|
|
|
| Distr. GENERALE/CN.4/1994/60 28 de enero de 1994 ESPAÑOL Original: INGLÉS |
 | Párrafos | |
| INTRODUCCION | 1 - 3 |
| | |
| I. ACTIVIDADES DE ORGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS | 4 - 6 |
| | |
| A. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial | 4 - 5 |
| B. Comité de los Derechos del Niño | 6 |
| II. MECANISMOS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS | 7 - 9 |
| III. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA | 10 |
| | |
| Anexo: Información sobre la situación de los derechos humanos en Bougainville facilitada por fuentes no gubernamentales | |
1. En su 49º período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1993/76 titulada "Violaciones de los derechos humanos en Bougainville", en la que, entre otras cosas, pedía al Secretario General que transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos la información sobre la situación en Bougainville que recibiera del Gobierno de Papua Nueva Guinea y de otras fuentes fidedignas, para examinarla en su 50º período de sesiones.
2. En una nota verbal fechada el 1º de julio de 1993, el Secretario General comunicó dicha resolución al Gobierno de Papua Nueva Guinea y le pidió que le facilitara toda la información y observaciones que deseara presentar. En otra nota verbal dirigida al Gobierno de Papua Nueva Guinea el 17 de noviembre de 1993 se reiteró esta petición. Hasta el presente no se ha recibido respuesta alguna del Gobierno.
3. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la petición dirigida al Secretario General en la mencionada resolución. Contiene información acerca de las actividades llevadas a cabo por los mecanismos y procedimientos de derechos humanos de las Naciones Unidas en relación con la situación de los derechos humanos en Bougainville. El anexo contiene un resumen de la información facilitada por organizaciones no gubernamentales.
4. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial estudió la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en Papua Nueva Guinea y, en particular, la situación en Bougainville, en su 1007ª sesión, celebrada el 17 de agosto de 1993 (véase CERD/C/SR.1007 y A/48/18, párrs. 567 a 573). Papua Nueva Guinea es parte de dicha Convención desde 1982.
5. En sus observaciones finales, aprobadas en su 1010ª sesión el 19 de agosto de 1993, el Comité expresó su preocupación por los informes recibidos acerca de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bougainville, que incluían ejecuciones sumarias y traslados de la población, así como operaciones de minería en gran escala en Bougainville sin que se tuvieran debidamente en cuenta los derechos de la población o las consecuencias adversas de la degradación ambiental. El Comité sugirió, entre otras cosas, que el Gobierno de Papua Nueva Guinea cooperase con las misiones internacionales de verificación de hechos que trataban de prestar asistencia en la solución del conflicto en Bougainville.
6. Papua Nueva Guinea ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 1º de marzo de 1993. El Gobierno de Papua Nueva Guinea tiene que presentar en 1995 al Comité de los Derechos del Niño un informe sobre su aplicación de la Convención.
7. El 21 de mayo de 1993 el Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias hizo un llamamiento urgente al Gobierno de Papua Nueva Guinea tras haber sido informado de que Ken Savia, el Sr. Toromura y Gabriel Tameung habían sido detenidos por las fuerzas de seguridad. Se expresó el temor de que hubieran sido muertos mientras se hallaban detenidos.
8. El 29 de julio de 1993, el Relator Especial transmitió asimismo al Gobierno de Papua Nueva Guinea las denuncias que había recibido en relación con graves violaciones de los derechos humanos, que incluían ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en la isla de Bougainville. Según esos informes, muchas personas sospechosas de pertenecer al Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA) habían sido víctimas de ejecuciones o desapariciones perpetradas por las fuerzas de seguridad de Papua Nueva Guinea. Según se decía, varios civiles murieron cuando las barcas o camiones donde viajaban fueron bombardeados o atacados por los militares. Otros fueron muertos en los "centros de asistencia" del Gobierno creados por las autoridades para proporcionar alojamiento a la población de Bougainville que huía del BRA. Se informó además de que el BRA era también responsable de graves violaciones, entre ellas de los asesinatos de presuntos oponentes al movimiento secesionista. Se informó asimismo al Relator Especial de que el Gobierno de Papua Nueva Guinea no había realizado esfuerzo alguno para impedir las violaciones de los derechos humanos en Bougainville. Por el contrario, se afirmaba que las autoridades habían negado persistentemente la existencia de tales violaciones en la isla.
