Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer : Trinidad and Tobago. 02/01/2002.
A/57/38 (Part I),paras.119-166. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CEDAW
Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer
26º período de sesiones
14 de enero a 1 de febrero de 2002


Trinidad y Tabago


119. En sus sesiones 536a y 537a, celebradas el 21 de enero, y 547a, celebrada el 29 de enero de 2002 (véase CEDAW/C/SR.536, 537 y 547), el Comité examinó el informe periódico inicial, segundo y tercero combinado de Trinidad y Tabago (CEDAW/C/TTO/1 a 3).

a) Presentación del Estado parte

120. Al presentar el informe periódico inicial, segundo y tercero combinado, el representante de Trinidad y Tabago lamentó que, pese a sus esfuerzos, el Gobierno se hubiese retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones de presentación de informes en virtud del artículo 18 de la Convención y no hubiese presentado el informe hasta enero de 2001.

121. Una razón importante del retraso en la presentación del informe había sido la inexistencia de un mecanismo para presentar los informes correspondientes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y la asignación de recursos insuficientes para este fin. En 1999 se creó, en el seno del Ministerio de Justicia, una Dependencia de Derechos Humanos encargada de la preparación de los informes exigidos en virtud de instrumentos internacionales. Para prestar asistencia a dicha Dependencia se había establecido un Comité de Derechos Humanos del que formaban parte representantes de 13 Ministerios del Gobierno y un representante de la Asamblea de Tabago.

122. Una vez concluido el informe, el Ministro de Justicia lo había presentado en el Parlamento haciendo referencia a su contenido y a la importancia de la Convención. El informe había sido ampliamente distribuido, entre otros, a los Ministerios del Gobierno, las escuelas secundarias, las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, las organizaciones internacionales de derechos humanos y las bibliotecas públicas.

123. Al adherirse a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Gobierno de Trinidad y Tabago se comprometió en la lucha mundial para acabar con la discriminación de la mujer y promover el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de ésta. Impulsado por el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing que llevó a cabo la Asamblea General en 2000, el Gobierno también se comprometió a aplicar las medidas establecidas en dicha Plataforma. En la labor de aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Gobierno contó con la asistencia de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres de base comunitaria. El objetivo de la División de Asuntos Relacionados con el Género del Ministerio de Desarrollo Comunitario y Asuntos Relacionados con el Género era acabar con todas las formas de desigualdad entre los géneros.

124. El representante manifestó que la Constitución de Trinidad y Tabago prohibía de manera explícita la discriminación por razones de sexo y consagraba los principios de igualdad y protección de la ley. A fin de impedir la discriminación por razones de sexo, color, raza, etnia, origen, religión, estado civil o discapacidad se había aprobado legislación sobre igualdad de oportunidades en el empleo, la educación, la prestación de bienes y servicios y la vivienda, que entraría en vigor tras el nombramiento de los miembros de la Comisión y del Tribunal de Igualdad de Oportunidades. Se había promulgado legislación para impedir que los empleadores discriminaran contra las empleadas por estar embarazadas. En 1998 había entrado en vigor la Ley sobre cohabitación, que regulaba los derechos de las parejas de hecho.

125. Al Gobierno venía preocupándole enormemente desde hacía tiempo la violencia basada en el género, incluidas las agresiones sexuales a mujeres y niñas, práctica que estaba generalizada. Entre 1990 y 1996, se habían cometido en el país 39 asesinatos relacionados con la violencia doméstica. Se había puesto en marcha un programa general contra la violencia doméstica que incluía el establecimiento de un servicio nacional de línea telefónica de 24 horas para cuestiones de violencia doméstica, una Dependencia de Violencia Doméstica dentro de la División de Asuntos Relacionados con el Género, un programa de apoyo al hombre y 19 centros comunitarios de presentación de información. También se había creado, dentro del servicio de policía, una Sección de Policía Comunitaria, y el Gobierno estaba elaborando una política nacional sobre la violencia doméstica.

126. En 1999 se había derogado la Ley de violencia doméstica de 1991, que fue sustituida por legislación acorde con las normas internacionales, y se había enmendado la Ley de asistencia y asesoramiento jurídicos para ampliar su ámbito de cobertura e incluir especialmente a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Se había modificado la ley sobre delitos sexuales a fin de aumentar las penas aplicables por dichos delitos e incluir todas las formas de violación sexual, incluidas la violación y la agresión sexual en el matrimonio. Se habían realizado también progresos en la aplicación de legislación, en particular reformas jurídicas en cumplimiento de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, con el fin de proteger y promover los derechos de los niños. En un estudio nacional que se concluyó en junio de 1997, se indicaba que había algunos niños y adolescentes involucrados en la prostitución y la pornografía, si bien no había prueba alguna de compraventa de niños.

