INTRODUCCION : 1 - 8
I. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DISCRIMINACION RACIAL Y POBLACION INDIGENA EN GUATEMALA : 9 - 16
A. La discriminación : 9 - 12
B. Compromiso general del Estado de Guatemala como Parte de la Convención : 13 C. Apreciación general de la situación actual de la población indígena guatemalteca : 14 - 16
II. RESUMEN COMPARATIVO DEL ESFUERZO DEL GOBIERNO DE GUATEMALA EN LA APLICACION DE LA CONVENCION Y SUS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS : 17 - 35
Artículo 2 : 18 - 24
Artículo 3 : 25 - 28
Artículo 4 : 29
Artículo 5 : 30 - 31
Artículo 6 : 32 - 34
Artículo 7 : 35
III. ACCIONES EJECUTADAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACION INDIGENA : 36 - 85
A. Fondos sociales : 36 - 49
B. Area de salud : 50 - 58
C. Area de educación : 59 - 62
D. Participación politicosocial indígena : 63 - 74
E. Acceso de los indígenas a los sistemas de justicia y protección legal : 75 - 79
F. Programas de apoyo a la repatriación voluntaria de guatemaltecos refugiados : 80 - 85
IV. LA POBLACION INDIGENA DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE PAZ : 86 - 92
V. PERSPECTIVAS ACTUALES : 93 - 95
VI. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES : 96 - 101
como Parte de la Convención
13. El Estado de Guatemala, como Parte de esta Convención, está obligado jurídicamente, tanto a nivel nacional como internacional, a cumplir y ser consecuente con todas aquellas políticas y acciones que deben ser aplicadas o ejecutadas para que los compromisos estipulados dentro de la Convención cobren vigencia en el país. Sobre ese particular se señala que constitucionalmente está establecido que los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Adicionalmente, debe indicarse que no existe ninguna restricción, como se explicará más adelante en otro apartado, para que la Convención sea invocada ante las cortes y tribunales o autoridades administrativas del país, por cualquier guatemalteco que en pleno goce de sus derechos así decida hacerlo.
14. Al menos durante la última década, en Guatemala ha ocurrido un fenómeno innegable y que bajo ningún punto de vista debe pasar desapercibido, y es el hecho de que la participación de la población indígena en los distintos planos de la vida nacional ha venido a abrir la brecha que ha permitido la generación de cambios sustanciales que nunca antes en la historia política y social del país se habían dado para este importante sector poblacional.
15. Quizá el logro más importante que en este sentido se ha producido sea el surgimiento de una conciencia, principalmente de parte de las autoridades, de que vivimos en un país pluricultural y pluriétnico y que, por lo tanto, cada sector tiene sus propias particularidades y sus propias necesidades como humanos.
16. Toda esta serie de acontecimientos ha permitido que durante los últimos años, y probablemente con mayor fuerza a partir de 1985, los distintos gobiernos hayan incorporado dentro de sus planes de gobierno políticas específicas en beneficio de las poblaciones indígenas del país, lo que ha posibilitado que se haya atendido bastantes de sus demandas, aun cuando muchas de ellas requieran de cambios profundos y estructurales para ser satisfechas.
17. Como se explicara ampliamente en el informe inicial presentado por el Gobierno de Guatemala durante la sesión del Comité en mayo de 1995, la legislación nacional no permite la distinción, exclusión, restricción o preferencia de personas basada en motivos de raza, color, linaje u origen; en esencia, no se menoscaban los derechos de ningún guatemalteco o extranjero en el sistema jurídico nacional, salvo las excepciones que la misma ley establece para casos excepcionales.
Artículo 2
18. El Estado de Guatemala ha cumplido con no promover como Estado ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones. Su principal fundamento es la Constitución de la República, la cual es de carácter general, no casuística; su contenido es homogéneo y estandarizado para todos los grupos sociales.
19. Se ha promovido el respeto a la igualdad y a nivel gubernamental se han girado instrucciones para que las autoridades de todo el país actúen de conformidad con lo estipulado en el presente artículo de la Convención.
20. Un aspecto importante ha sido la información y educación respecto al tema de la discriminación racial, ante lo cual cabe señalar que a través del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos se han efectuado a nivel de gobierno y con participación de otras entidades nacionales e internacionales, seminarios y foros en los cuales se ha analizado y discutido distintos temas relativos al respeto de los derechos humanos y particularmente los derechos de los pueblos indígenas. También han tenido lugar actividades específicas para analizar el contenido de la Convención, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Estas múltiples actividades llevan como propósito fundamental despertar la conciencia social y el compromiso de los funcionarios públicos en cuanto a las poblaciones indígenas.
21. Actualmente, dentro de la estructura gubernamental existe una total apertura respecto a la participación de la población indígena dentro de su esquema. Este hecho se comprueba, ya que han sido y siguen siendo numerosos los indígenas que han ocupado y ocupan cargos importantes dentro de la estructura jerárquica gubernamental, tales como el Ministerio y Viceministerio de Educación, los fondos sociales, específicamente dentro del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, alcaldías municipales, gobernaciones departamentales, el Congreso de la República y así en otra serie de puestos en los que se han abierto valiosos e importantes espacios.