9. En el momento de preparar el presente informe, el Gobierno de Papua Nueva Guinea no había respondido a ninguna de las peticiones de información del Relator Especial contenidas en las mencionadas comunicaciones.
10. En 1993 se estableció una cooperación entre el Gobierno de Papua Nueva Guinea y la Sección de Servicios de Asesoramiento y Asistencia Técnica del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el informe del Secretario General a la Comisión de Derechos Humanos sobre los servicios de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos humanos (E/CN.4/1994/78) figura información sobre esta cooperación, que se centra en el afianzamiento de los mecanismos nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Papua Nueva Guinea.
1. El Secretario General recibió información de Amnistía Internacional. En noviembre de 1993 esta organización publicó un informe detallado sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la isla de Bougainville entre 1991 y 1993 con ocasión del conflicto armado que había estallado a finales de 1989 entre las Fuerzas de Defensa de Papua Nueva Guinea (PNGDF) y el Ejército Revolucionario de Bougainville (BRA). Según noticias, esas violaciones, que incluían ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, palizas y actos de hostigamiento contra civiles, aumentaban durante los períodos en que se intensificaban las actividades de las tropas del Gobierno en diferentes partes de Bougainville y la isla vecina de Buka.
2. Se decía que las PNGDF habían tomado como blanco de sus acciones a los civiles de los que sospechan que son miembros o simpatizantes del BRA. Se informaba asimismo de que durante el conflicto armado se habían producido violaciones de los derechos humanos en los "centros de asistencia" establecidos por el Gobierno de Papua Nueva Guinea. Se calcula que de 20.000 a 40.000 personas fueron reasentadas en esos centros. Aun cuando se decía que en algunas zonas los "centros de asistencia" servían para proteger a la población de Bougainville de los actos de violencia de los miembros del BRA, al parecer, en la mayoría de los casos, sus residentes eran reasentados por la fuerza por el Gobierno, generalmente después de que sus aldeas hubieran sido incendiadas o destruidas. En los centros, los residentes se veían sujetos a una vigilancia continua, intimidación y persecución por parte de las fuerzas de seguridad. También se han tenido noticias de varios casos de violación y otras formas de abusos sexuales ocurridos en los "centros de asistencia". Además, al parecer, desde comienzos desde 1992 las fuerzas de seguridad disparaban contra las barcas, bien desde el aire o desde botes patrulleros militares, y habían causado la muerte de muchos civiles.
3. Amnistía Internacional informó también de los abusos cometidos por miembros del BRA a lo largo del conflicto armado. Se decía que algunos civiles acusados de ser espías de los PNGDF o de haber traicionado al movimiento secesionista negociando con representantes del Gobierno central habían sido víctimas de asesinato, tortura, violación sexual y otras formas de abusos sexuales o tomados como rehenes.
4. Se dice que desde el comienzo del conflicto armado se han suspendido en gran parte las garantías constitucionales, judiciales y demás garantías institucionales para la protección de los derechos humanos en Papua Nueva Guinea. Se indica que, hasta septiembre de 1993, muy pocos miembros de las fuerzas de seguridad han sido objeto de procedimientos disciplinarios y no se tiene noticias de que ninguno de ellos haya sido juzgado por violaciones de los derechos humanos cometidas desde que las tropas de los PNGDF desembarcaron en Bougainville por segunda vez en abril de 1991. Al parecer, funcionarios del Gobierno declararon a mediados de 1993 que no se podían realizar investigaciones hasta que se hubiera normalizado la situación. Se dice que la Ley de seguridad interna, anunciada a mediados de 1993 y hecha pública en la Gaceta Oficial en agosto de 1993 permitirá una nueva suspensión de las garantías constitucionales. No se sabe con certeza cuando entrará en vigor esta ley.