127. La mujer tenía un poder económico limitado y generalmente realizaba los trabajos peor remunerados y menos protegidos. Seguía estando insuficientemente representada en posiciones de poder y en cargos en que tuviera que tomar decisiones. Pocas mujeres han logrado ascender a los planos ocupacionales más altos, sobre todo en el sector privado y, pese a su formación, la mujer seguía recibiendo sueldos inferiores en todos los trabajos. Para abordar ese problema se había creado un “Instituto de Promoción y Liderazgo de la Mujer” dentro de la División de Asuntos Relacionados con el Género y un “Programa de Segunda Oportunidad de la Mujer”. En 1996, Trinidad y Tabago se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una Ley de reconocimiento del trabajo sin remunerar, a fin de velar por que el trabajo no remunerado de la mujer fuera registrado y calculado. También promulgó una Ley de salario mínimo a fin de que todos los trabajadores recibieran un salario mínimo mediante el establecimiento de una economía de salario mínimo único.

128. La pobreza era más generalizada en los hogares monoparentales con una mujer cabeza de familia y en los que la mujer era la cabeza de familia y había recibido una educación limitada. El Gobierno se había comprometido a mejorar el nivel de vida de las mujeres pobres y de sus familias aumentando su acceso al capital, los recursos, el crédito, la tierra, la tecnología, la información, la asistencia técnica y la capacitación. El Gobierno, como parte de su compromiso de ofrecer a todos los estudiantes acceso gratuito a la enseñanza secundaria había emprendido dos proyectos experimentales de capacitación de la mujer en ámbitos no tradicionales, entre ellos la albañilería, la fontanería, el dibujo técnico y la instalación eléctrica.

129. Para hacer frente al problema de los estereotipos de los géneros, se había convocado un grupo de tareas encargado de examinar el plan de estudios de la enseñanza primaria y se crearía otro grupo para examinar el de la enseñanza secundaria. Con el fin de promover el acceso a la enseñanza posterior a la secundaria, se había puesto en marcha un programa denominado “dólar por dólar” que permitía a todos los ciudadanos obtener el equivalente a un diploma universitario de primer ciclo pagando la mitad de los gastos del programa.

130. El Gobierno se había comprometido a velar por que la mujer gozara de los niveles de bienestar y salud física y mental más altos posibles durante toda su vida. Entre las prioridades del Gobierno figuraba la prestación de atención a la salud primaria y secundaria, incluida la atención a la salud sexual y reproductiva, de manera accesible y asequible.

131. Para concluir, el representante destacó la labor realizada por el Instituto de Promoción y Liderazgo de la Mujer de la División de Asuntos Relacionados con el Género a fin de aumentar la participación de la mujer en la política, labor que incluyó la organización de la conferencia regional celebrada en julio de 2001. Los cargos desempeñados por mujeres en el Gobierno eran los de Ministro de Justicia, Ministro de Desarrollo Comunitario y Asuntos Relacionados con el Género, Ministro de Desarrollo Social y Ministro de Educación. Aunque los progresos realizados eran prometedores, el representante señaló que el Gobierno reconocía que era necesario trabajar más para aumentar la presencia de la mujer en la política y en el Parlamento.

b) Observaciones finales del Comité

Introducción

132. El Comité agradece al Estado parte el informe que, si bien con cierto retraso, fue presentado con arreglo a las directrices del Comité.

133. El Comité agradece al Estado parte la presentación clara y franca de su delegación y las respuestas precisas a las preguntas formuladas en forma oral por el Comité.

Aspectos positivos

134. En particular, el Comité acoge con satisfacción la creación de la Dependencia de Derechos Humanos dentro del Ministerio de Justicia con el fin de reforzar la capacidad de Trinidad y Tabago de presentación de informes a los órganos establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Comité insta al Estado parte a que siga esforzándose por cumplir sus obligaciones internacionales de presentación de informes.

135. El Comité acoge también con satisfacción el reconocimiento por parte del Estado parte de la función desempeñada por una serie de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de mujeres de base comunitaria que desarrollan su labor en el país y que prestan asistencia al Estado parte en la tarea de acabar con todas las formas de discriminación contra la mujer.

136. El Comité observa con agrado la extensa reforma jurídica iniciada en Trinidad y Tabago desde la independencia y reconoce la labor llevada a cabo para derogar o enmendar disposiciones legales que discriminan contra la mujer. El Comité acoge con agrado, en particular, la Ley de reconocimiento del trabajo sin remunerar de 1996. El Comité observa con satisfacción que, desde que en 2000 se derogaron los párrafos 1) y 3) del artículo 5) de la Ley de delitos sexuales No. 27 de 1986, la violación en el matrimonio es un delito en Trinidad y Tabago.