22. Se han planificado y ejecutado programaciones radiales a través de la radiodifusora oficial del país "TGW La voz de Guatemala", con el propósito de concientizar a la población sobre la "No violencia contra la niñez y la mujer, especialmente indígena", en cumplimiento de las convenciones internacionales de las cuales es Parte el Estado de Guatemala. El tema atiende a que son precisamente estos sectores de la población los que, por su situación social, son más vulnerables a prejuicios, estereotipos y discriminación racial y social.
23. Dentro de los planes del actual Gobierno, se ha previsto efectuar una revisión de las políticas gubernamentales nacionales y locales respecto a la población indígena, a efecto de hacer planteamientos encaminados a corregir algunos aspectos que todavía no estén acordes a las necesidades, y de la misma manera se puedan implantar medidas congruentes con la realidad nacional que puedan beneficiar de mejor manera a las poblaciones indígenas del país.
24. Dentro de este contexto, es importante agregar que la política seguida por el Gobierno ha sido la de abrir los espacios de participación indígena en todos los ámbitos de la vida nacional, bajo el entendido que su participación contribuirá de mejor manera a atender su problemática y conducirá a una mejor comprensión de la población respecto de las características particulares de los distintos grupos étnicos que conforman la comunidad indígena guatemalteca.
Artículo 3
25. La legislación guatemalteca practica la igualdad en la aplicación de las normas legales de tal manera que los ciudadanos del país son reconocidos con igualdad de derechos y obligaciones; legalmente no existe ningún tipo de práctica que conduzca a la segregación social y todo el accionar del Estado está enfocado a la población en general sin distinciones de ninguna clase.
26. Entre otras acciones realizadas por el Gobierno de Guatemala se encuentra su compromiso dentro del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, por el que se establece que el Gobierno promoverá ante el organismo legislativo una ley que incorpore al texto del Código Penal las disposiciones de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, con lo cual se busca sancionar su observancia o transgresión. Asimismo, el Gobierno adquirió el compromiso de agotar los trámites tendientes al reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial como lo establece el artículo 14 de la Convención. Con el mismo propósito respecto a este artículo, el Gobierno, en consulta con los pueblos indígenas, promoverá en las instancias apropiadas de la Organización de las Naciones Unidas la aprobación del proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas.
27. El 11 de octubre de 1995 se presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de ley en la que se propone reformar el Código Penal adicionando al articulado el delito de discriminación racial y étnica. La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso para su estudio y dictamen.
28. Entre otras acciones legales efectuadas, ya ha sido analizado en primera y segunda lectura por el Congreso de la República el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Siguiendo los procedimientos pertinentes, antes de que dicho documento pasara a una tercera lectura el proyecto fue sometido a la consideración de la Corte de Constitucionalidad para que emitiera una opinión consultiva respecto de la constitucionalidad o no del contenido de las normas de dicho Convenio. En mayo de 1995, la Corte emitió una opinión favorable por considerar que el contenido del Convenio Nº 169 no contradice la Constitución de la República. Esta resolución fue remitida al Congreso de la República, donde se encuentra actualmente. Debido a que a finales de 1995 se efectuaron elecciones generales, y los nuevos diputados al Congreso asumieron sus cargos el 14 de enero de 1996, el Convenio no pudo continuar siendo analizado. Sin embargo, se espera que para el presente año, tomando en cuenta la representación indígena en el Congreso y el interés existentes por la pronta ratificación del Convenio, éste pueda seguir siendo analizado y se pueda obtener una resolución final.
Artículo 4
29. Como ya ha sido explicado con anterioridad, el Estado desde ningún punto de vista permite, tanto dentro de su propia estructura normativa como dentro del resto de la población, acciones como las mencionadas en el artículo que se comenta. De hecho, se ha prohibido expresamente la utilización de los recursos humanos y físicos del Estado en favor de sector alguno en particular. Por otro lado, tal como se manifiesta en cuanto al artículo anterior de la Convención, las medidas legislativas que actualmente se promueven contribuirán sustancialmente a que los principios establecidos en el presente artículo sean cumplidos de manera más efectiva.
Artículo 5
30. Aunque nuestra Constitución es general y los derechos enumerados en el artículo 5 están contemplados para todos los guatemaltecos sin ninguna discriminación, en la sección tercera de la misma, titulada "Comunidades indígenas", se establecen puntos específicos relativos a la protección de grupos étnicos; la protección de las tierras y cooperativas agrícolas indígenas; tierras para comunidades indígenas; traslación de trabajadores y su protección (copia de estos artículos se adjuntan como anexos) Se pueden consultar los anexos en los archivos de la Secretaría..
31. La historia y la experiencia respecto del goce de estos derechos ha permitido que desde años atrás, y aun en la actualidad, se generen transformaciones y cambios cuyo objetivo principal son los grupos indígenas. Esto ha permitido la ejecución de importantes acciones en todos los campos de la vida nacional encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos indígenas que en todo caso son los más vulnerables a discriminación. Esta óptica bajo la cual los gobiernos han visto la problemática indígena, ha dado lugar a impulsar acciones concretas en las cuales son tomadas en cuenta sus características particulares y sus necesidades reales. En esa línea es importante mencionar algunas de estas acciones.
