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| Distr. GENERALE/CN.4/Sub.2/1999/19 12 de agosto de 1999 ESPAÑOL Original: INGLÉS |
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 | INTRODUCCIÓN | 1 - 3 |
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| I. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES | 4 - 28 |
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| A. Asistencia | 4 - 13 |
| B. Documentación | 14 - 15 |
| C. Apertura del período de sesiones | 16 - 25 |
| D. Aprobación del programa | 26 - 27 |
| E. Aprobación del informe | 28 |
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| II. EXAMEN DE LA SITUACIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS: DECLARACIONES GENERALES | 29 - 74 |
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| III. LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y SU RELACIÓN CON LA TIERRA | 75 - 104 |
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| IV. LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y LA SALUD: SEGUIMIENTO Y ACONTECIMIENTOS RECIENTES | 105 - 116 |
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| V. ACTIVIDADES NORMATIVAS | 117 - 126 |
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| VI. ESTUDIO DE LOS TRATADOS, CONVENIOS Y OTROS ACUERDOS CONSTRUCTIVOS ENTRE LOS ESTADOS Y LAS POBLACIONES INDÍGENAS | 127 - 142 |
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| VII. EXAMEN DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FORO PERMANENTE PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS | 143 - 151 |
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| VIII. DECENIO INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL MUNDO | 152 - 157 |
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| IX. CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA | 158 - 160 |
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| X. OTROS ASUNTOS | 161 - 163 |
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| XI. SESIÓN DE CLAUSURA | 164 |
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| XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 165 - 196 |
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| A. Examen de los acontecimientos ocurridos | 165 - 171 |
| B. Actividades normativas | 172 - 174 |
| C. Estudio de los tratados | 175 - 179 |
| D. Estudio de los derechos sobre las tierras | 180 - 181 |
| E. Foro permanente | 182 |
| F. Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo | 183 - 188 |
| G. Otros asuntos | 189 - 196 |
1. La creación del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas fue propuesta por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su resolución 2 (XXXIV), de 8 de septiembre de 1981, respaldada por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1982/19, de 10 de marzo de 1982, y autorizada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/34, de 7 de mayo de 1982. En su resolución, el Consejo autorizó a la Subcomisión a establecer anualmente un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas que se reuniría con el fin de:
a) Examinar los acontecimientos relativos a la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, incluida la información solicitada anualmente por el Secretario General a los gobiernos, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales regionales y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas, particularmente las de pueblos indígenas; analizar esos materiales y presentar sus conclusiones y recomendaciones a la Subcomisión, teniendo presentes en particular las conclusiones del informe del Relator Especial de la Subcomisión, Sr. José R. Martínez Cobo, titulado "Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas" (E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add.1 a 4);
b) Prestar especial atención a la evolución de las normas relativas a los derechos de las poblaciones indígenas, teniendo en cuenta tanto las semejanzas como las diferencias en lo que respecta a las situaciones y a las aspiraciones de las poblaciones indígenas en todo el mundo.
2. En virtud de su amplio mandato, además del examen de los acontecimientos y la evolución de las normas, que son temas específicos del programa del Grupo de Trabajo, éste ha examinado a lo largo de los años otras cuestiones diversas relacionadas con los pueblos indígenas. A la luz de la recomendación formulada por el Grupo de trabajo en su 16º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1998/16, párr. 164) en el programa provisional del 17º período de sesiones se añadieron los siguientes temas que figuran en el programa provisional "Los pueblos indígenas y su relación con la tierra"; "Los pueblos indígenas y la salud"; "Foro permanente para los pueblos indígenas"; "Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo"; "Conferencia Mundial de lucha contra el racismo y la discriminación racial"; "Otros asuntos".
3. En su resolución 1998/23, la Subcomisión pidió al Secretario General que preparara una lista anotada para el 17º período de sesiones del Grupo de Trabajo.
4 En su decisión 1998/109, la Subcomisión decidió que el Grupo de Trabajo tendría la composición siguiente en su 17º período de sesiones: Sr. Miguel Alfonso Martínez, Sr. Volodymyr Boutkevitch,
Sra. Erica-Irene Daes, Sr. El-Hadji Guissé y Sr. Ribot Hatano. Asistieron al período de sesiones el Sr. Alfonso Martínez, la Sra. Daes, el Sr. Guissé y el Sr. Hatano. El Sr. Boutkevitch no pudo asistir.
5. La Sra. Erica-Irene A. Daes fue elegida Presidenta-Relatora del 17º período de sesiones por aclamación.
6. Los siguientes 45 Estados Miembros de las Naciones Unidas estuvieron representados por observadores: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Malasia, Marruecos, Mauricio, México, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, Reino Unido Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sri Lanka, Sudáfrica, Ucrania y Venezuela.
7. Los Gobiernos observadores de Australia y el Canadá estuvieron representados por delegados de gobierno de alto nivel. El Senador John Herron, Ministro de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de Australia y el Sr. Robert Watts, Viceministro Adjunto a cargo del Departamento de Asuntos Indios y de la Región Septentrional del Canadá, asistieron a las reuniones y formularon declaraciones.
8. Los siguientes Estados no miembros estuvieron representados por observadores: Santa Sede y Suiza.
9. Los siguientes órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas estuvieron también representados por observadores: Departamento de Información Pública, Comisión Económica para África, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Oficina Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud - ONUSIDA, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Banco Mundial.
10. La siguiente organización intergubernamental estuvo representada por observadores: Comisión Europea.
11. Estuvieron representadas por observadores las siguientes organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social:
a) Organizaciones de pueblos indígenas
b) Otras organizaciones
12. Las siguientes organizaciones de pueblos y naciones indígenas, así como otras organizaciones y grupos, estuvieron representados en el 17º período de sesiones y proporcionaron información al Grupo de Trabajo con su consentimiento:
13. Además de los mencionados participantes, asistieron a las sesiones varios estudiosos, expertos en derechos humanos, defensores de los derechos humanos y observadores. En total, se calcula que asistieron al 17º período de sesiones del Grupo de Trabajo 971 personas.
14. Para el 17º período de sesiones del Grupo de Trabajo se prepararon los documentos siguientes:
15. Se pusieron a disposición del Grupo de Trabajo los siguientes documentos de trabajo:
16. Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró abierto el 17º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Hizo hincapié en que el objetivo final de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos era la realización de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que había surgido junto con la Carta de las Naciones Unidas. El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas representaba un sector clave en ese esfuerzo. La labor relativa al foro permanente, el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo eran partes fundamentales del proceso de realización de lo que las Naciones Unidas se habían propuesto hacer en el momento en que se aprobó la Carta. La interacción de las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y los grupos de interés formaba parte de ese empeño común.
17. En su discurso inaugural, la Presidenta-Relatora,
Sra. Erica-Irene A. Daes, dio la bienvenida a todos los participantes en el 17º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, especialmente a los 62 representantes indígenas que habían recibido el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas y a los 4 becarios indígenas participantes en el Programa de Becas de las Naciones Unidas para Poblaciones Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
18. A petición del Sr. Alfonso Martínez, la Presidenta-Relatora pidió un minuto de silencio en memoria de dos activistas por los derechos humanos que habían aportado una valiosa contribución a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas: el Sr. Andrew Gray, ex Director del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y la Sra. Ingrid Washinawatok, miembro de varias organizaciones indígenas.
19. La Presidenta-Relatora dijo que durante años, el Grupo de Trabajo se había encargado de iniciar muchas de las directrices normativas de las Naciones Unidas en relación con las cuestiones indígenas. Alentó a que se entablara un diálogo constructivo y hubiera comprensión mutua entre los pueblos indígenas del mundo y los gobiernos interesados, y expresó su esperanza de que en el 17º período de sesiones se formularan propuestas prácticas y de fondo.
20. La Presidenta-Relatora formuló también algunas observaciones acerca de las prioridades del período de sesiones del Grupo de Trabajo en 1999. El tema principal de debate sería "Las poblaciones indígenas y su relación con la tierra". Confiaba en que el segundo informe sobre la marcha de los trabajos, que había preparado en su condición de Relatora Especial, proporcionara un marco útil para los debates sobre esta cuestión.
21. La Presidenta-Relatora mencionó además que el informe definitivo del Sr. Miguel Alfonso Martínez, Relator Especial sobre estudio sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, se examinaría durante el período de sesiones. Alentó a los participantes a estudiar detenidamente las propuestas y recomendaciones que presentaba y a formular observaciones y sugerencias como complemento del estudio.
22. En su período de sesiones del año anterior, el Grupo de Trabajo había decidido incluir en relación con su tema "Actividades normativas" un somero estudio de las empresas mineras y energéticas del sector privado. La Presidente-Relatora dijo que esto se hacía en vista de las nuevas orientaciones normativas del Secretario General en las que se alentaba al sector privado a desempeñar una función más visible en la realización de los objetivos de las Naciones Unidas, en particular en las esferas del desarrollo, el medio ambiente y los derechos humanos.
23. La Presidenta-Relatora se refirió además a los debates fructíferos y concretos celebrados durante las reuniones del grupo de trabajo ad hoc sobre un foro permanente para las poblaciones indígenas que se había celebrado en febrero de 1999. Una de las tareas del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, pedidas por la Comisión de Derechos Humanos, sería la de contribuir con observaciones y propuestas a ese debate.
24. Dado que en el año en curso habría transcurrido la mitad del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004), la Presidenta-Relatora hizo un llamamiento urgente a los gobiernos para que redoblaran su apoyo en la segunda mitad del Decenio. A este respecto, expresó su sincero agradecimiento al Gobierno de Costa Rica por ofrecer la sede para el seminario sobre investigaciones e instituciones de enseñanza superior y los pueblos indígenas en San José. También expresó su sincero agradecimiento al pueblo sami, al Consejo Sami, al Parlamento Sami y al Instituto de Derechos Humanos de Åbo Akademi por la organización de un importantísimo seminario sobre el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que se había celebrado en Inari (Finlandia).
25. Al concluir su discurso inaugural señaló que correspondía a los pueblos indígenas aportar una importante contribución a la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que se celebraría en el año 2001, además consideraba que su presencia y su plena participación en las etapas preparatorias y en la Conferencia propiamente dicha serían indispensables.
26. En su primera sesión, el Grupo de Trabajo aprobó por consenso el programa provisional (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1999/1).
27. Durante su 17º período de sesiones, el Grupo de Trabajo celebró diez sesiones públicas, dos de ellas ampliadas.
28. El informe del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas sobre su 17º período de sesiones se aprobó el 11 de agosto de 1999.