137. El Comité elogia la labor realizada por el Estado parte con su programa general de lucha contra la violencia doméstica mediante iniciativas como el servicio de línea telefónica 24 horas, el establecimiento de una Dependencia de Violencia Doméstica dentro de la División de Asuntos Relacionados con el Género, el programa de apoyo al hombre y los centros comunitarios de presentación de información. El Comité elogia al Estado parte por las medidas adoptadas para prestar asistencia jurídica de emergencia, en particular en los casos de violencia doméstica.

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención

138. El Comité observa que las actitudes estereotipadas arraigadas respecto de la función de los hombres y las mujeres y la persistencia de la violencia basada en el género en la sociedad obstaculizan la plena aplicación de la Convención.

Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones

139. Preocupa al Comité que la Convención no se haya incorporado en la legislación nacional. El Comité lamenta, en particular, que el artículo I de la Convención, en que se define “la discriminación contra la mujer” no se haya incorporado en la legislación del Estado parte.

140. El Comité recomienda que el Estado parte estudie la posibilidad de incorporar la Convención en su legislación nacional. Señala, en particular, la importancia de que se incorpore el artículo 1 de la Convención. El Comité pide que el Estado parte, en su próximo informe periódico, haga referencia a los progresos realizados a ese respecto, incluso facilitando información sobre si se ha invocado la Convención ante los tribunales nacionales.

141. El Comité toma nota con preocupación de que, pese a lo dispuesto en la Constitución, existen leyes en el Estado parte que tal vez permitan la discriminación contra la mujer.

142. El Comité recomienda que se elabore un inventario de las leyes que discriminan contra la mujer con el fin de revisarlas, modificarlas o revocarlas.

143. Al Comité le preocupa que la aparente falta de coordinación entre los órganos del Gobierno encargados de supervisar las cuestiones del género y el hecho de que no se asigne responsabilidad por las actividades podría comprometer las actividades de incorporación de una perspectiva de género y que el mecanismo nacional de la mujer pueda verse afectado por los limitados recursos humanos y financieros.

144. El Comité alienta la incorporación de una perspectiva de género en todos los ministerios gubernamentales, así como la evaluación de los efectos de ese empeño. Recomienda que el Estado parte defina claramente los mandatos de los diversos comités y consejos que se ocupen de las cuestiones del género y el nivel de interacción entre ellos. El Comité alienta al Estado parte a que prosiga su proceso de reestructuración del mecanismo nacional y asigne los recursos humanos y financieros necesarios para velar por que se apliquen efectivamente las políticas y programas del Gobierno relativos a la igualdad de género. Asimismo, alienta a que se incorpore una perspectiva de género en todos los ministerios.

145. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, pese a las innovadoras leyes, políticas y programas existentes, la violencia contra la mujer siga siendo una triste realidad aparentemente tolerada por la sociedad que se perpetúe mediante actitudes patriarcales tradicionales profundamente arraigadas.

146. El Comité insta al Estado parte a que asigne una prioridad elevada a las medidas encaminadas a hacer frente a la violencia contra la mujer en la familia y la sociedad, de conformidad con la recomendación general 19 del Comité y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. El Comité recomienda que el Estado parte adopte nuevas medidas para aumentar la conciencia de la población respecto de la violencia contra la mujer y lo insta a que fortalezca sus actividades y programas de modo que se preste especial atención a la violencia sexual, el incesto y la prostitución.

147. Preocupan al Comité las actitudes y conductas estereotipadas enraizadas respecto de las funciones de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad, que tienden a reforzar la condición de inferioridad de la mujer en numerosos sectores de la vida pública.

148. El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas urgentes para que se abandonen los estereotipos tradicionales referentes a la función de los hombres y las mujeres en la sociedad. Destaca que, para aplicar una política de igualdad entre los géneros que se ajuste a la Convención, hará falta que se adopte un nuevo concepto de la función de la mujer en la sociedad en que ésta pase de encarnar a la madre y esposa, exclusivamente responsable de los hijos y de la familia, para convertirse en sujeto y agente individual en la sociedad.

149. Preocupa al Comité que la mujer esté infrarrepresentada en la política y entre los dirigentes del sector económico. Asimismo le inquieta que los factores que obstaculizan la participación de la mujer en esos ámbitos incluyan actitudes estereotipadas, la desproporción de la parte de las responsabilidades domésticas y familiares que asume la mujer y las barreras estructurales y culturales, como la falta de licencia por maternidad para las parlamentarias, lo cual refuerza la idea de que la política es un ámbito masculino.

150. El Comité recomienda que se apliquen estrategias para aumentar el número de mujeres que integren los órganos de adopción de decisiones en todos los niveles y ámbitos. Con tal fin, recomienda que el Estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, para aumentar el número de mujeres en los niveles de adopción de decisiones del Gobierno, los órganos gubernamentales, la administración pública y las empresas propiedad del Estado. También recomienda que el Estado parte intensifique la labor encaminada a organizar programas especiales de capacitación destinados a mujeres y realice periódicamente campañas de concienciación a ese respecto.