Artículo 6
32. En cuanto a la protección y los recursos efectivos de las personas ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, actualmente no se tiene conocimiento oficial de la existencia de acción judicial por algún hecho discriminatorio que haya sido planteada ante los tribunales de justicia del país.
33. En el caso particular de la población indígena, se han ejecutado acciones que han permitido un mayor y mejor acceso de la misma ante los órganos y mecanismos legales existentes para la aplicación de la justicia. En esto es importante mencionar la creación de la Secretaría Específica de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de la Nación, la cual se encarga de atender las situaciones legales de los grupos étnicos del país en su relación con el Estado, con el propósito fundamental de compensar la indefensión a la que podría estar expuesto el indígena por su propia condición social y económica.
34. Se ha promovido el aprendizaje de los idiomas quiché y kakchiquel dentro del personal ejecutivo de la Procuraduría General con el propósito de iniciar un proceso de eliminación de barreras idiomáticas que en determinado momento restringen o limitan el acceso de la población indígena a los órganos legales del país.
Artículo 7
35. En el compromiso relativo a la adopción de medidas en la esfera de la enseñanza y educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de la presente Convención, el Gobierno de Guatemala ha canalizada múltiples esfuerzos a través de distintas dependencias gubernamentales que han desarrollado funciones específicas tales como las siguientes:
36. Los fondos sociales representan actualmente uno de los mecanismos gubernamentales más efectivos creados en favor de la población más pobre y más afectada por la violencia, dentro de la cual un gran porcentaje es indígena. Las principales áreas que cubren dichos fondos son: salud, educación, infraestructura, desarrollo de cooperativas, fortalecimiento institucional, autodesarrollo, dotación de tierras, créditos, insumos para cultivo, etc.
37. Entre el grupo de fondos sociales destacan: el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ); el Fondo de Inversión Social (FIS), y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI). Uno de los más importantes por sus características especiales es el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), el cual fue creado en 1994 como un órgano nacional de desarrollo del pueblo maya, con una estructura bipartita (Gobierno-organizaciones mayas), siendo la finalidad del FODIGUA apoyar y fortalecer el proceso de desarrollo de los indígenas y canalizar recursos que respondan a la satisfacción de sus necesidades. Entre las principales líneas de acción del FODIGUA se encuentran proyectos de desarrollo social, proyectos socioproductivos, proyectos de fortalecimiento institucional y proyectos de infraestructura mínima.
38. Durante 1995, el FODIGUA desarrolló su trabajo para población netamente indígena con un presupuesto de 30 millones de quetzales con los cuales se ejecutaron 48 proyectos de distinta índole que beneficiaron a 57.922 personas que residen en municipios, aldeas y caseríos de los departamentos de Izabal, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Totonicapan, Sololá, Chimaltenango y Petén. El tipo de proyectos desarrollados involucra semovientes, asistencia alimentaria, molinos de nixtamal, capacitación, construcción de escuelas, dotación de equipo, construcción de letrinas, construcción de centros de capacitación y compra de insumos. Para el presente año 1996 el FODIGUA ha solicitado incrementar su asignación de 30 a 70 millones de quetzales; tiene planificado la ejecución de 29 proyectos, y tramita solicitudes para financiar 310 proyectos más. Para este mismo año, el FODIGUA contará con apoyo adicional de la cooperación española por un monto de 1,17 millones de quetzales, que ya han sido aprobados y 700.000 quetzales más otorgados por el Banco Mundial para continuar con los proyectos.
39. También se cuenta con el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), adscrito a la Presidencia de la República, que atiende a una gran mayoría indígena, especialmente a los grupos de retornados y de desplazados internos, focalizando su labor en los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Sololá, Chimaltenango, Totonicapan, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. El espíritu real de este fondo reside en el establecimiento de base de conciliación comunitaria por medio de proyectos encaminados a la construcción de una cultura de paz, participación e igualdad.
40. Dentro de su unidad de Cartera de Apoyo a la Construcción de la Paz, el FONAPAZ ha otorgado créditos para la compra de tierras a 1.713 familias (9.500 personas aproximadamente), con un monto de 53,5 millones de quetzales, con lo cual se adquirieron un total de 18 fincas con una extensión total de 610,11 caballerías (28.233,50 ha).
41. Se otorgaron créditos para la compra de tierras a la población desarraigada, atendido a tres segmentos significativos de dicha población: retornados organizados, refugiados independientes y desplazados internos. En cuanto a la población organizada en proceso de retorno se ha cumplido según la disponibilidad financiera con los compromisos adquiridos en los acuerdos del 8 de octubre de 1992 entre el Gobierno y los refugiados organizados. Buscando la equidad entre la población desarraigada, el Fondo ha financiado tierras para otras 286 familias (aproximadamente 1.575 personas) desplazadas por el enfrentamiento armado o retornados independientes. El monto invertido es de 4,5 millones de quetzales, en cuatro fincas con una extensión total de 49 caballerías (2.267,53 ha).
