Distr.

GENERAL

CCPR/C/79/Add.49; A/50/40,paras.224-241
3 de octubre de 1995

ESPAÑOL
Original: INGLES
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos : Haiti. 10/03/1995.
CCPR/C/79/Add.49; A/50/40,paras.224-241. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CCPR
HUMAN RIGHTS COMMITTEE


CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES
UNDER ARTICLE 40 OF THE COVENANT

Comments of the Human Rights Committee



Haití


A la luz de los acontecimientos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Haití y que afectan a los derechos humanos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del artículo 40 del Pacto, el 27 de octubre de 1994 el Comité pidió al Gobierno de Haití que presentara, a más tardar el 31 de enero de 1995, un informe, de ser necesario en forma de resumen, en el que se describiera, en particular, la aplicación de los artículos 6, 7, 9, 10 y 14 del Pacto durante el período en curso, a fin de que el Comité lo examinara en su 53º período de sesiones. En respuesta a esa solicitud, el 27 de febrero de 1995 el Gobierno de Haití presentó un informe (CCPR/C/105) que el Comité examinó en sus sesiones 1397ª y 1398ª, celebradas el 27 de marzo de 1995 (véase CCPR/C/SR.1397 y 1398), y aprobó en la 1412ª sesión, celebrada el 5 de abril de 1995 (53º período de sesiones) las siguientes observaciones.

1. Introducción

El Comité celebra la buena disposición del Gobierno del Estado Parte de cooperar y entablar un diálogo constructivo con el Comité sobre la aplicación del Pacto en Haití, como lo demuestra la presentación del informe especial y el envío de una delegación de alto nivel a esos fines. El Comité toma nota de que, si bien en el informe se proporciona cierta información sobre las medidas constitucionales y jurídicas adoptadas para poner en vigor los artículos 6, 7, 9, 10 y 14, no se brinda información sobre las prácticas relativas a los derechos humanos ni sobre las dificultades con que ha tropezado la aplicación del Pacto en el país. El Comité, que conoce las dificultades a que hacen frente todas las ramas del Gobierno de Haití desde el restablecimiento del Gobierno legítimo, da las gracias a la delegación por haber procurado contestar las preguntas planteadas en el curso del diálogo, con lo que, de cierta forma, se compensaron las deficiencias de los informes.

2. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación
del Pacto

El Comité toma nota de que sólo ahora Haití sale de un largo y devastador pasado dictatorial militar, en el que se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, torturas y otros tratos inhumanos o degradantes, así como detenciones y arrestos arbitrarios. El país ha iniciado sólo hace muy poco un proceso de recuperación y acaba de ingresar en la etapa de la transición a la democracia. El Comité toma nota, asimismo, de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, las actitudes políticas y sociales que siguen imperando en el país no se prestan a la promoción y protección de los derechos humanos. La violencia y el desorden continúan haciendo presa de la sociedad y sigue habiendo muchas armas en manos de grupos paramilitares y del público en general. La aplicación del Pacto se ve obstaculizada por la falta de un sistema judicial que funcione debidamente y por problemas sociales y económicos hondamente arraigados.

3. Aspectos positivos

El Comité celebra el restablecimiento del Gobierno legítimo de Haití y los considerables esfuerzos desplegados por el actual Gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos. A este respecto, cabe poner de relieve el establecimiento, por decreto presidencial, de una Comisión Nacional de Verdad y Justicia encargada de investigar las violaciones de derechos humanos y de obtener justicia para las víctimas. El Comité toma nota también de la creación de una fuerza de policía civil independiente de las fuerzas armadas, lo que constituye otra medida positiva. El Comité acoge con beneplácito la iniciación, pese a graves problemas de financiación, de programas de capacitación de jueces y policías.

El Comité toma nota con satisfacción de la aprobación de una serie de leyes que afectan directamente al desarrollo de las instituciones y las políticas de protección de los derechos humanos, como la reciente ley en virtud de la cual se declaran ilegales todos los grupos paramilitares, la Ley de las comunidades territoriales, por la que se elimina el antiguo sistema autocrático de jefes de sección y se prevén autoridades locales elegidas por el pueblo, y la Ley electoral. El Comité también acoge con beneplácito la iniciación del proceso que conducirá a la celebración de elecciones parlamentarias en junio de 1995 y elecciones presidenciales en diciembre de 1995.

4. Principales motivos de preocupación

Habida cuenta de las condiciones generales imperantes actualmente en Haití, el Comité no ha detallado todas las preocupaciones que le provoca la falta de congruencia entre determinadas disposiciones de la legislación, incluida la Constitución y las leyes, por una parte, y el Pacto, por otra.

