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| Distr. GENERALA/50/861/Add.2 13 de agosto de 1996 ESPAÑOL Original: INGLÉS |
1. Este informe se presenta a la Asamblea General a continuación del informe del Secretario General de 25 de enero de 1996 (A/50/861), sobre la situación de la democracia y los derechos humanos en Haití, y con arreglo a la resolución 50/86 B, de 3 de abril de 1996, en la cual la Asamblea, entre otras cosas, pidió al Secretario General que le presentara informes periódicos. En el informe se proporciona una descripción de las actividades de la Misión Civil Internacional a Haití (MICIVIH), con el auspicio conjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, una evaluación de la situación en materia de derechos humanos y de las instituciones cuyas operaciones son esenciales para la promoción y protección de los derechos humanos. En el informe también se describen las actividades futuras de la Misión en caso de que su mandato se prorrogue en respuesta a la petición del Presidente de Haití de fecha 18 de julio de 1996. El informe se ha preparado en consulta con la OEA.
2. La transferencia armoniosa del poder el 7 de febrero de 1996, entre el Presidente saliente, Reverendo Jean-Bertrand Aristide y el Presidente electo René Préval fue el punto culminante de la función de los funcionarios electos, que comenzó en 1995 con elecciones parlamentarias, municipales y locales (Consejo de Administración de Secciones Comunales) (CASEC). También constituyó un paso fundamental en la consolidación del proceso democrático en Haití.
3. El nuevo Primer Ministro, Rosny Smarth, propuesto por el Presidente Préval y ratificado por el Parlamento, asumió sus funciones el 6 de marzo de 1996. El nuevo gobierno, que representaba un cierto grado de continuidad con el gobierno saliente de la Primera Ministra Claudette Werleigh, tuvo que abordar de inmediato una serie de problemas fundamentales no resueltos. Era necesario elaborar políticas para resolver los apremiantes problemas socioeconómicos. Había que continuar y fortalecer el respaldo a las instituciones, en particular en relación con la reforma judicial y la nueva Policía Nacional de Haití, cuyo despliegue quedó terminado en febrero de 1996. En materia de seguridad, siguió prevaleciendo una sensación generalizada de inseguridad, agudizada por ataques contra la policía a raíz de los cuales murieron siete agentes de policía, y por una elevada tasa de delitos a mano armada, incluidos varios secuestros para pedir rescate, en poco tiempo. Estos acontecimientos y el resurgimiento de las protestas de ex miembros de las Fuerzas Armadas de Haití (FADH), que parecían indicar un mayor nivel de apoyo y organización, no contribuyeron a aplacar el temor de un resurgimiento de los grupos paramilitares y la amenaza que podían representar para la consolidación del proceso democrático en Haití.
4. No obstante, la situación política siguió, en general, siendo calma. Los partidos de oposición concedieron al Gobierno un período de gracia de tres meses. Con todo, la falta de unidad en la agrupación política que constituye la mayoría en la Asamblea sobre la cual se basa el Gobierno se hizo más evidente, y se puso de manifiesto que una oposición importante a las políticas del Gobierno provendría de sus propias filas. Las políticas económicas fomentadas por el Gobierno, incluidas las reformas de la administración pública, la modernización de las empresas del Estado y un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, se convirtieron en cuestiones políticas importantes.
5. El componente de las Naciones Unidas de la MICIVIH se redujo en febrero de 87 a 32 observadores. Hubo una reducción similar en el número de observadores desplegados por la OEA. Como consecuencia, el total de integrantes de la Misión se redujo de 162 observadores en 12 oficinas regionales a 64 en 7 oficinas regionales.
6. En respuesta a la petición formulada por el Presidente Préval el 9 de febrero de 1996, de que la MICIVIH permaneciera en Haití (A/50/861/Add.1, de 15 de febrero de 1996), la Asamblea General aprobó la resolución A/50/86 B en la que se prorrogaba el mandato del componente de la MICIVIH correspondiente a las Naciones Unidas hasta el 31 de agosto de 1996.
7. De conformidad con la resolución mencionada, las funciones de la MICIVIH durante la prórroga del mandato incluían los siguientes elementos principales: a) vigilar el respeto pleno por Haití de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Constitución de Haití y los tratados internacionales de los cuales Haití es parte; b) proporcionar asistencia técnica, a solicitud del Gobierno de Haití, en la esfera del desarrollo de las instituciones, tales como el entrenamiento de la policía o la creación de una administración de justicia imparcial; y c) apoyar la elaboración de un programa para el fomento y la protección de los derechos humanos con miras a promover el establecimiento de un clima de libertad y tolerancia que fuera propicio para la consolidación a largo plazo de la democracia constitucional en Haití.
