* Los informes octavo y noveno presentados por Panamá y las actas resumidas de las sesiones del Comité en que se examinaron esos informes figuran en los documentos siguientes: CERD/C/149/Add.4 (CERD/C/SR.790).

** Los anexos pueden consultarse en los archivos de la Secretaría.

*** La información presentada de conformidad con las directrices consolidadas relativas a la parte inicial de los informes de los Estados Partes figura en el documento de base HRI/CORE/1/Add.14.

Artículos 2 y 5

1. Es política del Gobierno de la República de Panamá prestar atención a la situación socioeconómica de grupos minoritarios como la población indígena, los inmigrantes y refugiados, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la Convención que nos ocupa a través de las acciones que llevan a cabo sus diferentes dependencias, y que detallamos a continuación.

Dirección Nacional de Gobiernos Locales

2. Fue creada por la Ley 1 de 1974 y entre sus objetivos está el de hacer cumplir las leyes, decretos, órdenes y programas emitidos por el Organo Ejecutivo, así como garantizar la existencia y desarrollo de los municipios, la aplicación de la justicia administrativa y la penal básica.

3. La Dirección Nacional de Gobiernos Locales está desarrollando una ardua labor para dar efectividad a sus funciones, a través de sus diferentes programas de fortalecimiento institucional, que comprenden la capacitación y adiestramiento en la correcta administración municipal, el aumento del subsidio municipal con el propósito de que los municipios pobres de la República puedan contar con un personal técnico y profesional que brinde orientación a una gran cantidad de organizaciones y comités en materia de desarrollo comunitario y bienestar social, tomando en cuenta la población, ubicación y desarrollo económico, acciones estipuladas en el artículo 230 de la Constitución Política.

4. Entre estos programas tenemos seminarios dirigidos a:

a) los representantes de corregimientos, con el propósito de dar seguimiento en el manejo correcto de aspectos de la administración pública, medidas correccionales y sus respectivas sanciones, aspectos técnicos sobre casos de competencias y atribuciones jurídicas;

b) los directivos de los consejos provinciales, para dar a conocer los aspectos administrativos tomados por los consejos provinciales; elaboración correcta de sus respectivos resueltos; intercambiar conceptos para minimizar problemas de aspectos de inconstitucionalidad por resueltos o acuerdos municipales;

c) los tesoreros, contadores y auditores municipales, cuyo objetivo está en analizar nuevas estrategias en el régimen tributario, coordinar programas de control y auditoría para el buen uso de recursos financieros del municipio;

d) maestros de obras e inspectores municipales encaminados a nuestros objetivos hacia los aspectos básicos y legales de las servidumbres públicas, la problemática de la eliminación de desechos sólidos (biodegradable y no biodegradable), sobre servicios básicos municipales (aguas servidas, recolección de basura, electrificación e impacto ecológico).

5. Cabe destacar la labor realizada por la Comisión Nacional sobre límites administrativos, dando respuesta a diferentes casos territoriales, que afrontan problemas de límites y se ha enfatizado en la demarcación de la comarca indígena Emberá, los límites de la comarca indígena Kuna Yala y provincia de Colón y la demarcación de la comarca indígena Ngobe Buglé, actualmente en la etapa de negociación. La Asamblea Legislativa acaba de aprobar mediante una ley la creación de la comarca indígena Madugandí.

6. El Gobierno Nacional tiene especial interés en armonizar las relaciones existentes, dentro de las diferentes comunidades, mediante la identificación de dificultades en las estructuras municipales con la finalidad de provocar sustanciales transformaciones sociales, políticas, económicas en los gobiernos locales.

Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM)

7. Su fundamento legal se encuentra en:

a) los Decretos de Gabinete Nº 147 de 3 de junio de 1969, Nº 222 de 16 de julio de 1969, Nº 290 de 27 de agosto de 1969, Nº 23 de 5 de febrero de 1990;

b) el Decreto Ejecutivo Nº 13 de 20 de enero de 1986;

c) las Leyes Nº 102 de 30 de diciembre de 1974 y Nº 40 de 8 de noviembre de 1984 y las resoluciones Nº 001/007 de 19 de junio de 1986, Nº 009 de 19 de junio de 1986, Nº 455 de 28 de agosto de 1989 y Nº 003 de 10 de septiembre de 1990.

8. Entre sus objetivos, tareas y responsabilidades están la de lograr la participación activa de la comunidad a través de la organización, la autogestión y el trabajo voluntario para disminuir la marginalidad, incrementar los ingresos, nivelar los desequilibrios socioeconómicos regionales y reducir los niveles de pobreza, crear en la población clara conciencia de los derechos y deberes ciudadanos, su capacidad cívica y política para participar en las decisiones que afecten sus intereses y obstaculicen el desarrollo.

9. La DIGEDECOM constituye un instrumento de apoyo para la promoción y ejecución de los servicios que ofrecen las instituciones gubernamentales, autónomas y privadas, especialmente en materia de reforma agraria, salud pública, educación, vivienda y otras similares. Complementa los recursos económicos y financieros de la programación general, mediante la utilización de recursos adicionales especialmente para obras de infraestructuras y otras actividades, a través de aporte de materiales, herramientas, equipos, concesiones y asistencia técnica.

10. Dentro de este marco se llevan a cabo programas que van dirigidos a toda la población, sin distinción por motivos de raza, color, religión, linaje u origen nacional o étnico. Entre éstos, los siguientes:

a) Coordinación, asesoría y organización de gobiernos locales. Se ejecutaron un total de 923 actividades en beneficio de 5.460 personas en seis provincias de la República de Panamá, de la siguiente manera:

Asesoría a Junta Comunal	463
Asesoría a Junta Local	135
Asesoría a Corregidores	173
Asesoría a Regidores	64
Coordinación con Consejos Municipales	86
Organización de Juntas Locales	2

b) Promoción y coordinación de proyectos productivos comunitarios. Con este programa se han beneficiado aproximadamente 5.869 personas. Se dirigió un 98% a proyectos de huertos domésticos, se mejoró la canasta familiar para crear el hábito de una alimentación variada, proporcionando a estudiantes de bajos recursos una dieta balanceada y nutritiva, estimulando a la población para que compre y consuma alimentos a bajo costo.

c) Programa Mundial de Alimentos. Entrenar para la construcción de estufas Lorena; entrega de alimentos, capacitación y evaluación comunitaria, dentro del proyecto 2796-01 del PMA. El proyecto 2436 que comprende "Desarrollo rural para la rehabilitación de comunidades indígenas" se llevó a cabo en las provincias de Coclé, Chiriquí y Veraguas.

d) Cooperación técnica internacional en los programas:

i) Proyecto Desarrollo de Conservación de Alimentos.

ii) Creación de la microempresa APRONAVA.

iii) Preservación de productos lácteos en Vallerriquito, provincia de Los Santos.

iv) Proyecto Desarrollo Comunitario Rural.

v) Cooperativa Pesquera ubicado en Isla Melones, beneficiando a pescadores del área de Veracruz, provincia de Panamá.

vi) Proyecto Cooperativa Agrícola ubicado en San Ignacio de Tupile, comarca Kuna Yala.

vii) Proyecto Centro de Capacitación Emberá Wounaan, provincia de Darién. Este proyecto se lleva a cabo mediante un acuerdo tripartito entre la Agencia Española de Cooperación Internacional, la comarca Emberá Wounaan y el DIGEDECOM, que consiste en la construcción de un centro de capacitación en varias disciplinas: artesanías, carpintería, ebanistería y de albergue para que dispongan de un sitio donde alojarse y la realización de su producción a toda la población sin distinción.

La fuerza pública

11. Su base legal se encuentra en la Constitución Política de la República de Panamá, en la Ley 20 del 29 de septiembre de 1983, y en los Decretos de Gabinete Nº 38 de 10 de febrero de 1990 y Nº 42 de 17 de febrero de 1990.

12. Este organismo policíaco está compuesto por cuatro servicios de policía con mandos y escalafón separados e independientes entre sí, bajo la autoridad y dependencia del Presidente de la República. Tres de ellos son dependencias del Ministerio de Gobierno y Justicia, a saber:

a) Policía Nacional. Su principal función es la de mantener el orden y la tranquilidad pública, la seguridad de las personas y de la propiedad, la prevención de infracciones, la persecución y aprehensión de los delincuentes y su sometimiento a la acción de la justicia, proteger y vigilar las áreas del Canal de Panamá, conjuntamente con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, regular el tránsito de vehículos y personas por las vías públicas, coordinar con los demás componentes de la fuerza pública para prevenir y combatir el contrabando, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la trata de blancas internacional y en general aquellos hechos y acciones que atenten contra la seguridad nacional.;

b) Servicio Aéreo Nacional. Institución que se dedica a coordinar, conjuntamente con otros entes de seguridad del Estado, el transporte por aire, en apoyo a los programas de desarrollo socioeconómico del Gobierno Nacional y en caso de búsqueda, rescate y evacuaciones por razón de desastres aéreos, marítimos o naturales y en la lucha contra la delincuencia en todas sus formas y aquellas que atenten contra la estabilidad del Estado.

c) Servicio Marítimo Nacional.