42. En cuanto a créditos para la reinserción laboral y productiva, el FONAPAZ ha fortalecido los esfuerzos financieros para conceder créditos para actividades productivas de la población desarraigada. Estos créditos han beneficiado en el período 1992-1995 a 1.463 familias por un monto de 8,2 millones de quetzales.
43. Las inversiones para facilitar la conciliación comunitaria han permitido construir instrumentos que han facilitado dicha conciliación. En este sentido el Fondo ha financiado el traslado de nuevos asentados en tierras propiedad de refugiados desplazados. Esto ha permitido a 413 familias de campesinos que se encontraban abandonados encontrar la tranquilidad en la tenencia de sus propias tierras.
44. En cuanto al mejoramiento de la vivienda, con la cooperación del Gobierno del Japón el Fondo logró mejorar 6.200 viviendas para igual número de familias en 99 aldeas por un monto de 25,1 millones de quetzales.
45. En lo relativo a la producción, el FONAPAZ se ha involucrado en proyectos de innovación agrícola, los cuales pretenden alargar la cadena productiva tradicional del sistema de producción. Un ambicioso e innovador sistema de producción en los municipios de San Antonio Ilotenago y Santa María Cunén se están financiando como respuesta a las solicitudes de sus actores sociales. Se ha invertido un monto de 1,1 millones de quetzales para que 5.058 personas campesinas, ya con su inversión social prácticamente terminada, inicien un verdadero sendero al desarrollo sostenible con subsistencia alimentaria, ventas locales y exportación.
46. Aunque se han financiado decenas de obras de infraestructura comunitaria en áreas en donde más del 80% de la población es indígena o de ascendencia indígena, se considera de gran impacto la inversión de 4,9 millones de quetzales para los tramos carreteros del Ixcán y el triángulo Ixil en el departamento de Quiché. En el Ixcán, el Fondo, con ejecución del Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centroamérica, construyó el vital tramo para la paz con una extensión de 13,25 km Veracruz-Mayalán, que pretende conectar Cantabal con Ixcán, y Quiché con Santa Cruz Barillas y Huehuetenango. Por otro lado fueron construidos con una inversión de 4,2 millones de quetzales los tramos carreteros Nebaj-Sumalito y Juill-Visiquichum. Con la construcción de los tramos en mención, los campesinos podrán ahora comercializar sus productos con mayor facilidad, obteniendo de esa manera mejores beneficios, así como tener acceso a los servicios públicos indispensables. Con el apoyo de la Unión Europea se han invertido 1,9 millones de quetzales para construir la carretera Bilil-Yocultac, que pretende conectar Nentón con San Mateo Ixtatán en el departamento de Huehuetenango.
47. Otro de los importantes mecanismos creados por el Gobierno, es el Fondo de Inversión Social (FIS), el cual ha financiado 30 proyectos de bancos comunales integrados exclusivamente por mujeres mayoritariamente indígenas, logrando por primera vez acceso al crédito y fomentando el hábito del ahorro. Esta acción ha beneficiado a 325 personas y para el efecto se han invertido 3,4 millones de quetzales. Para promover el ingreso productivo se han generado a través del fondo 43.842 nuevos empleos por contratación directa de mano de obra predominantemente local y 44.712 nuevos empleos por mes generados en la economía por adquisiciones. Se ha brindado capacitación productiva por medio de cuatro proyectos con un monto de 1,6 millones de quetzales, beneficiándose 3.335 jóvenes y adultos, predominantemente mujeres, con el equipamiento de tres centros de capacitación y otros 6.000 beneficiados con la construcción de un nuevo centro.
48. Dentro del sistema gubernamental también funciona el Programa de Asistencia para Viudas y Huérfanos (PAVYH), el cual es un programa de compensación social que depende de la Presidencia de la República vinculado con otras dependencias del Estado, creado con el fin de mitigar en parte la difícil situación de este segmento poblacional. La población objetivo está constituida en un 80% por mujeres indígenas, jefas de hogar y en situación de extrema pobreza, caracterización a la que se le suma la marginación en todos los aspectos, especialmente por su condición de mujer y por pertenecer a la raza maya. La cobertura del Programa abarca nueve departamentos, los cuales han sido calificados como altamente prioritarios, siendo ellos Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Sololá, Chimaltenango y Quetzaltenango.
49. En el área productiva este Programa ha desarrollado una serie de actividades en tales departamentos. Los proyectos financiados comprenden el otorgamiento de apoyo financiero para el área productiva a grupos de autogestión que habían sido apoyados con anterioridad a efecto de llevarlos a la fase de cierre. Se llevó a cabo la redefinición de los procesos de atención a la población meta, a través de la dotación del apoyo financiero a actividades productivas individuales. Se ejecutó el monitoreo y evaluación de los proyectos productivos en ejecución, para definir nuevas estrategias, tanto a nivel de producción, como de manejo de la o las actividades productivas que desarrollen las mujeres.
50. El artículo 93 de la Constitución política de la República estipula: "El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna". Este principio se aplica por el Estado de Guatemala.
