Exposición presentada por escrito por FIAN-Foodfirst Information and

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2001/NGO/154
16 February 2001

ENGLISH
Original: SPANISH

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57 perÝodo de sesiones
Tema 10 del programa provisional

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Exposición presentada por escrito*/ por FIAN – Foodfirst Information and Action Network,
organización no gubernamental incluida en la Lista

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[15 de enero de 2001]

Una Mision de observación sobre la situación de la población campesina en Colombia fue realizada, por la VIA CAMPESINA, FIAN-Internacional con la participación del eurodiputado JOAQUIM MIRANDA, en el marco de la Campaña Global de Reforma Agraria realizaron. FIAN - Internacional introduce la presente declaración al punto 10 de la agenda provisional, referida a los derechos económicos, sociales y culturales.

Consideramos que la situación de la población rural colombiana se relaciona directamente con la problemática y la lucha de millones de campesinos en el mundo: la soberanía alimentaria, el derecho de las naciones y las comunidades de decidir sobre su economía y alimentación, la reforma agraria y la lucha contra el intento de las transnacionales por copar todos los espacios mediante los grandes proyectos de inversión y la apropiación del patrimonio genético y los saberes culturales.

Entre 1984 y 1997 los propietarios de fincas de más de 500 hectáreas (0.2% de los propietarios) pasaron de tener el 32 % a al 45 % de la tierra y también desde 1.984 ha disminuido el área cultivada en cerca de un millón de hectáreas. Estas cifras muestran que el derecho a la alimentación, que implica el acceso a la tierra como recurso para alimentarse en autodeterminación, no está respetado.

El instrumento más eficaz para garantizar el derecho a la alimentación, la Reforma Agraria, no se implementa para permitir al campesinado el acceso a la tierra. La ley vigente de Reforma Agraria (ley 160/94) excluye a los campesinos pobres del beneficio del programa por su sistema de crédito. La obligación a financiar el 30% del precio de la tierra ha dejado un gran numero de beneficiarios con deudas impagables. Además, las instituciones para implementar la Reforma Agraria, el INCORA y el Banco Agrario, carecen de fondos suficientes para aumentar el volumen de tierras redistribuidas.

Constatamos que con el incremento de la violencia, Colombia ha perdido su soberanía y seguridad alimentaria, pasando a depender de las importaciones de alimentos y reduciendo del área sembrada, mientras se incrementa la concentración de la propiedad. En vez de la alimentación de los colombianos, el modelo vigente prioriza los grandes proyectos de inversión petroleros y viales.

Estas cifras muestran que hay beneficiarios directos de la violencia y creemos en la responsabilidad de estos grandes propietarios en la guerra y en el desplazamiento de miles de campesinos a los cultivos ilegales.

Nos preocupa que haya una legislación para desplazar forzada aunque legalmente a los campesinos cuyas tierras estén a menos de 5 kilómetros de explotaciones mineras. Nos alarma el desplazamiento violento de dos millones de campesinos(as) durante los últimos 15 años. Es imposible dejar de pensar que el desplazamiento sistemático de los campesinos no obedece a un plan preconcebido por los gestores de un modelo de desarrollo, acelerado, quienes consideran al campesinado y a los indígenas como poblaciones inviables u obstáculos al desarrollo y desean, considerando que si el mercado no ha podido extirpar las economías campesinas y las culturas indígenas, la guerra puede cumplir el papel de un programa económico.

Creemos que la situacion de los derechos humanos de la población campesina, indígena, negra en Colombia reviste una gravedad de incalculables proporciones. El desplazamiento forzado sucede como consecuencia de actos de terror y violencia como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, quema de poblaciones, destrucción de cultivos, violaciones y abusos sexuales. Se ejerce en regiones donde existe intereses estrategicos sobre la tierra, donde la población está organizada y ha representado una forma de poder local, donde ha existido una fuerte tradición de lucha por la tierra.

Existen testimonios que dan cuenta del paramilitarismo como una política de Estado diseñada para la lucha contrainsurgente y para aniquilar la oposición social. Testimonios demuestran la permisividad, y complicidad en crímenes de lesa humanidad. Los primeros objetivos han sido las organizaciones campesinas: 1.200 dirigentes de las organizaciones campesinas FENSUAGRO y mas de 250 dirigentes de la ANUC UR fueron asesinados.

Durante el año 2.000, paramilitares realizaron operaciones de despojo de las tierras entregadas por el Estado colombiano a las comunidades campesinas en 10 departamentos. Las masacres ocurren en el área de operaciones militares; en Valle, paramilitares asesinaron a 450 campesinos y sindicalistas; realizaron 28 masacres y provocaron inmensos desplazamientos. En Cauca, estan ejecutando un plan de exterminio contra las comunidades campesinas participantes en la movilización de noviembre de 1999.