Como nación marítima, la República de Panamá ha desarrollado un Servicio Marítimo orientado a la protección y defensa del territorio marítimo, haciendo sentir su presencia en todas las aguas jurisdiccionales e internacionales de acuerdo a los convenios vigentes. Sus funciones son las siguientes:

i) Proporcionar un servicio de transporte marítimo a lugares aislados de difícil acceso por otros medios de transporte, en apoyo a los programas de desarrollo del Gobierno Nacional.

ii) Coordinar con instituciones estatales y no estatales, la asistencia, evacuación y rescate de vidas y bienes en las regiones afectadas por desastres naturales.

iii) Reprimir el contrabando y tráfico de drogas en el mar territorial.

iv) Evitar la contaminación, la pesca ilegal dentro del mar territorial y la conservación de los recursos marítimos.

13. El Servicio de Protección Institucional (SPI), servicio de policía, depende directamente del Ministerio de la Presidencia.

14. En desarrollo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y para garantizar los objetivos de estas instituciones, nuestra Constitución Política establece en el Título III los derechos y deberes individuales y sociales, comprendidos en los artículos 17, 18, 20, 21, 22, 27, 33, 34, 38 y en el Título XII, la Fuerza Pública, comprendida en los artículos 305, 306, 30.

15. Ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República.

16. El Presidente de la República es el Jefe de todos los servicios establecidos en el presente título; y éstos, como agentes de la autoridad, están subordinados al poder civil; por tanto, acatarán las órdenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales o municipales en el ejercicio de sus funciones legales.

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

17. Fue creado mediante la Ley Nº 22 de 15 de noviembre de 1982, y es el encargado de ejecutar medidas, disposiciones y órdenes tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del hombre o que la naturaleza pueda provocar sobre la vida y bien del conglomerado social sin distinción. Celebra convenios de apoyo de emergencia con la comunidad internacional cuando fuese el caso, así como el recomendar que se decrete el estado de emergencia nacional y tomar providencias para suministrar fondos y recursos necesarios para afrontar y atender los efectos de los desastres a fin de garantizar en el momento preciso una rápida, segura y eficaz intervención y así poder minimizar los efectos de un desastre.

Dirección Nacional de Corrección

18. Su base legal se fundamenta en la Ley Nº 87 de 1º de julio de 1941 y el Decreto Nº 467 de 1942 y la Constitución Política.

19. La Dirección Nacional de Corrección administra tres centros de rehabilitación: El Renacer y los centros femeninos, en las provincias de Panamá y Chiriquí; dos centros penitenciarios, La Joya y Coiba; y seis cárceles importantes en cuanto a población, La Modelo, La Chorrera, Colón, David, Penonomé y Santiago, además de 38 cárceles de medianas y pequeñas poblaciones que albergan un promedio de 6.650 internos.

20. Su función va destinada a:

a) asegurar que la permanencia de las personas detenidas en penitenciarios o centros de rehabilitación, sometidos a la custodia del Estado se cumplan dentro de los proyectos legales vigentes y velar por la seguridad física y mental del interno y su readaptación a la sociedad;

b) evaluar los programas de rehabilitación de delincuentes para su mejoramiento;

c) velar por la aplicación de la justicia a los detenidos, en la forma más expedita;

d) asegurar la administración de los centros penitenciarios de rehabilitación existentes en el país y cuidar los equipos y edificaciones;

e) promover las bases necesarias para la observación diagnóstica y tratamiento de los reclusos;

f) ejecutar cursos y seminarios con el propósito de mantener a los internos ocupados y que aprendan una labor que les genere conocimientos e ingresos económicos para sus familiares;

g) rehabilitar la mujer mayor de 18 años que ingresa al Centro Femenino de Rehabilitación, con el objeto de que al cumplir su sentencia se incorpore útil y productiva a la sociedad.

21. Con el propósito de continuar desarrollando la humanización de los internos carcelarios se procedió a la clausura de las celdas llamadas Berlinas o celdas de castigos; se ha otorgado libertad condicional o rebajas de penas a reclusos de diferentes cárceles, facultad que corresponde al Organo Ejecutivo según lo dispone el Código Penal en desarrollo del artículo 179 de la Constitución Política que establece:

"Artículo 179: Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo.

...

2. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes."

22. La materia penitenciaria está orientada a la reeducación y reinserción del delincuente en la sociedad, tal como lo previene el artículo 28 de la Constitución Política, que a la letra dice:

"Artículo 28: El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social, se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacidad de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación."

23. En tal sentido, consideramos oportuno señalar que la República de Panamá como país signatario de la convención internacional que prohíbe el maltrato físico a los detenidos, sin distingos de ninguna naturaleza, lleva a cabo toda clase de esfuerzos para ofrecer mejores condiciones a las personas privadas de su libertad tomando en cuenta los artículos 2 y 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Actualmente se encuentra en estudio un proyecto de decreto en virtud el cual se reglamentan los permisos laborales de los internos.

Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR)

24. En este sentido, corresponde a la Comisión Nacional para la Atención de los Refugiados el análisis, discusión y decisión sobre las solicitudes de protección que hacen los ciudadanos extranjeros que son o se sienten refugiados. la Comisión Nacional para la Atención de los Refugiados fue creada mediante el Decreto Nº 100 de 6 de julio de 1981, que desarrolla la Ley Nº 5 del 26 de octubre de 1977, que aprobó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Posteriormente, se dictó la Resolución Nº 461 del 9 de octubre de 1984 que dictó el reglamento de la Comisión Nacional y creó la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados del Ministerio de Gobierno y Justicia. La Comisión Nacional se reúne cuatro veces al año en forma ordinaria para analizar y decidir sobre las peticiones de refugio con fundamento en lo establecido en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, disposiciones legales implementadoras y conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR.

25. La Comisión Nacional está compuesta por el Viceministro de Gobierno y Justicia, quien la preside, el Director de Migración, el Viceministro de Trabajo, el Director Nacional de Empleo, el Director de Política Exterior, el Viceministro de Relaciones Exteriores, el Director de la Cruz Roja Nacional, un representante de la Policía Nacional. ONPAR actúa como Secretario Ejecutivo de dicha Comisión, y el ACNUR como Representante Internacional.

26. La Comisión Nacional ha considerado la protección a 752 refugiados y actualmente otros 69 están en la fase del refugio siendo considerados sus casos en primera instancia, en reconsideración o apelación.

27. La Comisión Nacional se ajusta estructuralmente a la Convención Internacional y concede la protección solicitada con estatutos fundamentados en los lineamientos establecidos en la Convención de 1951 a personas que por motivos de raza, religión, opinión, linaje, color y origen nacional o étnico, político o pertenecer a un determinado grupo social, sienten que no pueden o no quieren regresar a los países que generan la situación que los motivó a salir del mismo en busca de protección.

28. A los refugiados se les brinda protección sin discriminación y se les garantiza el derecho a la igualdad jurídica sin distinción de raza, religión, color y origen nacional o étnico, tal como lo establece el artículo 5 de la convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Adicionalmente, el refugiado tiene el derecho a salir y regresar al país libremente, excepto en el caso de que desee viajar al país en donde se generó la situación que ocasionó su necesidad de protección.

29. Con respecto a la vigencia del artículo 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en lo que respecta a la protección de los refugiados, la República de Panamá observa la plena vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Dirección Nacional de Política Indigenista

30. Fue creada mediante Ley Nº 18 de 1952, y su objetivo principal es mantener el desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, respetando sus valores de tipo político y cultural.

31. Sus objetivos van dirigidos específicamente a diseñar e implementar la Política Indigenista de acuerdo al Plan de Desarrollo, a mantener mecanismos que garanticen un gobierno autóctono de las comunidades indígenas dentro de los parámetros que establece el Estado y a establecer relaciones internacionales con instituciones oficiales y particulares que promuevan el mantenimiento y desarrollo de grupos étnicos autóctonos, para recomendar y/o implementar los avances técnicos por ellos adquiridos.