51. A nivel de gobierno, se han puesto en práctica reformas al sector salud que contemplan el planteamiento de una estrategia de focalización de actividades por áreas geográficas y prioritarias, y por otro lado el planteamiento de una estrategia de descentralización y desconcentración a nivel departamental y municipal que incluye modificaciones en programas de integración de esfuerzos institucionales para una mejor atención. Con ello se pretende que los programas de salud lleguen hasta lugares anteriormente inaccesibles en comunidades totalmente alejadas del interior del país, donde habita la mayoría indígena.
52. La puesta en marcha de esta nueva política ha permitido viabilizar la prestación de servicios asistenciales; también la incorporación de fondos rotativos que permiten la disponibilidad inmediata para el pago de insumos, logrando así la reducción de costos para garantizar la eficiencia en los servicios brindados; se ha logrado la focalización y acción inmediata en las comunidades de mayor pobreza con el apoyo de fondos internacionales y de organismos no gubernamentales.
53. Durante el último año, se obtuvo un mayor impulso en cuanto a medicina preventiva y control de enfermedades endémicas.
54. Siempre en materia de salud, por medio del Programa para Asistencia de Viudas y Huérfanos (PAVYH) se realizaron charlas sobre higiene en general, limpieza de vivienda y sus alrededores, utilidad y manipulación de alimentos. También se dio capacitación sobre la preparación y utilización de alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos, los cuales se emplearon para motivar la participación de las viudas en el proceso de alfabetización y charlas de salud.
55. No puede dejar de informarse sobre la realización de jornadas médicas con el apoyo financiero del Fondo de Inversión Social (FIS) incluidas dentro de los 197 proyectos de salud, con una inversión de 9,74 millones de quetzales, realizadas durante 1995. Estas jornadas médicas han beneficiado a 33.027 personas a través de un total de 21 campañas de prevención y control de enfermedades.
56. Considerando que el agua potable es un factor esencial para la salud, el Fondo Nacional para la Paz financió la introducción de agua potable en 331 comunidades mayoritariamente indígenas por un monto de 29,6 millones de quetzales durante 1995.
57. En el sector salud y asistencia social, se construyeron 51 obras con un costo aproximado de 6,5 millones de quetzales, beneficiando a unas 139.350 personas de diversas comunidades del interior. Actualmente se encuentran en ejecución 203 obras que beneficiarán en el transcurso de 1996 a 786.537 personas en distintas áreas, como sistema de drenajes, abastecimiento de agua, equipamiento de salud, construcción de puestos de salud, letrinización, campañas de prevención de enfermedades, capacitación y equipamiento de comadronas, capacitación de promotores rurales, farmacias comunitarias, contratación de promotores de salud, desparasitación, suplementación de micronutrientes y alimentación para menores.
58. A través del Fondo de Desarrollo Indígena se han puesto en marcha diversos proyectos, como asistencia alimentaria y nutrición entre la población indígena más necesitada en por lo menos siete departamentos del interior del país.
59. Al igual que la salud, la educación es un derecho constitucional que el Estado de Guatemala debe asegurar a los guatemaltecos sin discriminación alguna. Sin embargo, por la propia pluralidad cultural y lingüística del país, la gran mayoría indígena se ha visto limitada en el acceso a la educación a nivel nacional. Para combatir esta problemática, el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Educación, ha impulsado acciones tendientes a crear y fortalecer políticas que eliminen los obstáculos que impiden a los guatemaltecos indígenas tener acceso a los centros de enseñanza.
60. La estrategia gubernamental durante los últimos dos años ha estado orientada a aumentar la cobertura del sistema educativo, con énfasis en las áreas urbanomarginales y rurales, en la educación bilingüe intercultural, habiéndose logrado incorporar a 337.000 niños y niñas a la población escolar de nivel preprimario y primario bilingüe y monolingüe en las áreas urbana y rural.
61. Dentro de esta perspectiva, el mayor esfuerzo se ha enfocado al diseño de políticas y estrategias para la eliminación de estereotipos culturales y sociales de género con el propósito de detener el proceso que conduce a una acción discriminante, el cual se encuentra en proceso de estudio, previo a la emisión de un acuerdo ministerial que lo ponga en ejecución.
62. Entre otras acciones en materia educativa a nivel nacional se pueden mencionar:
63. La existencia de una nueva conciencia social respecto del indígena dentro de un marco democrático y constitucional, ha permitido durante la última década una mayor participación social de los grupos indígenas tanto organizados como no organizados. Esta situación se concreta por medio de hechos históricos que han ido fortaleciendo a nivel nacional una cultura democrática de participación pluralista y sin discriminación.
64. Haciendo un breve resumen del desarrollo de la participación indígena en el campo politicosocial, vemos primeramente que la Constitución política guatemalteca de 1985 da un importante giro en cuanto al trato hacia las poblaciones indígenas del país, estableciendo una serie de normas que por primera vez en la historia politicojurídica de Guatemala se dirigían al grueso de su población, tal como el establecimiento de una comisión legislativa encargada de los pueblos indígenas dentro de la estructura del Congreso.
65. Una política decidida de apoyo y fortalecimiento de las autoridades locales ha permitido en la actualidad una mayor participación del indígena en cuanto a contribuir con la dirección del destino de sus propias comunidades. En el caso de las corporaciones municipales, su fortalecimiento ha dado como resultado un efecto multiplicador en credibilidad, penetración geográfica y en divulgación del concepto de construcción de la paz.