El Comité expresa preocupación respecto de los efectos de la Ley de amnistía, convenida durante el proceso que desembocó en el restablecimiento del Gobierno elegido de Haití. Le preocupa la posibilidad de que, a pesar de que sólo abarca los delitos políticos cometidos en relación con el golpe de estado o durante el régimen anterior, la amnistía obstaculice las investigaciones de las denuncias de violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, las desapariciones, la tortura y los arrestos arbitrarios, las violaciones y agresiones sexuales, cometidas por las fuerzas armadas y los agentes de los servicios de seguridad nacional. A ese respecto, el Comité desea señalar que una amnistía de alcance general puede promover una atmósfera de impunidad para los perpetradores de violaciones de los derechos humanos y socavar los esfuerzos encaminados a restablecer el respeto de los derechos humanos en Haití e impedir una repetición de las violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en épocas pasadas.

El Comité recalca la importancia de que se investiguen las violaciones de los derechos humanos, se determinen las responsabilidades individuales y se indemnice justamente a las víctimas, y lamenta que la Comisión de Verdad y Justicia no haya iniciado aún su labor.

Preocupa al Comité la posibilidad de que al no investigarse a los violadores de derechos humanos a fin de excluirseles de los institutos militares, la fuerza de policía y el poder judicial, quede considerablemente debilitada la transición a la seguridad y la democracia. También preocupa al Comité que los miembros de las fuerzas armadas, los agentes de los servicios de seguridad y los miembros de anteriores grupos paramilitares continúen cometiendo violaciones de derechos humanos. El Comité toma nota con particular preocupación de la falta de control total y efectivo de los militares por parte de las autoridades civiles. Preocupa al Comité el hecho de que no estén claramente definidos la composición, el mando y los efectivos de las fuerzas armadas.

El Comité expresa preocupación ante los numerosos problemas que afectan al funcionamiento eficaz del sistema judicial, incluidos los largos períodos de detención antes de los enjuiciamientos y el hacinamiento en las cárceles. A ese respecto, desea señalar que, a menos que se haga un esfuerzo decidido para reformar el poder judicial y restablecer el debido funcionamiento del sistema judicial, se menoscabarán considerablemente los esfuerzos por fortalecer el imperio del derecho y promover el respeto de los derechos humanos.

Preocupan al Comité las denuncias de trabajo forzado de menores en violación del artículo 8 del Pacto.

5. Sugerencias y recomendaciones

En vista de que la Ley de amnistía se aprobó antes de que se restableciera el Gobierno legítimo, el Comité insta al Estado Parte a que aplique esa ley de conformidad con el Pacto y que excluya de su ámbito a los que hubieren perpetrado violaciones de derechos humanos.

El Comité destaca la obligación que tiene el Estado Parte, en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo. Recomienda encarecidamente que la Comisión de Verdad y Justicia inicie su labor cuanto antes y que se establezcan otros mecanismos encargados de investigar las violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por miembros de la policía, las fuerzas armadas y otros servicios de seguridad, así como del poder judicial, de manera de garantizar que las personas estrechamente vinculadas a los abusos de derechos humanos no presten servicios en esas instituciones.

A fin de garantizar la seguridad de la población, el Comité recomienda que se establezca claramente una política en virtud de la cual se desarme a los grupos paramilitares y que se adopten medidas efectivas para reducir el número de armas en la comunidad.

El Comité recomienda que se emprenda una reforma de envergadura del poder judicial a fin de establecer un sistema judicial independiente e imparcial que salvaguarde los derechos humanos e imponga el imperio de la ley.

El Comité recomienda enérgicamente que el Estado Parte confirme la ratificación de los Protocolos Facultativos del Pacto presentando los instrumentos de ratificación o de adhesión necesarios al Secretario General de las Naciones Unidas. La aceptación del Primer Protocolo Facultativo reafirmaría el compromiso del Gobierno de investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos y contribuiría a proteger los derechos humanos de los individuos en el difícil período que está por iniciar el país.

El Comité insta a que se reconozca el respeto de los derechos humanos como un elemento fundamental del proceso de reconciliación y reconstrucción nacional. Con esos fines, el Comité recomienda que todas las disposiciones del Pacto se incorporen plenamente en el sistema jurídico nacional; que la administración y el parlamento, como medida de fomento de la confianza, creen instituciones especiales, abiertas a los particulares, para que presten ayuda en el ejercicio cotidiano de los derechos humanos; que se imparta una capacitación detallada en derechos humanos a los jueces, a la policía y a los militares; y que se imparta educación en materia de derechos humanos en todos los niveles de la enseñanza.

El Comité insta al Estado Parte a que facilite información sobre las medidas adoptadas para llevar a la práctica las sugerencias y recomendaciones precedentes cuando presente su informe inicial, que se debería haber recibido el 6 de julio de 1992, pero para cuya presentación el Comité fija la fecha del 1º de abril de 1996.

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