32. El Gobierno Nacional ha tomado como prioridad el problema de los pueblos indígenas. A través de esta Dirección de Política Indigenista se han llevado a cabo una serie de programas de los cuales podemos mencionar:

a) Proyecto de Desarrollo Kuna Yala, presentado a la Comunidad Económica Europea, el cual está subdividido en tres subproyectos: Agricultura y Asesoramiento en Río Pito; Agricultura y Asentamiento Humano en Congandi; Piscicultura (área de langosta y sábalo). Este proyecto tiene una duración aproximada de tres años y un monto que asciende a la suma de B 800.000, de los cuales el aporte de los kunas es de B 115.000 en mano de obra y su propósito es el de reforzar la capacidad de los kunas para manejar su territorio de manera sostenible.

b) A través del Fondo de Emergencia Social (FES) se están llevando a cabo programas de nutrición, de agua potable, y el Proyecto Rural Nogbé-Buglé, con un aproximado de 14,1 millones de dólares, financiado por el Fondo Indígena de Desarrollo Agrícola (FIDA).

c) Programas de nutrición y distribución de alimentos en las áreas indígenas, que están desarrollando el Despacho de la Primera Dama de la República y la Dirección General de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo.

d) Programas Pacto con la Niñez, en los cuales se han otorgado becas a través del Instituto para la Formación de Recursos Humanos (IFAEHU), para las áreas indígenas Nbogé-Buglé.

33. La Dirección Nacional de Política Indigenista se reunió con la Comisión de Buena Vecindad Colombo-Panameña en la ciudad de Medellín, Colombia, donde la Subcomisión de Etnias Indígenas se comprometió a:

a) Reconocer las autoridades tradicionales en el control social externo de sus comunidades para el manejo migratorio de los indígenas que se desplazan permanentemente en territorio fronterizo colombo-panameño.

b) Que las poblaciones indígenas sean consideradas como grupo de fronteras y sea reconocida la doble nacionalidad.

c) Apoyar el libre comercio que han mantenido los grupos kunas, emberá y wounaan.

d) Solicitar el reconocimiento para que el currículum de educación primaria y secundaria del indígena tenga validez en los países de la zona fronteriza.

e) Reconocer que los estudios de impacto ambiental y cultural previstos con la posibilidad de la apertura del "Tapón del Darién" cuenten con la participación de las comunidades indígenas a través de sus organizaciones representativas. En cumplimiento a la Ley Nº 27 de 13 de diciembre de 1993, se aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, así como la Propuesta Ecológica Centroamericana para la Reunión Cumbre de Presidentes celebrada en Miami y la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

34. Funcionarios de la Dirección de Política Indigenista se reunieron con el consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para tratar sobre los programas indígenas, en especial "El proyecto por la conservación de la biodiversidad en Darién" y el "Proyecto demostrativo" que contempla crear comercio sustentable y enlaces sociales entre organizaciones indígenas de América del Norte y América Latina.

35. A través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se instaló la Comisión Intergubernamental para el Desarrollo de la Región Ngobé-Buglé, creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 206 de 8 de mayo de 1995, encargada de elaborar el anteproyecto de ley que crea la comarca Ngobé-Buglé. También se creó la Comisión Tripartita para la implementación de la Carta Orgánica de la comarca Emberá-Wounaan. La ley que crea la comarca indígena de Madungandí fue aprobada por el órgano legislativo y debidamente sancionada y promulgada por el órgano ejecutivo, mediante la Ley Nº 24 del 12 de enero de 1996.

36. Los artículos 84, 86, 120, 122 y 123 de la Constitución Política, establecen claramente los derechos de campesinos e indígenas en nuestro país, en concordancia con lo estipulado en el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Dirección Nacional de Migración y Naturalización

37. Esta institución, de acuerdo al artículo 80 del Decreto-ley Nº 16 de 30 de junio de 1960, reformado por el Decreto-ley Nº 13 de 20 de septiembre de 1965 y por Ley de 1980, tiene como objetivo vigilar y controlar el movimiento migratorio de ciudadanos, tanto extranjeros como panameños, en todo el ámbito nacional, sin distingos de raza.

Artículo 3

38. De conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política panameña, que a la letra dice: "La República de Panamá acata las normas del derecho internacional", el Gobierno de la República de Panamá ha ratificado un número plural de convenios internacionales en materia de derechos humanos y, de manera particular, aquellos que condenan las prácticas de racismo y cualquier forma de discriminación racial. En función de la ejecución de estas obligaciones se han adoptado un número plural de medidas legislativas, judiciales y administrativas. En virtud de lo anterior, el Código Penal, en su Libro II, Título IX, Capítulo III, sobre Delitos contra la Comunidad Internacional, en sus artículos 311 y 312, establece:

"Artículo 311. El que tome parte en la destrucción total o parcial de un determinado número de seres humanos, por razón de su nacionalidad, raza o creencia religiosa o política será sancionado con prisión de quince a veinte años.

Artículo 312. El que reclute gente, acopie armas o realice otros actos hostiles no aprobados por el Gobierno y emprenda dentro del territorio de la República o en el extranjero actos contra otro Estado, que exponga a Panamá a los peligros de una guerra o a la ruptura de las relaciones internacionales, será sancionado con prisión de tres a seis años."

Artículos 4 y 5

39. En lo concerniente al artículo 4 de la Convención y tomando en cuenta los derechos humanos fundamentales sancionados en la Constitución Política de Panamá relativos a la libertad de expresión, de opinión y de asociación, se deja constancia que en nuestro país, las personas pueden emitir libremente su pensamiento por escrito o por cualquier otro medio de comunicación, sin sujeción a censura. El ejercicio de este derecho puede engendrar responsabilidades de carácter legal allí donde surjan o se pretendan lesiones contra la reputación o la honra de las personas, contra la seguridad social y el orden público, tal como lo señala el artículo 37 de la Constitución Política.

40. En lo que respecta a los medios de comunicación social es importante destacar, igualmente, lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política, que dice así:

"Artículo 85. Los medios de comunicación social son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica.

Cuando sean usados para la publicidad o la difusión de propaganda, éstos no deben ser contrarios a la salud, la moral, la educación, formación cultural de la sociedad y la conciencia nacional. La ley reglamentará su funcionamiento."

41. La Dirección Nacional de Comunicación Social, mediante los Decretos Ejecutivos Nº 155 de 28 de mayo de 1962, Nº 87-A de 3 de abril de 1991, Ley Nº 36 de 17 de octubre de 1980 y Ley Nº 67 de 1978 regula y supervisa la política del Estado hacia los diferentes medios de comunicación social y sirve de enlace técnico de comunicación en una situación de urgencia nacional en que se haga necesario difundir a la ciudadanía programas e informes.

42. El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Junta Nacional de Censura, creada por el Decreto de Gabinete Nº 251 de 6 de agosto de 1969, realiza una importante labor en materia de preservar la moralidad pública mediante la clasificación y evaluación de los espectáculos públicos a través de una Secretaría ejecutiva que coordina estas funciones con los miembros de la Junta Auxiliares de Censura y Juntas Distritoriales, procurando estimular la conservación de la moralidad pública de los ciudadanos y los residentes en el país. La Junta Nacional de Censura tiene como su responsabilidad y objetivo crear conciencia en la sociedad, en el proceso de rescatar los valores civicomorales para la formación integral de la niñez y juventud. Está actualmente en estudio un anteproyecto de ley por el cual se crea la Junta Nacional de Clasificación, en sustitución de la Junta Nacional de Censura.

43. Cabe destacar que se han desarrollado seminarios especializados en la comunicación social. Uno de estos seminarios se proyectó hacia la forma correcta de divulgar y aplicar el nuevo Código de la Familia, aprobado mediante la Ley Nº 3 de 17 de mayo de 1994, la Ley Nº 12 del 25 de julio de 1994 y la Ley Nº 4 de 20 de enero de 1995. Este Código contiene varios artículos -485, 501, 510, 520, 530, 564, 565, 575, 576, 577, 578, 655, 661, 662, 663 y 676- que se refieren a los medios de comunicación social, su misión y relación con el bienestar del núcleo familiar.

44. El Centro de Investigaciones de la Comunicación Social, desde hace diez años viene editando el boletín especializado en materia de comunicación social Syntagma, convirtiéndose en el principal espacio de diálogo, registro de datos, análisis de casos, evaluación de fenómenos de la realidad comunicacional. En sus diferentes publicaciones se ha expuesto el tema de los derechos humanos en todos sus ámbitos.

45. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, en cuanto a la publicidad, propaganda, anuncios nacionales o extranjeros, mediante Resuelto Nº 00615 de 30 de abril de 1991 se crea la Comisión de Publicidad y Propaganda, integrada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección de Medios de Comunicación Social. Esta Comisión es la encargada de evaluar todos los anuncios publicitarios que tienen que ver con salud, higiene, alimentos, bebidas alcohólicas y drogas, con el fin de proteger el completo bienestar físico, mental y social de la población sin distingo de raza, color u origen étnico.

46. En el Ministerio de Gobierno y Justicia no se ha presentado querella alguna o denuncia en materia de discriminación racial en alguna de sus formas.

47. En cuanto al derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, nuestra Constitución Política dispone, en su artículo 38, lo siguiente:

"Artículo 38. Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y sólo requieren para efectuarse aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de veinticuatro horas.

La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación del tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos de terceros."

48. Por otra parte, el derecho a formar asociaciones se encuentra consagrado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, de la siguiente manera:

"Artículo 39. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teoría basada en la pretendida superioridad de una raza o de grupo étnico, o que justifiquen la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley panameña."

49. Le corresponde al Ministerio de Gobierno y Justicia otorgarle personalidad jurídica a toda asociación sin ningún tipo de discriminación, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Durante el año 1995, el Ministerio de Gobierno y Justicia reconoció aproximadamente 200 asociaciones sin fines de lucro y les otorgó la personería jurídica correspondiente.

50. En este sentido, la Constitución Política de la República de Panamá, aprobada en 1972, y reformada por los Actos Reformatorios de 1978 y por el Acto Constitucional de 1983, consagra en su artículo 19 el principio de que "no habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas", estableciéndose, acto seguido, en el artículo 20, el principio de igualdad ante la ley para nacionales y extranjeros con las limitaciones y condiciones establecidas en dicho artículo.

51. En el mismo orden, la Carta Magna tiene una serie de disposiciones que promueven y salvaguardan el derecho al trabajo sin excepción alguna. Así, el Capítulo 3, en su Título III sobre el Trabajo, especialmente en los artículos 60, 61 y 63 que dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El trabajo es un derecho y un deber del individuo, y por tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa.

Artículo 61. A todo trabajador al servicio del Estado o de empresa pública o privada o de individuos particulares, se le garantiza su salario o sueldo mínimo.

...

Artículo 63. A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo cualesquiera sean las personas que lo realicen, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas."

52. En lo que respecta a las normas del artículo 10 del Código de Trabajo, se garantiza el principio de igualdad de salario. A trabajo igual al servicio del mismo empleador, desempeñado en puesto, jornada, condiciones de eficiencia y tiempo de servicio iguales, corresponde igual salario, comprendidos en éste los pagos ordinarios y extraordinarios, las percepciones, gratificaciones, bonificaciones, servicios y cualesquiera sumas o bienes que se dieran a un trabajador por razón de la relación de trabajo.

53. En este aspecto, el Código de Trabajo, en el artículo 145, estipula que en los casos de violación del principio de igualdad del salario, o en los de actividades para las cuales no se ha señalado salario mínimo, o cuando la remuneración sea notoriamente inequitativa en comparación con el salario promedio existente en la industria o actividad de que se trate, el trabajador afectado podrá reclamar, mediante el proceso abreviado, la fijación del salario que corresponda. El salario que se fije se hará efectivo a partir de la ejecutoria de la sentencia.

54. El artículo antes mencionado establece medios efectivos para la reparación en caso de violación del principio de igualdad del salario, el mínimo o inequitativo, de modo que no continúe siendo, en el derecho laboral panameño, la enunciación de los principios mencionados una mera declaración lírica.

55. Constituye también una práctica desleal en contra de los derechos del trabajador si se discrimina por algunos de los motivos estipulados en el ordenal 3 del artículo 388 del Código de Trabajo, como lo son: los despidos, sanciones, represalias, traslados, desmejoramiento o discriminaciones motivados por reclamos individuales o colectivos, por el hecho de organizar o pertenecer a un sindicato, o por haber participado en una huelga o pliego de peticiones.

56. Igualmente, el Código de Trabajo, consecuente con las disposiciones de la Carta Magna, fue reformado mediante Ley Nº 44 del 12 de agosto de 1995 por la cual se dictan normas para regularizar y modernizar las relaciones laborales y establece:

"Artículo 1. El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo sobre la base de justicia social concretada en la Constitución Política de la República, fijando LA PROTECCION ESTATAL EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES. El Estado intervendrá para promover el pleno empleo, crear las condiciones necesarias que aseguren a todo trabajador una existencia decorosa..."

57. Adicionalmente, el Código de Trabajo, en el título I del libro I, estipula normas generales de protección del trabajo que establecen medidas destinadas a la protección del trabajo de los nacionales, la jornada de trabajo y los descansos obligatorios. El artículo 3 de la Ley Nº 44 subroga el artículo 22 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971 así:

"Artículo 22. Se permite la constitución y funcionamiento de agencias privadas de colocación de empleos, con o sin fines de lucro, siempre que no le cobren emolumento alguno al trabajador que solicita sus servicios. El Organo Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de estas agencias, tomando en consideración los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Las universidades, los colegios profesionales y técnicos, al igual que la Fundación del Trabajo, podrán crear, sin fines de lucro, bolsas de colocación que fomenten el empleo de futuros profesionales. Estas bolsas tendrán especial atención en la colocación de graduados para facilitarles las prácticas profesional y técnica."

58. De igual manera, el artículo 4 de la Ley Nº 44 modifica el numeral 1 del artículo 39 del Código de Trabajo que genera la obligación para todo empleador de conceder a sus trabajadores el período de descanso normal que necesiten para reponer sus fuerzas, de conformidad con las siguientes reglas: "1. La jornada de trabajo tendrá un período de descanso no menor de media hora ni mayor de dos horas. Sin embargo, en caso de jornadas nocturnas o mixtas, el empleador y el trabajador pueden convenir en distribuir dichos descansos sin exceder los límites de la jornada correspondiente, de manera que no se interrumpa la producción".

59. El artículo 5 de la Ley Nº 44 reforma el artículo 54-A del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971 que establece que, cuando el trabajador reciba parte de su salario en especie de acuerdo con lo señalado en el artículo 144, a la remuneración de las vacaciones en dinero debe adicionarse el pago en especie o su equivalente en dinero según lo establecido en el artículo 144.

60. Muy importante, el artículo 6 de la Ley Nº 44, que reforma un párrafo al artículo 59 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971, señala que, en caso de acumulación de las vacaciones, el trabajador tendrá un descanso mínimo obligatorio de 15 días remunerados en el primer período, y acumulará los otros días para el segundo período. De igual manera, el artículo 7 de la Ley Nº 44, que subroga el artículo 60 del Decreto de Gabinete Nº 252 de 1971, establece que, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá, durante el tiempo en que el trabajador permanezca incapacitado o disfrutando de sus vacaciones, iniciar, adoptar, ni comunicarle ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código. Para tales efectos, durante estos períodos quedan suspendidos los términos de caducidad y prescripción.

61. El artículo 14 de la Ley Nº 44 establece que toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las seis semanas que preceden al parto y las ocho que le siguen. En ningún caso, el período de descanso total será inferior a 14 semanas, pero, si hubiese retraso en el parto, la trabajadora tendrá derecho a que se le concedan, como descanso remunerado, las ocho semanas siguientes al mismo. El empleador cubrirá la diferencia entre el subsidio económico que otorga la Caja de Seguro Social por maternidad y la retribución que, conforme a este artículo, corresponde a la trabajadora en estado de gravidez. Cuando la Caja de Seguro Social no esté obligada a cubrir el subsidio de maternidad, la obligación que señala este artículo correrá íntegramente a cargo del empleador.

62. El Organo Ejecutivo queda facultado para expedir reglamentos en desarrollo de este artículo, estableciendo períodos de licencia menores que los aquí previstos en actividades y oficios que, por su naturaleza, así lo requieran. En estos casos también se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Durante el período de licencia señalado en este artículo, bajo pena de nulidad, el empleador no podrá iniciar, adoptar ni comunicar a la trabajadora ninguna de las medidas, sanciones y acciones previstas en este Código y, para estos efectos, durante este período se suspenden los términos de caducidad y prescripción establecidos a favor del empleador.

63. Por otro lado, en el título III del libro I del Código también se establecen normas especiales sobre la protección del trabajo en lo que se refiere a la contratación de panameños para trabajar fuera del territorio nacional y sobre el trabajo de las mujeres y menores.

