38. El Comité acoge con beneplácito la aclaración del Estado Parte por la que confirma que reconoce la competencia del Comité prevista en el artículo 20 de la Convención.

39. El Comité observa que Indonesia no ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

a) Los continuos esfuerzos del Estado Parte para reformar el sistema jurídico y revisar su Constitución y su legislación con el fin de proteger derechos humanos universales, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) La promulgación de la Ley Nº 26/2000 sobre el establecimiento de tribunales de derechos humanos, con competencia en graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, y las seguridades del Estado Parte de que los tribunales de derechos humanos funcionarán a comienzos de diciembre de 2001;

c) Los planes descritos por los representantes del Estado Parte para la terminación inminente de nuevas leyes sobre la protección de víctimas y testigos, y sobre el establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación, encargada de reexaminar casos anteriores de violaciones de derechos humanos que hayan tenido importantes repercusiones en la nación;

d) La separación formal de la policía y del ejército en 1999, como aspecto esencial del esfuerzo para garantizar una autoridad civil independiente encargada de mantener la ley y el orden;

e) El reconocimiento por el Estado Parte de que la erradicación de la tortura está vinculada a superar una cultura de violencia en el ejército y en la policía, y las seguridades de que la continuación de los esfuerzos para alcanzar este objetivo es una de las máximas prioridades del Gobierno;

f) El reconocimiento de la apremiante necesidad de crear un registro centralizado de detenidos en todo el país, y las seguridades de que ya se está estudiando la aplicación de tal sistema;

g) El interés expresado por el Estado Parte en la posibilidad de que el Gobierno coopere con organizaciones no gubernamentales nacionales en la vigilancia de las prisiones y los lugares de detención;

h) La declaración del representante del Estado Parte en relación con una posible visita el próximo año del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

a) El gran de número de alegaciones de actos de tortura y malos tratos cometidos por las fuerzas de policía (especialmente las unidades de la policía móvil ("Brimob"), del ejército (TNI) y grupos paramilitares supuestamente vinculados a las autoridades, y en particular en zonas de conflicto armado (Aceh, Papua, Maluku, etc.);

b) Las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o con fines de investigación;

c) Las alegaciones de que grupos paramilitares, supuestamente autores de torturas y malos tratos en Indonesia, son apoyados por algunos militares y, según se alega, a veces están acompañados de personal militar;

d) Los numerosos informes de ataques contra defensores de los derechos humanos, que a veces son mortales;

e) Las alegaciones de que los abusos de derechos humanos relacionados con la Convención son cometidos a veces por personal militar empleado por empresas en Indonesia para proteger sus locales y evitar conflictos laborales;

f) Las alegaciones de inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual, que supuestamente se utilizan con frecuencia como formas de tortura y malos tratos;

g) Los informes sobre el gran número de personas que padecen los efectos de la tortura y otras formas de malos tratos.

a) El clima de impunidad, promovido en parte por el hecho de que ha habido pocos progresos en el enjuiciamiento de los militares, los policías y otros funcionarios estatales, en particular los que tienen cargos importantes, que, supuestamente han planificado, dirigido y/o perpetrado actos de tortura y de malos tratos.

b) La no facilitación por el Estado Parte, en cada caso, de investigaciones prontas, imparciales y completas de las numerosas alegaciones de tortura comunicadas a las autoridades, ni el enjuiciamiento de los supuestos infractores, según se requiere en los artículos 12 y 13 de la Convención.

c) El insuficiente nivel de garantías de la independencia e imparcialidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas-HAM), lo que le impide cumplir plenamente su mandato, inclusive la responsabilidad exclusiva en virtud de la Ley Nº 2000/26 de realizar las primeras investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, antes de la transmisión de los casos al Fiscal General para el procesamiento. Como únicamente el Fiscal General tiene facultades para decidir si se inicia el procedimiento, al Comité le preocupa también que todos los informes de la Komnas-HAM sobre las investigaciones preliminares no se publiquen, y que la Komnas-HAM no tenga derecho a impugnar una decisión del Fiscal General de no seguir una causa.

a) La tipificación inadecuada en la legislación penal del país del delito de tortura en términos compatibles con el artículo 1 de la Convención, como resultado de lo cual la tortura no se castiga con penas apropiadas en el Código Penal del Estado Parte, según se requiere en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. El Comité observa, a este respecto, que la definición de tortura en la Ley Nº 2000/26 no es plenamente compatible con el artículo 1 de la Convención.

b) Las limitaciones geográficas y de tiempo en el mandato del tribunal de derechos humanos ad hoc en Timor-Leste.

c) Las inadecuadas medidas para garantizar que la segunda enmienda de la Constitución de 1945, relativa al derecho a no ser juzgado sobre la base de una ley retroactiva, no se aplicará a delitos como la tortura y los crímenes de lesa humanidad, tipificados como delito en el derecho internacional.