29. El observador de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) declaró, entre otras cosas, que su Organización había inaugurado un subprograma titulado "La propiedad intelectual para nuevos beneficiarios". El objetivo del subprograma era determinar e investigar las necesidades y aspiraciones en materia de propiedad intelectual de nuevos beneficiarios, entre ellos los titulares de conocimientos e innovaciones indígenas. El observador informó al Grupo de Trabajo de las actividades realizadas por la OMPI como parte de su plan de trabajo para el bienio 1998-1999, y en particular de una serie de nueve misiones de exploración de los conocimientos, innovaciones y las culturas tradicionales con el fin de determinar y estudiar las necesidades de los poseedores de conocimientos tradicionales, entre ellos pueblos indígenas, en materia de propiedad intelectual. Se habían realizado misiones en el Pacífico Sur, el Asia meridional, África meridional y oriental, América del Norte, África central y occidental, los países árabes, América del Sur, Centroamérica y el Caribe en las que se habían celebrado consultas con los grupos indígenas y las comunidades locales, así como con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales interesadas. El observador se refirió también a la Mesa Redonda sobre la propiedad intelectual y los pueblos indígenas organizada por la OMPI como parte de su plan de trabajo en julio de 1998 con el fin de facilitar el intercambio de opiniones entre los gestores de la política y los pueblos indígenas; dijo que más adelante en el año se celebraría una segunda mesa redonda sobre la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. La OMPI estaba considerando las siguientes actividades para el bienio 2000-2001: la organización de nuevas mesas redondas sobre la protección de los conocimientos, las innovaciones y la creación tradicionales; el encargo, la publicación y la difusión de un estudio sobre el derecho consuetudinario y los sistemas reguladores aplicables a la protección de los conocimientos, las innovaciones y la creación tradicionales entre los pueblos indígenas y las comunidades locales; y la elaboración de material didáctico sobre la propiedad intelectual y la protección de los conocimientos tradicionales, destinado específicamente a los pueblos indígenas y a otros poseedores de conocimientos tradicionales.
30. La observadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dijo que su organización estaba haciendo un balance de su labor consagrada a los pueblos indígenas y discurriendo la mejor manera de avanzar estratégicamente durante la segunda mitad del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y después de éste. Con ese fin se había procedido a un examen interno y externo de las actividades del PNUD que concernían a las comunidades indígenas y sus respectivas organizaciones desde la inauguración en 1993 del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Ello había comprendido un estudio de los proyectos ya realizados y en curso correspondientes a los múltiples programas del PNUD que concernieran directa o indirectamente a los pueblos indígenas. También se había emprendido un estudio externo de las políticas vigentes o los procesos en curso de formulación de políticas en las organizaciones intergubernamentales, entre ellas diversos organismos de las Naciones Unidas y organismos de cooperación bilateral para el desarrollo. En ese contexto, del 22 al 24 de julio de 1999 se había celebrado en Ginebra una reunión de consulta entre representantes de organizaciones de pueblos indígenas y el PNUD. El objetivo general del diálogo era renovar e intensificar la colaboración del PNUD con los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades y su consagración a éstos.
31. El observador de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) presentó un breve resumen de los últimos acontecimientos relacionados con los pueblos indígenas y tribales en la OIT. La estrategia de la OIT en esta esfera constaba de dos elementos principales: la supervisión de los dos convenios relativos a los pueblos indígenas y tribales (Nº 107 y Nº 169) y la prestación de asistencia técnica, elementos que se aplicaban en forma complementaria. El Convenio Nº 107 ya no estaba abierto a la ratificación, pero seguía siendo válido para los países que habían ratificado este Convenio y no el Convenio Nº 169 (20 en total). Hasta la fecha 13 Estados habían ratificado el Convenio Nº 169 y otros varios Estados estaban considerando la posibilidad de hacerlo, entre ellos el Brasil, Filipinas, Finlandia, Nueva Zelandia y Suecia. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que era el órgano principal de la OIT encargado de vigilar la aplicación de las normas internacionales del trabajo, examinaba periódicamente la aplicación de los Convenios Nº 107 y Nº 169. En el período de sesiones de diciembre de 1998, la Comisión había formulado observaciones sobre el Convenio Nº 107 con respecto a la Argentina, Bangladesh y el Brasil. En su informe anual la Comisión de Expertos había observado que el Convenio Nº 169 era el instrumento del derecho internacional más completo para proteger, en la legislación y en la práctica, los derechos de los pueblos indígenas y tribales para que éstos pudieran conservar usos y costumbres autóctonos frente a los de la sociedad nacional en que habitaban. El observador señaló que no le correspondía a la OIT determinar si la propiedad colectiva o individual era la más indicada para los pueblos indígenas en una situación determinada; era sumamente importante que los propios pueblos indígenas participasen en la decisión de modificar o no la forma de propiedad.
32. La observadora de Bolivia informó al Grupo de Trabajo de la reforma del artículo 1 de la Constitución de Bolivia, que reconocía que los pueblos indígenas eran parte integrante de la sociedad multicultural y multiétnica boliviana. Bolivia se había trazado una política nacional de desarrollo que tenía en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. Hizo referencia a la legislación sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como a la legislación relativa a las cuestiones de la diversidad biológica. El Gobierno también estaba empeñado en hacer participar a los pueblos indígenas en los foros políticos. Por último, a propósito de la identidad cultural de los pueblos indígenas, puso de relieve que se pondría a disposición de los pueblos indígenas una educación intercultural y plurilingüe.
33. El observador de Finlandia dijo que su Gobierno había declarado que los derechos de los pueblos indígenas constituían uno de los puntos principales de la política finlandesa de derechos humanos. Manifestó la satisfacción de su Gobierno ante el avance del proceso de creación de un foro permanente para los pueblos indígenas. Además, su Gobierno era partidario de que se hiciera todo lo posible por finalizar el texto del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas lo antes posible en la segunda mitad del Decenio. Señaló que el Ministerio de Justicia había nombrado a un Relator Especial encargado de formular propuestas para reforzar los derechos territoriales del pueblo sami sobre la base del usufructo de las tierras en posesión del Estado en el territorio sami y hacer posible que Finlandia ratificase el Convenio Nº 169 de la OIT.
34. El observador de Nueva Zelandia puso de relieve algunos aspectos de las relaciones entre el Gobierno y los maoríes en el último año. Explicó que el Tratado de Waitangi, firmado en 1840, era el documento fundacional de Nueva Zelandia y creaba un marco para esa relación. El Gobierno estaba empeñado en trabajar con los maoríes para buscar la forma de promover los intereses de esa población y en perseguir sus objetivos de lograr la paridad social y económica entre los maoríes y el resto de la población y llegar a soluciones justas y duraderas de reparación por las violaciones históricas demostradas del Tratado de Waitangi. Se había adelantado en los esfuerzos por atender las reclamaciones a que habían dado lugar dichas violaciones. Por otra parte, el Gobierno había anunciado últimamente que aplicaría un nuevo criterio para dar respuesta a las reclamaciones relacionadas con el Tratado, según el cual los reclamantes ya no tendrían la obligación de realizar investigaciones exhaustivas para demostrar la validez de cada una de sus reclamaciones individuales. En consecuencia, la mayoría de las reclamaciones históricas pendientes podrían ser negociadas de inmediato, siempre que los negociadores estuviesen investidos del mandato apropiado para representar a los reclamantes. Además, el Tribunal de Waitangi, comisión independiente encargada de investigar las violaciones del Tratado, había preparado una serie de importantes informes en los que hacía recomendaciones sobre cuestiones tales como los derechos de propiedad y la financiación de la educación terciaria de los maoríes. El observador también informó al Grupo de Trabajo de la revisión por el Gobierno de la Ley de desarrollo de la comunidad maorí. Esta ley disponía la creación de una estructura representativa de cuatro niveles para los maoríes (del nivel comunitario local al de un órgano nacional, el Consejo Maorí de Nueva Zelandia) cuyo objetivo era atender las necesidades de las comunidades maoríes, con especial hincapié en su bienestar social. Una iniciativa importante en relación con el Decenio era la revisión por el Gobierno de su posición con respecto al Convenio Nº 169 de la OIT: estaban en marcha un proceso de consulta con los maoríes y un estudio departamental de las consecuencias para Nueva Zelandia de la ratificación del Convenio.
35. La observadora de Guatemala dijo que su país era una sociedad multiétnica, multicultural y plurilingüe y que durante los 15 últimos años se había avanzado considerablemente por el camino de la paz y se habían firmado importantes acuerdos. En ese proceso Guatemala había abierto sus puertas al escrutinio y la verificación internacionales. La Constitución de 1985 y la firma del Acuerdo de Paz eran dos de los acontecimientos más importantes de ese período. Como parte de este último, el "Acuerdo Indígena", firmado en 1995, reconocía específicamente la identidad de los pueblos maya, garifuna y xinca dentro de la unidad de la nación. El Acuerdo preveía la creación de mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos culturales indígenas y reforzar las instituciones indígenas. Con respecto a las reformas educacionales, el Acuerdo preveía el establecimiento de una comisión encargada de velar por que el sistema educativo reflejase el carácter plurilingüe y multicultural del país. Recientemente se había designado a un ombudsman para la mujer indígena como parte del Acuerdo, cuya oficina estaría integrada por ocho mujeres indígenas.
36. El observador de Myanmar declaró que en ese país no existía ningún problema que guardase relación con cuestiones indígenas propiamente dichas, dado que en su totalidad las 135 etnias nacionales pertenecientes a la Unión de Myanmar eran indígenas. Señaló al Grupo de Trabajo que su Gobierno estaba empeñado en promover y proteger los derechos de todas las etnias nacionales de modo que pudieran participar plenamente en la vida política, económica y social del país.
37. El observador de Sudáfrica dijo que desde que se promulgó la Constitución en 1996 se había adelantado mucho en conciliar las aspiraciones de todos los sudafricanos, comprendidas las comunidades khoi/san. La Constitución garantizaba la igualdad de derechos a todos los ciudadanos y consagraba el principio de que Sudáfrica pertenecía a todos sus habitantes. La Constitución de 1996 se había enmendado específicamente para incluir la referencia a las lenguas khoi, nama y san. Se había encomendado al Consejo de las Lenguas Pansudafricanas que promoviese y crease las condiciones propicias para el desarrollo de esas lenguas. La Constitución también preveía el establecimiento de la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas. Para dar efecto a esas disposiciones legislativas se habían celebrado varias conferencias y se había creado un foro nacional khoi/san.