64. Vale destacar que las disposiciones del Código de Trabajo, conforme a lo señalado en el artículo 2, son de orden público y obligan a todas las personas, naturales o jurídicas, empresas explotaciones y establecimientos que se encuentren o se establezcan en el territorio nacional. Por consiguiente, los extranjeros que presten servicios en el territorio nacional quedan sujetos a las normas del trabajo.

65. En lo que se refiere a la protección contra el desempleo, en los últimos años de la década de los 80, Panamá -como ya se ha señalado- padeció una severa crisis política que fue acompañada de una crisis similar en el campo económico trayendo una serie de consecuencias negativas en todo lo relativo al mercado de trabajo.

66. Todo lo anterior se vio severamente agravado por los sucesos ocurridos en el mes de diciembre de 1989, ya que como consecuencia de la invasión estadounidense que sufrió el país, se produjo un saqueo casi total de los locales comerciales y de buena parte de los servicios en las ciudades de Panamá y Colón, que concentran más de la mitad de la actividad del país, produciendo niveles sin precedentes de desempleo producto del cierre imprevisto de casi el 100% de los locales comerciales de estas ciudades. En el mes de enero de 1990, la tasa de desempleo abierto alcanzó el 35%.

67. Para enfrentar esta excepcional situación, el Gobierno puso todo su empeño -recayendo la mayor responsabilidad en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social- en tratar de llegar a arreglos positivos desde el punto de vista laboral entre empresarios y trabajadores con la finalidad de propiciar una pronta reapertura de los locales comerciales y de servicio y reactivar la colocación de la mano de obra desplazada. El esfuerzo conjunto del sector público y del privado logró reducir la tasa de desempleo abierto en el año 1994 al 13,8%.

68. En estos acuerdos se puso particular empeño en preservar las garantías básicas que promulga la legislación laboral de la República de Panamá y garantizar que tuviesen acceso al trabajo todos los trabajadores que al momento de las acciones bélicas estuvieron laborando en las empresas, sin considerar su antigüedad, sexo, raza, ocupación.

69. En este aspecto la Ley Nº 44 del 12 de agosto de 1995, moderniza las relaciones laborales tomando en consideración las experiencias ocurridas durante la crisis de 1987-1990, para evitar las pérdidas de fuentes de empleo y normalizar las relaciones laborales en tiempo de crisis económicas graves de carácter nacional.

70. Un ejemplo de estas nuevas consideraciones está enmarcado en el nuevo artículo 159 del Código de Trabajo, en donde el salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aun mediante el consentimiento del trabajador. Sin embargo, en los casos en que por razones de crisis económica grave, de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades administrativas de trabajo, donde esté en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical o de los trabajadores donde no exista ésta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis. En tales situaciones el Estado aunará esfuerzos con los trabajadores y empleadores, a fin de disminuir los efectos de la crisis.

El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse

71. En lo que respecta al derecho a fundar sindicatos y a sindicarse, la Constitución Política, en el Título III que consagra los derechos y deberes individuales y sociales, capítulo 3 relativo al trabajo, artículo 64, reconoce el derecho de sindicación a los trabajadores, empleadores y profesionales de todas clases y textualmente establece:

"Artículo 64 - Se reconoce el derecho de sindicación a los empleadores, asalariados y profesionales de todas clases para los fines de su actividad económica y social.

El Ejecutivo tendrá un término improrrogable de treinta días para admitir o rechazar la inscripción de un sindicato.

La ley regulará lo concerniente al reconocimiento por el Ejecutivo de los sindicatos, cuya personería jurídica, quedará determinada por la inscripción.

El Ejecutivo no podrá disolver un sindicato sino cuando se aparte permanentemente de sus fines y así lo declare competente mediante sentencia firme..."

72. Por su parte, el Código de Trabajo en su Libro III, Título I el cual se denomina "Derecho de Asociación Sindical", capítulo I, el artículo 334 expresa:

"Artículo 334 - Se declara de interés público la constitución de sindicatos, como medio eficaz de contribuir al sostenimiento y desarrollo económico y social del país, la cultura popular y la democracia panameña."

73. En este sentido, el artículo 335 señala que se podrán formar sindicatos sin necesidad de autorización y afiliarse a los mismos, los empleados obreros, profesionales y empleadores, cualquiera que sea el oficio, profesión o actividad que desarrollen.

74. De conformidad a las convenciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, se adoptan medidas para hacer más expedita la inscripción de las organizaciones sociales y obtener mayor autonomía sindical. En este sentido, el Código de Trabajo actual, en la sección de Convenciones Colectivas, determina la posibilidad de acordar la totalidad de las relaciones de trabajo de común acuerdo entre empleadores y trabajadores. Asimismo les permite establecer plazos de duración de las convenciones y modificarlas de común acuerdo durante su vigencia.

75. Este instrumento jurídico es de decidida orientación sindical. Propugna y confía en que las organizaciones sindicales son los organismos que procuran el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros. Por ello consigna el argumento anterior, en el numeral 1 del artículo 357, como su primordial función. Cabe anotar que las convenciones colectivas de trabajo, no sólo otorgan la facultad para celebrar convenios en el numeral 2 del precepto citado, sino que le impone a los empleadores la obligación de concertar dicho convenio colectivo con los sindicatos, cuyos miembros prestan sus servicios a ellos. Este mandato aparece claramente establecido en el artículo 401.

76. Adicionalmente, el Código de Trabajo en la sección tercera, artículos 388 y 389 regula el concepto de prácticas desleales. Entre los actos que constituyen práctica desleal se encuentra la violación deliberada del fuero sindical. En otras palabras, si el empleador, a sabiendas de la existencia del fuero sindical, despide al trabajador sin el cumplimiento de las formalidades legales, se hace acreedor a las sanciones de multas de 100 a 2.000 balboas, según la gravedad de las circunstancias. Las multas se duplicarán sucesivamente cada vez que el empleador reincida en la falta, y las impondrán las autoridades administrativas o los tribunales de trabajo, sin perjuicio del reintegro del empleado y el pago de salarios caídos.

77. El artículo 388 sobre las sanciones por prácticas desleales, señala que son prácticas desleales en contra del sindicalismo y de los derechos del trabajador, las siguientes:

a) La formación de listas negras.

b) Maltratos a los trabajadores.

c) Despidos, sanciones, represalias traslados, desmejoramiento o discriminaciones motivados por reclamos individuales o colectivos, por el hecho de organizar o pertenecer a un sindicato, o por haber participado en una huelga o formado un pliego de peticiones.

d) El despido, con conocimiento, de uno o varios trabajadores amparados por el fuero sindical.

e) Los actos de injerencia de los empleadores con el objeto de promover la organización o el control de sindicatos de trabajadores, o la renuncia o no afiliación a un sindicato.

f) Entregar u ofrecer a una organización social de trabajadores sumas de dinero, salvo las previstas en la ley o en una convención colectiva de trabajo, siempre que en este último caso sean destinadas para programas de vivienda u otras obras sociales en beneficio de los trabajadores.

g) El despido o desmejoramiento de un número de trabajadores permanentes sindicalizados en forma que modifique, en contra de éstos la proporción entre el personal sindicalizado y el no sindicalizado, o el perteneciente a otro sindicato, dentro de la empresa, a menos que justifique previamente ante los tribunales de trabajo las causas de tales despidos o de la ruptura de dicha proporción. Se aplicará esta norma aun cuando los despidos no se efectúen simultáneamente.

h) En el caso previsto en el ordinal 7º de este artículo, los trabajadores despedidos tendrán derecho al reintegro con pago de los salarios caídos, pero sólo aquellos trabajadores cuyo despido no sea anterior a más de tres meses a la fecha en que se formula el reclamo. Las controversias a que diera lugar la aplicación de este ordinal se tramitarán mediante proceso abreviado.

Casos

78. Memoria presentada por el Gobierno de Panamá, de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de las medidas adoptadas para dar efectividad a las disposiciones del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 1958 (Nº 111), que Panamá ha ratificado. Con relación a la solicitud directa formulada por la Comisión de Expertos de la OIT sobre la aplicación de este Convenio, el Gobierno Nacional informó:

"Período: 31 de octubre de 1989 al 30 de junio de 1990

A. Respecto a la comunicación de la Asociación de Médicos Odontólogos y profesionales afines de la Caja del Seguro Social AMOACS, de fecha 23 de octubre de 1989, relativa a despidos de trabajadores de la salud, que han tenido lugar en base al Decreto-ley Nº 3 del 9 de octubre de 1989, informamos que mediante nota Nº DM-283-90, fechada el 12 de marzo de 1990, el nuevo Gobierno suministró sus observaciones acerca de las cuestiones planteadas por la AMOACSS. En dicha nota se informó, que con el establecimiento del nuevo Gobierno se restituyeron los trabajadores de la salud despedidos, resolviéndose favorablemente la queja formulada.