66. A la fecha, el Fondo Nacional para la Paz ha financiado 86 proyectos para fortalecer a los cuerpos sociales del interior del país donde habita la mayoría indígena, para lo cual se ha facilitado la suma de 143.745 millones de quetzales.
67. Otra forma de manifestación del ejercicio de una cultura participativa se ha producido por medio de los Consejos de Desarrollo y los Fondos de Desarrollo Social, especialmente el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, el cual fue creado a través de una consulta permanente con las comunidades étnicas indígenas, con fines muy específicos, para contribuir al desarrollo del pueblo maya marginado durante tantas décadas. En el caso de los Consejos de Desarrollo, la política de descentralización y la participación comunitaria permitieron definir centenares de proyectos de inversión social que en un gran porcentaje involucraban a población indígena, contando para el efecto con un fondo de 314,9 millones de quetzales otorgados por el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario, complementado con el aporte de las municipalidades y muy especialmente el aporte de las comunidades rurales, logrando así una participación tripartita coordinada por la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República.
68. En cuanto a la participación cívica y política del pueblo maya, han desaparecido los mitos acerca de su intervención en este ámbito, tal como lo demuestran los resultados de las recién pasadas elecciones generales en noviembre de 1995 y la segunda vuelta electoral en enero de 1996, generando como un aspecto muy positivo la reducción del abstencionismo en las poblaciones habitadas en su mayoría por mayas, permitiendo así un balance del poder entre lo urbano y lo rural.
69. Esta activa participación maya se atribuye principalmente a la tenaz lucha del propio indígena a través de sus distintas organizaciones y de los Comités Cívicos con componentes indígenas, así como la apertura de algunos partidos políticos que permitieron la participación maya en sus filas. A lo anterior se debe añadir los foros públicos organizados por instituciones mayas como el Comité del Decenio, el Centro de Estudios de la Cultura Maya (CECMA) y K'AMAL B'E Comunidad Política del Pueblo Maya, quienes realmente forjaron una participación cívica protagónica.
70. Otro de los factores importantes que contribuyeron a este acontecimiento histórico de la vida civicopolítica de las comunidades indígenas durante las pasadas elecciones, fue el llamado al voto promovido por la Premio Nobel de la Paz y dirigente indígena Rigoberta Menchú Tum, mediante mensaje directo en idiomas mayas.
71. El resultado final de la participación indígena en este proceso politicoelectoral dio como resultado cerca de un centenar de municipalidades con alcaldes indígenas, un porcentaje de los cuales representan Comités Cívicos, destacando los casos de las cabeceras departamentos de Sololá y Quetzaltenango. En la primera triunfó el Comité Cívico "Sololatecos Unidos para el Desarrollo" y en la segunda el Comité Cívico XEL-JU, que llevó a Rigoberto Quemé Chay a la alcaldía de la segunda ciudad en importancia de Guatemala.
72. En cuanto al Congreso de la República, actualmente hay seis diputados indígenas de los 80 que conforman el Parlamento, perteneciendo los mismos a tres partidos políticos diferentes. Uno de ellos el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), surgido durante 1995, agrupa a gran cantidad de organizaciones indígenas como CONAVIGUA, CERJ y otras organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). A pesar de que el número es relativamente minoritario en relación al resto de los diputados, los nuevos espacios abiertos son un claro ejemplo de la manera en que se va fortaleciendo la participación indígena a nivel nacional. Pese a que los seis diputados representan a diversos partidos políticos que a su vez tienen su propio plan de trabajo, existe un interés común que los une y es precisamente sus raíces mayas, razón por la cual están dispuestos, según lo han manifestado ellos mismos, a apoyar todas aquellas iniciativas y acciones legales necesarias para contribuir a la eliminación de la discriminación racial, al desarrollo de los pueblos indígenas y a fortalecer su participación en los distintos ámbitos de la vida nacional; entre ellas apoyar el análisis y pronta ratificación del Convenio Nº 169 de la OIT, la aprobación de una nueva ley que regule el servicio militar, así como otros instrumentos legales tanto nacionales como internacionales que deban ser aprobados en favor de los indígenas.
73. Aunque hasta hoy en día la participación indígena ha alcanzado una mayor connotación, hay antecedentes de personalidades indígenas que han ocupado importantes cargos públicos tales como ministerios, viceministerios, altos cargos militares, espacios ante el Congreso de la República, alcaldías, municipalidades, gobernaciones departamentales, etc.
74. En cuanto a la participación y al ejercicio de los derechos civicopolíticos como el servicio militar, el indígena ha jugado un papel muy importante. Este derecho y deber constitucional debe cumplirse de manera voluntaria y no discriminatoria. Infortunadamente, los procedimientos utilizados para el reclutamiento por parte de las autoridades militares en algún momento dieron lugar a que dicho reclutamiento fuera irregular y de alguna manera discriminatorio. Sin embargo, esta situación ya ha sido corregida. Durante 1995, un expreso mandato presidencial emitido por el Presidente de la República y Comandante General del Ejército, ordenó no efectuar reclutamientos forzosos ni discriminatorios y que el mismo debe realizarse de manera voluntaria. Esta situación se mantiene vigente y existe la plena libertad para que todo ciudadano guatemalteco sin distinción alguna pueda cumplir con ese deber cívico que le corresponde.