8. En vista del despliegue completo de los 5.300 agentes de la Policía Nacional de Haití para fines de febrero de 1996 y la reducción de la policía civil durante la prórroga de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) de 900 a 300 oficiales, la vigilancia del respeto por los derechos humanos por parte de los agentes de seguridad del Estado volvió a surgir como una actividad esencial de la MICIVIH.
9. En la esfera del fomento de las instituciones, la MICIVIH adoptó un criterio tripartito. Con respecto al mejoramiento de las cárceles y las condiciones de detención, siguió trabajando en estrecha coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de un proyecto de reforma penitenciaria financiado conjuntamente con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los observadores de la Misión también trabajaron sobre el terreno en colaboración con la policía civil de la UNMIH y, más tarde, de la Misión que la sucedió, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (MANUH) para vigilar la conducta de la policía. A solicitud de la policía civil, el Programa internacional de asistencia para la capacitación en investigación penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los directores de la escuela de policía, la Misión proporcionó instrucción en materia de derechos humanos y las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza y las armas de fuego. Con respecto a la reforma judicial, la Misión cooperó con el Ministerio de Justicia y los principales donantes. La Misión también hizo exposiciones ante la Escuela de Magistrados y las escuelas de derecho de todo el país. En las tres principales esferas de fomento de las instituciones, la Misión utilizó la información y las evaluaciones de sus observadores sobre el terreno para formular recomendaciones a las autoridades pertinentes de Haití.
10. A pesar de las demoras en la aprobación de las consignaciones presupuestarias y en los programas de contraparte, las actividades de la Misión en materia de promoción de los derechos humanos y educación cívica resultaron ser una de sus esferas de actividad más dinámicas.
11. Además de los requisitos en materia de presentación de informes fijados en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la OEA, la Misión preparó informes semanales sobre la situación en materia de derechos humanos para su distribución, en particular, a las autoridades de Haití. Se publicaron informes a fondo sobre el sistema judicial y la policía, que se distribuyeron ampliamente a los funcionarios del Gobierno, donantes y otros interesados. La Misión mantuvo un programa permanente y activo de reunión de datos sobre toda la información acerca de casos de violencia en los que hubieran violaciones reales o hipotéticas de los derechos humanos.
12. En general, la situación siguió mejorando y las declaraciones de política del Gobierno y las autoridades policiales indicaron que el Estado seguía comprometido a defender los derechos humanos y mejorar la rendición de cuentas al respecto. No obstante, los progresos fueron lentos y se informó de serias violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, ataques deliberados con armas de fuego y malos tratos o torturas de sospechosos por la policía. La actuación de la nueva fuerza policial al respecto no es perfecta y es necesario fortalecer con urgencia los mecanismos de disciplina e iniciar acciones penales contra cualquiera de los agentes que pueda haber participado en violaciones graves de los derechos humanos.
13. A pesar de las restricciones operacionales y de otro tipo, incluidas la falta de experiencia y de supervisión, la mayoría de los agentes de policía cumplieron con su deber de manera profesional. Los abusos ocurrieron principalmente durante manifestaciones públicas o cuando la policía trataba de arrestar a sospechosos violentos o presuntamente violentos. Hubo problemas permanentes con el uso ilegal y desproporcionado de armas de fuego por la policía y por agentes de policía fuera de servicio. Entre los casos más graves se incluyó el ataque con armas de fuego perpetrado en marzo contra ocho personas durante operaciones policiales en el barrio de Cité Soleil, de la capital; la muerte de por lo menos dos sospechosos que estaban detenidos en el mes de junio; y la muerte como consecuencia de las torturas de otros dos en Croix des Bouquets (Departamento del Oeste).
14. Si bien fueron relativamente pocas en 1995, las denuncias de malos tratos, incluidos los casos de torturas con electricidad a las personas detenidas por la policía aumentaron significativamente en 1996, y se denunció que más de 80 personas fueron golpeadas o sufrieron otros malos tratos durante interrogatorios entre enero y junio.
15. Aunque los guardacárceles, que dependen de la Administración Penitenciaria Nacional (APENA), institución civil, en general respetaron los derechos de los detenidos en las cárceles de Haití, se informó de malos tratos que incluían los presuntos castigos corporales a 15 menores, uno de los cuales fue hallado muerto en su celda dos días más tarde. Se desconocía la causa exacta de su muerte, pero, a pesar de su grave estado físico al llegar a la cárcel, la víctima no recibió tratamiento médico. Los guardias aparentemente responsables de los castigos posteriormente fueron dejados cesantes por otros motivos. Se observó que los guardias de la APENA en la mayoría de las regiones, entre ellos algunos ex miembros de las fuerzas armadas, portaban armas de su propiedad, en contravención de las normas penitenciarias.