d) La falta de protección adecuada de testigos y víctimas de torturas, que pueden ser objeto de intimidación y abuso por funcionarios.

e) La duración y las condiciones de la custodia policial, y la falta de garantías adecuadas de los derechos de las personas privadas de libertad, incluida la notificación a un pariente próximo o a un tercero y el acceso a asistencia médica y a un abogado de su elección.

f) El hecho de que, a pesar de la separación formal de la policía y del ejército, este último sigue estando relacionado con alegaciones de tortura y malos tratos. Al Comité le preocupa la falta de hábeas corpus para los militares.

g) La insuficiente protección jurídica para garantizar, según se establece en el artículo 3 de la Convención, que ninguna persona puede ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando está en peligro de ser sometida a tortura.

h) La falta de respuesta a comunicaciones enviadas por el Relator Especial sobre la tortura, y el hecho de que no haya sido invitado a visitar el Estado Parte, a pesar de solicitudes que datan de 1993.

i) La inadecuada cooperación con la Dependencia de Delitos Graves de la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNTAET).

j) La falta de datos estadísticos y de otra información sobre la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desglosada por género, grupo étnico, región geográfica, y tipo y lugar de detención.

a) Enmiende la legislación penal de manera que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean delitos prohibidos estrictamente en esta legislación, en términos totalmente conformes a la definición contenida en el artículo 1 de la Convención. Deben adoptar sanciones adecuadas, que correspondan a la gravedad del delito.

b) Establezca un sistema de denuncias efectivo, fiable e independiente para realizar investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas de las alegaciones de malos tratos y de tortura por la policía y otros funcionarios y, cuando las conclusiones lo justifiquen, se juzgue y castigue a los autores, incluidos los altos funcionarios.

c) Se asegure de que quienes patrocinan, planifican, incitan y financian operaciones paramilitares o participan en ellas utilizando la tortura, incluidos los altos funcionarios, serán juzgados como corresponde.

d) Tome inmediatamente medidas para reforzar la independencia, objetividad, eficacia y responsabilidad pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas-HAM), y se asegure de que se publican a su debido tiempo todos los informes de ésta al Fiscal General.

e) Se asegure de que el tribunal de derechos humanos ad hoc de Timor-Leste podrá considerar los numerosos abusos de derechos humanos que supuestamente tuvieron lugar en el período comprendido entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 1999.

f) Se asegure de que los delitos según el derecho internacional como la tortura y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado sean investigados y, cuando proceda, juzgados en tribunales indonesios.

g) Prosiga las medidas de reforma de la policía para reforzar la independencia de ésta del ejército, como organismo civil independiente encargado de hacer cumplir la ley.

h) Reduzca la duración de la detención preventiva, se asegure de la debida protección de testigos y víctimas de tortura y promulgue legislación para que toda declaración como resultado de tortura no pueda ser invocada en ningún procedimiento judicial, salvo contra los torturadores.

i) Garantice que ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, de conformidad con el artículo 3.

j) Proteja a los defensores de los derechos humanos del hostigamiento, las amenazas y otros ataques.

k) Intensifique la educación en materia de derechos humanos para dar directrices e impartir formación con respecto, en particular, a la prohibición de tortura, a agentes del orden público, magistrados y personal médico.

l) Invite al Relator Especial sobre la tortura a visitar sus territorios.

m) Coopere plenamente con la UNTAET, en particular proporcionando a los miembros de su Dependencia sobre Delitos Graves asistencia en las investigaciones y procedimientos judiciales, el pleno acceso a los expedientes pertinentes, autorizando visitas a Indonesia y Timor-Leste, y trasladando a sospechosos para juzgarlos en Timor-Leste, de conformidad con el memorando de entendimiento firmado en abril de 2000.

n) Adopte medidas inmediatas para hacer frente a la urgente necesidad de rehabilitación del gran número de victimas de la tortura y malos tratos en el país.

o) Formule las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

p) Incluya, en su próximo informe periódico, datos estadísticos sobre la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desglosados, entre otras cosas, por género, grupo étnico, región geográfica y tipo y lugar de detención. Además, se debe proporcionar información sobre denuncias y casos en que entiendan órganos nacionales, incluidos los resultados de las investigaciones realizadas y las consecuencias para las víctimas, en cuanto reparación e indemnización.

q) Difunda ampliamente las conclusiones y recomendaciones del Comité en todo el país y en todos los idiomas que corresponda.

46. El Comité examinó la nota verbal de fecha 7 de diciembre de 2001 dirigida a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la Misión Permanente de Indonesia que contenía observaciones e información adicional sobre las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité. El Comité agradece al Gobierno de Indonesia la nota y acoge con satisfacción el importante número de reformas jurídicas e institucionales que se están desarrollando actualmente en Indonesia. El contenido de la nota verbal se reproducirá en el documento CAT/C/GC/2001/1.