5. Se expresó también preocupación por las restricciones impuestas por el Gobierno al acceso a la isla de Bougainville, que impiden controlar la situación de los derechos humanos y dejan a las fuerzas de seguridad prácticamente libres para actuar. La organización no gubernamental Médecins sans Frontières se vio obligada a retirarse de la zona en noviembre de 1993 después de que se limitara considerablemente el acceso a Bougainville de sus delegaciones. Por otro lado, el bloqueo económico y de las comunicaciones, que se inició en la primera mitad de 1991 causaba dificultades a la población. Al parecer, aunque el Gobierno afirmaba que se habían restablecido en la isla el 90% de los servicios, se dice que, en la práctica, los envíos son esporádicos y llegan únicamente a ciertas partes de la isla.
6. Amnistía Internacional informó además, basándose en pruebas, de que dos de los cuatro helicópteros suministrados por Australia a Papua Nueva Guinea estaban siendo utilizados por los PNGDF para disparar desde el aire y en ataques contra civiles. Se expresó preocupación por el hecho de que en 1993 se hubiera entregado un quinto helicóptero, pese a no haber concluido las investigaciones sobre esas denuncias.
7. Se informó al Secretario General de que el Ministro de Defensa de Papua Nueva Guinea, si bien en un principio rechazó y condenó este informe, al parecer había manifestado que su Gobierno prestaría toda la atención necesaria al informe de Amnistía Internacional publicado en noviembre de 1993. Se informó, sin embargo, de que el Viceprimer Ministro de Papua Nueva Guinea había hecho una apología del papel de los militares en Bougainville y había rechazado por innecesario el llamamiento de Amnistía Internacional para que el Gobierno permitiera entrar en la isla a grupos humanitarios.
8. En una carta abierta de fecha 11 de noviembre de 1993 en la que explicaba las razones de su retirada de la zona, Médecins sans Frontières afirmaba que, según estimaciones, todavía había unas 50.000 personas en zonas de la isla no controladas por los PNGDF. La organización afirmaba que el bloqueo de la isla impuesto por el Gobierno de Papua Nueva Guinea había cortado el acceso a esas zonas hasta de los servicios médicos más elementales. La organización sostenía que la falta de asistencia preventiva y curativa en los últimos tres o cuatro años había producido tasas de defunción elevadas entre los grupos más vulnerables de la población, como eran los niños y las mujeres embarazadas.
9. El Secretario General recibió también información de otras fuentes no gubernamentales. Un informe preparado por Rosemarie Gillespie, abogada australiana que a finales de 1992 y comienzos de 1993 pasó cinco meses en la isla de Bougainville recogiendo información, da cuenta de numerosas violaciones de los derechos humanos, como fusilamientos y asesinatos de civiles, torturas y abusos sexuales, robos y matanzas de animales domésticos y destrucción de casas y huertos de la población civil, perpetradas por miembros de los PNGDF en diversas partes de la isla. El informe contiene una serie de testimonios sobre ataques contra civiles en los que los PNGDF utilizaban botes patrulleros y helicópteros equipados con ametralladoras, y de las batidas realizadas por las fuerzas de seguridad en los campamentos levantados entre la maleza, seguidas de ejecuciones extrajudiciales de los civiles que se habían ocultado en ellos. Por otro lado, se informaba de que 5.000 personas, entre ellas muchos niños, habían muerto como resultado del bloqueo impuesto en la isla de Bougainville por el Gobierno de Papua Nueva Guinea, debido a la falta de medicinas y otros suministros esenciales.
PÁGINA PRINCIPAL| MAPA DEL SITIO |BÚSQUEDA|ÍNDEX|DOCUMENTOS| TRATADOS| REUNIONES| PRENSA| MENSAJES