B. En cuanto a las medidas que se han tomado para remover los obstáculos que impidieron la realización efectiva del principio de igualdad contenido en el Convenio del Area Canalera, informamos que no ha habido mayores avances al respecto. Los conceptos contenidos en el documento titulado Discriminación Laboral de la Ley 96-70, se mantienen aún en vista que la Ley 96-70 continúa vigente.

No obstante, cabe agregar que, durante el período comprendido entre octubre de 1988 y diciembre de 1989, el Gobierno de los Estados Unidos de América incurrió en otro tipo de violaciones que constituían discriminaciones de tipo laboral, producto de la crisis de ese entonces entre los Gobiernos de la República de Panamá y los Estado Unidos de América, siendo los más importantes los siguientes:

1. Autorización para que los empleados de la Comisión del Canal compraran, en las tiendas y comisariatos militares, a pesar de que ese derecho había caducado el 1º de octubre de 1984, a tenor de que lo que dispone el artículo 13, numeral 3, del acuerdo para la ejecución del artículo III del Tratado del Canal de Panamá.

2. Negativa del Gobierno de los Estados Unidos de entregar al Gobierno panameño las sumas que correspondían al pago del impuesto sobre la renta y del Seguro Social Educativo de los empleados panameños de la Comisión del Canal, desconociéndose así el acuerdo para la retención del impuesto sobre la renta de la República de Panamá, derivado de remuneraciones pagadas a panameños empleados en la zona del canal, en el canal, el ferrocarril, u obras auxiliares, celebrado mediante un canje de notas firmado en Panamá el 12 y el 30 de agosto de 1963 y el acuerdo relacionado con la retención del impuesto del Seguro Educativo sobre los salarios pagados a determinados empleados de la zona del canal, celebrado mediante un canje de notas firmado en Panamá el 8 de septiembre y el 13 de octubre de 1972. Esta situación se ha regularizado en 1990.

Sin embargo a partir de enero de 1990, la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos, iniciaron una nueva etapa en sus relaciones. La misma se fundamenta en los objetivos que la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá ha fijado durante la década que resta de la vigencia del Tratado Torrijos-Carter de 1977, estableciéndose como una de las metas principales el dar todos los pasos pertinentes para que este período de transición se desarrolle sin ningún tipo de obstáculo ni de traumas, razón por la cual es de esperar que todos estos problemas de discriminación, por razón de empleo y ocupación, sean superados, con lo cual ambos Gobiernos estarían cumpliendo fielmente tanto con el Tratado del Canal de Panamá de 1977, como también con el convenio respectivo de la Organización Internacional del Trabajo.

Para efectos de desarrollar lo manifestado en el párrafo anterior, la Comisión del Canal de Panamá ha reactivado el Comité que será la primera instancia en la cual nuestro Gobierno solicitará los correctivos a todas las discriminaciones que sistemáticamente Panamá ha venido denunciando ante la OIT.

Período: 30 de junio de 1990 al 1º de julio de 1992

A. En lo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación en la Comisión del Canal, y en el marco de una nueva etapa en las relaciones de Panamá con el Gobierno de los Estados Unidos, le informamos que con motivo del "Proyecto de Ley Tauzin-Field", presentado en el Congreso Norteamericano para la modificación de la Ley Pública 96-70, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante nota Nº A.J.-57, de fecha 9 de abril de 1992, envió al Embajador de los Estados Unidos de América en Panamá las observaciones y recomendaciones que nuestro país considera que deberán ser adoptadas, a fin de lograr la eliminación de las desavenencias vigentes en la Ley 96-70.

El proyecto de ley en cuestión está aún pendiente de aprobación en el Congreso Norteamericano. Posteriormente estaremos informando los resultados de esta gestión y los avances que se den al respecto.

B. En cuanto a las medidas que se han tomado para proteger a las trabajadoras contra los actos de hostigamiento sexual en los lugares de trabajo, informamos que el Código de Trabajo, en su artículo 128, numeral 6, establece lo siguiente:

"Artículo 128: Son obligaciones de los empleadores, además de las que surjan especialmente del contrato, las siguientes:

...

4) La conducta inmoral del empleado durante el trabajo;

...

13) Todo acto del empleador, o de sus representantes, que tenga por objeto inducir al trabajador a cometer un acto ilícito, inmoral o contrario a sus convicciones políticas o religiosas;

..."

C. En lo relativo a las medidas para promover en la práctica la igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo, le informamos que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Empleo (OIT/PREALC/PNUD) ha venido desarrollando programas destinados a procurar el empleo femenino en nuestro país. En ese sentido, se recibió una consultoría de varios meses destinada a diseñar un programa de empleo para mujeres jefes de hogar.

En el marco de dicho Proyecto, la Dirección General de Empleo está proponiendo el desarrollo de un Programa Piloto de Generación de Empleo permanente, mediante, la promoción científica de las potencialidades de productividad privada de la mano de obra panameña, en donde el componente femenino toma gran beligerancia. La propuesta parte de la premisa básica de que la participación del Estado y de los sectores no gubernamentales de manera aunada es un factor decisivo para la propuesta y ejecución de soluciones.

El reconocimiento de lo anterior planteó como importante la participación de la Federación Nacional de Mujeres de Negocios y Profesionales de la República de Panamá en la ejecución de un programa específico de generación de empleo femenino permanente, el cual tiene como objetivo fundamental el contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la mujer panameña y de su familia.

Producto de esta consultoría se elaboró el diagnóstico institucional, los lineamentos de una metodología para el Diseño de perfiles de proyecto de generación de empleo femenino en Panamá y los lineamiento para formular programas de generación de empleo femenino para ser ejecutado por la Federación Nacional de Mujeres de Negocios y Profesionales de la República de Panamá. En dichos documentos se plantea una serie de criterios para establecer prioridades de acción, los postulados básicos del programa y las estrategias para lograrlo, así como una propuesta de estructura organizativa que permita hacer operativos los lineamentos del programa en cuestión.

Este programa generador de empleo femenino debe orientar sus esfuerzos hacia mujeres con problemas de empleo (desempleadas y subempleadas), de manera preferente hacia aquellas que cumplan, al menos, tres de los siguiente requisitos:

1. Jefes de hogares en condiciones de pobreza, con responsabilidades familiares (hijos, padres y otros), ya que representan un poco más de la mitad de los hogares pobres.

2. Amas de Casa (que constituyen el 48,7% de la PEA y el 12,2% de la población total del país) siempre y cuando éstas tengan deseos de incorporarse en el mercado de trabajo.

3. Mujeres en áreas rurales, residentes en localidades donde existan actividades económicas con potencialidades de incorporarlas en el mercado de trabajo, bajo condiciones ventajosas.

4. Mujeres entre 20 y 39 años, edades en las que se concentra el 62,6% de la PEA y el 72,6% de las desocupadas.

5. Mujeres sin ingresos propios o bien con ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente.

Cabe destacar que el programa propuesto se caracteriza y se sustenta en que es:

1. un programa y no acciones aisladas;

2. un programa con alto contenido de desarrollo social;

3. un programa operando sobre la base de tres componentes debidamente interrelacionados: capacitación, asistencia técnica y financiamiento;

4. un programa que considere la especificidad de la situación de la mujer;

5. un programa flexible para detectar nuevas necesidades y situaciones;

6. un programa interinstitucional;

7. un programa que crea las bases para su autofinanciamiento;

8. un programa con efecto multiplicador;

9. un programa con un decidido impacto social.

La ejecución del mismo contribuirá en buena cuenta a promover en la práctica la igualdad de oportunidades para las mujeres en el empleo

Período: 1º de julio de 1992 al 1º de marzo de 1995

A. Respecto a las condiciones de trabajo en la zona del Canal, el Gobierno de los Estados Unidos de América aprobó una ley para que algunas categorías de empleados panameños de la Comisión del Canal de Panamá, puedan ejercer ciertas actividades en instituciones del Gobierno de Panamá, las cuales estaban prohibidas en base a la cláusula de emolumentos de la Constitución de los Estados Unidos. Con esta excepción se permite a los empleados panameños de esa agencia hacer contribuciones de mucho valor a sus comunidades sirviendo como profesores, bomberos, profesionales de la salud, consultores y como técnicos expertos en instituciones de servicios públicos.

