Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial : New Zealand. 11/01/2002.
A/57/18,paras.412-434. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CERD
Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial
61º período de sesiones
5 a 23 de agosto de 2002


Nueva Zelandia

412. El Comité examinó los informes periódicos 12º, 13º y 14º de Nueva Zelandia, que debían presentarse el 22 de diciembre de 1995, 1997 y 1999, respectivamente, y que se presentaron en un solo documento (CERD/C/362/Add.10), en sus sesiones 1539ª y 1540ª (CERD/C/SR.1539 y 1540), celebradas los días 14 y 15 de agosto de 2002. En su 1551ª sesión (CERD/C/SR.1551), celebrada el 22 de agosto de 2002, el Comité adoptó las siguientes observaciones finales.

A. Introducción

413. El Comité agradece al Estado Parte su detallado informe, que contiene información pertinente sobre la legislación y la práctica relativa a la aplicación de la Convención. Acoge también con satisfacción la información complementaria y actualizada que se ha proporcionado al Comité, incluidas las detalladas respuestas de la delegación a las preguntas planteadas por los miembros del Comité.

414. El Comité observa con satisfacción que el informe contiene información sobre las novedades, así como respuestas a las preocupaciones planteadas por el Comité en las observaciones finales sobre el informe anterior.


B. Aspectos positivos

415. El Comité toma nota con satisfacción de que el conjunto de medidas fiscales, que limitaban el total de fondos disponible tanto para la solución de las reclamaciones de los maoríes como para la solución de todas las reclamaciones históricas, se abandonó en 1996 en favor de un programa de soluciones "justas y equitativas". Alientan al Comité los progresos realizados desde entonces en la solución de las reclamaciones históricas de los maoríes y de las reclamaciones de cada una de las iwi (tribus), incluidos los componentes de la indemnización financiera y de la disculpa oficial en nombre de la Corona.

416. El Comité acoge con agrado el reconocimiento de la posición de desventaja en la sociedad de las minorías, especialmente la maorí, y por consiguiente aprecia el gran número de iniciativas, programas y proyectos en las esferas de la salud, la educación, el empleo, el bienestar social, la vivienda, el idioma y la cultura y los servicios penitenciarios, que tienen por objeto satisfacer las necesidades específicas de los maoríes, los pueblos de las Islas del Pacífico y las personas pertenecientes a otros grupos, como los refugiados y las minorías étnicas.

417. El Comité acoge con satisfacción el examen por la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia de todas las leyes, reglamentos, políticas gubernamentales y prácticas administrativas internas con objeto de evaluar su coherencia con las disposiciones antidiscriminatorias de la Ley de derechos humanos, dentro de un programa que lleva por título Coherencia 2000. Acoge también con satisfacción el amplio proceso de estudio iniciado por el Gobierno para localizar y resolver las posibles incoherencias entre la Ley de derechos humanos y otras leyes y reglamentos, en un programa que lleva por título Cumplimiento 2001.

418. El Comité observa con satisfacción las disposiciones de la ley de enmienda a la Ley de derechos humanos de 2001, que fusiona la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia y la oficina del Conciliador para las Relaciones Raciales y prevé un sistema único de presentación de reclamaciones para la determinación de las referentes a los derechos humanos, así como la posibilidad de apelar contra las medidas del Gobierno ante el Tribunal de Supervisión de los Derechos Humanos y los demás tribunales.

419. El Comité acoge con agrado la introducción de enmiendas al sistema de listas electorales, y en particular la opción electoral maorí, que ha contribuido a aumentar considerablemente la representación maorí en el Parlamento.

420. El Comité acoge con satisfacción las políticas e iniciativas del Estado Parte que tienen por objeto mejorar la situación y el uso del idioma maorí, incluido el incremento de la prestación de servicios en este idioma, con inclusión de la enseñanza y la emisión de programas del Estado.

421. El Comité observa con satisfacción que la Ley de sentencias de 2002 dispone, en el apartado h) del párrafo 1) de su artículo 9, que cuando una persona comete un delito como consecuencia total o parcial de la hostilidad hacia un grupo de personas con características comunes, tales como la raza o el color, el tribunal deberá tener eso en cuenta como agravante al dictar la sentencia.


C. Motivos de preocupación y recomendaciones

422. El Comité, aunque toma nota de los programas y proyectos iniciados por el Estado Parte mencionados en los párrafos precedentes, sigue preocupado por las desventajas que los maoríes, los pueblos de las Islas del Pacífico y otras comunidades étnicas afrontan en el disfrute de los derechos sociales y económicos, como por ejemplo el derecho al empleo, a la vivienda, a los servicios sociales y a la atención de la salud. Se invita al Estado Parte a que preste una atención prioritaria a esta cuestión y a que siga alentando la participación activa y efectiva de los maoríes en la búsqueda de soluciones, como por ejemplo el Marco Estratégico de Salud Mental para los Maoríes, que se aprobó en mayo de 2002, con objeto de seguir reduciendo estas desventajas.