38. El observador del Canadá dijo que en su país se había creado el 1º de abril de 1999 un nuevo territorio, Nunavut, lo que demostraba que el Canadá estaba dispuesto a modificar sus modalidades de gobierno para asimilar los valores y tradiciones de los pueblos aborígenes. El Gobierno había firmado un acuerdo histórico con el pueblo nisga y la provincia de la Columbia Británica relativo a las reclamaciones territoriales y la administración autónoma. Próximamente se introduciría una ley federal de ratificación del acuerdo. Se informó también al Grupo de Trabajo sobre el primer año de funcionamiento de "Reunir fuerzas", el Plan de Acción para los Aborígenes del Canadá, que se había puesto en marcha en enero de 1998. Elemento medular del Plan era el cometido de atender las necesidades de las comunidades aborígenes entablando una nueva relación con los pueblos aborígenes basada en la asociación y la cooperación. En el último año se había dado inicio a un "proceso de sanación" para las personas perjudicadas por las políticas del pasado, por ejemplo la política de administración de las escuelas-internados; se habían realizado inversiones en apoyo de comunidades, economías y culturas, y se habían puesto en marcha programas nacionales y regionales de apoyo a la autonomía administrativa y fomento de la capacidad de los pueblos aborígenes.
39. El observador de los Estados Unidos dijo que su Gobierno mantenía una relación jurídica singular con las administraciones tribales indígenas y que la Administración de Clinton consultaba a menudo con las administraciones y dirigentes tribales a fin de seguir promoviendo sus relaciones de cooperación. Los Estados Unidos también se habían ocupado de una serie de problemas relacionados con los recursos naturales de interés para las poblaciones indígenas. El orador mencionó concretamente la cooperación con el Canadá y México con el fin de dejar claramente establecidos los derechos indígenas en el marco de los tratados sobre las aves migratorias: en nuevos protocolos de esos tratados se autorizaría la caza de subsistencia de las comunidades indígenas. A nivel regional, los Estados Unidos colaboraban activamente con otros Estados árticos en el Consejo Ártico. En el plano internacional, los Estados Unidos eran partidarios de que se restableciera el actual Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas y estaban empeñados en la labor conducente a la aprobación del proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
40. El observador de la Federación de Rusia informó al Grupo de Trabajo de una nueva ley promulgada en abril de 1999 que garantizaba la protección jurídica de los pueblos indígenas en relación con la tierra, sus idiomas, culturas y modos tradicionales de vida, y con las cuestiones de indemnización. La ley también preveía la participación de los representantes de los pueblos indígenas en los procesos de decisión.
41. Un representante indígena de Australia comunicó al Grupo de Trabajo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial había determinado que la Ley de enmienda de 1998 de los títulos de propiedad indígenas promulgada por el Gobierno de Australia discriminaba contra los poseedores de títulos indígenas porque validaba leyes del pasado, extinguía los derechos de propiedad autóctonos, daba mayor fuerza a los derechos de propiedad no autóctonos y restringía el derecho de negociación de los indígenas. También señaló que hasta la fecha el Primer Ministro no había acatado las recomendaciones del Comité de que se suspendiera la aplicación de las enmiendas de 1998 y se reanudaran las negociaciones para hallar soluciones aceptables para los pueblos indígenas. Además, el Gobierno se había opuesto oficialmente a que miembros del Comité visitaran Australia. El observador pidió también que se aclarara la posición del Gobierno con respecto a una organización de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Dijo que era poco lo que se había adelantado en los cinco primeros años del Decenio y que en Australia había empeorado la situación en lo relativo al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
42. Un representante indígena de los isleños del Estrecho de Torres de Australia informó al Grupo de Trabajo de la positiva cooperación entablada con los Gobiernos de Australia y de Queensland. En un corto período habían mejorado las condiciones de vida y el estado de salud de su pueblo, se habían reconocido los derechos de propiedad indígena en varias de las islas, se había acelerado el desarrollo empresarial y se había dado un impulso unitario hacia una mayor autonomía.
43. Otro representante indígena de los isleños del Estrecho de Torres residentes en el territorio continental de Australia dijo que su pueblo había sufrido los efectos del desarraigo de sus familias de sus tierras tradicionales y del mar. Había habido considerables progresos en beneficio de su pueblo en el propio Estrecho de Torres, pero hasta hacía muy poco los isleños residentes en el territorio continental no habían recibido un apoyo apreciable. Era muy importante que se mantuviera el vínculo entre las comunidades de isleños en su propio territorio y en el territorio continental para mantener su cultura y los derechos que les correspondían como pueblos indígenas.
44. En una declaración conjunta, un representante indígena de Nueva Zelandia informó al Grupo de Trabajo de la nueva política gubernamental en materia de ríos, lagos y cursos de agua, que era una decisión unilateral en la que no habían participado los maoríes, cosa que contravenía del artículo 2 del Tratado de Waitangi. Los pueblos tribales tenían un interés considerable en esos recursos porque constituían parte importante de la dieta tradicional. El Tribunal de Waitangi había emitido informes en que confirmaba los derechos de propiedad de los maoríes sobre los ríos, lagos y cursos de agua.
45. Representantes indígenas de Alaska informaron al Grupo de Trabajo de los esfuerzos de los pueblos autóctonos de Alaska por preservar sus estilos de vida de subsistencia. El derecho especial de los indígenas a continuar las actividades de caza y pesca era a la sazón uno de los problemas más controvertidos en Alaska. A este respecto se hizo referencia también a la necesidad de velar por unas prácticas de pesca sostenibles en el mar de Bering.
46. Un representante indígena del Canadá expresó la preocupación de su pueblo ante el hecho de que el Gobierno del Canadá seguía injiriéndose en la jurisdicción, autoridad y control de las Primeras Naciones sobre sus niños. Según el representante, el Estado utilizaba a los niños para cumplir determinados objetivos como, por ejemplo, la asimilación de los pueblos indígenas con el objeto de hacerlos abandonar sus tierras. También se refirió a un caso de adopción de un niño de las Primeras Naciones en la provincia de Manitoba en que el Tribunal Supremo del Canadá había dictaminado a favor de abuelos adoptivos no indígenas que residían en los Estados Unidos. Dijo que ese dictamen y la política gubernamental sólo contribuirían a la asimilación de los niños de las Primeras Naciones en la sociedad general, ocasionando una pérdida de la identidad y los valores culturales.
47. Otro representante indígena del Canadá exhortó al Grupo de Trabajo a que alentase a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a velar por que los pueblos indígenas participasen directa y plenamente en las negociaciones de la propuesta Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hizo hincapié en que el concepto "pueblos indígenas" debía figurar en toda la Declaración. En segundo lugar, las autoridades nacionales e indígenas debían prestar más atención a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los niños indígenas. En tercer lugar, el Relator Especial sobre los pueblos indígenas y su relación con la tierra debía prestar una atención especial a la situación de los veteranos de guerra indígenas.
48. Un representante indígena de los Estados Unidos señaló a la atención del Grupo de Trabajo la situación de un preso político indígena estadounidense, Leonard Peltier, que había estado encarcelado 22 años en ese país por un delito que no cometió y se había convertido en un símbolo de la injusticia contra los pueblos indígenas. Pidió a los miembros del Grupo de Trabajo que se sumaran a un esfuerzo para lograr que fuera puesto en libertad.
49. Muchos representantes indígenas de diferentes regiones manifestaron su angustia ante la trágica muerte del Dr. Andrew Gray y el asesinato en Colombia de Ingrid Washinawatok. En este contexto, anunciaron la institución del "Premio en memoria de Andrew Gray", que se otorgaría anualmente a jóvenes activistas e investigadores indígenas.
50. Una representante indígena de los Estados Unidos comunicó al Grupo de Trabajo que el Presidente de la Bolsa de Nueva York se había reunido con representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Condenó esa reunión señalando que era contraria a la política vigente de los Estados Unidos de abstenerse de cualquier contacto con los rebeldes de las FARC mientras no se llevara ante la justicia a los culpables de los asesinatos en Colombia.
51. Representantes indígenas de Hawai dijeron que el Gobierno de los Estados Unidos había privado a los indígenas de Hawai del derecho de libre determinación. Las tierras cedidas debían ser devueltas a los indígenas hawaianos para asegurar el cumplimiento del "Apology Bill" de 1993, en que el Gobierno había reconocido su complicidad en el derribamiento ilegal del Reino de Hawai. Los hawaianos debían poder participar activamente en el arreglo de las disputas territoriales con el Gobierno.
52. Un representante indígena de Maluku dijo que su pueblo había sufrido a raíz de los disturbios en las islas Molucas, que las autoridades de Indonesia habían atribuido a diferencias religiosas. Señaló, sin embargo, que según personas locales, analistas políticos y sobre todo el pueblo indígena de las Molucas, las causas fundamentales de los disturbios eran las inevitables tensiones entre el pueblo indígena y los transmigrantes o inmigrantes que habían sido trasladados de Java central y South Sulawesi a las islas Molucas. Manifestó la esperanza de que se restableciera la coexistencia pacífica entre musulmanes y cristianos, poblaciones indígenas y no indígenas y de que la mutua confianza y las reformas democráticas contribuyesen al respeto de los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas.
53. Un representante del pueblo hmong se refirió a las personas desplazadas de este pueblo que vivían en la República Democrática Popular Lao y en Tailandia. En 1975 la República Democrática Popular Lao había dado un nuevo nombre al territorio natal de los hmong: "Zona Especial Saysomboun". No se permitía el acceso de extranjeros u observadores internacionales a la zona. Habló de ataques militares y del empleo de armas químicas por el Gobierno contra los hmong residentes en esa zona en 1979, 1990 y 1998, y dijo que se seguían violando los derechos humanos del pueblo hmong. Pidió que las Naciones Unidas presionaran al Gobierno lao para que abriera la zona especial a observadores internacionales.
54. Varios representantes del pueblo ainu informaron al Grupo de Trabajo de la promulgación de la Ley de promoción de la cultura ainu de 1997 por el Gobierno del Japón y dijeron que el Gobierno estimaba que con esa ley había resuelto todos los problemas del pueblo ainu. Sin embargo, este pueblo seguía padeciendo las políticas de colonización y asimilación del Gobierno.
55. Representantes indígenas de Asia y África señalaron a la atención del Grupo de Trabajo la violación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en Nepal. Representantes indígenas de Nepal se refirieron a una decisión adoptada el 1º de junio de 1999 por el Tribunal Supremo de Nepal por la que se había declarado ilegal el empleo de las lenguas nacionales en los órganos locales de administración autónoma. Esa decisión amenazaba gravemente la identidad cultural de los pueblos indígenas y las minorías lingüísticas afectados. Un representante indígena de Marruecos se refirió al peligro que corría la identidad lingüística y cultural del pueblo amazigh en el África septentrional a raíz de la política de arabización del Gobierno.