En relación a las modificaciones de la Ley pública 96-70, la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá solicitó la realización de un estudio, en base al cual presentó recomendaciones al Presidente de los Estados Unidos de América. Estas recomendaciones conllevan la finalidad de obtener cambios en la estructura directiva y financiera de la Comisión para facilitar y fomentar la operación del Canal por medio de una entidad autónoma bajo el Gobierno de Panamá después de su transferencia el 31 de diciembre de 1999.

Luego de la revisión por diferentes entidades del Gobierno de los Estados Unidos (Oficina de Administración y Presupuesto, Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa), el Presidente Clinton entregó en el mes de abril de 1994 sus recomendaciones al Congreso, donde se están presentando como proyecto de ley H.R. 5229, el cual será debatido en el lapso de este año.

Entre los cambios sugeridos están:

1. La reestructuración de la Comisión del Canal de Panamá como una corporación pública, con misión comercial y operación flexible.

2. La Junta Directiva mantiene la facultad de elegir entre sus miembros, al Presidente de este organismo. Además, se recomienda que los miembros norteamericanos que no sean funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos sean designados por el Presidente de este país, sin obedecer al requisito de que éstos responden a intereses o grupos económicos específi-cos, como actualmente señala la ley.

3. Los Presidentes de los Estados Unidos y de la República de Panamá podrán asignar un asesor internacional de un tercer país, para que participe en las reuniones de la Junta Di-rectiva, con derecho a voz y no a voto, para darle una perspec-tiva internacional a la Junta.

4. Se le da mayor autoridad a la Junta Directiva (conformada por estadounidenses y panameños) en cuestiones de política de la empresa, para facilitar el proceso de transición. A la vez, podrá contratar auditores externos y autorizar los cambios en las tarifas de peajes.

5. Se revisarán las regulaciones aplicables a la agencia del Canal mediante un estudio, a fin de lograr que opere con estándares de prácticas de eficiencia comercial y que estas regulaciones sirvan a las necesidades del período de transición.

6. Se establece un fondo de disolución para cumplir con las responsabilidades de los Estados Unidos y se otorga un certificado anual a la Comisión del Canal de Panamá para la liquidación de deudas.

B. En cuanto al acoso sexual en los lugares de trabajo, el Gobierno Nacional le brinda apoyo a las organizaciones no gubernamentales para que establezcan medidas legales específicas tendientes a proteger a los trabajadores contra los actos de acoso sexual. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Bienestar Social, brinda apoyo técnico, coordinación y subvención a los mismos.

En cuanto a las medidas adoptadas para evitar que ante el acoso sexual el único camino que le quede al trabajador sea el dar por terminada la relación de trabajo, bajo el parámetro de despido injustificado, informamos que nuestra legislación laboral mantiene el derecho a que el trabajador renuncie con justa causa y con derecho a indemnización, conforme al artículo 223, inciso (13), y prohíbe al empleador cometer actos inmorales."

Convenios de la OIT relacionados con el racismo

79. Panamá ha ratificado los convenios siguientes:

Convenio 19 : Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes de trabajo), 1925, ratificado por Decreto de Gabinete Nº 164 del 4 de junio de 1970, fecha de registro en la OIT: 19 de junio de 1970;

Convenio 29: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, ratificado por la Ley Nº 23 del 1º de febrero de 1966, fecha de registro en la OIT: 19 de mayo de 1966;

Convenio 86: Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947, ratificado por Decreto de Gabinete Nº 178 del 4 de junio de 1970, fecha de registro en la OIT: 19 de junio de 1970;

Convenio 87: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, ratificado por la Ley Nº 45 del 2 de febrero de 1967, fecha de registro en la OIT: 19 de junio de 1970;

Convenio 95: Convenio sobre la protección del salario, 1949, ratificado por Decreto de Gabinete Nº 18 del 4 de junio de 1970, fecha de registro en la OIT: 16 de mayo de 1966;

Convenio 98: Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, ratificado por la Ley Nº 23 del 1º de febrero de 1966, fecha de registro en la OIT: 16 de mayo de 1966;

Convenio 105: Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, ratificado por Decreto de Gabinete Nº 53 del 26 de febrero de 1971, fecha de registro en la OIT: 4 de junio de 1971;

Convenio 107: Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, ratificado por Decreto de Gabinete Nº 53 del 26 de febrero de 1971, fecha de registro en la OIT: 4 de junio de 1970;

Convenio 111: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, ratificado por Ley Nº 23 del 1º de febrero de 1966, fecha de registro en la OIT: 16 de mayo de 1966;

Convenio 159: Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, ratificado por la Ley Nº 18 del 8 de noviembre de 1993.

Artículo 7

80. En atención a las responsabilidades en materia socioeducativa fijada por la legislación y los acuerdos internacionales sobre educación en y para los derechos humanos, durante el último quinquenio, el Ministerio de Educación en su calidad de instancia normativa del sistema educativo panameño ha procedido a establecer y desarrollar acciones concretas de legislación educativa, revisión curricular y capacitación docente en materia de derechos humanos. En consecuencia, la Comisión Nacional para la Promoción de la Enseñanza y el Aprendizaje de los Derechos Humanos que coordina la Dirección General de Educación fue creada especialmente para proponer estrategias conducentes a la divulgación, aplicación y práctica de los derechos humanos y educación para la paz, en el sistema educativo a nivel formal.

Enseñanza y educación

81. Mediante Resuelto Nº 2701 de 14 de septiembre de 1990, se creó la Comisión para la Promoción de la Enseñanza y el Aprendizaje de los Derechos Humanos, en todos los centros educativos del país, oficiales y particulares, desarrollando así la Ley Nº 2 de 30 de enero de 1984, por medio de la cual se incorporó al sistema educativo nacional el estudio sistemático de los derechos humanos.

82. La Comisión antes señalada quedó integrada por la Dirección General de Educación, quien la coordina, la Dirección de Currículo, la Oficina de Asesoría Legal, la Oficina de Información y Relaciones Públicas, representantes de los clubes cívicos, asociaciones de educadores, comisiones locales de derechos humanos y la Comisión de la Iglesia en la Educación. Entre sus principales funciones podemos citar las siguientes:

a) elaboración de diagnósticos por niveles educativos;

b) formulación de proyectos de educación para los derechos humanos;

c) coordinación y apoyo a tareas educativas pro derechos humanos;

d) evaluación de resultados;

e) elaboración de documentos e informes;

f) divulgación de resultados;

g) otros.

83. Las acciones realizadas durante los años 1990-1996, que permiten combatir desde los ambientes educativos los prejuicios que conducen a la discriminación racial, son las siguientes:

1990

Seminario de Derechos Humanos con Asesoría Técnica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).

Creación de la Comisión para la Enseñanza y el Aprendizaje de los Derechos Humanos, como una recomendación de los asistentes al Seminario.

Seminario-Taller: Educación para la Paz.

1991

Seminario-Taller para la Implementación de los Derechos Humanos en Currículum, Pedagogía y Textos Escolares, diseñado para técnicos de la institución.

Capacitación a 100 educadores mediante Seminarios-Talleres: Práctica de los Derechos Humanos en el Desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

Elaboración del estudio Aportes de Instituciones, Organismos y Asociaciones Nacionales, miembros de la Comisión para la Promoción de la Enseñanza y el Aprendizaje de los Derechos Humanos. El mismo se estructura así:

antecedentes de los derechos humanos;

fundamentación (bases históricas, filosóficas, legales, psicológicas y pedagógicas);

acuerdos y declaraciones internacionales;

aportes de las instituciones miembros de la Comisión;

estudio de los contenidos programáticos de las asignaturas del nivel primario y secundario, a fin de determinar el alcance y secuencia de los temas relacionados con los derechos humanos.

1992

Diseño, aplicación y procesamiento de una consulta realizada a 1.130 educadores del nivel primario y secundario, sobre la situación de la enseñanza de los derechos humanos en los niveles inicial, primario y medio.

Elaboración del informe preliminar del estudio.

Capacitación a 100 educadores sobre el tema "Práctica de Derechos Humanos en el Desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, conjuntamente con el Comité Panameño por los Derechos Humanos, colaboración en la organización del Primer Encuentro Nacional de los Derechos Humanos y Educación para la Paz, auspiciado por la Universidad para la Paz y el Comité Panameño por los Derechos Humanos", abril, mayo y junio de 1992.

1993

Participación en el Seminario-Taller Centroamericano sobre Educación Formal en Derechos Humanos, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Guatemala.

Segunda reunión consultiva de Comisiones Nacionales en Derechos Humanos y Educación para la Paz, en San José, Costa Rica.

