1. El Comité examinó los informes periódicos 12º, 13º y 14º de Bulgaria, que fueron presentados en un solo documento (CERD/C/299/Add.7), en sus sesiones 1205ª y 1207ª (CERD/C/SR.1205 y 1207), celebradas los días 17 y 18 de marzo de 1997. En su 1210ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 1997, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

2. El Comité toma nota con reconocimiento de la disposición del Estado Parte a continuar el diálogo con el Comité gracias al envío de representantes de alto nivel para presentar los informes periódicos consolidados 12º, 13º y 14º, lo cual es una indicación de la importancia que el Gobierno de Bulgaria asigna a sus obligaciones derivadas de la Convención. El Comité celebra la franqueza y la extensión del informe, que se ajusta plenamente a las directrices sobre presentación de informes y que contiene información complementaria detallada en respuesta a algunas de las sugerencias y recomendaciones adoptadas por el Comité durante su examen del informe periódico anterior. El Comité acoge con satisfacción la información adicional proporcionada por el Estado Parte durante el diálogo que mantuvo con él, durante el cual el representante de Bulgaria indicó de una forma sumamente franca y autocrítica las dificultades con que se tropieza en la aplicación de la Convención.

3. Se reconoce que Bulgaria ha tenido que hacer frente a problemas económicos, sociales y políticos durante los últimos años debido, entre otras cosas, a la transición a la democracia y a la economía orientada al mercado. A este respecto, se toma nota de que el Estado Parte está viviendo graves problemas económicos y sociales, en particular una deuda externa muy elevada, lo cual ha tenido consecuencias negativas para la situación de la población, especialmente las minorías tales como los romaníes, y que dificulta el pleno goce de los derechos económicos y sociales. La alta tasa de desempleo y la pobreza contribuyen a marginar amplias capas de la población, situación que no es propicia para la plena aplicación de la Convención.

4. El Comité toma nota con reconocimiento de que el Estado Parte ha hecho la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención por la que reconoce la competencia del Comité para recibir comunicaciones, y acoge con satisfacción la retirada de sus reservas en relación con el artículo 22 de la Convención.

5. También se acoge con satisfacción el hecho de que, de acuerdo con el párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución, los instrumentos internacionales, tales como la Convención, que han sido ratificados, promulgados y han entrado en vigor en Bulgaria son parte de la legislación nacional y tienen prioridad sobre las normas de la legislación nacional que no están en consonancia con ellos.

6. Se toma nota de que el Gobierno de Bulgaria ha adoptado varias medidas positivas en el ámbito de la reforma legislativa, en particular desde la adopción de la nueva Constitución el 12 de julio de 1991, para combatir las diversas formas de discriminación racial y que están dentro del ámbito de la Convención, en particular la Ley sobre los nombres de los ciudadanos búlgaros, que garantiza la posibilidad de utilizar nombres no eslavos; la Ley de amnistía y restitución de bienes secuestrados y la Ley sobre el restablecimiento de los derechos de propiedad y la restitución de bienes raíces a los ciudadanos búlgaros de origen turco.

7. Aunque el informe periódico contiene información extensa sobre el marco jurídico, es de lamentar la falta de datos sobre la aplicación efectiva de las nuevas leyes.

8. Es motivo de preocupación que la crisis económica haya afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas. A este respecto, es motivo de inquietud la persistente marginación de la numerosa población romaní, pese a los constantes esfuerzos del Gobierno. Se observa que los romaníes se encuentran ante una discriminación de hecho en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, lo cual aumenta su vulnerabilidad en un contexto de crisis económica. Se expresa preocupación por la discriminación contra las minorías en el lugar de trabajo, en particular los romaníes, la mayor parte de los cuales han tenido relativamente poca formación e instrucción. También se expresa preocupación porque los romaníes tienen dificultades al solicitar prestaciones sociales y porque se desalienta a los romaníes de las zonas rurales a que reclamen tierras a las que tienen derecho en virtud de la ley por la que se disolvieron los colectivos agrícolas.

9. Se expresa preocupación por la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos búlgaros y su integración en la sociedad independientemente de la raza, nacionalidad u origen étnico. A este respecto se expresa inquietud por la persistencia de las expresiones de odio racial y los actos de violencia, en particular por parte de "cabezas rapadas" neonazis y otros grupos, hacia las personas pertenecientes a las minorías, sobre todo los ciudadanos búlgaros de origen romaní. Se expresa alarma porque el Estado Parte no se ha mostrado suficientemente activo en la tarea de parar de modo eficaz los incidentes de violencia racial dirigidos contra miembros de grupos minoritarios, y porque la policía y los fiscales búlgaros no parecen haber investigado con prontitud y eficacia los actos de violencia. Además, se expresa inquietud por las informaciones procedentes de diversas fuentes que indican que el número de acusaciones y condenas es reducido en comparación con el número de violaciones de las que se ha informado. También se expresa preocupación porque no se considere que los actos de propagación e instigación de odio racial y nacionalista y los autores de esos delitos contra las minorías étnicas significan una amenaza grave al orden público.