56. Un representante indígena de Manipur dijo que a juzgar por los últimos acontecimientos en la India, los mecanismos internos e internacionales existentes para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, comprendidos los niños, y para conservar los humedales de importancia vital y las ecozonas críticas de valor espiritual no habían alcanzado sus objetivos a pesar de los grades esfuerzos desplegados por los pueblos indígenas de Manipur para proteger sus derechos humanos.
57. Dos representantes indígenas de los Chittagong Hill Tracts en Bangladesh mencionaron un acuerdo concertado el 2 de diciembre de 1997 entre el Gobierno de Bangladesh y el Jana Samhati Samite (JSS), el principal partido político de los pueblos jumma. Expresaron su preocupación por el incumplimiento de varios aspectos del acuerdo, relacionados, entre otras cosas, con la rehabilitación, la desmilitarización, la asignación de fuerzas policiales, la devolución de autoridad al Consejo de los Chittagong Hill Tracts, y el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y los recursos y sus derechos consuetudinarios. Además, se seguían violando los derechos fundamentales de las mujeres indígenas.
58. Un representante del pueblo naga habló de los esfuerzos de este pueblo por lograr una solución pacífica al conflicto político que tenía con el Gobierno de la India desde hacía 52 años. El representante condenó la negativa del Gobierno de la India a permitir, por razones de seguridad, que el Secretario del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas asistiese a una celebración organizada por el pueblo naga el año anterior a propósito de los derechos humanos.
59. Dos representantes indígenas de Filipinas se refirieron a la Ley de derechos de los pueblos indígenas de 1997. Aunque los derechos de los pueblos indígenas estaban previstos en una política nacional, la Ley no garantizaba debidamente el reconocimiento y la protección de esos derechos. En consecuencia, a los pueblos indígenas de Filipinas no les satisfacía la nueva ley.
60. Otra representante indígena de Filipinas informó al Grupo de Trabajo de un seminario sobre los derechos de propiedad intelectual y los pueblos indígenas que se había celebrado en Ginebra en julio, organizado por su propia institución, con el fin de examinar el significado para los pueblos indígenas del párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
61. Un representante indígena de Myanmar señaló que el Gobierno de su país cometía violaciones flagrantes contra los derechos humanos de los pueblos indígenas chin. Por ejemplo, se obligaba al pueblo chin a trabajar en proyectos de desarrollo en las zonas fronterizas en que vivían. También había recrudecido la persecución religiosa contra los cristianos chin.
62. Un representante indígena de la Guyana Francesa se lamentó de que el sistema de educación francés siguiera desconociendo las particularidades de la lengua y la cultura de su pueblo. No se consultaba a su pueblo cuando se adoptaban decisiones que le concernían.
63. Un representante indígena de la isla Chagos informó al Grupo de Trabajo de que durante la guerra fría se había trasladado a su pueblo a Mauricio y expresó la esperanza de que pudiese regresar a sus islas natales. Su organización estaba dispuesta a entablar un diálogo constructivo con el Gobierno del Reino Unido a ese respecto.
64. Un representante indígena del pueblo sami se refirió a los últimos hechos relacionados con la determinación de la condición de sami en Finlandia. Mediante una enmienda legislativa se había modificado la definición de sami; actualmente tenía un alcance tan amplio que se temía que en las futuras elecciones al Parlamento Sami resultara elegida una mayoría no sami. La nueva definición desconocía el derecho del pueblo sami a determinar por autoidentificación quiénes pertenecían a su propio grupo.
65. Un representante indígena del pueblo tártaro de Crimea señaló al Grupo de Trabajo que la Constitución de la República Autónoma de Crimea no contenía ninguna disposición sobre el empleo del tártaro de Crimea como idioma oficial y que el sistema electoral descartaba la participación política del pueblo tártaro de Crimea; este pueblo había protestado contra la Constitución. Como resultado de negociaciones entre los dirigentes del Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea y el Presidente de Ucrania, se había establecido un órgano consultivo, el Consejo de Representantes del Pueblo Tártaro de Crimea.
66. Un representante indígena de los beduinos palestinos se refirió a las tentativas de las fuerzas israelíes de desplazar a las tribus beduinas demoliendo sus hogares y confiscando sus tierras con fines de expansión de los asentamientos israelíes. Los beduinos estaban expuestos a violaciones de diversa índole en muchos aspectos de su vida. No tenían acceso a servicios básicos como los de educación, salud, médicos y veterinarios o sociales.
67. Un representante indígena de Burkina Faso informó al Grupo de Trabajo de la situación del pueblo tuareg en Malí, Burkina Faso, Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia y el Níger. El pueblo touareg era víctima de discriminación y marginalización. Se veía privado de derechos básicos como, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de opinión y el derecho a desarrollar su propia identidad cultural.
68. Varios representantes indígenas de Guatemala manifestaron su preocupación por el hecho de que las reformas constitucionales introducidas por el Congreso hubieran sido rechazadas en un referendo reciente. Un observador señaló que se había registrado un alto grado de abstención y que sólo se habían establecido mesas electorales en 7.000 de las 19.000 comunidades. Declaró que allí donde las comunidades indígenas pudieron votar, habían apoyado por abrumadora mayoría las reformas. También se refirió a la situación de los niños indígenas, afectados especialmente por la marginalización.
69. Un representante indígena de Chile señaló que durante los tres últimos meses el pueblo mapuche se había movilizado para recuperar las tierras obtenidas ilegalmente por intereses no mapuches y empresas madereras multinacionales. Observó que la región era objeto de una militarización creciente. También manifestó su preocupación por los decretos que se habían impuesto durante la dictadura militar, uno de los cuales había permitido la expansión de las empresas madereras en unas 200.000 ha del territorio mapuche. Varios representantes indígenas de Chile se refirieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en las tierras de los mapuches pahuenches que, según sostenían, se iba a imponer a pesar de la oposición indígena. Otro representante dijo que según una encuesta reciente el 80% de la sociedad chilena se solidarizaba con la posición indígena frente a la represa.
70. Un delegado indígena del Ecuador señaló que aunque la Constitución y la legislación de su país garantizaba el derecho de participación de su pueblo, las decisiones económicas fundamentales eran monopolizadas por un pequeño grupo de personas. Desde marzo de 1999 los pueblos indígenas habían protestado activamente contra la privatización y sus consecuencias para los servicios de salud y otros servicios.
71. Representantes indígenas también se refirieron a la situación de los derechos humanos en México y manifestaron su inquietud ante la opresión de los pueblos indígenas, especialmente en los Estados del sur.
72. Un representante indígena, hablando en nombre de pueblos indígenas de la región amazónica, se refirió a la violencia en Colombia y en particular a los desplazamientos forzados y asesinatos. Los pueblos indígenas de ese país se hallaban atrapados en medio de un conflicto en que estaban implicados la oposición armada, las fuerzas paramilitares, los carteles de la droga y el ejército. La comunidad internacional debía fijarse como prioridad el establecimiento de la paz en la región. Se refirió también a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y en particular al hecho de que en los Estados Unidos de América se había concedido patente a una planta sagrada indígena conocida como yagú o ayahuasca. Se quejó de que el titular de la patente había acusado a su organización de grupo terrorista.
73. Un representante indígena del Perú describió las actividades de su organización destinadas a promover la protección de los derechos indígenas, en particular la organización de seminarios sobre el Convenio Nº 169 de la OIT. Otro representante del mismo país manifestó su preocupación ante el hecho de que los pueblos indígenas de la región andina perdieran el control sobre sus ríos, lagos y cursos de agua tradicionales. Se había registrado una pérdida de aguas subterráneas que hoy afectaba a los agricultores y pastores indígenas.
74. Un representante indígena del Brasil habló de importantes adelantos que en los últimos años habían beneficiado a su pueblo. Celebró que se hubieran reconocido las tierras indígenas, aunque señaló que aún había problemas en ciertas zonas. Se refirió a la gran incidencia del suicidio entre la juventud kaiua y a las dificultades que seguía planteando la delimitación de las tierras macuxi en el Estado de Roraima. También señaló que pese al reconocimiento oficial de los territorios indígenas, distintas empresas auríferas y madereras y terratenientes seguían cometiendo muchas violaciones, y exhortó al Gobierno a garantizar la protección de esos territorios.
75. Presentando el tema 5, la Sra. Erica-Irene A. Daes, en su calidad de Relatora Especial, presentó al Grupo de Trabajo su segundo informe sobre la marcha de los trabajos referentes a las poblaciones indígenas y su relación con la tierra (E/CN.4/Sub.2/1999/18), que preparó para el 51º período de sesiones de la Subcomisión. El informe fue presentado bajo la forma de un documento de trabajo revisado y actualizado basado en el primer documento de trabajo preliminar (E/CN.4/Sub.2/1997/17), en el primer informe sobre la marcha de los trabajos acerca de esta cuestión (E/CN.4/Sub.2/1998/15), y en las sugerencias, los datos y la información que se recibieron de los gobiernos, las comunidades de poblaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales.
76. La Relatora Especial lamentó profundamente que el año pasado no se hubiera recibido de ningún gobierno ningún tipo de observaciones, comunicaciones o recomendaciones, y que de las poblaciones indígenas sólo se hubieran recibido unas pocas respuestas. Como consecuencia de esto, y también de la gran importancia y complejidad del tema, propuso que se diera más tiempo para que los gobiernos, las poblaciones indígenas y otros medios interesados le hicieran llegar los datos y la información pertinentes para la elaboración del documento de trabajo final de conformidad con la decisión 1997/114 de la Comisión de Derechos Humanos.
77. En el curso del debate diversos participantes elogiaron la notable contribución hecha por la Relatora Especial con su segundo informe sobre la marcha de los trabajos, le agradecieron la importante labor que había realizado y la felicitaron por ello.
78. El representante del Banco Mundial dijo que éste había revisado su política en 1991 con el fin de garantizar que en el proceso de desarrollo se respetaran plenamente los derechos de las poblaciones indígenas. Desde entonces, en 150 proyectos financiados por el Banco Mundial se habían tenido en cuenta los intereses de esas poblaciones. Muchas de esas inversiones se realizaban en el sector de la infraestructura y el sector energético, y cada vez se ejecutaban más proyectos en las esferas de la educación, la salud, el desarrollo de la comunidad, la agricultura, la gestión y explotación de recursos naturales y la seguridad de la tenencia de la tierra.