16. Si bien la mayoría de las autoridades policiales de todo el país hizo esfuerzos encomiables por garantizar que los sospechosos detenidos comparecieran ante un juez dentro del límite de 48 horas estipulado por la ley de Haití, algunos no respetaron el procedimiento. La MICIVIH descubrió que varios sospechosos permanecieron detenidos durante períodos que oscilaban entre una semana y un mes sin comparecer ante un juez. En algunos casos, la Misión también descubrió que no se había establecido la legitimidad de la detención ni se informaba en todos los casos a los detenidos de los motivos del arresto.
17. A pesar del mejoramiento observado en algunas regiones, las demoras en la tramitación, causadas principalmente por falta de organización, personal judicial y capacidad de realizar investigaciones apropiadas, siguieron haciendo que la mayoría de los detenidos permanecieran en la cárcel en espera de juicio, a veces durante períodos más prolongados que el plazo legal máximo para llevar a cabo una investigación judicial, e incluso durante más tiempo que el que entrañaban las penas máximas por los presuntos delitos.
18. El Gobierno y las autoridades policiales han demostrado su apoyo a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y a la sanción de los responsables. En marzo de 1996 entró en vigor un código disciplinario para la policía, que complementa el código de deontología puesto en vigor en agosto de 1995. La Inspección General de la Policía Nacional de Haití, encargada de recibir denuncias de malos tratos y realizar investigaciones, ha establecido una presencia firme. Si bien se iniciaron investigaciones en varios casos y se impusieron sanciones a algunos agentes de policía, sólo en unos pocos casos se anunciaron decisiones definitivas. No siempre se hizo pública toda la información sobre los resultados de las investigaciones policiales, aunque en junio y julio se observaron mejoras a ese respecto. Las investigaciones judiciales se iniciaron sólo en algunos casos de policías acusados de cometer abusos, y en muy pocos casos se han iniciado acciones judiciales en los tribunales.
19. Se adoptaron algunas medidas contra los guardacárceles de los que se sospechaba que castigaban a los detenidos. No obstante, en la investigación de los malos tratos en las cárceles de Haití siguió siendo responsabilidad del Director General Adjunto, sin que se estableciera un órgano interno encargado de realizar investigaciones o recomendar la aplicación de sanciones. No obstante, se inició la preparación de un código de conducta y reglamento interno para los guardacárceles.
20. Tras la presentación de denuncias en las que se nombraba a más de 300 ex miembros de las fuerzas de seguridad y sus asociados, en diversos lugares del país se iniciaron acciones judiciales contra los acusados de violar los derechos humanos durante el régimen de facto. Pocos casos han llegado a la etapa del juicio, no obstante, y se han dictado aún menos condenas. Esto se puede atribuir en parte a problemas de procedimiento, incluida la preparación incorrecta de los expedientes, por lo que algunos sospechosos fueron puestos en libertad por motivos técnicos; la puesta en libertad de algunos acusados después de que los jueces invocaron la prescripción de los delitos; la falta de acción por parte de los fiscales y el temor de las víctimas o los testigos a prestar testimonio.
21. El 5 de febrero de 1996 se entregó al Presidente de Haití el informe de la Comisión Nacional para la Verdad y la Justicia, encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de estado, y sus recomendaciones se hicieron públicas en abril. Recientemente se nombró un comité del Gobierno encargado de formular recomendaciones sobre las medidas complementarias del informe de la Comisión.
22. La falta de confianza de la población en el sistema de justicia provocó incidentes de justicia "popular" en los que multitudes encolerizadas atacaron y mataron a presuntos delincuentes, a veces incluso después de que la víctima hubiera sido detenida por la policía. La MICIVIH registró unos 80 incidentes de este tipo, que demuestran las dificultades que enfrentan la policía y los funcionarios judiciales para imponer la autoridad legítima.
23. El hecho de que la población no acata en muchos casos las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales también provocó violentas protestas, a menudo acompañadas de ataques contra los tribunales, las fiscalías y las comisarías, a raíz de lo cual los tribunales han estado cerrados durante períodos que oscilan entre algunos días y varios meses. En algunos casos, los jueces recibieron amenazas o presiones que socavaron su capacidad de actuar. En algunas regiones, hubo protestas en el contexto de un conflicto político entre el gobierno electo, la policía y los funcionarios judiciales, o con miembros de organizaciones populares hostiles a la policía.
A. La Policía Nacional de Haití
24. Un año después de la creación de la Policía Nacional de Haití, unos 5.200 oficiales de policía han recibido entrenamiento básico y se ha desplegado a 5.558 agentes. Estaban en vigor las estructuras oficiales de la fuerza de policía, y se estaban creando los primeros componentes de las unidades especializadas, especialmente una compañía de mantenimiento del orden, una fuerza de integración rápida y una dependencia de investigaciones criminales. Esta última seguía necesitando considerables recursos y capacitación adicionales. Se creó un comité encabezado por el Presidente Préval a fin de trazar el plan de desarrollo institucional de la Policía Nacional de Haití, vigilar el cumplimiento de las tareas específicas y enfrentar los problemas que afectan el rendimiento y funcionamiento de la fuerza. Las deficiencias estructurales y las restricciones operacionales siguen afectando la capacidad de la policía de cumplir con sus tareas y las fuerzas policiales enfrentaron casos inquietantes de delitos violentos, particularmente en la capital. Siete agentes de policía fueron muertos por atacantes desconocidos entre marzo y mediados de julio.