10. Teniendo en cuenta los informes sobre casos de hostigamiento y empleo de fuerza excesiva por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad contra las minorías, en particular contra los miembros de la comunidad romaní, el Comité está preocupado porque tal vez los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no reciben formación suficiente sobre la Convención.

11. Aunque el derecho a asociarse y fundar partidos políticos se establece como principio general en la Constitución, se observa con preocupación que el Estado Parte prohíbe la fundación y la inscripción de partidos políticos constituidos sobre la base de razones étnicas, raciales o religiosas, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo 4 del artículo 11 de la Constitución de Bulgaria.

12. El Comité recomienda que el Estado Parte proporcione información detallada sobre la aplicación efectiva de la nueva legislación, en particular la Ley sobre la restitución de bienes raíces o la indemnización de las personas afectadas.

13. Aunque se han establecido varias instituciones para promover y proteger los derechos humanos, el Comité recomienda que el Estado Parte fortalezca la coordinación entre los diversos mecanismos gubernamentales tanto a escala nacional como local, con el fin de desarrollar una política general para la eliminación de la discriminación racial y garantizar una evaluación eficaz de la aplicación de la Convención. Además, el Comité sugiere que el Estado Parte continúe tratando de establecer un mecanismo independiente, como, por ejemplo, un defensor del pueblo o una comisión nacional para los derechos humanos, para vigilar la observancia de los derechos humanos.

14. El Comité recomienda que se preste más atención a la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los romaníes. Hay que consolidar los esfuerzos para aplicar medidas de apoyo a este respecto. Es preciso elaborar indicadores adecuados y otros medios de vigilar las condiciones de vida económicas y sociales de este grupo. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe ofrezca información detallada sobre tales medidas. El Comité recomienda también que el Estado Parte proporcione en su siguiente informe los datos estadísticos y la información disponibles sobre la situación de todas las minorías en cuanto a los asuntos que abarca el artículo 5 de la Convención.

15. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas más decididas para impedir y frenar las actitudes y los actos de violencia racial dirigidos contra las personas y para investigar esos actos con prontitud. El Comité recomienda que el próximo informe contenga información detallada sobre la aplicación efectiva de las disposiciones del Código Penal, las alegaciones y los enjuiciamientos relacionados con los actos de discriminación racial, así como las denuncias y las sanciones vinculadas con los actos de discriminación racial y étnica.

16. El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas inmediatas para impedir y combatir el empleo excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas de seguridad. Entre estas medidas debe figurar la formación y la concienciación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cuanto a las disposiciones de la Convención. Hay que tener en cuenta plenamente la Recomendación general XIII del Comité, según la cual los funcionarios encargados de la aplicación de la ley deben recibir formación para garantizar que, en cumplimiento de sus funciones, respeten y protejan la dignidad humana y mantengan y defiendan los derechos humanos de todas las personas sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico.

17. El Comité recomienda que el Estado Parte impida cualquier segregación de hecho de las minorías; en este contexto el Comité señala a la atención del Estado Parte la Recomendación general XIX sobre el artículo 3 de la Convención.

18. El Comité recomienda que el Estado Parte aclare su práctica relacionada con la aplicación del párrafo 4 del artículo 11 de la Constitución y el ejercicio por todos los ciudadanos búlgaros del derecho a participar en la vida política.

19. El Comité recomienda que el Estado Parte inicie una campaña sistemática de información para dar a conocer a todos los sectores de la sociedad las disposiciones de la Convención y formarlos a este respecto. Además, el Comité recomienda que en todos los niveles de las instituciones docentes se imparta instrucción sobre derechos humanos, y que todos los sectores de la población reciban formación general en cuanto a los derechos humanos con el fin de combatir las actitudes y los prejuicios negativos hacia las minorías y promover la comprensión, la tolerancia y la amistad.

20. El Comité estima que hay que informar mejor al público sobre los procedimientos de que dispone en virtud del artículo 14 de la Convención. El Comité sugiere al Estado Parte que difunda más ampliamente entre el público la declaración relativa al artículo 14 en los varios idiomas que se hablan en el país. Además, se recomienda que el Estado Parte garantice una amplia difusión de su informe y de las observaciones finales del Comité.

21. El Comité recomienda que el próximo informe periódico del Estado Parte tenga un carácter de actualización y que aborde todas las cuestiones sobre las cuales el Comité ha expresado su preocupación.