79. Representantes indígenas de Australia informaron al Grupo de Trabajo de las últimas novedades habidas en Australia en relación con la legislación que regulaba los derechos de propiedad de las tierras. Muchos de los problemas que preocupaban a las poblaciones indígenas de Australia tenían su origen en la discriminación racial practicada por la Administración australiana. Se mencionó que en 1998 se había promulgado una ley de reforma (Native Title Amendment Act) de la Ley de títulos de propiedad de los nativos. Se afirmó que esta reforma había reducido considerablemente los derechos de propiedad que habían reconocido a las poblaciones indígenas la Ley de títulos de propiedad de los nativos de 1993. Asimismo se hizo referencia a las preocupaciones expresadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial acerca de la compatibilidad de la nueva Ley de títulos de propiedad de los nativos con las obligaciones que imponía a Australia la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
80. El observador de Finlandia dijo que el Ministerio de Justicia había designado un Relator Especial para que investigara la cuestión de los derechos sobre la tierra, el agua y las fuentes naturales de subsistencia de los sami en el territorio que habitaba esta comunidad, teniendo en cuenta en particular los convenios internacionales y el principio de igualdad.
81. El Ministro de Asuntos de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres de Australia, Senador John Herron, explicó al Grupo de Trabajo la legislación que regulaba los derechos de propiedad de la tierra de las poblaciones indígenas en su país. Manifestó que el Senado, que no estaba controlado por el Gobierno actual, había promulgado la Ley de reforma de la Ley de los títulos de propiedad de los nativos. Agregó que el Gobierno era consciente de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial tenía una opinión crítica acerca de algunos aspectos de esa legislación. La experiencia reciente de Australia con el Comité había puesto de manifiesto ciertas preocupaciones por la manera que tenían los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas de discutir cuestiones delicadas y complejas, muchas de las cuales habían obligado al Gobierno a buscar un delicado equilibrio de intereses. Aunque su Gobierno reconocía la importancia de la tierra para las poblaciones indígenas, quizá se ponían demasiadas esperanzas en el simple restablecimiento de los títulos de propiedad sobre la tierra: la tierra no era una panacea para los problemas económicos y sociales que aquejaban a las comunidades indígenas. El Ministro también se refirió a la situación de dependencia de la asistencia pública en que se encontraban las comunidades indígenas. En su opinión, la educación era a largo plazo la única fuente duradera de independencia económica. Los servicios de asistencia pública seguían siendo esenciales pero, para aprovechar las oportunidades existentes, la gente debía crearse su propio futuro.
82. El Viceministro Adjunto de Asuntos Indios y Septentrionales del Canadá, Sr. Robert Watts, expuso al Grupo de Trabajo la política de su Gobierno con respecto a los tratados históricos y los procedimientos de examen de reclamaciones. Mencionó el Acuerdo Final de Nisga, que sería el primer tratado en la historia del Canadá que reconocía en un solo texto una reclamación de tierras y la autonomía. Además, la creación del territorio de Nunavut era un ejemplo de una reclamación amplia que preveía la creación de una administración pública en el norte similar a las otras dos administraciones territoriales del Canadá. Nunavut había sido creado el 1º de abril de 1999 y abarcaba una quinta parte de la superficie del Canadá. Dijo que, además de una serie de disposiciones legales, existían también una serie de oportunidades basadas en el interés común de los medios empresariales, las administraciones públicas y las organizaciones y comunidades aborígenes en buscar soluciones prácticas a las cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales.
83. El observador de Suiza dijo que existía un nexo entre la posibilidad de que las poblaciones indígenas utilizaran sus tierras como quisieran y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Insistió en la importancia de que se reconocieran por ley los territorios de las poblaciones indígenas. Como éstas desempeñaban un papel importante en la conservación del medio ambiente, era también importante que participaran en las decisiones que se tomaban en los ámbitos nacional y local. El observador de Suiza expresó el apoyo de su Gobierno al desarrollo de las poblaciones indígenas.
84. Muchos representantes indígenas señalaron que la tierra era el eje de su existencia y que la relación con su tierra tenía un significado espiritual, cultural y material. Además de la cuestión de la autodeterminación, el acceso a las tierras, territorios y recursos naturales y el control sobre ellos era fundamental para las poblaciones indígenas de todo el mundo. Éstas dependían de sus tierras para su supervivencia material y cultural y, para sobrevivir, necesitaban poder poseer, utilizar, conservar y organizar sus propias tierras, territorios y recursos. La relación de las poblaciones indígenas con la tierra se basaba en una concepción singular de la vida y la cultura y una cosmovisión que hundían sus raíces en la tierra. Varios representantes indígenas manifestaron que las poblaciones indígenas eran las cuidadoras de las tierras y que a su vez éstas cuidaban de ellas. Nunca antes las comunidades indígenas habían estado en un peligro tan grande de extinción.
85. Otros representantes indígenas dijeron también que sus tierras eran amenazadas por proyectos de minería y producción de energía, por el turismo y por actividades forestales que amenazaban con llevarse todo lo que en otros tiempos sostenía la vida de las poblaciones indígenas. Con frecuencia se compraban tierras para esos proyectos sin el consentimiento de las poblaciones indígenas interesadas. Muchos representantes indígenas señalaron que sus pueblos habían extraído los frutos de sus tierras y recursos sin poner en peligro ni dañar el ecosistema. En consecuencia, insistieron en que sus concepciones tradicionales, basadas en los conocimientos tradicionales y en la experiencia de utilizar y conservar las tierras y los recursos sólo con fines de subsistencia, se deberían tener en cuenta en todo intento de replantearse el actual sistema económico que perjudicaba al medio ambiente y exigía grandes cantidades de recursos naturales.
86. En este contexto, un representante indígena del Canadá aludió a los efectos dañinos de la industria forestal en la reserva en la que vivía su pueblo y en sus inmediaciones, entre ellos el envenenamiento por mercurio de las aguas locales. Otro representante indígena dijo que en su región en la India su pueblo se había manifestado repetidas veces en contra de una serie de proyectos de desarrollo de gran envergadura.
87. Un representante indígena de una organización africana dijo que las comunidades indígenas de su región habían reconocido plenamente la existencia de los Estados-nación. A cambio de esto, las comunidades indígenas y nacionalidades africanas querían que los Estados-nación correspondieran a aquel reconocimiento otorgándoles el derecho de propiedad sobre sus tierras y el control sobre sus recursos. Según su organización, la mejor manera de garantizar la estabilidad y la paz en África era que la comunidad internacional apoyara el principio de la autodeterminación y concediera el control sobre las tierras y los recursos a las nacionalidades étnicas y las comunidades indígenas.
88. Varios representantes indígenas de la India señalaron los problemas que tenían sus respectivos pueblos con respecto a las tierras. Éstas, que eran parte de su cultura, visión del mundo e identidad, habían quedado enajenadas como consecuencia de la afluencia de inmigrantes no indígenas, o habían sido compradas para actividades industriales o plantaciones de té. Además, la explotación de los recursos naturales había degradado la calidad de vida de las poblaciones indígenas. Se habían utilizado tierras de cultivo para proyectos nacionales de desarrollo que habían provocado el desplazamiento de los habitantes nativos y habían hecho de ellos jornaleros sin tierra.
89. Varios representantes indígenas señalaron que la protección de sus derechos a controlar y explotar sus tierras y recursos era un elemento fundamental del proyecto de declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas. El preámbulo y los artículos 7, 10, 12, 25, 26, 27, 30 y 31 del proyecto de declaración aludían a diversos aspectos de los derechos de propiedad sobre las tierras, y todos los países deberían estudiarlos. Varios representantes indígenas destacaron la importancia de adoptar el proyecto de declaración lo antes posible. Otros dijeron que debiera aceptarse que en otros instrumentos internacionales se trataran también las cuestiones relativas a la tierra.
90. Un representante sami expuso brevemente la situación actual de los derechos de propiedad sobre las tierras en el territorio sami en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. El Gobierno noruego había nombrado en 1980 una Comisión de los Derechos de los Sami, con la tarea de examinar los derechos de este pueblo a las tierras y el agua. Desgraciadamente, la Comisión apenas había investigado la cuestión de los títulos de propiedad de los sami y tampoco había tenido en cuenta su derecho consuetudinario. El Gobierno sueco no había reconocido los derechos de propiedad y posesión de tierras, aguas y recursos de los sami. No obstante, ese Gobierno estaba estudiando la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT. Con respecto a Finlandia, el representante instó al Gobierno a que proporcionara los fondos necesarios al Parlamento Sami para llevar a cabo una investigación sobre el derecho a la tierra, el agua y los recursos naturales. Ese representante dijo también que la Constitución rusa otorgaba a las poblaciones indígenas ciertos derechos, entre ellos el derecho a la tierra y a los recursos naturales en su propia región, pero sin las indispensables medidas políticas y legales de aplicación esos derechos no tenían mucha utilidad práctica para las poblaciones interesadas.
91. Una representante indígena del Japón dijo que ciertas Potencias extranjeras le habían arrebatado a su pueblo sus tierras para destinarlas a fines militares, hecho que había significado ignorar e insultar los valores pacíficos tradicionales de su pueblo. Además, esa confiscación era una violación del derecho internacional.
92. El observador de Bolivia aludió a la reforma constitucional de 1994, que había reconocido el derecho de las poblaciones indígenas a sus tierras tradicionales por primera vez en la historia de su país. Agregó que la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996 contenía también disposiciones que garantizaban los derechos de las poblaciones indígenas sobre sus tierras originales. Bolivia había ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT, y se estaba procediendo a promulgar varias disposiciones legislativas para aplicar las disposiciones de dicho Convenio.
93. Una representante de una organización ainu informó al Grupo de Trabajo de que no se reconocían los derechos de los pueblos ainu de ordenar sus propias tierras ni administrar determinadas zonas, como lugares sagrados y otros sitios de importancia histórica. La representante se refirió a un lugar conmemorativo en una ciudad en que se recordaba el traslado forzoso de jóvenes indígenas a una escuela con régimen de internado en la capital alejada, en donde se les impartía enseñanza orientada hacia la asimilación. Su pueblo no podía olvidar la experiencia de esos jóvenes y deseaba poder rendirles homenaje en ese lugar a su manera.