25. Si bien algunos oficiales de policía que demostraron su capacidad de dirigentes durante el despliegue inicial fueron ascendidos a puestos de inspectores locales, siguió habiendo grandes vacíos en las estructuras de mando. Se adoptaron medidas iniciales para subsanar esas deficiencias mediante la selección y el entrenamiento de aspirantes a capitanes de policía y otros cargos de supervisión. La integración plena de algunos oficiales de la policía provisional a la Policía Nacional de Haití, incluidos los agentes entrenados en Guantánamo, los entrenados por la policía del Canadá (los agentes "Regina") y ex miembros de las fuerzas armadas de Haití, no ha terminado y su situación indefinida ha provocado tensiones internas.
26. En algunas zonas rurales, cuando los oficiales de policía se niegan a desplegarse a distritos alejados, citando la falta de instalaciones y problemas logísticos, las autoridades judiciales y otras autoridades locales a menudo recurren a medidas improvisadas, buscando el apoyo de funcionarios locales electos o de la policía comunal, no oficial, que a veces trabajan en colaboración con la Policía Nacional de Haití para cumplir tareas policiales. En Puerto Príncipe algunos excesos hicieron que en mayo se desmantelaran unidades de seguridad paralelas, tales como el Servicio de Inteligencia Nacional, en tanto que en el caso de varias otras unidades armadas, como las encargadas de la seguridad de los ministros y del Presidente y del palacio presidencial, todavía es preciso aclarar su incorporación a las estructuras de mando de la Policía Nacional de Haití, como también su facultad de realizar arrestos y requisas de vehículos y domicilios. En este contexto ha sido motivo de preocupación la reciente creación de fuerzas policiales armadas locales en varios municipios, incluso Puerto Príncipe y Delmas, bajo la autoridad de los alcaldes.
27. La MICIVIH participó en el entrenamiento de los comisarios de policía y la policía de represión de disturbios, aumentado el alcance de sus actividades desde las normas sobre derechos humanos hasta las relaciones con las autoridades civiles y judiciales y la población. La Misión publicó una colección de normas internas de la policía y tradujo códigos de conducta policial al creole para su publicación y distribución. La MICIVIH dio apoyo a la Policía Nacional de Haití en las actividades policiales en la comunidad y participó en reuniones entre oficiales de policía departamentales y la población en varias comunas.
28. La MICIVIH siguió supervisando a la policía en todo el país en lo que respecta a los derechos humanos, entre otras cosas, vigilando sistemáticamente las condiciones de detención en locales policiales (garde à vue). La información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos fue presentada periódicamente a las autoridades policiales nacionales y a la Inspección General. Las autoridades respondieron positivamente a esas iniciativas y, en los casos en que aún no se habían iniciado, se pusieron en marcha investigaciones. En julio la Misión preparó un informe detallado sobre el desempeño de la Policía Nacional de Haití durante su primer año de funcionamiento, que se distribuyó, entre otras cosas, a funcionarios policiales y del Gobierno y a la comunidad de donantes. El informe incluye una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer la protección de los derechos humanos. Las autoridades adoptaron medidas en muchos de los casos mencionados en el informe, que incluyeron la suspensión de algunos agentes de policía hasta que se contara con los resultados de las investigaciones oficiales. La MICIVIH presentó información a la dependencia de investigaciones criminales acerca de las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de estado, para seguir las investigaciones con miras a enjuiciar a los culpables.
29. La APENA, órgano civil responsable de las cárceles de Haití, se incorporó como entidad independiente a la estructura general de la Policía Nacional de Haití, de conformidad con la Constitución haitiana de 1987. No obstante, todavía queda por definir oficialmente la relación entre la Policía Nacional de Haití y la APENA. No se han elaborado normas disciplinarias, códigos de conducta para el personal ni reglamentos para los detenidos, y también es preciso definir los mecanismos para hacer cumplir los reglamentos. La coordinación entre las autoridades penitenciarias y policiales mejoró en muchas regiones, en particular en lo que respecta al tratamiento de los presos, pero siguió habiendo algunas tensiones, especialmente en la capital. Los guardias, que sentían un aumento de las amenazas a su propia seguridad, pidieron que se les permitiera portar armas de fuego. La preocupación de la población se centró en la cuestión de las fugas de las cárceles y la puesta en libertad de individuos sospechosos de haber cometido crímenes graves antes del comienzo de los juicios.