151. Preocupa al Comité que, pese a su gran preparación académica, la mujer siga estando mal remunerada en todos los sectores laborales, salvo en el sector estatal. También le preocupan las consecuencias de los estereotipos de género que se reflejan en los planes de estudio y del hecho de que las niñas sigan cursos tradicionalmente “femeninos” y los niños tradicionalmente “masculinos” para las posibilidades de empleo y generación de ingresos de las mujeres. Le preocupa además la falta de legislación específica en que se prohíba el acoso sexual en el lugar de trabajo y se prevean procedimientos de reparación para las víctimas.

152. El Comité alienta al Estado parte a que analice la falta de correlación existente entre el elevado grado de educación alcanzado por las mujeres y su nivel de ingresos y lo insta a que reforme los planes de estudio y revise los libros de texto para luchar contra las actitudes tradicionales respecto de la mujer y contribuir a crear un entorno que propicie la presencia de la mujer en puestos de alto nivel y bien remunerados. También recomienda que el Estado parte aproveche las investigaciones y prácticas existentes relativas a la igualdad de remuneración del trabajo de valor igual y comparable para corregir las desigualdades de remuneración. Recomienda además que se penalice el acoso sexual en el lugar de trabajo, incluso en el sector privado, y que se prevean remedios a esos efectos.

153. Preocupa al Comité que, si bien los trabajadores domésticos tienen derecho a un salario mínimo con arreglo al nuevo Decreto sobre el Salario Mínimo, no estén incluidos en la definición de “trabajador” que figura en la Ley de Relaciones Industriales.

154. El Comité hace un llamamiento al Estado parte para que incluya a los trabajadores domésticos en la definición de “trabajador” de la Ley de Relaciones Industriales.

155. Preocupa al Comité la elevada incidencia de la pobreza entre los diversos grupos de mujeres, en particular las cabeza de familia y reconoce que los hogares encabezados por mujeres se han visto afectados negativamente por los programas de ajuste estructural y la cambiante situación mundial.

156. El Comité pide al Estado parte que proporcione información adicional sobre los programas y proyectos que se han llevado a cabo para combatir los efectos negativos de los programas de ajuste estructural para las mujeres y, en particular, los hogares encabezados por mujeres, y que asegure que las políticas gubernamentales encaminadas a erradicar la pobreza sean continuas, se incorpore una perspectiva de género y no sigan marginando a la mujer.

157. Intranquiliza al Comité que los matrimonios entre niños estén sancionados por varios regímenes jurídicos que regulan el matrimonio. Señala que en el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención se prohíben esos matrimonios y que éstos tienen graves consecuencias para las niñas, incluso en lo relativo a la salud. Le preocupa la elevada tasa de embarazos de adolescentes y sus consecuencias para el disfrute de los derechos garantizados por la Convención, en particular en el ámbito de la educación.

158. El Comité insta al Estado parte a que asegure que todas las leyes referentes a la edad mínima de matrimonio y otros programas encaminados a prevenir los matrimonios precoces estén en consonancia con las obligaciones dimanantes de la Convención. También recomienda que Trinidad y Tabago adopte políticas y programas adecuados de educación sexual y educación en planificación de la familia.

159. Preocupa al Comité que los programas de planificación de la familia estén únicamente dirigidos a la mujer y se haga poco hincapié en la responsabilidad de los hombres a ese respecto.

160. El Comité recomienda que se lleven a cabo programas que alienten a los hombres a asumir sus responsabilidades en cuanto a la planificación de la familia.

161. Preocupa al Comité que no se haya proporcionado información detallada sobre las políticas públicas referentes a la mujer de las zonas rurales, por ejemplo, en relación con el empleo y la salud, y expresa su especial preocupación por la situación de las mujeres de edad de las zonas rurales.

162. El Comité insta al Estado parte a que en su próximo informe incluya más información y datos sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales y de las mujeres de edad de las zonas rurales en particular, así como sobre toda política encaminada a favorecer su habilitación económica y su acceso al empleo y a los servicios de atención de la salud.

163. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico responda a las cuestiones concretas planteadas en las presentes observaciones finales. También pide al Estado parte que en su próximo informe proporcione una evaluación de los efectos de las medidas adoptadas para aplicar la Convención.

164. El Comité insta al Estado parte a que acepte la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al tiempo de reunión del Comité.

165. El Comité insta también al Estado parte a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención.

166. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan ampliamente en Trinidad y Tabago para que la población del país, en particular los administradores gubernamentales y los políticos, conozcan las medidas que se han adoptado en relación con la igualdad de jure y de facto de la mujer y las medidas que hace falta adoptar en el futuro a ese respecto. Pide al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las mujeres y las organizaciones de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.

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