94. Varios representantes de Kenya informaron al Grupo de Trabajo de que el siglo XX había sido un siglo de privaciones para su pueblo desde el punto de vista de la pérdida de tierras. Se habían enajenado las tierras tradicionales de su pueblo, que ahora ocupaban empresas multinacionales. Un representante indígena se refirió a la explotación comercial de ganado vacuno y caza deportiva que habían reducido considerablemente la seguridad alimentaria de la comunidad, obstaculizaban el pastoreo y perturbaban la movilidad. Otro representante dijo que existían muchos intereses contrapuestos y que ejercían una influencia mutua, en los territorios donde vivían las poblaciones indígenas, lo que causaba una feroz competencia sobre las tierras. Los tres intereses más poderosos eran la industria ganadera, la conservación de la vida silvestre y la agricultura. La industria ganadera, que proporcionaba el sustento principal de su pueblo, disminuía a un ritmo alarmante debido al crecimiento de los otros dos sectores.
95. Algunos representantes indígenas de Nueva Zelandia dijeron que la enajenación de tierras era sólo una parte de la amplia gama de reclamaciones relativas al proceso de colonización. Una representante indígena de los Estados Unidos informó al Grupo de Trabajo sobre un conflicto de tierras entre su pueblo y el Gobierno. Un representante indígena de la India expresó preocupación por las consecuencias que tendría la promulgación de nuevas leyes en su pueblo. Un representante indígena de Bangladesh expresó la preocupación de su pueblo por la situación respecto de algunas cuestiones de desarrollo que entrañaban el uso de la tierra, pese a la firma de un acuerdo con el Gobierno.
96. Un representante de una organización inuit dijo que su organización aguardaba con gran interés la decisión del Tribunal Supremo de Dinamarca sobre el traslado forzoso de la aldea de Uummannaq en 1953 a raíz del establecimiento de una base aérea en Thule (Groenlandia). Dijo que en este caso el Gobierno impugnaba los derechos jurídicos de los inuit de Thule. A este respecto, recordó el artículo 14 del Convenio Nº 169 de la OIT, que Dinamarca había ratificado en 1996.
97. Varios representantes indígenas dijeron que se habían confiscado sus tierras sin que se respetaran las debidas garantías procesales ni se les otorgara una indemnización. Se señaló que la confiscación de tierras y el desalojo de tierras tradicionales significaban una gran pérdida de identidad y amenazaban la existencia de las poblaciones indígenas. Algunos representantes indígenas dijeron que era importante la cuestión de la extinción de los derechos sobre las tierras y el territorio. Otros representantes indígenas dijeron que era un problema el hecho de que los gobiernos no demarcaran las tierras e indicaran las tierras indígenas en los mapas nacionales.
98. Un representante indígena de Namibia señaló a la atención del Grupo de Trabajo la situación en su país. Se enajenaba a su pueblo de tierras ancestrales a fin de convertirlas en una atracción turística. Se obligaba a la mayor parte de su pueblo a trasladarse a lugares desconocidos. Con la pérdida de las tierras, su pueblo también había perdido sus recursos naturales, su antigua cultura y sus conocimientos tradicionales. No habían recibido indemnización alguna ni se había recabado su participación en la planificación de los programas de reasentamiento.
99. La observadora de Mauricio señaló que los miembros del Comité Social de los habitantes de Chagos eran, en primer lugar y ante todo, ciudadanos de la República de Mauricio y su condición derivaba de la propia Constitución. Recordó que en el último período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Primer Ministro de Mauricio había mencionado la difícil situación en que se hallaban unos 1.500 habitantes, conocidos como habitantes de Chagos o illois, y había destacado la necesidad de que la antigua Potencia colonial iniciara un diálogo bilateral constructivo con el Gobierno de Mauricio, como representante jurídico de todo su pueblo, encaminado a la pronta e incondicional reincorporación del archipiélago de Chagos, incluida la isla Diego García, a la soberanía de Mauricio.
100. El observador de Chile se refirió a los problemas relativos a las tierras de las poblaciones indígenas que habían surgido en su país como consecuencia de la dictadura militar. Hasta 1989, las comunidades indígenas habían perdido más de 700.000 ha de las tierras que habían ocupado a comienzos del siglo. Indicó que, desde el restablecimiento de la democracia, se había devuelto a las comunidades indígenas más de 240.000 ha de tierra. Por último, recomendó que las Naciones Unidas prestaran asistencia técnica a las poblaciones indígenas de manera que pudieran defender mejor sus derechos sobre las tierras.
101. Numerosos representantes indígenas de América Latina hablaron sobre la transferencia de tierras colectivas a entes privados. Se refirieron al aumento de la pobreza de las comunidades como consecuencia de la pérdida de tierras. Varios representantes indígenas de la región andina mencionaron las consecuencias perjudiciales de la minería, la contaminación del agua y la pérdida de la diversidad biológica para el medio ambiente. Pidieron el reconocimiento jurídico de sus derechos colectivos sobre suficientes tierras para la supervivencia y el bienestar de sus pueblos.
102. Un representante indígena de Panamá felicitó a la Relatora Especial, Sra. Daes, por su estudio, y proporcionó información adicional sobre los derechos de su pueblo sobre las tierras. Dijo que su pueblo insistía en el reconocimiento del carácter sagrado de la tierra, tal como sostenían los ancianos. Sugirió que la Relatora Especial también hiciera referencia en su informe a las recomendaciones formuladas por otros foros internacionales, como los relativos a los bosques.
103. Un representante indígena de Guatemala recomendó que se estableciera un fondo especial para ayudar a las poblaciones indígenas afectadas por la guerra civil a comprar sus propias tierras. Condenó la privatización de tierras indígenas colectivas, y pidió que el Gobierno garantizara la participación de las comunidades indígenas en la conservación del medio ambiente.
104. Varios representantes indígenas hicieron hincapié en que los derechos sobre las tierras debían figurar de manera permanente en el programa del Grupo de Trabajo.
105. La Presidenta-Relatora presentó el tema y destacó la importancia de este asunto para las poblaciones indígenas. También se refirió a las condiciones sanitarias y servicios médicos inaceptables que existían en algunos países.
106. El representante de la OMS indicó que la Constitución de la organización reconocía que la salud constituía un derecho humano fundamental. Hizo hincapié en las actividades de la organización que guardaban relación con las poblaciones indígenas, como los programas sobre el uso indebido de drogas, la medicina tradicional, la salud mental y el SIDA. La OMS había comenzado a fortalecer su capacidad institucional a fin de responder con mayor eficacia a estos importantes problemas y cuestiones. Informó sobre la aprobación, por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1998, de la resolución sobre la salud de las poblaciones indígenas del mundo, y observó que la esperanza de vida al nacer de las poblaciones indígenas era entre 10 y 21 años menos que para el resto de la población. También se refirió a las dificultades que tenían las poblaciones indígenas, debido a factores geográficos, culturales y económicos, para beneficiarse de servicios de atención de la salud.
107. El representante del FNUAP se refirió a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994. Los principales objetivos de la sección del Programa de Acción de la Conferencia dedicada a las poblaciones indígenas eran incorporar, ejecutar, vigilar y evaluar programas que afectaban a las poblaciones indígenas, y velar por que esos programas fueran apropiados desde los puntos de vista social, cultural y ecológico. El FNUAP había prestado apoyo a proyectos de ese tipo en Marruecos, varios países de América Latina y la India.
108. Un representante indígena del Canadá expresó preocupación por el hecho de que la salud de los niños indígenas se veía sumamente afectada por el actual sistema de bienestar de la infancia que separaba a los niños tanto de la familia como de las comunidades. Ello dejaba secuelas para toda la vida, y traía aparejado el uso indebido de drogas y alcohol, una alta tasa de encarcelamiento y actos de violencia. Otro representante indígena del Canadá describió la situación de las personas de edad y los ancianos en ese país, y mencionó los problemas relativos a la esperanza de vida, las tasas de discapacidad, la desigualdad en los ingresos y las oportunidades de trabajo. Hizo un llamamiento para que se creara en su comunidad un sistema de atención de la salud gestionado por indígenas que garantizara su acceso a los servicios apropiados. Otro representante indígena del Canadá describió las dificultades que planteaba el hecho de que un hospital atendía a unos 20.000 indígenas, pese a que las poblaciones indígenas de esa zona tenían las tasas más altas de tuberculosis y suicidio en el Canadá. Señaló el hecho de que las dos terceras partes de la población indígena del Canadá con diagnóstico de diabetes eran mujeres, y que la diabetes del tipo 2 aumentaba rápidamente entre los jóvenes indígenas. Hizo hincapié en que la salud debía seguir siendo un tema del programa de los futuros períodos de sesiones. Otro representante indígena del Canadá dijo que se había establecido un programa de reunión de información sobre la salud y el medio ambiente a fin de mejorar la planificación y ejecución de programas.
109. El representante del Comité de Salud de los Indígenas destacó la relación existente entre la salud y la tierra al vincular la falta de tierras, agua y recursos naturales con la pérdida de los conocimientos indígenas, los sistemas tradicionales de atención de la salud, las plantas y minerales medicinales y los lugares de recuperación. Varios otros representantes se refirieron al fuerte nexo existente entre la salud y la tierra.
110. El representante indígena de Ka Lahti Hawai'i indicó que las estadísticas sanitarias de los hawaianos nativos eran las peores de los Estados Unidos, en particular las de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Indicó que, por ejemplo, el 66% de todos los casos de diabetes en Hawai correspondía a hawaianos nativos, aunque éstos sólo representaban el 20% de la población total. Indicó que estos hechos no se habían tenido en cuenta en la Ley de mejoramiento de la atención de la salud de los hawaianos nativos, que no había logrado mejorar considerablemente las estadísticas sanitarias.
111. Un representante no gubernamental indicó que 25.000 curdos habían muerto y más de 250.000 todavía sufrían graves problemas de salud como resultado de los ataques con armas químicas y biológicas perpetrados en Iraq en 1988.
112. Un representante indígena de Bangladesh indicó que en el último año se había hecho poco para mejorar el estado de salud y el saneamiento de la región, en particular para las poblaciones indígenas. El agua no apta para el consumo, el paludismo, la malnutrición, la diarrea, la disentería, la falta de letrinas sanitarias y de acceso a médicos, hospitales u otros servicios médicos habían causado la muerte de una innumerable cantidad de personas. El programa de erradicación del paludismo había sido suspendido por el Gobierno pese a que la enfermedad seguía constituyendo uno de los problemas de salud más graves en las zonas de colinas y otras regiones montañosas.
113. Un representante indígena del Japón indicó que el pueblo ainu seguía sufriendo graves problemas de salud pese a que ese país tenía uno de los sistemas médicos más modernos del mundo.