30. Aproximadamente el 80% de los detenidos en las cárceles administradas por la APENA (el 86% en Puerto Príncipe) estaba en espera de juicio. La distribución de la responsabilidad de los arrestos entre la policía y la APENA siguió siendo problemática, y un número importante de detenidos siguió en instalaciones de detención policiales, en parte debido a la falta de medios de transporte. Las condiciones en los centros de detención policiales eran rudimentarias, y la policía rara vez estaba en condiciones de proporcionar saneamiento, alimentación y atención de la salud en forma adecuada. Los agentes de policía a menudo pagaban la comida de los detenidos con su propio dinero. El registro de las personas en detención policial se realizaba sin orden alguno. La MICIVIH planteó estos problemas al Ministro de Justicia, quien expresó su disposición a aprovechar la asistencia de la Misión para abordar los problemas.
31. Siguió la práctica de encarcelar a las personas que no podían pagar deudas privadas, en contravención de las normas internacionales pertinentes. Había una tendencia a no proseguir con las acciones judiciales en los casos en que los detenidos que pagaban una fianza eran liberados de la prisión preventiva. Estos problemas se veían agudizados por la casi total incapacidad del sistema de registro civil de Haití, que impide seguir el rastro de las personas.
32. El programa de reforma penal, que cuenta con financiación internacional, y en el que se proporciona capacitación a todos los directores de institutos penitenciarios, inspectores y supervisores, comenzó a abordar la cuestión de reconstruir las cárceles, pero la ejecución aún no había comenzado a mediados de julio. Mejoraron los servicios de saneamiento, alimentación y atención de la salud en las cárceles, pero siguieron estando por debajo de las normas internacionalmente aceptadas. La administración penitenciaria capacitó y desplegó a trabajadores sociales carcelarios, y la MICIVIH contribuyó a la capacitación sobre normas mínimas aceptables.
33. Los observadores de la MICIVIH visitaron periódicamente las cárceles y los centros de detención para evaluar la situación judicial de los detenidos, vigilar el mantenimiento eficaz de los sistemas de registro y prestar asistencia a la organización de registros y expedientes penitenciarios. Se inició la preparación de un informe completo sobre la situación penitenciaria en Haití, que incluiría recomendaciones para introducir mejoras.
34. Una vez establecido el nuevo Gobierno del Presidente Préval, el Ministerio de Justicia creó secretarías de Estado para la reforma judicial y la seguridad pública. Siguió habiendo una estrecha coordinación entre el Ministerio de Justicia y la comunidad internacional de donantes acerca de la reforma judicial. La prioridad concedida a este sector por el Gobierno se puso de manifiesto con la iniciación de una reunión mensual de coordinación encabezada por el Primer Ministro. El Ministerio de Justicia realizó un retiro cuyo objeto era proporcionar al personal del Ministerio la oportunidad de reflexionar sobre la orientación de la reforma. Posteriormente se preparó un documento general sobre reforma judicial y un documento estratégico sobre las prioridades y el calendario de ejecución. La MICIVIH aportó sus conocimientos técnicos a estas actividades. En febrero se estableció la primera asociación privada de magistrados y en mayo se nombró a un defensor del pueblo (Office de la protection du citoyen), con un mandato constitucional, aunque hasta julio aún no se habían asignado los recursos correspondientes.
35. En el período sobre el que se informa hubo algunas mejoras en los procesos judiciales, lo que hizo que aumentara en el número de presos condenados con respecto a los detenidos en espera de juicio. La MICIVIH comenzó a celebrar reuniones locales periódicas entre las autoridades penitenciarias, judiciales y policiales, a fin de mejorar las comunicaciones, racionalizar la etapa de los procesos judiciales anterior al juicio y evitar que los detenidos "se perdieran" en el sistema. Gracias a esas iniciativas mejoró la coordinación en el plano local. No obstante, en algunas localidades las investigaciones judiciales eran incompletas o prácticamente inexistentes. Se realizaron algunas tareas de investigación del personal judicial y de fiscalía, pero es preciso aumentar la capacitación y los recursos para fortalecer la capacidad de investigación de los funcionarios de las fiscalías.
36. Sigue habiendo problemas materiales con los edificios de los tribunales, el equipo básico y los medios de transporte. Los pagos de los sueldos de los funcionarios judiciales han seguido atrasándose, y el bajo nivel de las remuneraciones sigue preocupando. Los inspectores judiciales, que recibieron su mandato hace un año, no han podido desempeñar sus funciones fuera de la capital por falta de recursos. Es preciso fortalecer la administración básica de los tribunales y la capacidad de preparación de presupuestos. El intercambio de información entre la jerarquía judicial y el Ministerio ha mejorado, pero persisten los problemas en las comunicaciones y la capacidad del Ministerio de procesar la información.
