Observaciones finales del Comité contra la Tortura : Bolivia. 05/10/2001.
A/56/44,paras.89-98. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CAT
COMITE CONTRA LA TORTURA
26° período de sesiones
30 de abril - 18 de mayo de 2001




BOLIVIA


89. El Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CAT/C/52/Add.1) en sus sesiones 462ª, 465ª y 472ª, los días 3, 4 y 10 de mayo de 2001 (CAT/C/SR.462, 465 y 472), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

90. El Comité acoge con beneplácito el informe inicial de Bolivia, presentado dentro del plazo establecido por la Convención. Bolivia se adhirió a la Convención el 12 de abril de 1999 sin formular reservas. No ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22.

91. El informe no fue elaborado de acuerdo con las pautas generales para la preparación de los informes iniciales de los Estados Partes. El Comité agradece, sin embargo, la información adicional proporcionada por los representantes del Estado Parte en la presentación oral y el diálogo franco y constructivo con los mismos.


B. Aspectos positivos

92. El Comité acoge con satisfacción:

a) La adopción de un nuevo Código de Procedimiento Penal, próximo a entrar en vigencia, y de la Ley Orgánica del ministerio público, los cuales tienen por objetivo mejorar el deficiente sistema de administración de justicia existente en el país;

b) Los esfuerzos de la Defensoría del Pueblo, establecida por Ley de 22 de diciembre de 1997 y sus seis oficinas actualmente operativas en el país, así como de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para mejorar la situación de derechos humanos en el país;

c) Las medidas adoptadas por el Estado Parte para llevar a cabo programas de formación en derechos humanos no sólo para funcionarios, sino también en las universidades y las escuelas secundarias, con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.


C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

93. La insuficiente capacitación en derechos humanos, en particular sobre la prohibición de la tortura, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que se traduce en una situación de graves malos tratos y torturas de la que el Comité ha tenido conocimiento con ocasión del examen del informe.

94. La insuficiencia de los servicios de defensoría pública que en los hechos priva a la mayor parte de las personas detenidas de su derecho constitucional a contar con un defensor.


D. Motivos de preocupación

95. El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a) La inadecuada tipificación del delito de tortura en el Código Penal, que no contempla varios de los supuestos previstos en el artículo 1 de la Convención, y la baja pena asignada al delito, que no parece adecuada a su gravedad.

b) La subsistencia de denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con resultado de muerte en muchas ocasiones, tanto en los recintos de la policía como en las prisiones y en los cuarteles de las Fuerzas Armadas.

c) La impunidad de las violaciones de derechos humanos, y en particular del recurso a la tortura, que parece revestir características endémicas, consecuencia de la ausencia de investigación de las denuncias y de la deficiencia y lentitud de la misma, lo que demuestra la omisión de una acción efectiva de las autoridades para erradicar estas prácticas y en especial incumplimiento de sus deberes por parte del ministerio público y los tribunales. A la omisión de las investigaciones, se agrega la permanencia en sus funciones de los agentes policiales imputados, que refuerza el efecto demostrativo de la impunidad, inductiva a la reiteración o reincidencia de estas prácticas.

d) El irrespeto del plazo máximo de duración de la incomunicación, fijada en 24 horas en la Constitución Política, que facilita la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y la impunidad.

e) El retraso judicial del que, al parecer, son víctimas los dos tercios de la población penal que permanece a la espera de condena y que ha contribuido en gran parte a una grave situación de hacinamiento en las prisiones.

f) La sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos, en especial atención médica apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los reclusos en situaciones de violencia intercarcelaria. Estas y otras graves carencias, además de incumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, agravan la privación de libertad de los reclusos condenados y procesados y la transforman en una pena cruel, inhumana y degradante y, para los últimos, además, una pena anticipada de sentencia.

g) La información que ha recibido acerca de las condiciones inhumanas de los recluidos en los recintos conocidos como "carceletas" en la zona del Chapare, en Santa Cruz, Cochabamba y en otras ciudades en las que, a la ilegalidad de la reclusión denominada "depósito judicial" inexistente en el derecho interno, se agregan condiciones infrahumanas de permanencia durante lapsos de tiempo indeterminados que a veces alcanzan varios meses, y donde no existe separación entre menores y adultos ni entre procesados y condenados. Asimismo, la reclusión disciplinaria en celdas de castigo denominadas como "El Bote" es, a juicio del Comité, constitutiva de tortura.

h) Las numerosas denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sobre el trato, en violación de los artículos 1 y 16 de la Convención, que en algunos casos han causado graves lesiones corporales e incluso la pérdida de la vida, infligidas en los cuarteles a los soldados durante el servicio militar obligatorio con el pretexto de medidas disciplinarias.

i) El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la represión de manifestaciones colectivas con ocasión de conflictos sociales, que al quedar sin sanción, inducen a la reiteración de esos abusos y parecieran indicar la tácita aprobación de las autoridades. Las torturas, detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de estas fuerzas policiales y militares, practicados en sus recintos, han revestido especial gravedad durante los períodos de declaración del estado de sitio.

j) Los frecuentes actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos.

k) La devolución a su país de refugiados del Perú, sin resguardo de formalidades de procedimiento que les hubiesen permitido exponer las razones por las que temían ser devueltos a su país de origen.

96. El carácter excepcional de algunos casos en que el Estado ha asumido su obligación de reparar el daño causado por gravísimas violaciones del derecho a la vida, parece demostrar la ausencia de una política del Estado en materia de reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Preocupa especialmente al Comité la inexistencia de iniciativas gubernamentales destinadas a la rehabilitación de las víctimas de tortura.


E. Recomendaciones

97. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Incorpore en su legislación penal la definición de tortura tal como figura en la Convención, la considere delito y estipule sanciones adecuadas a su gravedad;

b) Intensifique las actividades de protección, defensa y promoción de los derechos humanos que, según el informe, el Estado Parte ha venido desarrollando, especialmente las relativas a la formación profesional de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

c) Adopte las medidas legales y administrativas necesarias para establecer un registro público nacional de personas privadas de libertad, con indicación de la autoridad que ha dispuesto la privación, los fundamentos de ello y la condición procesal;

d) Adopte las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento por los fiscales del ministerio público de su deber de ejercer la acción penal en toda denuncia por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes con prontitud e imparcialidad; durante las investigaciones, los agentes imputados deberían ser suspendidos de sus funciones;

e) Establezca un registro centralizado y público de las denuncias por tortura y malos tratos y de los resultados de las investigaciones;

f) Adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar el libre ejercicio por los defensores de los derechos humanos de su derecho a promover el respeto a los mismos, denunciar su violación y defender a las víctimas;

g) Adopte todas las medidas que sean necesarias para asegurar a toda persona privada de libertad su derecho a defensa y a contar con asistencia de abogado, si fuere preciso, a cargo del Estado.

h) Revise los procedimientos y normas sobre disciplina en los establecimientos penales para asegurar el juzgamiento imparcial de las infracciones y la exclusión de sanciones inhumanas y crueles.

i) Adopte las medidas adecuadas para asegurar que ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada hacia el territorio de otro Estado, cuando existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura; deberá asegurarse a estas personas la posibilidad de hacer valer sus razones en un procedimiento contradictorio e imparcial cuya conclusión debe ser susceptible de revisión por una autoridad superior;

j) Formule la declaración prevista en los artículos 21 y 22 de la Convención.

98. El Comité insta especialmente al poder judicial y al ministerio público a liderar una acción rectificadora de las graves omisiones en la investigación y castigo de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.


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