Taller Nacional de Derechos Humanos y Educación, desarrollado por esta Comisión con el auspicio del Proyecto Movilizador de Apoyo a Acciones Relevantes de Educación para Todos en Panamá, PNUD-UNESCO/PAN/92/001.

Firma del Convenio de Cooperación Técnica entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

1994

Colaboración y enlace con el Comité Panameño por los Derechos Humanos y MINEDUC en la realización de la "Primera Mini Cumbre Panameña del Niño y la Niña", realizada el 28 y 29 de enero de 1994, en el Salón Portobelo, del Centro de Convenciones ATLAPA. La Mini Cumbre se realizó dentro del Programa de Promoción de la Convención y Declaración de los Derechos del Niño. Participaron alrededor de 95 niños entre las edades comprendidas entre los 7 y 18 años. Se contempló que los niños discapacitados participaran en este evento. El propósito de la actividad fue despertar en los niños y niñas una conciencia civicodemocrática en pro del mejoramiento, desarrollo y durabilidad de la democracia panameña.

Colaboración y enlace con el Comité Panameño por los Derechos Humanos en la actividad "Generación de los derechos del niño en el marco del primer concurso de interpretación gráfica en derechos humanos". Participaron 500 niños a nivel nacional. El propósito fue motivar el conocimiento de los derechos del niño y valorar la expresión gráfica de los niños en relación a la conceptualización de sus derechos.

Preparación del informe de Panamá en ocasión de la 44ª Reunión de la Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra, en octubre de 1994. Este documento, titulado "Balance y Perspectiva de la Educación para la Comprensión Internacional", contiene lineamientos políticos, educativos, postulados educativos, educación en derechos humanos y democracia y formación del personal de educación para la comprensión internacional.

Participación de Panamá en el Taller Subregional de Intercambio de Experiencias y Materiales sobre Educación en Derechos Humanos.

Proyectos

Proyecto UNESCO/DANIDA/510/RLA/10 en el marco de "Educación en Derechos Humanos en el Istmo Centroamericano". Propósito: Intercambio de experiencias y actualización de la situación de los programas de educación en derechos humanos; promover el intercambio de experiencias e información sobre capacitación docente.

Proyecto Niñez y Democracia "Audiencia sobre el Proceso Democrático y la Participación de los Niños y Niñas de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá y la Comarca Kuna Yala". Este proyecto estuvo patrocinado por MINEDUC, diario La Prensa y UNICEF. Las audiencias generales de niños y niñas se realizaron en David (Parque Van Kleef) en Santiago (Escuela anexa El Canadá) y Panamá (Escuela Profesional Herrera Obaldía). El proyecto tuvo una cobertura de 725 escuelas primarias y una población estudiantil de 15.000 niños y niñas. Como producto de esta actividad se editó el vídeo "Niñez y Democracia", con duración de 25 minutos.

Presentación del módulo Nº 1 "Fundamentos Básicos de los Derechos Humanos" dentro del Proyecto Movilizador de Apoyo a Acciones Relevantes de Educación para Todos en Panamá. Publicación del desplegable patrocinado por MINEDUC, PNUP, Centro de Capacitación Social y UNESCO. Propósito: motivar la comprensión de los conceptos esenciales de derechos humanos. Panamá, marzo de 1994, producción de 500 desplegables.

Jornada de trabajo sobre la "Enseñanza de los Derechos Humanos" y "Cómo Enseñar Derechos Humanos", realizadas para el personal de las diferentes dependencias y áreas curriculares del MINEDUC. Propósito: Intercambiar experiencias y vivencias sobre educación en derechos humanos. Fecha: 25, 26 y 27 de abril de 1994.

Seminario-Taller sobre Derechos Humanos y Educación para Docentes en Servicio de las Asignaturas de Geografía, Historia, Educación Cívica y Gobierno del Nivel Medio; coordinado por la Dirección Nacional de Educación, la Dirección de Perfeccionamiento al Educador y la Dirección de Secundaria Académica; patrocinado por UNESCO, UNICEF y el IIDH. La cobertura abarcó 15 colegios y la participación fue de 30 docentes. El tema central estuvo basado en el manejo de los materiales educativos del IIDH. El propósito fue capacitar a docentes en educación en derechos humanos y lograr formar un equipo de promotores.

Coordinación con la UNESCO, para desarrollar jornadas de trabajo de educación en derechos humanos en las Escuelas Asociadas de la UNESCO (total 10 escuelas y colegios).

Envío de circulares a las áreas curriculares y a las Direcciones Provinciales y Regionales sobre la celebración del 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se enviaron 600 afiches a todo el país.

Proyecciones

Actualización e implementación de la Ley Nº 47 Orgánica de Educación de 1946, específicamente la propuesta del artículo 145 referente a la inclusión de los derechos humanos como ejes transversales a nivel curricular.

Reforzamiento metodológico para la elaboración de módulos o guías didácticas de educación en derechos humanos.

Renovación del Convenio MINEDUC-IIDH.

Elaboración del Plan Quinquenal de Educación para los Derechos Humanos y gestión de financiamiento internacional en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004).

1995-1996

Con el propósito de fortalecer y ampliar las acciones de planificación y diseño curricular de educación en Derechos Humanos, en marzo de 1995 el Ministro de Educación Doctor Pablo A. Thalassinos y el Director Ejecutivo y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, firmaron en la ciudad de Panamá el addendum al convenio de cooperación técnica existente entre ambas instituciones. En base al artículo 3, del mismo, se prórroga dicho convenio por un período de dos años a partir de esa fecha. En el marco del convenio MINEDUC-IIDH se recibieron como apoyo 50 carpetas con valiosas informaciones bibliográficas y prácticas metodológicas de educación en derechos humanos (guías didácticas) con las cuales se realizaron dos jornadas de capacitación a docentes de ciencias sociales de 25 colegios de educación técnica, que hoy constituyen la primera red de Promotores en Derechos Humanos a nivel escolar. El convenio también permitió recibir asesoría técnica por parte de la Consultora del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Doctora Mágdala Velázquez, quien revisó el plan de acción para el Decenio de las Naciones Unidas en educación en la esfera de los derechos humanos, el proyecto de promoción y enseñanza de los Derechos Humanos y se realizó una jornada de capacitación a docentes y estudiantes de dos provincias escolares, integrados en la subcomisión Juvenil de Derechos Humanos (Chiriquí y Panamá).

Se firmó el convenio sobre asistencia en educación cívica electoral, entre el MINEDUC y el Tribunal Electoral de Panamá, con el propósito de promover la democracia entre los jóvenes panameños a través de la educación en los planes de estudio de las asignaturas de estudios sociales, educación cívica y gobierno, así como también mediante la promoción y organización de gobiernos estudiantiles, como organismos de carácter social con fines culturales en los centros escolares.

En atención a la Ley Nº 2 de 1984, se reorganizó la Comisión para la Promoción y la Enseñanza de los Derechos Humanos en el Nivel Formal, como una organización no gubernamental. La misma está coordinada por la Dirección General de Educación. Se han logrado articular cinco proyectos con dicha organización no gubernamental, en el plan de acción del Decenio.

Mediante la firma de la Ley Nº 34 de 6 de julio de 1995, se logró contemplar a nivel curricular la inserción de los derechos humanos como eje transversal (art. 145). Con este motivo la Coordinación Nacional de Educación en Derechos Humanos ha realizado las siguientes actividades:

Revisión de contenidos curriculares por grado y nivel.

Preparación de un mapa curricular sobre el contenido que en materia de derechos humanos existe en las asignaturas de primaria y secundaria.

Realización del Seminario-Taller titulado "Los Derechos Humanos en el Aula", con el apoyo del proyecto UNESCO-DANIDA, donde se realizó el diagnóstico y la propuesta curricular para la enseñanza de los derechos humanos. Esta investigación se realizó bajo la responsabilidad técnica del Centro de Promotores Sociales y la UNESCO.

En el marco del Año de la Naciones Unidas para la Tolerancia (1995), con apoyo de la UNESCO y del Instituto Celestín Freineth, se inició el proyecto comunitario titulado "Tolerancia y Educación para la Democracia, los Derechos Humanos, la Paz y el Desarrollo", cuya primera fase constó de cinco módulos de capacitación para el personal docente de 13 centros escolares del Distrito Especial de San Miguelito, donde se detectaron significativos problemas de intolerancia. El proyecto busca elaborar una propuesta teórica, metodología y práctica sobre cómo educar para la tolerancia a través de la participación de la comunidad educativa, y así enriquecer nuestros procesos pedagógicos a favor de la convivencia democrática. Tendrá una duración de cinco años.