37. La incapacidad del sistema judicial de enjuiciar con celeridad a los sospechosos de haber cometido delitos ha tenido consecuencias negativas, no sólo en la percepción pública del poder judicial sino también en la percepción de los sistemas policial y penal. La falta de personal suficiente siguió entorpeciendo su funcionamiento. La falta de seguridad para los jueces a veces hizo que se cerraran los tribunales bajo presión popular. Recientemente el Ministro de Justicia anunció que se establecerían más tribunales. Se siguió examinando la política para los nombramientos y mandatos judiciales, y se hizo hincapié en la idoneidad y la armonía con la Constitución. No obstante, los abogados y otros profesionales expresaron cada vez más la necesidad de que se celebrara un debate público nacional amplio sobre la orientación de la reforma judicial.
38. La MICIVIH proporcionó a la legislatura de Haití y los Ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores una lista y copias de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y la OEA no ratificados por Haití. La Misión siguió cooperando estrechamente con iniciativas del Canadá, Francia y los Estados Unidos para fortalecer el sistema judicial. Se insistió especialmente en mejorar la administración de las fiscalías, mediante un programa experimental conjunto en seis de las principales ciudades provinciales, con objeto de aumentar la capacidad del sistema de desarrollar los casos hasta el juicio. La Misión prestó asistencia técnica en la preparación de propuestas y circulares ministeriales relacionadas con los arrestos y las detenciones, los allanamientos e incautaciones, la detención policial y el uso del creole en la administración de justicia. La Misión también redactó un proyecto de ley sobre la prohibición de imponer penas de cárcel por deudas civiles.
39. Prosiguió la capacitación a cargo de juristas de la Misión en el instituto de capacitación judicial (École de la Magistrature) sobre los principios de los derechos humanos y procedimientos penales imparciales. La capacitación se amplió e incluyó la utilización de los instrumentos de derechos humanos en las actuaciones judiciales internas. No obstante, todavía queda por determinar la condición de la escuela de capacitación y su función en la carrera judicial. La Misión realizó un experimento inicial en la capacitación de los jueces de paz en técnicas de mediación y solución de conflictos, para ayudarlos a cumplir mejor con este aspecto de sus funciones y también para reducir el número de casos que los tribunales tienen ante sí, mejorando así la confianza del público en los funcionarios judiciales. Los primeros informes indican que algunos jueces están aplicando con éxito las técnicas aprendidas. Otras actividades de capacitación incluyen la cooperación con iniciativas internacionales en la capacitación de abogados para prestar asesoramiento jurídico y la enseñanza en las escuelas de derecho provinciales del derecho de los derechos humanos, en particular en lo tocante a la justicia penal, y su pertinencia para Haití.
40. Los observadores de la MICIVIH siguieron visitando a funcionarios judiciales y tribunales en todo el país, asistiendo a juicios, supervisando la condición jurídica de los detenidos y examinando cuestiones pertinentes al derecho y los derechos humanos con miembros del poder judicial. Los observadores prestaron asistencia en la organización y compilación de registros en las fiscalías y los tribunales. En las reuniones con los funcionarios judiciales, especialmente los Commissaires du gouvernement, la Misión siguió insistiendo en la responsabilidad judicial de supervisar el registro y las condiciones en las cárceles.
41. En mayo, la Misión publicó una evaluación detallada del funcionamiento del sistema de justicia penal y formuló un número importante de recomendaciones sobre reformas, sobre la base de sus observaciones sobre el terreno. El informe fue distribuido a los funcionarios judiciales y del gobierno, las organizaciones de derechos humanos, los países donantes y otros interesados. La Misión trabajó junto con la policía civil en una evaluación conjunta de la policía, el sistema penitenciario y el poder judicial en cada departamento regional.
42. La reforma judicial en Haití es una cuestión que seguirá siendo importante durante bastante tiempo. La insistencia en la capacitación está empezando a dar algunos resultados satisfactorios, aunque aun éstos podrían quedar anulados si el ritmo de rotación del personal, especialmente los jueces de paz, sigue siendo tan rápido como en la actualidad. Los proyectos encaminados a mejorar la administración de justicia también han tenido resultados tangibles, pero aún no se han eliminado los principales atrasos. Los objetivos de la reforma judicial, y las estrategias para conseguirlos, se han definido en gran medida, aunque aún quedan por adoptar medidas concretas para su aplicación. Precisamente a causa de su naturaleza a largo plazo, la reforma judicial exige no sólo claridad, sino también fortaleza y energía, para que el proceso siga avanzando y sorteando los obstáculos inevitables.