114. Un representante indígena de Nepal se refirió a la relación existente entre la destrucción natural, como la deforestación, las inundaciones, los desprendimientos de tierra y la erosión del suelo, y los problemas sanitarios de las poblaciones indígenas y su ganado. Indicó que el 83% de las mujeres indígenas no tenía acceso a servicios de atención prenatal.
115. Un representante indígena de Rwanda dijo que el hecho de que se denegaba a los batwa el acceso a los bosques había causado la pérdida de sus medios de subsistencia. Instó a la OMS a que prestara particular atención a este caso debido al estado alarmante de la salud de su población.
116. Un representante indígena del Perú se refirió a un programa de planificación de la familia ejecutado en su país que, en lugar de prestar servicios de atención de la salud, promovía la esterilización de indígenas sin su consentimiento previo. El programa de esterilización era fácil de aplicar puesto que muchas indígenas nativas eran analfabetas.
117. La Presidenta-Relatora presentó el tema 7.
118. El representante de la UNCTAD informó al Grupo de Trabajo de que su organización había recibido, entre otros, el mandato de trabajar en el ámbito de los recursos minerales y especialmente de estudiar la gestión de esos recursos en el contexto del desarrollo sostenible. Hizo referencia a dos iniciativas pertinentes para los pueblos indígenas. La primera actividad era un proyecto experimental realizado en Sudáfrica para poner en práctica un marco de aprovechamiento de los recursos minerales con la participación en todas las fases de la comunidad local. La segunda iniciativa era el establecimiento de un sitio en la Internet con el nombre de "Mineral resources forum" (www.natural-resources.org/minerals) que se tenía intención que sirviera de marco de referencia para la cooperación internacional en relación con los minerales y metales y el desarrollo sostenible. El representante propuso que ese sitio en la Internet se utilizara para celebrar un debate electrónico sobre el tema "Tierras, recursos y comunidades" como actividad complementaria de las reuniones oficiosas que se habían celebrado durante el período de sesiones del Grupo de Trabajo.
119. Un representante indígena del Canadá informó al Grupo de Trabajo de que su comunidad había presentado una denuncia ante los tribunales contra los gobiernos provincial y nacional y contra algunas empresas a fin de paralizar la construcción de un gasoducto a través de su territorio. Otros representantes indígenas del Canadá y de Australia presentaron ejemplos de los graves problemas que amenazaban a sus culturas debido a proyectos en las esferas de la energía y la minería. En el Canadá, Australia y Sudáfrica, las empresas mineras desconocían a menudo los derechos aborígenes basados en tratados de los pueblos indígenas. En una declaración conjunta de representantes indígenas se había recomendado que se estableciera algún mecanismo para abordar las cuestiones que se planteaban cuando se explotaban los recursos minerales de los territorios indígenas y que se preparara un código de ética para todas las empresas que quisieran trabajar en los territorios indígenas. Un representante indígena de Sudáfrica pidió más asistencia técnica de las empresas mineras a las comunidades afectadas durante la explotación de las minas y después de ésta.
120. Un representante indígena de Hawai expresó preocupación por las explotaciones mineras de los fondos marinos que no respetaban las normas de protección del medio ambiente y que tendrían un efecto negativo sobre las comunidades indígenas.
121. Un representante indígena de Australia afirmó que los efectos de la mundialización estaban repercutiendo desfavorablemente en los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no podían seguir soportando el acoso de las empresas multinacionales. Hizo referencia a una declaración hecha por el Director General de la OIT en que, según él, éste había dicho que la inmensa energía del mercado mundial debía ser canalizada para dar a la mundialización un rostro humano.
122. Un representante indígena de Australia dijo que las Naciones Unidas deberían ocuparse de las violaciones de los tratados internacionales importantes, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Otro representante indígena de Australia declaró que era necesario examinar y analizar la relación entre los pueblos indígenas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los fiscales, los abogados defensores y los tribunales. Era necesario examinar la situación de los miembros de pueblos indígenas que estaban detenidos.
123. Una representante indígena del Japón informó al Grupo de Trabajo de una decisión histórica del Tribunal de Distrito de Sapporo en que se reconocía la identidad como pueblo indígena del pueblo ainu. La representante destacó la necesidad de poner fin a los proyectos de explotación de energía que no fueran de urgente necesidad. También mencionó la importancia que tenía indemnizar a los propietarios tradicionales de tierras y dijo que los derechos de los pueblos indígenas debían tener precedencia respecto de las reivindicaciones públicas.
124. Un representante indígena de Sudamérica hizo varias recomendaciones sobre las explotaciones de minerales en las tierras indígenas. Sugirió que los gobiernos debían exigir a las empresas mineras que realizaran un estudio de las repercusiones culturales antes de realizar un proyecto; que esos estudios fueran elaborados por órganos verdaderamente independientes; que las comunidades indígenas tuvieran acceso a toda la información técnica; y que las empresas mineras y de energía garantizaran el pago de los daños causados por sus actividades.
125. Un representante indígena de la Amazonia habló sobre los daños que estaban causando en su región las empresas petrolíferas y mineras en particular. Hizo referencia a una reunión organizada por el Banco Mundial en mayo de 1999 sobre energía, medio ambiente y comunidades en la que había participado su organización. Esa reunión estaba encaminada a lograr la colaboración entre las empresas de energía, los gobiernos y los pueblos indígenas. Hizo mención de varios principios de importancia para los pueblos indígenas. En particular, puso de relieve la necesidad de realizar consultas previas con los pueblos indígenas y la importancia de la participación plena de éstos en la elaboración de los proyectos energéticos, del pago de indemnizaciones y la repartición de beneficios y de la integración en las evaluaciones ordinarias sobre los efectos en el medio ambiente de los estudios sobre las repercusiones socioculturales.
126. Un representante indígena de los Estados Unidos afirmó que una empresa de extracción de carbón estaba causando daños en los lugares ancestrales sagrados de su pueblo. Dijo que se estaban utilizando 8 millones de litros de agua potable para impulsar el carbón en suspensión por tuberías, haciendo que los ríos se secaran.
127. La Presidenta-Relatora presentó el tema 8. Felicitó al Relator Especial, Sr. Miguel Alfonso Martínez, por su informe inicial y lo invitó a presentarlo al Grupo de Trabajo.
128. El Relator Especial sobre los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas, Sr. Miguel Alfonso Martínez, presentó su informe definitivo (E/CN.4/Sub.2/1999/20) al Grupo de Trabajo. Recordó que, de conformidad con el mandato que le había conferido el Consejo Económico y Social, el principal propósito del estudio era analizar la utilidad potencial de esos instrumentos para garantizar la promoción y protección de los derechos y libertades de los pueblos indígenas, y para tener en cuenta la necesidad de elaborar planteamientos innovadores y progresistas de las relaciones entre los pueblos indígenas y los gobiernos. Al hacerlo, hubo de tener en cuenta la inviolabilidad de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como sus realidades socioeconómicas.
129. En la primera parte de su declaración preliminar, el Sr. Alfonso Martínez observó que había detectado varios errores en la versión definitiva de su informe y deseaba hacer un examen a fondo a fin de corregir esos errores. Presentaría las correcciones necesarias a la Secretaría lo antes posible y en cualquier caso antes de que terminara octubre de 1999. Señaló además varias correcciones que había hecho en la versión no editada de 1998, como consecuencia del debate sostenido en el Grupo de Trabajo y en la Subcomisión el año pasado y de las comunicaciones escritas que había recibido desde entonces. Mencionó en particular las sugerencias del Gobierno de Dinamarca y de dos organizaciones indígenas de Hawai y del Canadá.
130. A ese respecto, destacó que aunque había estudiado cuidadosamente las observaciones críticas hechas durante el debate del pasado año en el Grupo de Trabajo y en dos comunicaciones escritas de organizaciones indígenas recibidas a principios de 1999 a los párrafos 72 a 90 de la versión no editada de 1998, no se habían introducido cambios en la versión definitiva de esos párrafos, que se referían a la honda preocupación del Relator Especial por la actual aplicación, sin sentido crítico, del término "indígenas" a situaciones existentes en los marcos africano y asiático. Las razones del Relator Especial para mantener sus opiniones iniciales sobre el tema se explicaban en los párrafos 87, 88, 89 y 91 de la versión definitiva. Los textos completos de las dos comunicaciones escritas, que le habían enviado organizaciones e individuos radicados en África y en Asia, se distribuirían como adiciones al informe en una fase ulterior.
131. A continuación, el Sr. Alfonso Martínez pasó a examinar las conclusiones y recomendaciones contenidas en el capítulo IV (párrs. 245 a 322) de su informe definitivo. En lo que respecta a sus conclusiones, destacó, entre otras, las relativas a la importancia decisiva de la cuestión del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras (párrs. 252 y 253) y de su derecho a la libre determinación, inherente a todos los pueblos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a condición de que toda contradicción entre el ejercicio de su derecho y el derecho y el deber de los Estados de proteger su soberanía e integridad territorial se resolviera por medios pacíficos (párr. 256), y a la validez permanente de los llamados tratados "históricos", convenios y otros acuerdos constructivos entre las poblaciones indígenas y los Estados. En cuanto a las recomendaciones, el Relator Especial destacó que, a su juicio, la más progresista y de mayor alcance era la que sugería la creación, en las sociedades con un sector de población indígena, una nueva "jurisdicción de cuestiones indígenas" con funciones asesoras, resolutivas y administrativas, así como con la capacidad de proponer legislación para que la adoptara el órgano legislativo (párrs. 307 a 311). Destacó también la necesidad de fomentar y estimular un proceso de establecimiento de confianza (párrs. 294 a 302).
132. Los miembros del Grupo felicitaron al Relator Especial por su informe. La Sra. Daes, a título personal, declaró que el estudio era una labor inmensa y que contribuiría a una mejor comprensión del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. El informe potenciaría los procedimientos de reconciliación entre los pueblos indígenas y los gobiernos.
133. El Sr. Guissé dijo que el informe era un punto de partida para todos los expertos de la comunidad internacional, pero expresó preocupación por incluir en el anexo las opiniones de organizaciones africanas y asiáticas. Destacó que todos los errores y omisiones deberían corregirse antes de que el informe se presentara a la Comisión de Derechos Humanos. Destacó la importancia de visitar el continente asiático y el continente africano antes de redactar el informe.
134. La observadora de Bangladesh agradeció al Relator Especial su informe definitivo y consideró que su estudio era un interesante intento de describir el proceso global de domesticación de las cuestiones indígenas en sus diversas manifestaciones. No obstante, admitió que la tardía publicación del documento no le daba tiempo suficiente para presentar observaciones sustantivas de una manera más global.
