b) Que, aunque el Estado Parte no es parte en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni en su Protocolo de 1967, en junio de 2001 adoptó una nueva Ley de refugiados que se adhiere -entre otras cosas- a la definición de "refugiado" que figura en esa Convención. El Comité acoge también con satisfacción la adopción en enero de 2001 de una nueva Ley de ciudadanía por la que se permite a las personas deportadas anteriormente regresar a Ucrania y obtener la ciudadanía del país.

c) La retirada de la Ley de secretos de Estado de los delitos que constituyen violación de los derechos humanos.

d) La abolición de la pena de muerte.

e) La información incluida en el informe de que, en virtud de una Ley de 5 de noviembre de 1998, Ucrania reconoció la competencia del Comité en su territorio, según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Convención.

f) La creación de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) que se encarga de la protección de los derechos humanos en Ucrania y el hecho de que el Ombudsman pueda visitar y tenga pleno acceso a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad.

g) Las seguridades dadas por el jefe de la delegación de que se publicarán los informes de las tres visitas al Comité Europeo para la prevención de la tortura, que tuvieron lugar en 1998, 1999 y 2000.

b) La deportación forzosa de cuatro nacionales uzbekos, miembros de la oposición uzbeka, que corrían el riesgo de ser sometidos a torturas y cuyo caso era objeto de un llamamiento urgente del Relator Especial sobre la tortura.

c) Que haya jueces que formen parte de los recién creados "comités de coordinación de la lucha contra el delito" junto a los representantes del Ministerio del Interior, situación que es contraria al principio de separación de poderes y puede afectar a la independencia del poder judicial.

d) Las numerosas condenas basadas en confesiones y los criterios para el ascenso de los investigadores, que al parecer tienen en cuenta el número de casos resueltos, lo que puede dar lugar a torturas y malos tratos de los detenidos o sospechosos para obligarlos a "confesar".

e) Que las autoridades no hayan llevado a cabo investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas de las alegaciones de dichos actos y no hayan procesado y castigado a los responsables.

f) La información recibida por el Comité en el sentido de que se informa a los parientes y abogados de la detención únicamente después de que el detenido ha sido trasladado de la custodia policial a un centro de detención preventiva, proceso que normalmente dura como mínimo dos semanas. Preocupa también al Comité que no haya disposiciones jurídicas claras sobre el momento exacto en que el detenido puede ejercer su derecho a un abogado defensor, a examen médico y a informar a su familia de su detención.

g) La duración de la detención preventiva, que puede llegar a 18 meses según lo dispuesto en la ley pero en la práctica puede extenderse hasta tres años, de la detención administrativa (hasta 15 días) y la detención de los "vagabundos" (hasta 30 días).

h) Las largas condenas de prisión dictadas por la expresión no violenta de ideas e información.

i) Los informes de amenazas y hostigamiento, incluidos los malos tratos, contra periodistas independientes y otras personas que presentan alegaciones de abusos por parte de los funcionarios.

j) El hacinamiento y la falta de acceso a instalaciones de higiene básicas y a una atención médica adecuada, así como la alta incidencia de la tuberculosis en las prisiones y en los centros de detención preventiva.

k) La falta de una formación adecuada del personal de policía y penitenciario sobre sus deberes en virtud de la ley y los derechos de los detenidos.

l) A pesar de que se han realizado algunos progresos, en las fuerzas armadas se siguen practicando la intimidación y las novatadas (dedovshchina) con los jóvenes reclutas.

b) Deposite ante el Secretario General de las Naciones Unidas una declaración en la que acepte la competencia del Comité con respecto a los artículos 21 y 22 de la Convención y retire su reserva con respecto al artículo 20;

c) Que se asegure de que sea estrictamente observado por las autoridades competentes del Estado Parte el principio consagrado en el artículo 3 de la Convención de que no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado en que estaría en peligro de ser sometida a tortura;

d) Que el Estado Parte establezca su jurisdicción para los delitos de tortura incluso aunque el autor del delito no sea nacional del Estado Parte siempre que se encuentre en cualquiera de los territorios bajo su jurisdicción y, en caso de que no ejerza jurisdicción, que extradite al autor del delito;

e) Que simplifique las disposiciones poco claras y a veces contradictorias sobre el momento en que el detenido tiene derecho a un abogado y que vele por que este derecho se ejerza desde el momento de la detención;

f) Que se asegure de que existe la prohibición legal de interrogar a los detenidos si no es en presencia de un abogado de su elección;

g) Que se adopten las medidas apropiadas para garantizar la independencia del poder judicial y los abogados y la objetividad de la fiscalía en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas internacionales;

h) Que asegure el respeto absoluto en la práctica del principio de inadmisibilidad de las pruebas obtenidas por medio de torturas;

i) Que tome medidas eficaces para establecer un mecanismo de denuncias plenamente independiente que garantice investigaciones inmediatas, independientes y completas de las denuncias de tortura, incluidas las numerosas y detalladas alegaciones recibidas de diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;

j) Que adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones en las cárceles y centros de detención preventiva, incluso en lo que se refiere al espacio, las instalaciones y las condiciones de salubridad, y que establezca un sistema de inspección de prisiones y centros de detención por funcionarios imparciales, cuyas conclusiones deberían publicarse;

k) Que reduzca el período actual de detención preventiva de 72 horas durante el cual puede mantenerse a los detenidos en células aisladas antes de llevarlos ante el juez;

l) Que acelere el proceso de formación de los agentes de orden público y el personal médico en lo relativo a su obligación de respetar los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad;

m) Que adopte medidas eficaces para evitar y castigar la trata de mujeres y otras formas de violencia contra la mujer;

n) Que adopte un sistema más eficaz para acabar con la práctica de la intimidación y las novatadas (dedovshchina) en las fuerzas armadas, mediante la formación y la educación, y que procese y castigue a los infractores;

o) Que establezca un procedimiento para proporcionar una reparación a las víctimas de la tortura, en particular una indemnización justa y adecuada;

p) Que prosiga el programa contra la tuberculosis en las prisiones y centros de detención preventiva;

q) Que divulgue ampliamente en el país las conclusiones y recomendaciones del Comité, en todos los idiomas que corresponda.