75. Es importante traer a cuenta alguna garantías recogidas por la Constitución política de la República, entre ellas el artículo 4, "Libertad e igualdad". En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.
76. Este marco legal general es válido en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo el acceso y libertad de los individuos, sin importar su raza o condición, a los sistemas nacionales de justicia y protección legal.
77. En el caso particular de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, efectivamente toda persona guatemalteca, sea ésta indígena o no, puede invocarla ante los tribunales nacionales, situación que se encuentra amparada legalmente mediante el artículo 46 de la Constitución política de la República que reza: "Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". Este principio es válido y real desde todo punto de vista y tiene un ejercicio efectivo en cualquier caso en el cual sean invocados convenios o tratados internacionales para hacer vigente un derecho. En tal virtud, no es necesaria la promulgación de ninguna legislación especial para aplicar la Convención ya que, como quedó establecido en el artículo 46 ya citado, estas situaciones han quedado previstas dentro de la propia Constitución del país.
78. En lo relativo a la responsabilidad penal por violaciones de los derechos humanos el artículo 45 de la Constitución política establece:
Lo anterior implica que este derecho puede ejercitarse por una persona común y corriente o en nombre de otra, mediante simple denuncia, sin caución, formalidad o condicionamiento de la acción del denunciante, de manera que todo ciudadano sin discriminación de ninguna índole puede solicitar sin limitaciones la intervención del órgano jurisdiccional para denunciar a infractores de los derechos humanos.
79. En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de las comunidades indígenas a los sistemas de justicia nacionales, se han ejecutado, entre algunas acciones, las siguientes:
80. La dinámica del proceso de retorno ha permitido que a partir de su inicio en 1986 hasta la fecha, hayan retornado al país 28.136 personas que se encontraban refugiadas en Honduras, Belice, Costa Rica y principalmente en México. Mil novecientos noventa y cinco fue considerado "El año del retorno" en virtud de que durante el mismo regresaron 9.553 personas. En los meses de enero y febrero de 1996 ya han retornado 136 personas, lo que significa que desde el inicio de los retornos hasta la fecha han vuelto al país 29.063 guatemaltecos.
81. El proceso de retorno ha sido acompañado y apoyado por el personal de la entidad gubernamental Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR), quien ha brindado una atención integral que incluye: dotación de alimentos por nueve meses mientras se establecen formalmente; dotación de insumos agrícolas y herramientas; dotación de materiales en apoyo a construcción de viviendas en recepción; atención de tránsito; atención médica; letrinización; agua potable e infraestructura básica de asentamiento en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las organizaciones no gubernamentales.
82. Los departamentos en los que han sido ubicados los retornados son: Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Petén y Escuintla.
83. En cuanto a la compra y asignación de tierras, durante 1995 se concedieron créditos por un monto de 27,5 millones de quetzales beneficiando a 911 familias repatriadas, en su mayoría indígenas; asimismo, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la CEAR se realizó un proyecto de estudio de 46 fincas, agrupadas en 12 estudios agrológicos que sirven como base para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas.
84. En lo relativo a la reactivación económica y social de cooperativas agropecuarias en las áreas de retorno de Ríos la Pasión, Usumacinta y el área de la Machaca, la CEAR, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y FONAPAZ otorgaron 202 créditos cuyos beneficiarios reciben asistencia técnica para la producción.
85. La coordinación interinstitucional, tanto entre órganos del Gobierno como con organismos internacionales, países amigos que apoyan el proceso y las organizaciones no gubernamentales nacionales, ha sido fundamental para concretar muchos de los proyectos que se han desarrollado en favor de los retornados. Entre esos programas destacan:
86. El tema indígena forma parte importante de la agenda abordada por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) dentro del marco de negociaciones del proceso de paz. Luego de una larga pero efectiva discusión, finalmente las partes concretaron sus planteamientos al firmar el Acuerdo sobre Identidad y Derechos del Pueblos Indígenas el 31 de marzo de 1991 en la ciudad de México. El Acuerdo tiene una gran connotación y trascendencia histórica para el presente y futuro del pueblo guatemalteco por sus características pluriétnicas y multilingües.
87. Ciertamente, tanto el proceso colonizador como neocolonizador han sometido a los grupos indígenas a niveles indeseables de discriminación, explotación e injusticia social, situaciones que a través de los años han ido corrigiéndose principalmente mediante el fortalecimiento de la conciencia tanto de la misma población indígena como del resto de la comunidad guatemalteca respecto a nuestras raíces.
88. Existen aspectos muy importantes dentro del Acuerdo que vale la pena retomar por su profundo contenido:
89. A los anteriores aspectos, se agrega el compromiso directo asumido por el Gobierno en cuanto a promover modificaciones constitucionales en favor de las poblaciones indígenas, a efecto de que sus derechos no sean contemplados de manera general como aparecen actualmente en la Constitución política de la República, sino de manera particular atendiendo su propia idiosincrasia.