En Sur de Bolívar y Valle del Rio Cimitarra, más de 500 campesinos han sido asesinados, 689 viviendas y cooperativa incediadas, más de 30.000 desplazados. Las organizaciones campesinas responabilizan al Ejército Nacional en combinación con bandas paramilitares. La población campesina es rehen en su propia región; paramilitares efectúan retenes por el río Magdalena, bloquean el ingreso de alimentos, medicamentos, portan listas para exterminio

El Plan Colombia aplica recetas militaristas, beneficia la expansión de la propiedad terrateniente; impone la explotación de las transnacionales, abre la Amazonía a las transnacionales para acceder a su biodiversidad y patrimonio genético sin que se solucione el problema de los cultivos ilegales, pues dada su situación los campesinos(as) simplemente irán más adentro en la selva, tumbándola para repetir y ampliar esos mismos cultivos, causando mayor daño ecológico, tanto con la dispersión de los cultivos, como con las fumigaciones fataltales para la selva y la vida humana.

La solución a la grave situación de Colombia está en actitudes y políticas para la democratización, la erradicación de la corrupción y la voluntad política para terminar con la impunidad y de la complicidad con las fuerzas paramilitares; de la efectiva resolución de los problemas económicos y sociales, que reduzcan los índices de pobreza e injusticia social de la población y que frene el desplazamiento forzado.

Son las razones por las cuales pedimo a esta Comisión su directa intervención ante el Estado colombiano para el cumplimiento de las siguientes recomendaciones para la satisfacción plena de los derechos económicos sociales y culturales.

1. Realizar una reforma agraria integral, democrática y masiva, que reordene socialmente la propiedad sobre la tierra en un marco de desarrollo rural social democrático y sostenible con instrumentos como la expropiación por vía administrativa y la extinción del derecho de dominio del latifundio improductivo.

2. Destinar para la reforma agraria cinco millones de hás. subutilizadas hoy en ganadería extensiva.

3. Aplicar la figura de las "zonas de reserva campesina" contenida en la Ley 160/94 como una medida eficaz para frenar la concentración de la tierra dentro de la frontera agrícola y en áreas de colonización.

4. Cumplir con el mandato de la ley 333 de 1996 que ordena la extinción de dominio de tierras adquiridas por enriquecimiento ilícito para su redistribución.

5. Derogar los decretos de gobierno que convierten las tierras y bienes campesinos e indígenas en zonas de reserva mineras, petroleras.

6. Constituir, ampliar y sanear los Resguardos indígenas; Aplicar el artículo 63 de la Constitución colombiana que considera inalienables las tierras comunales de los grupos étnicos; Reconocer la legitimidad de los títulos coloniales del pueblo U'wa sobre su territorio y aplicar el Convenio 169 de la OIT y el parágrafo del artículo 330 y los artículos 63 y 93 de la Constitución Colombiana.

7. Dotar al Banco Agrario de una política y recursos para fortaleceer la economía campesina. Establecer un fondo especial de crédito para usuarios de reforma agraria. Resolver el endeudamiento estructural de los pequeños productores campesinos, mediante una condonación.

8. Concertar con las organizacines de productores sobre sustitución de cultivos ilegales excluyendo las erradicaciones forzadas y las fumigaciones.

9. Frenar el desmonte de las instituciones agropecuarias; concertar con los sindicatos los cambios en estructura institucional agraria del Estado.

10. Cumplir con los acuerdos relativos a protección, desarrollo y reforma agraria firmados con: Mesa Regional del Magdalena Medio (4-10-1998); Movimiento del suroccidente en (09- 1.999); las comunidades desplazadas de la Hacienda Bellacruz (03-1.996); con el Consejo Nacional Campesino (15-09-2.000); pequeños productores del eje cafetero (09.95)

11. Fomentar la organización gremial y económica del campesinado, garantizando su libertad de asociación y expresión.

12. Perseguir y desarticular las agrupaciones paramilitares, como lo contempla el decreto 324 del 25 de febrero de 2000.

13. Frenar el desplazamiento campesino, garantizar el retorno a sus tierras; asistir humanitariamente a la población desplazada. Establecer una Mesa Permanente sobre Desplazamiento Forzado. Tipificar el desplazamiento forzado como un delito de lesa humanidad.

14. Respetar los fallos de los Tribunales Internacionales de Opinión sobre los crímenes contra la humanidad y permitir que la justicia civil procese penalmente a los responsables, imponga castigos ejemplares, repare e indemnice las víctimas. Aceptar el informe COLOMBIA NUNCA MAS, estableciendo la verdad y el castigo sobre los 38.000 casos de crímenes contra la humanidad presentados el 28 de noviembre de 2.000, como la única manera de superar la impunidad y reestableceer el clima de paz duradera.
15. Nombramiento de un Relator Especial para Colombia.

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*/ Se distribuye esta exposición escrita sin editar, tal como ha sido recibida de la Organización no gubernamental.