135. El observador de Dinamarca declaró que su Gobierno creía firmemente en el derecho general de los pueblos indígenas a la autoidentificación, en el sentido que en los pueblos indígenas, los derechos indígenas y las cuestiones indígenas no deberían definirse en un contexto histórico, geográfico o de otro tipo. El Gobierno danés no apoyaba las opiniones expresadas por el Relator Especial sobre la presunta exclusividad del término "indígenas", ni aceptaba las conclusiones que el Sr. Alfonso Martínez había sacado para tratar las cuestiones indígenas en el marco de las Naciones Unidas. Lamentó que las observaciones expresadas el año pasado por su Gobierno respecto del Gobierno Autónomo de Groenlandia hubieran causado tan poca impresión en el Relator Especial.
136. Un representante de una organización indígena de la India declaró que el informe definitivo era un hito en el adelanto de los derechos de los pueblos indígenas. El estudio reafirmaba que los tratados entre los pueblos indígenas y los Estados eran acuerdos internacionales y que los pueblos indígenas eran sujetos de derecho internacional, en el sentido de que toda domesticación de esos acuerdos por los Estados era una violación del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. La oradora recordó la importancia del principio, enunciado por el Relator Especial, de que los derechos de los pueblos indígenas no deberían tratarse solamente desde una perspectiva jurídica o legal, sino también desde el punto de vista moral y ético.
137. Muchos representantes indígenas expresaron su gratitud al Relator Especial por su labor y dijeron que las conclusiones y recomendaciones definitivas permitirían una mejor comprensión y protección de los pueblos indígenas. Expresaron preocupación respecto de la identificación de los pueblos indígenas elegida por el Relator Especial. Dijeron también que aunque el Sr. Alfonso Martínez no negaba la existencia de pueblos indígenas en África y en Asia, sus conclusiones no consideraban debidamente la identidad indígena de esos pueblos. Se mencionó el ejemplo de los pueblos adivasi en la India que eran pueblos indígenas, aunque su tierra y sus derechos no se regían por documentos escritos sino por tradiciones y costumbres. La definición de los pueblos indígenas de Asia, África y el Pacífico, dada por el Relator Especial, tenía que examinarse junto con las opiniones de esos pueblos cuyos derechos eran actualmente violados bajo la administración política, económica y cultural vigente de los Estados. Sugirieron que el estudio sobre los tratados sólo debería adoptarse cuando se declarara explícitamente que se necesitaba otro estudio para revelar el extenso mosaico de pueblos indígenas de África y Asia.
138. Varios representantes indígenas del Canadá informaron al Grupo de Trabajo acerca de la presunta obligación jurídica del Canadá, como Estado sucesor, de aplicar los tratados celebrados entre la Corona británica y los pueblos indígenas. Se mencionó el Tratado Nueve concertado entre la Corona británica y el jefe de los pueblos indígenas de Achigo, en el que se reconocía su soberanía y jurisdicción exclusiva sobre su territorio; el Relator Especial había mencionado esa cuestión en su informe. Dijeron que el Canadá había tratado de cambiar las normas jurídicas internacionales para disminuir el significado de los tratados celebrados sin la consulta ni el consentimiento debidos de los pueblos indígenas. Dichos representantes expresaron su apoyo y respaldo de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el estudio.
139. Representantes de Hawai expresaron su gratitud e hicieron referencia específica al "proyecto de ley de disculpas", aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 1993, y a la conclusión del informe en la que se decía que el caso de Hawai podría volverse a incluir en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas.
140. Varios representantes de organizaciones de pueblos indígenas africanos y asiáticos felicitaron al Sr. Alfonso Martínez por la ardua labor que había realizado en el informe y señalaron que algunas recomendaciones y conclusiones tenían un efecto directo en los pueblos indígenas de África y Asia. Opinaron que sería prematuro hacer observaciones sobre las consecuencias que tendría si los pueblos indígenas de África y Asia buscaran un foro diferente de las Naciones Unidas. El estudio no daba suficiente importancia a la situación de los pueblos indígenas que no habían sido partes en tratados, convenios y acuerdos constructivos. Arguyeron que caía totalmente fuera del mandato del Relator Especial cuestionar o denegar la condición indígena de esos pueblos.
141. Un representante indígena de Bangladesh dio las gracias al Sr. Alfonso Martínez, así como a las organizaciones e individuos que habían proporcionado información para el informe. Sin embargo, el valor potencial del informe había sido gravemente socavado por las observaciones del Relator Especial respecto de la cuestión de la condición "indígena" de los pueblos indígenas de África y Asia. Señaló que, dejando aparte unos pocos ejemplos tales como los masai y los ainu, en general los pueblos indígenas de África y de Asia no se habían incluido en la categoría de pueblos "indígenas", aunque el Relator Especial consideraba que su mandato era "universal". Rechazó la sugerencia de que los pueblos indígenas de Asia y África obtendrían remedios adecuados en el Grupo de Trabajo sobre las Minorías y recomendó que las opiniones críticas se incluyeran en el informe antes de que se convirtiera en documento oficial de las Naciones Unidas.
142. Al término del debate, el Relator Especial expresó su gratitud por las observaciones hechas sobre el informe definitivo, en particular por las que expresaban críticas. El debate era impresionante, habida cuenta del numero de oradores y de la variedad de opiniones. Le sorprendían las observaciones de dos delegaciones que lo acusaban de ser racista, lo que, a su juicio, era inexacto. El Relator Especial se refirió a la aplicabilidad del término "indígenas" a determinadas situaciones de África y de Asia. Sostuvo la tesis de que el término había sido acuñado por el conquistador europeo que impuso sus propias normas y que, por el hecho de que el período de descolonización había terminado en Asia y en África, el término ya no era apropiado para la mayoría de las situaciones existentes en esos continentes. El Relator Especial no negó la existencia de violaciones de derechos humanos pero cuestionó que el actual foro fuera apropiado para remediarlas. Había otros foros de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre las Minorías, que serían más apropiados.
143. La Presidenta-Relatora presentó el tema 9. Felicitó al Presidente-Relator del Grupo de Trabajo, Sr. Richard van Rijssen, por la forma en que había presidido la reunión. Consideró que la creación de un foro permanente era un paso indispensable para los pueblos indígenas y expresó la esperanza de que en el plazo de dos años se creara dentro del sistema de las Naciones Unidas un nuevo órgano de coordinación innovador para las cuestiones indígenas.
144. Presentando su informe (E/CN.4/1999/83), el Sr. van Rijssen dijo, entre otras cosas, que durante el período de sesiones del Grupo de Trabajo había consultado con los gobiernos y las organizaciones indígenas sobre cuestiones muy concretas relativas al foro permanente. Se había enterado de que los pueblos indígenas y los gobiernos se encontraban en posiciones muy diferentes. No obstante, creía que se había llegado a un punto sin retorno y que había acuerdo en que debería y podría establecerse un foro permanente. La idea de un foro permanente era completamente nueva: las Naciones Unidas era una organización de gobiernos y Estados-nación, y por primera vez representantes de grupos indígenas trabajarían en pie de igualdad. Se expresó la esperanza de que el foro permanente se estableciera antes de que terminara el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, y que podría dársele de dos a tres años para evaluar cómo funcionaba y cómo podía mejorarse.
145. Un representante sami, en nombre de 16 organizaciones indígenas de diferentes regiones del mundo, declaró que el rápido establecimiento de un foro permanente y la aprobación del proyecto de declaración eran las tareas más importantes que las Naciones Unidas habían de terminar antes de que terminara el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. A la luz del debate sostenido en el Grupo de Trabajo, era evidente que gran número de cuestiones habían recibido apoyo suficiente para servir de base sólida para el establecimiento del foro. Todas las partes involucradas aceptaban en general que debía establecerse un foro permanente para los pueblos indígenas y había también acuerdo respecto de un mandato amplio, que debería comprender todas las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas. El representante aplaudió el acuerdo de que el foro se organizara como asamblea abierta en la que podrían participar todos los gobiernos, pueblos y organizaciones indígenas, organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas. Además, señaló la aceptación de la propuesta de que un grupo central del foro estuviera compuesto por un número limitado de representantes de gobiernos y pueblos indígenas, en pie de igualdad, de todas las regiones del mundo. El representante dijo que el foro debería estar compuesto por un número igual de representantes de los pueblos indígenas y de los gobiernos, como miembros con plenos derechos de voto. Era de la opinión de que el foro debería rendir cuentas directamente al Consejo Económico y Social. El mandato del foro le permitiría tratar efectivamente toda la gama de cuestiones comprendidas en el mandato del Consejo Económico y Social que interesaban a los pueblos indígenas. Las actividades del foro deberían financiarse con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Debería establecerse una nueva secretaría, separada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas debería seguir existiendo.
146. Otros representantes indígenas apoyaron el establecimiento de ese foro. Un representante indígena de Guatemala pidió a los gobiernos que celebraran consultas con los pueblos indígenas para eliminar los obstáculos al establecimiento del foro.
147. La observadora de Guatemala dijo que su Gobierno apoyaba firmemente el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas. Consideró que tanto el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas como el foro permanente eran órganos necesarios para la participación de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.
148. El Sr. Alfonso Martínez dijo que el acuerdo general en la conveniencia de un foro permanente no debería utilizarse como excusa para disolver el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Señaló a la atención de los participantes la recomendación del apartado e) del párrafo 12 del informe de la Mesa del 54º período de sesiones de la Comisión de derechos humanos (E/CN.4/1999/104), en la que se decía que el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas debía continuar desempeñando su labor hasta que se resolviera la cuestión de su estatuto futuro en el marco de las deliberaciones de la Comisión sobre un foro permanente para las poblaciones indígenas en el sistema de las Naciones Unidas.
149. La observadora de Dinamarca, en nombre de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, los Parlamentos Sami de Finlandia, Noruega y Suecia, y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, señaló con satisfacción que el Grupo de Trabajo se reuniría de nuevo antes del 56º período de sesiones de la Comisión. Alentó a todos los gobiernos y pueblos indígenas a estudiar cuidadosamente el informe sobre la primera reunión y a considerar seriamente las distintas propuestas que ya se habían presentado respecto del foro. Dijo que debía mantenerse el impulso alcanzado durante la primera reunión del Grupo de Trabajo.
150. Un representante indígena de la Federación de Rusia dijo que no había motivo para disolver el actual Grupo de Trabajo y que debería existir paralelamente al foro permanente. Propuso también alargar los períodos de sesiones del Grupo hasta ocho días y cambiar las fechas de forma que se incluyera el 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.
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