43. Con el objetivo amplio de fortalecer la sociedad civil y difundir información sobre los derechos humanos, la Misión preparó programas breves de televisión y radio sobre la función de la policía, las condiciones en las cárceles, la participación de los ciudadanos en la democracia, las leyes contra la difamación, la igualdad de acceso a la educación para las niñas, y los niños empleados como sirvientes domésticos. Los programas fueron distribuidos a los medios de difusión en todo el país. Además, la Misión produjo vídeos de capacitación de media hora de duración y programas de 10 minutos sobre la relación entre el público y los funcionarios gubernamentales electos, la policía y el sistema de justicia, la solución de conflictos, la cultura y los derechos humanos, la violencia contra la mujer y la libertad de expresión. La Misión también auspició una serie de programas de radio, difundidos en toda la región meridional de Haití, durante los cuales los oyentes llamaban por teléfono para hacer preguntas a observadores e invitados. El programa se centró en la función de los jueces, las responsabilidades de la policía y otras cuestiones de derechos humanos. La Misión preparó diversos carteles o folletos relacionados con la policía, los procedimientos de arresto y presentación de denuncias, el código penal, la violencia contra la mujer, la solución pacífica de conflictos y la participación de los ciudadanos en la sociedad democrática.
44. Los programas de educación sobre derechos humanos tenían por objeto llegar a una amplia variedad de protagonistas de la sociedad civil, así como a los funcionarios oficiales electos nombrados en el plano local. La Misión capacitó a varios cientos de dirigentes de organizaciones de campesinos, femeninas y populares. Muchas de estas personas posteriormente prepararon sus propios seminarios, al principio con apoyo de la Misión, para miembros de sus organizaciones, escuelas y comunidades locales. En un programa de capacitación para miembros de organizaciones de derechos humanos se incluyeron seminarios breves sobre investigaciones relativas a los derechos humanos, antropología forense y reforma judicial, así como un curso intensivo de dos semanas de duración sobre diversos aspectos de la labor relativa a los derechos humanos. En todas las ciudades principales de Haití se celebraron seminarios para periodistas, que se centraron en la función del periodismo en una sociedad democrática, en los principios de derechos humanos, técnicas de investigación y el papel de la policía; se invitó a funcionarios policiales locales a participar en debates con periodistas sobre la relación entre la policía y los medios de difusión.
45. Se celebraron seminarios para funcionarios gubernamentales locales en comunidades de todo el país. A menudo la única presencia del Gobierno en las zonas rurales, los miembros del gobierno local realizan diversas tareas relacionadas con el gobierno local y el mantenimiento del orden. Representantes de más de la mitad de los gobiernos locales del país asistieron a los seminarios que se centraron en la nueva ley sobre las asambleas locales, el funcionamiento del sistema de justicia, el papel de la policía y la participación de los ciudadanos en la democracia. En los seminarios participaron magistrados, policías y dirigentes cívicos.
46. La Misión siguió prestando asistencia en la construcción de instalaciones en Haití para la prestación de asistencia médica, social y psicológica a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el golpe de estado. La Misión también organizó una semana de actividades sobre medicina y derechos humanos, durante la cual se organizaron foros conjuntos con las facultades de medicina, enfermería y psicología de la Universidad Estatal de Haití. Las deliberaciones se centraron en conceptos de ética médica, asistencia a las víctimas de la violencia y la necesidad de reparación social y psicológica.
47. Los observadores de la MICIVIH trabajaron con funcionarios locales para patrocinar concursos de arte relacionados con los derechos humanos, con la celebración de ceremonias públicas para presentar a los ganadores y la realización de murales públicos sobre temas vinculados con los derechos humanos, para el público que no tiene acceso a otros medios de difusión.
48. En cooperación con el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la MICIVIH organizó una serie de seminarios sobre los derechos de la mujer, que abarcaron el derecho internacional y de Haití, la discriminación, la violencia contra la mujer y la participación de la mujer en la vida pública. La Misión ofreció asistencia al Ministerio de Educación, Juventud y Deportes para preparar programas sobre derechos humanos y educación cívica y para la enseñanza de la solución de conflictos.
49. La Misión siguió trabajando en colaboración con el PNUD en apoyo de la reforma y el respeto por los derechos humanos en las cárceles de Haití. En los proyectos conjuntos se incluyó uno encaminado a identificar a todos los presos en las cárceles y verificar su situación jurídica. El resultado del censo se utilizará para definir las reformas necesarias y facilitar los juicios sin demora y garantizar la debida aplicación de la ley en el caso de las personas detenidas injustificadamente.
50. Se inició un proyecto conjunto de la Misión y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en virtud del cual se proporcionó capacitación para la solución de conflictos y se aprovecharon las actividades de la Misión para hacer conocer a los funcionarios judiciales, dirigentes campesinos y miembros de las organizaciones de derechos humanos métodos pacíficos para el arreglo de controversias y para difundir el Programa Internacional de una cultura de paz, de la UNESCO. En el proyecto se incluyeron seminarios para las autoridades judiciales y miembros de las organizaciones de derechos humanos, así como la preparación de carteles y folletos en creole, un vídeo de capacitación y espectáculos teatrales sobre la solución de conflictos.
