El Relator Especial quisiera mostrar su satisfacción ante el anuncio por parte de las autoridades de Guatemala en relación con la presentación el próximo mes del informe inicial, largamente esperado, sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole adoptadas por el Gobierno para dar efecto a las disposiciones de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, ratificada por Guatemala en el año 2003.

El Relator Especial expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados por el Estado para facilitar el regreso a sus familias de los menores migrantes no acompañados deportados de México.

El Relator Especial se mostró también alentado por el trabajo realizado por la sociedad civil.

Sin embargo el Relator Especial considera que es necesaria una visión más integradora sobre la migración, con el objetivo de proteger a los migrantes que se encuentran en el exterior, en el país o de tránsito por Guatemala.

Por ejemplo, el Relator Especial apreció una falta de coordinación efectiva entre las instituciones del Estado respecto a temas migratorios. Hasta el momento, los temas migratorios han sido gestionados principalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Ministerio de Gobernación.

La actual Ley de Migración (1998), principal marco normativo para la protección de los derechos de los migrantes, contiene numerosas lagunas e imprecisiones. Las lagunas legislativas existentes en el procedimiento permiten un amplio margen de discrecionalidad de las autoridades migratorias y policiales en la ejecución y tramitación de los procedimientos migratorios. Por otro lado, no se han adoptado hasta el momento las medidas necesarias para adecuar plenamente la legislación nacional de Guatemala a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

No se contempla por ejemplo, un plazo máximo de estancia de los migrantes en los albergues durante la tramitación de procedimientos de expulsión y deportación. Tampoco se contemplan garantías para el ejercicio del derecho a la defensa gratuita para los migrantes sin recursos sometidos a un procedimiento administrativo de expulsión. Mientras que la gestión del retorno de los migrantes indocumentados de países vecinos a Guatemala se considera aceptable, la gestión del retorno de aquellos migrantes indocumentados que provienen de otras regiones parece plantear mayores problemas.

Durante su visita, el Relator Especial ha recibido numerosos testimonios sobre casos de extorsión, sobornos y abusos en contra de la población migrante. El Relator Especial manifiesta su preocupación porque muchos de estos casos permanecen en la impunidad, lo que parece estar ligado a situaciones de abusos de poder por parte de las autoridades. El Relator Especial también manifiesta su preocupación respecto a la falta de capacidad del Estado para combatir las redes del crimen organizado.

Los diversos colectivos de migrantes informaron al Relator Especial que no existe un mecanismo efectivo para la presentación de denuncias y quejas ante la violación de sus derechos. Los migrantes carecen de información sobre las instancias que gestionan tales denuncias, y en la mayoría de los casos no se atreven a denunciar por miedo a represalias o por la lentitud e ineficacia del procedimiento judicial.

El Relator Especial acoge con satisfacción el compromiso expresado por el Presidente de la República de Guatemala de tratar los derechos humanos de los migrantes desde una perspectiva holística. El Relator espera que las recomendaciones del informe que preparará para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre su misión contribuyan positivamente a la realización de tales esfuerzos.