aplicación de estas disposiciones en Papua Nueva Guinea será de gran utilidad.

Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos son completamente ajenas a las costumbres de Papua Nueva Guinea aun en los eventos más singulares de su vida política.

Lo mismo puede decirse de la desaparición de personas por motivos políticos.

Como fenómeno de la vida política, la desaparición es una práctica desconocida y sin precedentes en Papua Nueva Guinea.

En efecto, en la realidad actual de la estructura sociopolítica y la mentalidad de un pueblo de cultura melanesia, ese fenómeno no sólo estaría completamente reñido con nuestras normas sociales sino que sería imposible imaginar o prever que ocurra dado el hecho de que en Papua Nueva Guinea cada persona es el guardián de su hermano, o lo que en términos más populares se conoce como el sistema "wantok". En consecuencia, ningún "wantok" podría aceptar la "desaparición" de un miembro de su clan.

Desde luego, la práctica manifiesta del consabido "golpe en la puerta" al amanecer seguido de una "invitación" de los servicios de seguridad, sin que nunca más se sepa de la persona, no existe ni puede existir en Papua Nueva Guinea. Nuestra cultura es una garantía contra esta práctica atroz.

La inobservancia de los derechos humanos reviste la forma de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Constitución de nuestro país contiene disposiciones concretas que prohíben esos actos contra las personas.

Sin embargo, se ha observado que en ciertos casos algunos organismos encargados del mantenimiento del orden público ponen mucho celo en el cumplimiento de sus funciones y rebasan los límites admisibles para el uso de la fuerza en el tratamiento de las personas.

Pero esto no debería ser un cargo que empañe el historial de derechos humanos del Gobierno.

El Gobierno debe ser juzgado más bien por las políticas y los procedimientos que ha establecido para luchar contra esos abusos de derechos humanos y por la forma en que aplica tales políticas y procedimientos, en particular por intermedio de un poder judicial independiente y muy eficiente.

A este respecto, es notable la madurez con que Papua Nueva Guinea ha enfocado los recursos para que las personas lesionadas puedan reclamar reparación por la violación de sus derechos humanos.

Un ejemplo notable al respecto es el de una persona que ganó un juicio en el que pedía indemnización por haber perdido la vista estando en poder de la policía.

Incluso las fuerzas de defensa de Papua Nueva Guinea han sido procesadas en el caso de lesiones a las personas en el curso de sus operativos contra elementos criminales de Bougainville. En uno de esos casos, el demandante era un partidario reconocido del Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA).

Cabe agregar que el hecho de entablar una acción jurídica puede no entrañar ningún gasto para la persona lesionada dado que tiene derecho a los servicios gratuitos de un abogado público.

Pero si bien tenemos el ejemplo brillante de respeto de los derechos humanos por el Gobierno por intermedio del sistema jurídico, nada permite llegar a la conclusión de que nuestras fuerzas de defensa y organismos de mantenimiento del orden público tengan menos respeto por los derechos humanos, porque también ellos contribuyen a su aplicación.

Sobre la situación en Bougainville ha habido desinformación y presentación de información errada y completamente ajena a los hechos por parte de una organización criminal y del llamado Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA) y sus simpatizantes. El proyecto de resolución sobre Bougainville que tiene ante sí la Comisión en su actual período de sesiones es una nueva tentativa de inducir a error.

La rebelión interna de los terratenientes que posteriormente se convirtió en lo que ahora se llama la crisis de Bougainville ha entrañado para el Gobierno preocupaciones y gastos en los últimos años.

La cuestión de Bougainville no tiene nada que ver con el separatismo. El argumento del separatismo se ha invocado como una justificación ex post facto para dar una cierta legitimidad a las actividades rebeldes y las diversas atrocidades cometidas contra la población y el Estado.

Una controversia perfectamente legítima entre una empresa minera y los terratenientes tradicionales, que versaba sobre el aprovechamiento de los recursos, fue utilizada como pretexto por elementos criminales cuyas actividades impidieron celebrar negociaciones para una solución justa de la cuestión de la indemnización por el uso de la tierra para ampliar la gigantesca empresa minera del cobre Panguna, que a la época era la fuente de divisas más importante del país.

Durante toda esta difícil situación por la que ha atravesado la isla de Bougainville, la política del Gobierno ha sido y sigue siendo la de colaborar con los jefes y otros dirigentes elegidos así como con los dirigentes tradicionales o ancianos, para restablecer los servicios a la comunidad.

La situación en Bougainville es una cuestión interna de Papua Nueva Guinea y el Gobierno considera que puede solucionar por sí solo esa situación. Por ahora, el Gobierno no necesita solicitar asistencia internacional aun cuando en el futuro cercano le agradaría invitar a ciertas partes interesadas para que visiten la isla y observen personalmente la situación.

Toda tentativa de cualquier persona u organización internacional por imponer sus ideas en cuanto a cómo debe solucionarse este problema de Papua Nueva Guinea hará más daño que bien y por ello pedimos a la comunidad internacional que permita al Gobierno de Papua Nueva Guinea y a los jefes y dirigentes de Bougainville solucionar este problema sin que haya influencias indebidas.

En Papua Nueva Guinea se reflejan muchos aspectos de una misma cultura y somos un pueblo y una nación. En Papua Nueva Guinea no hay minorías. Todos somos de ascendencia melanesia y no existen fundamentos para ningún tipo de división ni distinción entre la población de Bougainville y la de otras regiones de Papua Nueva Guinea.

Aprovecho la oportunidad para informarle que en Papua Nueva Guinea se está creando una comisión nacional de derechos humanos y a este respecto deseo manifestar nuestro reconocimiento por los servicios de asesoramiento prestados por el Centro de Derechos Humanos.

Nos complace expresar a la Comisión de Derechos Humanos y a la comunidad internacional la seguridad de que el Gobierno de Papua Nueva Guinea tiene el más alto concepto de los derechos humanos de su pueblo que encuentran su garantía en la Constitución nacional y su reconocimiento en diversos convenios de las Naciones Unidas y otros instrumentos.

Por la presente, me permito solicitarle que esta carta se distribuya como documento oficial de la Comisión de Derechos Humanos en su actual período de sesiones.

(Firmado): Gabriel Dusava