51. La MICIVIH tuvo una cooperación sistemática y provechosa con el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, para las actividades de la Misión relacionadas con la promoción de los derechos humanos.
Relación con la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH)
y la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (MANUH)
52. El personal de la Misión Civil Internacional participó en los grupos de trabajo tripartitos, integrados por funcionarios del Gobierno de Haití, representantes de los Amigos del Secretario General para Haití Los seis Amigos son: la Argentina, el Canadá, Chile, los Estados Unidos de América, Francia y Venezuela., y personal de la UNMIH y su Misión sucesora, la MANUH. Los grupos abordaron diversas cuestiones relacionadas con la seguridad pública, el mantenimiento del orden y el funcionamiento de la Policía Nacional de Haití. La MICIVIH siguió trabajando en colaboración con los componentes militares y de policía y de la UNMIH/MANUH. La Misión participó en las reuniones semanales de coordinación de funcionarios civiles, militares y de información de la policía civil y proporcionó periódicamente material de vídeo a la Dependencia de Información Pública de la UNMIH/MANUH.
53. La Misión proporcionó a la policía civil información detallada sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos y, cuando resultó pertinente, información sobre dificultades operacionales y de otro tipo que afectaban el funcionamiento de la Policía Nacional de Haití en las distintas regiones. En el plano local, los observadores de la MICIVIH cooperaron estrechamente con los agentes de la policía civil, participando en un intercambio diario de información, en particular sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la Policía Nacional de Haití y el tratamiento de los detenidos. En todas las regiones, los miembros de la policía civil participaron en reuniones y seminarios auspiciados por la MICIVIH sobre la función y responsabilidades de la policía en una sociedad democrática. En las reuniones los oficiales de la policía civil con frecuencia expusieron aspectos de la labor policial y respondieron a las preguntas de miembros de la Policía Nacional de Haití, funcionarios judiciales y otros participantes. El componente administrativo de la UNMIH/MANUH siguió proporcionando a la MICIVIH todos los servicios administrativos descritos en mi informe de 25 de enero de 1996 (A/50/861, párr. 40).
54. En mi informe anterior a la Asamblea General, destaqué la experiencia de la Misión sobre el terreno y sus conocimientos especializados en materia de promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones. El presente informe, que se basa en información proporcionada por los observadores de la MICIVIH sobre el terreno, proporciona un panorama general de los progresos logrados hasta la fecha en las esferas de responsabilidad asignadas a la Misión con arreglo a la prórroga del mandato. Se ha logrado el despliegue completo de la nueva fuerza de policía y han mejorado en cierta medida las condiciones reinantes en las cárceles de todo el país. Se está haciendo todo lo posible por reconstruir el sistema judicial.
55. No obstante, las prácticas contrarias a los principios internacionales de derechos humanos, los incidentes de "justicia popular" y la falta de seguridad para magistrados y agentes de policía demuestran la persistente fragilidad de las instituciones ya existentes o nuevas. Queda mucho por hacer para lograr progresos en los esfuerzos del Gobierno y la comunidad internacional por mejorar su funcionamiento y para aumentar la confianza de la población, que será necesaria si ha de asegurarse un futuro democrático para Haití. La educación en materia de derechos humanos y la capacitación de los futuros inspectores y del personal básico son esenciales para el funcionamiento apropiado de la policía y el poder judicial. Siguen necesitándose asistencia técnica y supervisión, así como la consolidación de los programas de educación cívica y de derechos humanos.
56. En vista de lo antedicho y como respuesta a la petición del Presidente Préval contenida en la carta adjunta de 18 de julio de 1996, recomiendo que la Asamblea General autorice una prórroga del mandato del componente de las Naciones Unidas de la MICIVIH hasta el 31 de diciembre de 1996. Habida cuenta de la marcada reducción de personal que tuvo lugar en febrero de 1996, recomiendo que la dotación de plantilla permanezca sin modificaciones.
Los esfuerzos emprendidos por mi Gobierno para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar un mayor respeto por los derechos humanos continúan y siguen teniendo resultados satisfactorios.
No obstante, queda mucho por hacer para conseguir reforzar las instituciones a fin de que puedan asegurar plenamente el cumplimiento de la función que la población espera de ellas.
El apoyo que presta la Misión Civil Internacional de la OEA y las Naciones Unidas (MICIVIH) a las instituciones cuyo funcionamiento es esencial para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales sigue considerándose de gran utilidad y estoy convencido de que la MICIVIH puede seguir desempeñando un papel importante.
En consecuencia, solicito la prolongación de su presencia en Haití y le agradecería que tuviera a bien transmitir esta solicitud a la Asamblea General.
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