423. Sigue preocupando al Comité la escasa representación de mujeres maoríes en diversos sectores clave y su especial vulnerabilidad a la violencia doméstica. Alienta al Estado Parte a que haga lo posible para reducir las diferencias existentes mediante estrategias apropiadas.

424. Aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte para reducir la incidencia y las causas del delito dentro de las comunidades maorí y de las Islas del Pacífico, el Comité sigue preocupado por la representación desproporcionadamente alta de maoríes y miembros de la comunidad de las Islas del Pacífico en las instituciones penitenciarias. Se invita al Estado Parte a velar por que la financiación de las medidas previstas o que ya se hayan iniciado para resolver este problema sea apropiada.

425. El Comité toma nota de la aplicación de los artículos 131 y 134 de la Ley de derechos humanos, con arreglo a los cuales la iniciación de un proceso penal contra los acusados de incitación al odio racial está sujeta al consentimiento del Fiscal General. Como observa que la iniciación de este tipo de proceso es poco frecuente, invita al Estado Parte a estudiar posibles medios de facilitar la iniciación de procesos en esta esfera.

426. El Comité observa que en el informe se proporciona una información limitada sobre el cumplimiento del artículo 4 de la Convención. Invita al Estado Parte a que en su próximo informe periódico presente una información más extensa sobre las medidas adoptadas para cumplir este artículo. En particular, el Comité apreciaría recibir más información sobre la prohibición de las organizaciones racistas, así como sobre las modalidades de solución de las reclamaciones de discriminación y las soluciones que se otorgan a las víctimas que tienen reclamaciones fundamentadas.

427. El Comité observa con preocupación que casi todos los solicitantes de asilo que se presentaron en la frontera después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 fueron en un principio detenidos. Aunque toma nota de que esta práctica del Servicio de Inmigración de Nueva Zelandia fue recusada por el Tribunal Superior y de que la práctica de detener a los solicitantes de asilo se ha suspendido, a excepción de unos pocos casos, observa también que el Servicio de Inmigración ha apelado de la decisión del Tribunal Superior y que la práctica puede reanudarse si la apelación se acepta.

428. El Comité ha observado la reciente interpretación de las ideas de "acción afirmativa" e "igualdad" hecha por el antiguo Tribunal de Supervisión de Reclamaciones en relación con el artículo 73 de la Ley de derechos humanos, y por el Tribunal Superior en relación con el artículo 65 de la Ley de derechos humanos. Aunque carece de información detallada sobre los dos casos a que se hace referencia en el informe del Estado Parte, considera que el Estado Parte parece haber estado interpretando el alcance de las medidas especiales de manera más estrecha de lo que se prevé en los artículos 1 y 2 de la Convención.

429. El Comité toma nota de que el informe contiene información limitada sobre el disfrute de los derechos mencionados en el artículo 5 de la Convención por parte de las minorías étnicas distintas de los maoríes. El Comité recomienda que en el próximo informe periódico se presente más información a ese respecto.

430. El Comité toma nota de la amplia labor que se está realizando actualmente para revisar las disposiciones constitucionales para Tokelau. Insta al Estado Parte a velar por que, al tiempo que se presta la debida atención a la cultura y las costumbres del pueblo de Tokelau, se incluyan como es debido las obligaciones relacionadas con los derechos humanos en cualquier nueva disposición constitucional.

431. El Comité observa que el Estado Parte no ha hecho la declaración facultativa prevista en el artículo 14 de la Convención, y recomienda que considere la posibilidad de hacerlo.

432. El Comité recomienda que el Estado Parte tenga en cuenta las partes pertinentes de la Declaración y el Programa de Acción de Durban cuando aplique la Convención en el ámbito jurídico nacional, en particular en lo que respecta a los artículos 2 a 7 de la Convención, y que incluya en su próximo informe periódico información sobre los planes de acción u otras medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban a nivel nacional.

433. El Comité recomienda que se pongan a disposición del público los informes del Estado Parte desde el momento de su presentación y publicación, y que se publiquen también de manera similar las observaciones finales del Comité sobre estos informes.

434. El Comité recomienda que el Estado Parte presente conjuntamente sus informes periódicos 15º, 16º y 17º, que deben presentarse el 22 de diciembre de 2005, y que en ese informe consolidado se actualicen los datos suministrados y se traten las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales.


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