90. En cuanto al tema de la discriminación propiamente dicha, se ha establecido dentro del Acuerdo el compromiso gubernamental de promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como delito; promover la derogación de toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas; promover una legislación que tipifique el acoso sexual como delito y considere como un agravante en la definición y la sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido contra mujer indígena. Un aspecto muy importante es el compromiso gubernamental de promover ante el Congreso de la República una ley que incorpore las disposiciones de la Convención al Código Penal, así como agotar los trámites tendientes al reconocimiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, tal como lo establece el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
91. Es importante tomar en cuenta que los compromisos adquiridos a través del Acuerdo tendrán vigencia a partir del momento en que sea firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, a excepción de los aspectos del Acuerdo que correspondan a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico guatemalteco, incluidos los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre la materia, de los cuales Guatemala es parte, los que tienen vigencia inmediata.
92. Seguramente será a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, al iniciarse el proceso de reformas legales, cuando el Estado de Guatemala podrá dar un mayor cumplimiento y satisfacer de mejor manera los compromisos asumidos en el marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
93. Dando continuidad al proceso democrático iniciado en 1985, afortunadamente no interrumpido por el fallido autogolpe de Estado en mayo de 1992, y luego de dos años y medio de gobierno del licenciado Ramiro De León Carpio, nuevamente la población guatemalteca, en enero de 1996, en pleno ejercicio de sus derechos cívicos eligió por medio del sufragio universal a las nuevas autoridades nacionales, asumiendo la Presidencia de la República el ciudadano Alvaro Arzú Irigoyen el 14 de enero de 1996.
94. Durante los 30 meses anteriores, los esfuerzos del Gobierno han venido enfocados a fortalecer el sistema democrático dentro de un marco de estabilidad social y el respeto de los derechos humanos, principalmente de los grupos más vulnerables y más afectados por la violencia durante las últimas tres décadas. Dentro de esta línea se alcanzaron grandes logros, principalmente cualitativos, en lo que respecta a la población indígena guatemalteca que representa aproximadamente el 52% de la población. Ha sido notable su actual desarrollo y las bases que se han establecido en los diversos ámbitos de la vida nacional. Su participación se ha incrementado y actualmente existen en el país más de 130 organizaciones campesinas indígenas que hacen efectivos sus derechos. Este despertar de la población indígena ha tenido mayor trascendencia por la actual apertura política y social que ha mantenido el Gobierno en sus diversas líneas de trabajo. Los logros alcanzados son históricos, principalmente en lo relativo al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el que sin duda alguna alcanzará mayor trascendencia en un mediano plazo en la medida que su puesta en práctica comience a dar los primeros resultados.
95. Bajo la actual administración, se continuará fortaleciendo los pasos que se han logrado avanzar en estos últimos años. Actualmente, existe ya la conciencia de la necesidad de solucionar la problemática que durante años ha provocado división, fragmentación y confrontación. Durante su discurso de toma de posesión, el actual mandatario reafirmó la necesidad de luchar contra los privilegios, la discriminación y la miseria como base para poder impulsar el desarrollo, construir la paz y garantizar la seguridad; hizo público asimismo su reconocimiento de que "en Guatemala ocurren una serie de prácticas y conductas discriminatorias, a pesar de que formalmente todos somos iguales ante la ley"; agregó que "la discriminación de hecho se ejerce en perjuicio de los pueblos indígenas y también en contra de la mujer. La discriminación es el obstáculo principal para lograr una identidad nacional en la que todos nos sintamos reconocidos, sin por ello suprimir nuestra rica diversidad". El mensaje tiene un fuerte contenido si lo trasladamos a la línea de acción que mantendrá el actual Gobierno en los próximos cuatro años. De momento, los proyectos destinados a la población indígena que fueron planteados durante el año anterior continúan desarrollándose y se espera que para el presente año se concreten muchos de ellos, así como todas aquellas nuevas acciones que se planifiquen dentro de la política del actual Gobierno, siempre en beneficio de la población indígena guatemalteca.
96. No ha existido ni existe en Guatemala una política de Estado que promueva, fomente o tolere la discriminación de ningún tipo.
97. Existe a nivel nacional el reconocimiento de que han ocurrido situaciones discriminatorias de facto provocadas por razones principalmente económicas y sociales que históricamente han afectado especialmente a la población indígena.
98. A nivel de Gobierno, hay plena conciencia de la problemática que representa la discriminación, y de igual manera se manifiesta el total apoyo a todas aquellas medidas que tiendan a eliminar este grave problema social.
99. El Gobierno reconoce su compromiso dentro del marco de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y ante esto está comprometido a impulsar a nivel interno todas las medidas que son necesarias para su adecuado cumplimiento.
100. Se reconoce que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas representa actualmente uno de los principales logros que en un futuro cercano cambiará completamente la vida de los indígenas guatemaltecos y eliminará todas aquellas barreras que han provocado un trato desigual en relación al resto de la población. Asimismo, el Gobierno de la República ratifica su voluntad de cumplir con todos los compromisos asumidos dentro del mismo.
101. La situación en general de las poblaciones indígenas guatemaltecas sí ha cambiado y mejorado en relación con años anteriores, siendo estos cambios notables desde todo punto de vista.